
Un siglo que muere, un milenio que nace y un cambio anunciado que habrá de llegar...
Transición no es nada más la palabra de moda en México, sino un concepto que busca definir el inédito proceso de cambio que tiene en crisis a todas las instituciones del país.
Esta es la hora crucial para el futuro de nuestra Nación, la cual se encuentra frente a la disyuntiva inevitable de transitar pacíficamente hacia su reconstrucción democrática o de sucumbir a la demolición irresponsable de un caduco sistema de instituciones cuyo autoritario partido oficial y sus gobiernos están desmoronando precipitadamente ante el grave deterioro político, económico y social que no sólo atenta contra la soberanía nacional sino que erosiona la convivencia civilizada y ha lesionado los niveles mínimos de bienestar de la mayoría de los mexicanos.
Una Transición democrática, su nombre lo dice, no es el salto mágico de una realidad a otra radicalmente distinta. La mayor parte de los actores, de los intereses, de los vicios y de los rezagos sociales permanecen y sólo con el tiempo se disuelven, se transforman o se superan. Es un proceso arduo y no exento de regresiones que exige tenacidad y compromiso. Es el paso de un orden autoritario a otro consensual que transcurre en la órbita de cohabitación de lo viejo con lo nuevo y sólo se realiza mediante el despliegue de una cultura democrática fundada en la dignidad y la aptitud para la conciliación y para el cambio.
Ninguna Transición democrática es idéntica a otra. Y nadie posee la partitura de lo que habrá de ocurrir en México y en sus regiones también en movimiento como Veracruz. Los escenarios deseables demandan sin embargo el compromiso indeclinable de los actores para el acuerdo y la conducción de un proceso pacífico, ordenado y escrupulosamente constitucional.
En la actualidad, contra el apetito incendiario de quienes apuestan a la descomposición y disolución social, no hay en el escenario nacional ningún protagonista significativo que no esté impulsando el diálogo o lo haya aceptado explícitamente como vía irremplazable para la elaboración de los consensos: desde el ejército zapatista hasta las confederaciones patronales, desde los partidos políticos hasta las organizaciones no gubernamentales, desde los deudores de la banca hasta los medios de comunicación más reflexivos, desde los múltiples núcleos agraviados por la injusticia hasta los intelectuales y académicos más comprometidos.
En este contexto se inserta precisamente el proyecto editorial de nuestra revista denominada Transición, un vehículo de información y análisis periodístico que inicialmente mes con mes, bajo el auspicio original del CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA A. C, pretende describir, explicar y desentrañar toda la sintomatología social del complejo proceso de evolución democrática que se gesta en el país y que habrá de repercutir en Veracruz, así como encarar a las fuerzas que se oponen al cambio y a las inercias políticas regresivas que no sólo se resisten a la impostergable reforma del poder sino que sólo simulan cambiar para que todo permanezca igual.
Transición busca ser canal irrestricto de expresión para todas aquellas voces plurales e ideas liberales y vanguardistas que enriquezcan el debate nacional; una aportación de un grupo de veracruzanos cuyo único compromiso será con el verdadero tránsito pacífico y ordenado a la plena democratización del país.
Nuestra propuesta va, pues, más allá de apoyar a una modesta publicación: nuestra invitación es, también, para sumarnos al proyecto y a la movilización nacional de Transición, a la democracia que no tiene vuelta en México, pero a la cual se le debe encauzar para que arribe a puerto seguro, a la mayor brevedad y sin sobresaltos sociales riesgosos.
El siglo XX agoniza y un nuevo milenio ya está tocando a nuestra puerta.
Si nos proponemos transitar hacía una nueva sociedad realmente moderna y democrática, entonces es apremiante que revisemos todo lo que política, social, económica y culturalmente ha dejado de funcionar en un país convulsionado por los claros síntomas de su Transición
El protagonismo emergente de la nueva sociedad civil, seguridad pública y derechos humanos, la exigencia popular de procesos electorales transparentes y equitativos, las políticas gubernamentales sobre educación y desarrollo social, indigenismo y movimientos sindicales son, entre otros, algunos de los temas que individualmente, mes a mes, desde noviembre próximo, serán analizados en forma objetiva, reflexiva y profunda por investigadores, académicos y especialistas invitados a las páginas de Transición.
