Gobernabilidad Democrática: Un Programa en Construcción

Ranulfo Márquez Hernández

En el año 2000, en la Cumbre del Milenio propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, los líderes del mundo asignaron al desarrollo un papel central en los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecen un conjunto de metas claras que deberán cumplirse cabalmente en el año 2015.

Los objetivos son los siguiente: reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal y la igualdad entre los sexos, reducir la mortalidad de menores de cinco años en dos terceras partes y la mortalidad materna en tres cuartas partes, detener la propagación del VIH/SIDA y del paludismo, así como garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. Asimismo, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda.

Pero estos objetivos no podrán cumplirse si los países y sus entidades federativas, como en el caso de México, no parten de la premisa fundamental de que los tiempos que se viven requieren de nuevas formas de gobierno que verdaderamente garanticen la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la gente y, al mismo tiempo, responda a las demandas de integración al nuevo orden mundial. Conciliar estos dos extremos no parece sencillo, y hasta el momento los poderes políticos no han encontrado la fórmula de equilibrio entre la justicia social y el crecimiento a veces desmedido de los poderes económicos globales, un equilibrio que permita el crecimiento pero no a costa de la insatisfacción de la mayoría.

Una forma de gobierno que sea garante de ese equilibrio tiene que apoyarse necesariamente en el grueso de la población, pues el riesgo es precisamente la ingobernabilidad. La participación de todos los actores políticos en la consecución del equilibrio social debe servir de aval para las acciones de gobierno, logrando así una verdadera gobernabilidad democrática y no tan sólo un gobierno electo democráticamente. Se necesita que se gobierne con el pueblo, entendido éste como la totalidad de quienes comparten el mismo territorio y la misma identidad cultural.

Sin embargo, adoptar la idea de la gobernabilidad democrática requiere de la existencia de un Estado fuerte, necesariamente. La participación de la mayoría de los actores políticos no significa una reducción de las atribuciones del Estado, sino lo contrario, pues la debilitación del Estado, tal como lo demandan algunos, no se traduce en un mayor bienestar social, sino en un aumento de los poderes informales que, por su naturaleza, sólo buscan el beneficio unilateral.

Así, la fortaleza del Estado se estructura y encuentra su razón de ser en los siguientes aspectos: la legitimidad democrática, el bienestar social, la seguridad jurídica y la identidad cultural. Sin ellos, el gobierno carece del poder de convocatoria para organizar y equilibrar las fuerzas sociales y garantizar de ese modo la permanencia del Estado, entendido éste como la armoniosa conjunción de los poderes formales, amparados por la Constitución Política.

Para conseguir que el gobierno recupere ese poder resulta conveniente, como programa básico, fortalecer la capacidad operativa de las instituciones gubernamentales mediante la preparación de sus miembros y la reorganización de sus estructuras. También es fundamental para tal propósito promover una mayor cohesión social y el fortalecimiento de las comunidades e instituciones regionales y locales, así como una recuperación y promoción de los valores culturales propios.

Sólo a partir de un Estado fuerte y una sociedad participativa se pueden poner en marcha los programas de desarrollo que requiere cualquier pueblo. La gobernabilidad implica la estabilidad de las instituciones democráticas a pesar de la incertidumbre en cuanto a los resultados del juego político electoral, pero esa estabilidad sólo puede garantizarla un Estado enérgico y un gobierno organizado, dotado de programas muy bien definidos, pues de otra manera, la incertidumbre se vuelve caos y desconfianza.

La gobernabilidad democrática no la diseña el gobierno como una especie de proyecto de estabilidad política momentánea para servir a los intereses de los gobernantes en turno, es producto de la voluntad de los poderes políticos formales de crear consensos, sumar y articular intereses diversos y, por lo mismo, regular y resolver los conflictos entre ellos, generando una cultura política distinta.

La gobernabilidad democrática no es una concesión gratuita de algún político bien intencionado, sino que es producto de los tiempos que se viven, en los que, paradójicamente, la pluralidad ideológica es mayor en un mundo cada vez más globalizado que busca la uniformidad de las ideas, los medios y los fines. Dos fuerzas se enfrentan y son las de la identidad cultural de los pueblos y la pertenencia a un mundo cada vez más nivelado y empequeñecido por el poder de la ciencia y la tecnología, así como por la expansión de los grandes poderes económicos.

