Poder Judicial del Estado, Reforma Pendiente

Antonio Romero Lajud

Agradezco mucho la atención del Centro de Estudios para la Transición Democrática de abrir un espacio para un ejercicio de reflexión en voz alta y en especial, a su director el Maestro Domingo Alberto Martínez Reséndiz.

México nunca ha sido país de iguales, desde tiempos remotos hasta nuestros días, la sociedad mexicana ha sido construida sobre la base de desigualdades y privilegios, ya sea políticos, económicos, sociales y, en materia judicial no es la excepción, en esta ponencia se analiza a un actor muy importante dentro de la Gobernabilidad de una sociedad, que es el Poder Judicial del Estado, y que ha pasado desapercibido a pesar de su importancia fundamental. Muchos lo nombran, pocos lo conocen, teniendo un importante papel que el discurso político confiere a la función jurisdiccional, ésta ha sido relegada. Probablemente este silencio en torno a dicho Poder se debía anteriormente a la debilidad del sistema judicial en el sistema presidencialista mexicano. En las democracias más desarrolladas donde la división de poderes es algo más que un recurso retórico, las instituciones judiciales son consideradas un actor decisivo en la definición de reglas y principios de convivencia, que permiten la solución justa y pronta de las controversias. La función jurisdiccional es por ello de la mayor relevancia política y social. En esta presentación trataremos sobre el Poder Judicial del Estado y de una reforma pendiente que es la autonomía presupuestaria, partiendo de la premisa de que los Tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) constituyen y son parte de un todo, teniendo cada parte funciones que son complementarias mas no intromisorias de los demás Poderes.

El Poder Judicial debe tener garantizadas su libertad, autonomía e independencia, el equilibrio y la paz social es punto importante de la Gobernabilidad. El discurso político ha puesto una gran esperanza en la renovación de los sistemas de impartición de justicia, empero, si estos esfuerzos no traen paralelamente un incremento sustancial en el presupuesto, seguirá la demora en el sistema de justicia y las resoluciones y sentencias se producirán con grandes retrasos y serias deficiencias, los términos legales para las actuaciones judiciales con dificultad se cumplen y las estadísticas muestran rezago y un número creciente de asuntos.

La falta de Tribunales y el cierre de juzgados en el Estado por falta de presupuesto sería el ingrediente perfecto para fermentar la insatisfacción social y en ese momento, la gente se hará justicia por su propia mano, se detonarían protestas sociales, todavía nos encontramos que gente camina hasta siete horas para llegar a un juzgado, esto no puede continuar, la justicia también es una necesidad urgente al igual que la pobreza. Hay gente que espera justicia; familias que se matan por un pedazo de tierra o por el destino de una herencia; los divorcios mal resueltos provocan desajustes sociales en las familias; no podemos retardar mas las sentencias, la insatisfacción por un asunto no resuelto de manera imparcial, ofusca y orilla a la violencia.

Los Tribunales deben disponer de los elementos necesarios para una adecuada prestación del servicio público, nos seguimos encontrando con inmuebles y oficinas inadecuadas, deficiencias en telecomunicación y falta de equipo de cómputo; salarios poco remunerados para el Juzgador y su personal técnico y administrativo; limitados útiles y poco material de trabajo; corrupción; inestabilidad laboral de empleados meritorios y un sinfín de ejemplos que se reflejan en una desacreditación todavía mayor e imparable de la legalidad.

En nuestro entidad federativa, el presupuesto del Poder Judicial no llega al 1% del Presupuesto Total del Gobierno del Estado de Veracruz, de acuerdo con criterios internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, que mucho ha criticado a México en este tema, es de un 3 % como mínimo del Presupuesto total de un Gobierno. Por lo anterior y con la finalidad de que el Poder Judicial tenga un papel más relevante en la tarea de respetar y hacer respetar las leyes, de que la justicia pronta, completa e imparcial sea un derecho positivo fundamental en nuestra Constitución, y que la injusticia no sólo merece una condena, sino que exige una alternativa, en ese sentido y a manera de conclusión: Se propone insertar en nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, un porcentaje mínimo que sea del 2.5 % del presupuesto total estatal para el Poder Judicial del Estado, y establecido como fijo para que las decisiones apriori y aposteriori no estén sujetas a la voluntad de partido político o clase política en turno.

Muchas gracias.