El Centro de Estudios para la Transición Democrática, es una entidad de carácter no gubernamental, formado por ciudadanos mexicanos que coinciden en la necesidad de crear un espacio de análisis, reflexión y propuesta, acorde con el proceso de Transición, democrática, que actualmente se desarrolla en nuestro país.
Por tanto, tiene como propósito colectivo los siguientes objetivos:

Porque es innegable que México se transforma y que, los actuales, son tiempos de transición.
La gran interrogante de hoy, en los albores de un nuevo siglo, apunta justamente hacia esa dirección: ¿cómo seremos, como país, en el siglo XXI que está por venir?
La respuesta no deja lugar a dudas y se encuentra en todos los ámbitos y escenarios sociales: buscamos cambiar, transitar hacia una sociedad más justa, democrática e igualitaria, en donde puedan cohabitar pacíficamente las ideas, las voces y los credos más diversos que caracterizan a este plural mosaico humano.
¿Cómo encarar los nuevos tiempos y contribuir a la construcción razonada del un nuevo México? En el pensamiento y en la práctica social se han ido conformando variadas respuestas. En la década que está por expirar, ensayos y estudios constituyeron, entre otras formas de expresión, frescas manifestaciones de un pensamiento renovado y acucioso de una sociedad en transición.
Pero no ha sido suficiente. La dinámica transformación cotidiana de nuestro país obliga a esfuerzos todavía mayores en la producción y la difusión de las ideas y de la información que expliquen lo que piensa, quiere, hace y necesita nuestra sociedad mutante. El ejercicio podrá ser incómodo y hasta irritante pero es requerido por todos los que deseamos un México auténticamente democrático y soberano.
Transición nace precisamente como un espacio mensual donde buscaremos avanzar en la indagación de lo que somos y aspiramos, como parte de una sociedad inmersa en un irreversible proceso de cambio que política y socialmente está sacudiendo a todas las instituciones de nuestro país, que corren el grave riesgo de resquebrajarse estrepitosamente.
Carlos Fuentes nos propone gobernar la transición para hacer historia, porque si no atendemos la agenda del cambio, éste acabará imponiéndose de manera irracional e ingobernable, como algo similar a la fatalidad o el cataclismo. "El caos -nos recuerda con puntualidad el novelista- es una palabra sin plural, porque lo abarca todo, sofoca y hunde todo".
Quienes hemos emprendido este proyecto editorial estamos convencidos del ello, aunque también sabemos que nadie es dueño absoluto de la verdad ni puede imponérsela a los demás, a "los otros todos que nosotros somos", como diría el poeta Octavio Paz.
La línea editorial que nos hemos propuesto tiene la complejidad de lo sencillo: la búsqueda y explicación de realidades que caracterizan la sintomatología de una sociedad en transición.
Unidos por la diversidad, buscamos continuar desentrañando este país mágico, milenario e inacabado para construirlo mejor. Démosle fin a los fatalismos estériles que sólo conciben a un México limitado por la geografía o condenado a su historia.
Transición, nuestra propuesta, busca ser un sitio de encuentros y de respetuosa confrontación que genere esperanzas. Esta primera edición, por la diversidad de las voces reunidas que aceptaron nuestra invitación a debatir, ha resultado ser un promisorio intento de ello.
Físico-matemático por la Universidad Complutense de Madrid —en donde fue un destacado discípulo de Javier Solana, el excanciller español y secretario general de la OTAN—, Juan Carlos Cobos-Losey Álvarez, un exitoso y joven empresario porteño, fervientemente nacionalista, católico y simpatizante del PAN, cabeza del Grupo Cobos (un consorcio industrial especializado en la galvanización con zinc), asegura sin titubeos que va a ser muy difícil llegar en México a una democracia plena sin que haya derramamientos de sangre: "Va a ser inevitable cierta violencia. Pero es preferible que esa violencia la ejerza el Estado contra aquellos que están tratando de impedir la transición...".