Nunca la humanidad había enfrentado este reto, por lo que es inevitable la búsqueda de nuevas formas de gobierno capaces de conciliar intereses, generar consensos, fijar nuevos rumbos para sus gobernados, fomentando el respeto a la identidad cultural, pero sin violentar los imperativos de la globalización, pues en cualquiera de los dos casos se rompería el equilibrio deseado. Un equilibrio que requiere de estructuras sociales y gubernamentales menos verticales y sí más participativas en igualdad de condiciones; para ello se requiere la existencia de canales institucionales que permitan satisfacer las demandas de participación social. La globalización no debe estar reñida con el reconocimiento de que cada comunidad posee características particulares que la definen; dicho de otro modo, la globalización no debe significar uniformidad, sino el reconocimiento de la pluralidad de los pueblos y los pensamientos. La concreta articulación de las idiosincrasias redundará en el respeto que el todo le debe tener a las partes que lo forman.

La gobernabilidad democrática depende en gran parte de la eficacia de las políticas públicas y de la conducción política, no tan sólo de los gobernantes y dirigentes formales, sino también de quienes fungen en los hechos como líderes naturales en sus propias comunidades. Por ello es muy importante prestar atención a los movimientos sociales ahí donde surgen, no para negarles a priori su legítimo derecho a pensar distinto, sino para escuchar con atención y sensibilidad política tanto sus reclamos como las propuestas de solución a sus problemas; en esto radica la fuerza de la gobernabilidad democrática. La democracia se debilita y pierde gobernabilidad cuando la ciudadanía llega a la convicción de que ni el interés general, ni sus intereses, aspiraciones y valores personales estarán protegidos.

Ahora bien, la idea de un Estado fuerte no significa volver a la práctica de los gobiernos asistencialistas, que desde la cúpula del poder pretendían resolver los problemas de la gente, pues tal forma de proceder entorpece el desarrollo social, haciendo que los más pobres dependan de programas paternalistas y no de políticas de crecimiento a largo plazo que garanticen la autonomía social. Pero tampoco implica abandonar al pueblo en manos de las fuerzas voraces del mercado, pues entonces Estado y gobierno carecerían de legitimidad social.

Por otro lado, la gobernabilidad democrática no debe confundirse con un permiso para que las fuerzas económicas decidan el destino de un pueblo, como ha ocurrido cuando se ha pretendido, desde el gobierno, ofrecer una patente de corzo a los poderes informales para que operen en sustitución del Estado; esto es cierto sobre todo para el poder ejercido por las fuerzas del mercado. Este poder se ha disfrazado de sociedad civil y ha sido el argumento de las políticas neoliberales para justificar el adelgazamiento del Estado y la creciente ingerencia de esas fuerzas del mercado en la definición de las políticas públicas, lesionando siempre los intereses del pueblo, es decir, de la verdadera sociedad civil.

En la gobernabilidad democrática, la sociedad civil no es liberal, sino emancipadora, es decir, busca el desarrollo de la mayoría y no de unos cuantos poderosos cuyo compromiso social está siempre ausente.

En la gobernabilidad democrática no caben los consensos neoliberales de Washington. Estos consensos pretenden decidir el destino de América Latina sin la participación en las decisiones de los propios latinoamericanos. No se trata más que de los acuerdos tácitos que se han generado entre el Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal del mismo país, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, importantes hombres de negocios e intelectuales, para definir las políticas en América Latina.