Dedicado totalmente a sus empresas —entre las que sé cuentan Galvanizadora Nacional S.A. y Metalyzinc, S.A., cuya administración general asumió desde 1980 tras la repentina enfermedad y muerte de su padre, el cual le delegó también su lugar de máximo jefe de familia—, este industrial veracruzano que apenas rebasa ligeramente los 40 años de edad, dice estar alejado de la política pero su opinión y ascendencia sobre todo entre el empresariado afiliado a la COPARMEX, sigue siendo de mucho peso en la toma de decisiones. Cobos-Losey fue en 1988 uno de los principales activistas de la candidatura presidencial de Manuel J. Clouthier. Expresidente local y regional de este organismo patronal, cuya influencia llegó a abarcar diez entidades del centro del país, el presidente del Grupo Cobos —gente muy cercana también a Carlos Abascal Carranza, dirigente nacional de la COPARMEX— se desempeña en la actualidad como Vicepresidente del Consejo Consultivo de la ciudad de Veracruz, cuyo ayuntamiento es gobernado desde enero de 1995 por una administración panista.
Juan Carlos, desde tu posición de empresario, que además has sido líder empresarial y que en buena medida conoces el sentir y el pensar de este importante sector social, ¿qué interpretación le das a la situación política que actualmente estamos viviendo en México? ¿Consideras que realmente estamos frente a un auténtico proceso de cambio impulsado por la sociedad mexicana en su conjunto o simplemente esto que llamamos "transición a la democracia" se reduce a una mera disputa por el poder entre los propios grupos del sistema?
Mira, sobre el hecho de si hay transición o no desde el punto de vista social yo pienso que sí por lo menos en un cierto sector de la población con cierto nivel educativo y también en casos de gente que sin tener gran preparación profesional está inconforme con la situación del país de los últimos años. Siente deseos de cambiar de sistema político. Yo así lo siento. Tengo muchos conocidos, de todos los niveles sociales, que están participando y tratando de llevar al país hacia un sistema más democrático.
Ahora bien, acerca de que si esta fuerza de la sociedad, este movimiento social es suficientemente fuerte para llegar a lograr esto, yo pienso que no y desde el poder no existe una intención de aceptar la opinión de la sociedad. Quizá se tenga en estos momentos una disposición —al menos por lo que el presidente Zedillo manifiesta pues da la impresión de sí querer—, pero como a su vez está él metido, o por lo menos yo así lo veo, en enfrentamientos entre dos grupos dentro del propio sistema político, pues sí terigo serias dudas de que podamos en un momento dado llegar a tener una democracia plena, sin que haya derramamiento de sangre.
¿Qué tan viable puede ser que este proceso de transición se dé pacíficamente y no llegáramos al extremo de la violencia?
Bueno, la verdad yo creo que va a ser inevitable cierta violencia. Y en mi opinión es preferible que esa violencia la ejerza el Estado contra aquellos que están tratando de impedir la transición a la democracia, a que sean los que tratan de impedir la transición los que ejerzan la violencia contra los que quieren la democracia. No sé si me explico. Mi impresión es que en este momento, detrás por ejemplo del EPR, hay grupos que para mí son del propio sistema político que no son partidarios de la transición a la democracia, que no quieren perder sus feudos de poder que han tenido por mucho tiempo y que el que haya un estado de tensión, un estado de crispación social, de temor, facilitan en un momento dado un endurecimiento de la política gubernamental y un paso atrás hacia sistemas más autoritarios. Incluso, si la violencia es suficientemente fuerte, puede llegar a ocurrir que la propia sociedad que ahora mismo está queriendo democracia diga: "pues no, si la violencia conlleva a más violencia prefiero volver a los sistemas dictatoriales del PRI de hace quince años". Entonces yo creo que hay gente tratando de que este cambio mental se dé en la sociedad, ¿no? Y lo están tratando creando violencia. Entonces yo pienso que si el presidente Zedillo realmente quiere llevar al país hacia la democracia, él debe ejercer la violencia, que es una facultad del Estado finalmente —el Estado, al monopolizar las Fuerzas Armadas, las tiene para algo—, debe utilizar esa capacidad de ejercer una acción violenta contra los que no quieren una transición pacífica hacia la democracia.
¿Tú ves signos claros, contundentes de hacia dónde se dirige esta transición o como algunos han manifestado, existe incertidumbre y no se avizora un rumbo definido, sin dirección...?
La verdad es que sí es una pregunta muy compleja. El presidente Zedillo no manifiesta una firmeza en su comportamiento. Se ve que desde el principio ha sido un hombre... Bueno, recibió al país en condiciones difíciles y ha sido golpeado restándole poder por estos grupos contrarios a la transición. Y claro, yo creo que inclusive hay más. Yo creo que estos grupos están tratando de quitar al presidente Zedillo. Esa impresión tengo yo. Están tratando de que el presidente salga, se aburra, dimita o tal vez —Dios no lo quiera— llegar incluso a quitarle la vida. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que en gran medida depende de la decisión gubernamental, depende de la decisión del presidente Zedillo de defenderse, de defender sus ideas por encima de quienes están tratando de desestabilizar al país. Si él no actúa con firmeza en contra de la violencia, la violencia puede acabar con él. Y al acabar con él puede acabar también con la transición a la democracia.
¿A partir de cuándo ubicas tú el inicio de este proceso de transición?
Yo creo que esta transición la inicia realmente el presidente Salinas. El es quien empieza a reconocer triunfos de la oposición. ¿Por qué?, pues porque un primer paso para pensar en una transición a la democracia es que los partidos de oposición puedan acceder a niveles de poder, aunque sean pequeños. Y en el caso del PAN, el PAN había ganado elecciones en la administración del presidente Miguel de la Madrid, mas sin embargo no le fueron respetados. Entonces, Salinas marca una gran diferencia en el momento en que él reconoce el primer triunfo del PAN durante su gestión en Baja California. Y lo reconoce a través de la persona de Luis Donaldo Colosio. Entonces esto es un parteaguas en la historia política de México. Es una puerta a la esperanza, una puerta por la que partidos de oposición puedan llegar a tener el poder, no de golpe, pero sí de forma gradual. Porque en mi opinión no es factible ni prudente que se desmorone el PRI sin que hubiese alternativas de poder ya organizadas. Podríamos caer en riesgo de sufrir otra revolución, en una situación de lucha por el poder de los diversos grupos que finalmente sería una guerra civil sangrienta y se destruiría la economía del país. Esto absolutamente no es deseable. Lo que yo creo que se debe tratar es de construir una oposición ya sea de uno o dos partidos, pero una oposición que esté organizada de manera que pueda ejercer el poder que actualmente ejerce el PRI, sin que haya una pugna que ensangriente el país.
Entonces yo pienso que Salinas puso las primeras piedras para que esto fuese posible. Parece un proceso inconcluso. Todavía el viejo partido, el viejo grupo en el poder sigue controlando la maquinaria de los gobiernos estatales, controla el Parlamento, sigue controlando la Presidencia de la República. En mi opinión tenemos que avanzar todavía mucho más en la presencia de los partidos políticos en los gobiernos estatales, en el Parlamento para poder vislumbrar una transición definitiva hacia la democracia.
Obviamente ninguna transición es idéntica a otra. Pero partiendo de tu propia experiencia, de lo que viviste en España, de lo que sabes que ocurrió en Chile, de la transición que ya se ha dado en otros países, ¿qué es lo que a tu juicio podría retomarse en México en estos momentos de cambio, de transición?.