Estos consensos se resumen en los siguientes puntos:

1. Equilibrio del presupuesto público, reduciendo el déficit fiscal. Esta recomendación se ha cumplido puntualmente por muchos gobiernos sin mayor reflexión sobre sus efectos en la sociedad. Sin embargo, aceptar esta disposición impide una verdadera reorganización de las instituciones gubernamentales, obligando al propio gobierno simplemente a disminuir el gasto social, reducir su estructura, recortando personal y, por consiguiente aumentando el desempleo y el descontento popular.
2. Reconducción del gasto público, dando preferencia a las regulaciones del mercado. Lo que ocurre cuando se cumple con esta premisa es que el dinero de los impuestos no regresa a la gente en forma de programas públicos eficaces para satisfacer las necesidades, ni siquiera las más apremiantes.
3. Reformas fiscales que redujeran los impuestos directos y aumentaran los indirectos. Esto ha hecho que la carga impositiva recaiga en las clases más pobres, llegando al extremo de querer gravar las medicinas y los alimentos.
4. Establecimientos de tipos de interés positivos que atrajeran capitales y fomentasen el ahorro interno. Esto significa sencillamente ofrecerle todas las facilidades a las fuerzas del mercado para operar, dotándolas de todos los servicios y exentándolas del pago de impuestos, todo ello con cargo a la población más desfavorecida.
5. Tipos de cambio que permitieran orientar la economía hacia el exterior de manera competitiva. Por seguir estos lineamientos, como si se tratase de reglas inmutables, se ha cometido el error de dejar olvidada a la mayoría de la población que subsiste, cada vez en mayor medida, a partir de una economía informal que es en ocasiones francamente ilegal e insuficiente para garantizar la supervivencia. El número de pobres aumenta cada día.
6. Liberalización comercial con plena apertura de fronteras. Esto sólo ha beneficiado a los países más ricos, pues los socios comerciales más pobres, como es el caso de México, no reciben un trato equitativo en la operación real de esos acuerdos comerciales.
7. Recepción de inversión extranjera directa. La forma más conocida de esta inversión es la de las maquiladoras, cuyos beneficios para la población se reducen a los salarios percibidos por los obreros y a algunas prestaciones sociales. Las empresas extranjeras carecen de compromiso con la sociedad en la que se asientan sólo temporalmente.
8. Privatizaciones del sector público. Esto ha ocurrido cada vez más a espaldas de la sociedad civil emergente. El gran riesgo de esto es restarle presencia real al Estado, dejando únicamente un gobierno que se rija por los dictados del mercado. No es posible que las finanzas públicas se sostengan sólo de los impuestos. De nada sirve contar con un territorio con muchas riquezas naturales, si esa riqueza no se distribuye entre sus habitantes. Quien debe velar porque eso ocurra es el Estado, precisamente.
9. Desregulación en lo referente al mercado laboral, eliminando los controles a las empresas y a los capitales. Así como la desaparición de las barreras legales a los movimientos económicos. Tales medidas disminuyen las funciones del Estado y dejan al gobierno como un mero gestor de las conveniencias financieras de las empresas nacionales y extranjeras.
10. Garantías a los derechos de propiedad. Este punto, a pesar de su aparente legalidad, deja fuera la posibilidad de que los grupos sociales reivindiquen su derecho a la tenencia de la tierra, sobre todo en los casos en que han sido despojados por el ejercicio arbitrario del poder.

Es verdad que no se puede hacer caso omiso de las recomendaciones o imperativos de las instituciones financieras mundiales, pues los recursos monetarios que requieren los países menos desarrollados se entregan a condición de que los gobiernos cumplan con esas exigencias; pero también es verdad que el costo político de la aceptación incondicional de esas medidas es ya muy grande, y después de muchos años de su puesta en marcha ha generado ya una gran cantidad de focos rojos que deben ser atendidos a la brevedad posible, pues la ingobernabilidad es su posible consecuencia inmediata. Al contrario de lo que pudieran pensar algunos, la ingobernabilidad no se produce porque el pueblo participe activamente en la conducción de su propio destino, sino porque los poderes formales se olvidan que un gobierno democrático no es tan sólo el que proviene del pueblo (a través de elecciones legítimas) y que se valida con acciones para el mismo pueblo, sino que ser gobierno democrático significa por encima de todo un gobierno con el pueblo o sociedad civil emergente; esta es la esencia de la gobernabilidad democrática.

Los hechos han demostrado que, desafortunadamente, se ha confundido modernidad social y política con posiciones antidemocráticas, cuyo costo se hace cada vez más evidente con el aumento de los problemas cotidianos y su casi imposible solución.

La idea modernizadora de los Estados, de los gobiernos y de las sociedades nace en la mitad del siglo XX y posee las siguientes características:

1. La reducción del Estado so pretexto de volverlo más eficiente, confundiendo Estado eficaz con Estado mínimo, queriendo separar lo inseparable, esto es, la política y la economía, convirtiendo a las políticas públicas en políticas de caridad.
2. La tecnificación de la política que destruye la fuerza transformadora de los partidos políticos y del poder legislativo, al defender intereses privados y no los de la sociedad que le da su sustento, en los varios sentidos del término.
3. Control de los medios de comunicación para servir a intereses no sociales.
4. Incapacitación intelectual de los sectores populares, impidiendo su acceso a la universidad y abortando sus pretensiones profesionales; tendencia ésta que se hace más evidente después de 1968, cuando se les restringe a los jóvenes el acceso a los libros y a la cultura nacional y universal, mediante el recurso de volver técnica la educación media y media superior, encareciendo los libros y dejando de apoyar las manifestaciones artísticas e intelectuales en general. El efecto de esas acciones es ahora evidente en una población que es analfabeta funcional en un gran porcentaje.
5. Freno a la democracia económica. Asunto que no merece ningún comentario por su evidente perversidad.
6. Control administrativo, ideológico y militar de la democracia con el fin de limitar la participación ciudadana, con el ilegítimo argumento de evitar el "exceso de democracia" y, por lo tanto, la ingobernabilidad.

Resumiendo, esta modernidad antidemocrática pide:

1. Menor participación popular en la política.
2. Primacía de lo individual sobre lo colectivo.
3. Sustitución del Estado por el mercado y por determinados actores sociales, principalmente de extracción empresarial.
4. Preponderancia del técnico sobre el político.

Por lo anterior, la gobernabilidad democrática no puede ser moderna, ni siquiera postmoderna, sino que debe inaugurar una nueva manera de hacer las cosas que sintetice lo mejor del pasado, pero que se organice con base en un futuro que debe entender correctamente para no dejar en manos de los intereses individuales los intereses públicos.

Es verdad que los intereses de los ricos son distintos de los intereses de los pobres, pero esa diferencia, en ocasiones abismal, es la que le da sentido a los programas de gobierno, pues estos deberán siempre conciliar no únicamente los distintos intereses económicos, sino también los culturales y políticos.

Abundando en este orden de ideas, la gobernabilidad democrática supone y se legitima en la aceptación y concreción práctica de valores morales que le sirven de sustento, tales como la tolerancia, la no violencia expresada en la resolución pacífica de los conflictos, la libertad de pensamiento, la igualdad y la solidaridad, integrados en una cultura cívica democrática. Una nueva forma de gobernar debe apoyar la existencia de valores en sus gobernados, pues de otro modo el cinismo y la incredulidad se transforman en una pobre vida democrática que se refleja, entre otros aspectos, en la disminución cada vez mayor del número de votantes. Los valores cívicos son imprescindibles para la convivencia democrática y el desarrollo de la sociedad.

Por definición, la gobernabilidad democrática, como nueva forma de conducción, debe estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, debe guiar a la educación, a los programas de sanidad, propiciar el respeto a las diferencias entre las personas y sus ideas, cualesquiera que éstas sean, asimismo debe regir cualquiera de las políticas públicas que ponga en marcha el gobierno.

Bastante se ha escrito ya sobre la gobernabilidad democrática, pero no se trata de un programa o de procedimientos acabados que deban seguirse rigurosamente, se trata más bien de una intención, de una filosofía que debe guiar las acciones y programas concretos del gobierno. El diseño y la puesta en marcha de las políticas públicas se deben regir por las intenciones y los principios de un nuevo modo de gobernar, es decir, la gobernabilidad democrática, pero esta gobernabilidad es un cómo hacer y un por qué hacer que deben servir de hilo conductor al qué hacer. Las políticas públicas se deben evaluar a partir de su congruencia con los principios básicos de la gobernabilidad democrática.