Bueno, a mí me tocó vivir en España en esa época, me tocó vivir la transición del régimen de Franco a la democracia, y en mi opinión esa transición fue tan pacífica como fue tan positiva, porque realmente el propio Franco ya dejó las bases para la transición. La transición se va a basar en dos hombres fundamentalmente: en el Rey y en Adolfo Suárez. Los dos provenían del gobierno de Franco. El Rey, constitucionalmente desde 1973 en España, era el heredero de Franco, o sea, él iba a ser el Jefe de Estado en caso de que Franco falleciera, como ocurrió en realidad. Una vez muerto Franco se le pasa el poder al Rey. En el esquema de democratización de Franco el Partido Comunista estaba prohibido, tenía bloqueada la entrada, luego era una transición imperfecta porque de alguna manera bloqueaba el acceso a un grupo que tiene sus ideas con las cuales no podrá estar uno de acuerdo con ellos pero que tiene sus ideas y tiene derecho a estar representado. Entonces la aportación importante de Adolfo Suárez es que él le va a abrir la puerta al Partido Comunista, de manera que ya todos los españoles, todas las ideologías de los españoles están representadas en lo partidos que actualmente existen. Y también hay un mérito, yo creo que también hay que señalarlo, del propio Felipe González, porque él siendo líder del Partido Socialista y siendo el PSOE un partido tradicionalmente republicano, en un momento dado logró que el Partido Socialista, que es un partido muy importante en España, aceptara la figura del Rey y aceptara vivir bajo un régimen monárquico, lo cual era también un cosa muy positiva. Entonces debemos señalar estos cuatro pilares de la transición: a Franco, en cuanto a que pone las bases permitiendo la restauración de la monarquía a su muerte; Adolfo Suárez, que hace universal la presencia del espectro político dentro del parlamentarismo español; Felipe González, que logra que la mayoría de lo republicanos, las gentes que no aceptaban la figura del Rey, que no aceptaban ser gobernados por un Rey, lo acepten, con lo cual se logra afortunadamente un sistema que en España ya lleva funcionando más de 20 años, sin mayores problemas, y ha sido una de las transiciones más positivas que ha habido a la democracia. El caso de Chile no lo conozco bien, más lo que he podido leer. Pero en el caso de Chile hay que reconocer que fue el propio Pinochet quien puso las bases para la transición, que él mismo prepara las elecciones democráticas y acepta su derrota. Lo que yo creo es que para que se dé la transición a la democracia sin derramaniento de sangre forzosamente tiene que haber una aceptación desde el poder, una aceptación de esa realidad, de ese camino. Y en este caso, Salinas por lo menos me dio la impresión de que sí quería por esos primeros pasos que dio, las reformas que se hicieron, me dio la impresión de sí querer llevar al país hacia allá; Zedillo lo ha dicho, lo ha afirmado, que él quiere llevar al país a la. democracia, pero mi inquietud, mi temor es que dentro del propio grupo gobernante, no del grupo estrecho del Presidente de la República, sino de la amplia militanda priísta, entre las gentes de poder dentro de esa vieja dinastía política que es el PRI, hay muchas gentes que no quieren la transición a la democracia, hay muchas gentes que no quieren perder sus feudos de poder, que no quieren perder sus negocios inconfesables, y esas gentes van a estar torpedeando al proceso democrático si Zedillo y el grupo que quiere la democracia dentro del sistema no se enfrenta abiertamente contra el equipo que no quiere la transición.
Ahora, ¿tú crees que en un escenario así, catastrófico, la sociedad mexicana podría estar lo suficientemente madura para poder sobreponerse a esos grupos que temen perder sus privilegios en un proceso de transición como éste, para impulsar precisamente a como dé lugar este tránsito a la democracia?
Yo quisiera saber qué tan fuertes son. Yo veo síntomas de esa guerra, indicios de la guerra. Yo me acuerdo por ejemplo desde que Salinas fue destapado, ya hubo indicios de enfrentamientos entre los grupos en sí. Me acuerdo del caso de Sergio García Ramírez y del desfile de precandidatos que tuvo que hacer Miguel de la Madrid. Luego otros indicios de oposición al proceso modernizador salinista que incluía la transición a la democracia —por lo menos ya integraban la transición a la democracia—, y vimos cómo Salinas buscó cambios sustanciales en las prácticas del PRI, por ejemplo, porque una cosa necesaria para que haya una democracia es que los partidos a su vez sean democráticos, ya que si ellos no son democráticos internamente difícilmente van a funcionar en el poder democráticamente, entonces se tiene que ir practicando poco a poco ¿no? La estructura del PRI internamente es de lo más antidemocrático que pueda uno imaginarse. El sistema corporativista de sindicatos, de burócratas y de campesinos es un sistema controlador, no es un sistema de representación realmente democrático. Entonces yo me acuerdo que Luis Donaldo Colosio, siendo presidente del PRI, trató de modificar los estatutos del PRI, trataron de hacer un sistema de representación geográfica, no de representación de clases sociales como está actualmente, lo cual era mucho más positivo. Ahí hay otro indicio: que a pesar del gran poder que tuvo Salinas en su sexenio no pudo hacer modificaciones importantes en los funcionamientos internos del PRI, lo cual demuestra también esa oposición al interior del partido ¿no?.