El tema de los partidos políticos y sus representantes en los distintos niveles de gobierno y en los poderes legislativo y judicial debe revisarse cuidadosamente a la luz de los lineamientos de la gobernabilidad democrática. Los partidos requieren de un reforzamiento institucional, pues el poder de convocatoria de esos institutos políticos ha menguado, además de que han dejado de ser la conciencia popular para convertirse, en algunos casos, en representantes de grupos de interés económico privado. La pérdida de credibilidad en sus propuestas electorales, en ocasiones coyunturales por ausencia de verdaderos idearios políticos, empobrece el debate público y la participación ciudadana; sólo los salva, como excepción, el surgimiento de algún líder carismático que, a pesar de su propio partido, es capaz de convocar y articular algún proyecto popular. Sin el contexto de una nueva forma de gobierno, el debate en la Cámara de diputados, por ejemplo, sólo puede reflejar lo mismo que sucede fuera del Palacio Legislativo, esto es, el desánimo, el cinismo y la falta de propuestas a largo plazo que se pongan en marcha con la sociedad civil. La proliferación de partidos políticos hace al asunto todavía más complicado por la aparente diversidad de intereses y de programas políticos, pero en el fondo lo que se observa es la falta de definición de su identidad política, lo que conduce a confusiones y enmascaramientos; el ejemplo más claro de esto es la fuga de miembros de un partido hacia otro, cuyas banderas son formalmente incompatibles. Estos hechos hablan de la urgente necesidad de que los partidos políticos y sus representantes en los distintos niveles de la política se comprometan a reflejar los intereses de la ciudadanía que los mantiene, sustentando al mismo tiempo los principios del partido al que pertenecen. Únicamente así se podrán discutir ideas y proyectos, buscar consensos y ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad actual.

La gobernabilidad democrática requiere oficio político, por lo que puede ser muy provechoso suscribir acuerdos de formación política permanente entre todos los partidos políticos, de lo cual podrían derivarse reglas claras para el debate parlamentario, para la discusión en las tribunas públicas, para las declaraciones en los medios de información, para las campañas electorales y para la movilización de las fuerzas sociales, entre otras acciones.

Entonces, un primer ejercicio de gobernabilidad democrática en Veracruz podría ser la convocatoria hecha por el gobernador Fidel Herrera Beltrán a todos los partidos políticos a reunirse a discutir los objetivos, los medios y los resultados que cada uno de ellos define como su compromiso social, ofreciendo como resultado una Agenda de gobernabilidad.

La gobernabilidad democrática está por construirse, pues se trata de un proceso cuyo fin y resultados no pueden preverse de antemano, por lo que deberán someterse a evaluación constante. Las acciones específicas que deben ponerse en marcha aún están por definirse y dependen en mucho de una apropiada evaluación de las necesidades y problemas de la gente concreta; no obstante, esas acciones deberán reflejar lo que suponemos son las características principales de la gobernabilidad democrática, a saber:

1. Construcción de un Estado fuerte que le permita al gobierno ser el garante del equilibrio social.
2. Gobernar con el pueblo, propiciando una mayor participación ciudadana real.
3. Elaboración de políticas públicas considerando principalmente la definición que los propios interesados hacen de sus problemas y necesidades.
4. Propiciar la cohesión social y la identidad cultural, recuperando la idea de colectividad que es esencia de los pueblos latinoamericanos, recobrando asimismo la sabiduría popular en todos los órdenes de la vida.
5. Recuperación de la sensibilidad política por encima del saber técnico impersonal y sin objetivo social, dignificando el oficio de político.
6. Propiciar la reconstrucción de los partidos políticos y de otras fuerzas sociales para que respondan a las necesidades de la sociedad civil y no a los intereses privados.
7. Equidad para todos en todos los asuntos, lo que fortalece el Estado de derecho.
8. Fortalecimiento de la educación pública, así como de la ciencia y la tecnología.
9. Proposición de formas alternativas de gestión social y recomposición de las estructuras de gobierno ya existentes.
10. Fortalecimiento de los valores cívicos.

El reto está ahí, se requiere la voluntad para arriesgarse a organizar la vida pública de un modo distinto a los ya conocidos. El resultado del esfuerzo sólo puede verse a largo plazo, pero vale la pena intentarlo; de cualquier modo, el espíritu de los tiempos no permitirá que las cosas se queden como están, por ello más vale anticiparse y proponer las guías de un ejercicio democrático que tenga sus fundamentos en el futuro y no un pasado ya caduco.