Hay también otros indicios curiosos, como es el caso de un Secretario de Estado que se atrevió a manifestarse en contra del Presidente de la República cuando se reconocieron relaciones con la Iglesia, lo cual también fue muy extraño porque normalmente la disciplina de los Secretarios de Estado ha sido legendaria, sin embargo hubo un caso de alguien que manifiestamente dijo que no estaba de acuerdo con el reconocimiento de las relaciones con la Iglesia.
Luego tenemos el caso de la oposición de ciertos grupos del PRI a la candidatura de Colosio, que también se manifiesta. La aparición extraña de una guerrilla en Chiapas en el momento en que el país vivía la esperanza. Las guerrillas tienen sentido cuando el país está desesperanzado, cuando el país está viviendo una situación difícil y no ve un futuro, entonces la gente está dispuesta a jugarse la vida por algo, pero si algo había en México a principios del 94 era esperanza, la gente estaba ingenuamente ilusionada con la entrada del Tratado de Libre Comercio, como que nos íbamos a convertir de la noche a la mañana en un país primermundista. Entonces es completamente extraña esa guerrilla, que dice defender a los indios pero que los manda a luchar con armas de palo, a jugarse la vida contra un ejército bien pertrechado.
Para mí es otro indicio. Yo supongo que detrás de la guerrilla de Chiapas, se buscaba violentar la sucesión presidencial. Trataban de evitar que Colosio, que ya había manifestado su posición, fuese el candidato oficial. Luego, al mismo tiempo, aparece Manuel Camacho Solís, quien negocia con la guerrilla, hace ahí un acuerdo medio extraño también, donde se acepta con un papel donde un señor firma con seudónimo y está encapuchado, una cosa que no tenía ninguna base jurídica, sin embargo fue aceptado por todos, cosa muy extraña. Luego hay gentes que tratan de que Colosio no sea registrado y entre en su lugar Camacho Solís; se habla también —eso me llamó mucho la atención también— de que la campaña de Colosio era muy fría, que no tenía arrastre, y yo siempre me he preguntado: ¿desde cuándo el PRI ha necesitado tener arrastre? ¿Desde cuándo el candidato del PRI ha tenido que ser carismático? Yo creo que ni el propio Salinas hubiera jalado a nadie nunca ¿no? Y Miguel de la Madrid yo creo que menos, ¿no? El PRI nunca ha necesitado a gentes con carisma porque tiene muchos recursos para mover voluntades. El PRI no necesita gente carismática. Entonces, ¿por qué de repente, la prensa normalmente tan servil con el sistema, de repente empieza a atacar al candidato oficial? Porque evidentemente hay gente del mismo sistema que no quiere a ese candidato oficial. Luego viene, el 22 de marzo, la declaración de Camacho de que sí quiere la candidatura a la Presidencia de la República pero que no la quiere conseguir a cualquier costo. Yo pienso que él, en un momento dado, estuvo siendo empujado por algún grupo y finalmente viendo la posibilidad —o conociendo tal vez algo— de que Colosio podría ser asesinado, él decide lavarse las manos y no ser responsable de esto y decirles "conmigo no cuenten para tal salvajada". Ese pudo haber sido un comportamiento razonable de parte de Camacho. Sin embargo el 23 de marzo lo matan, y lo matan curiosamente en Tijuana, lo cual pudiera tener un simbolismo porque precisamente en Baja California fue el primer triunfo de la oposición, fue el primer triunfo del PAN, el primer triunfo reconocido, y quien lo había reconocido en ese tiempo había sido Colosio. Entonces pareciera una venganza: "Si te matamos aquí fue porque aquí tú nos traicionaste entregando el poder a la oposición", ¿no?.
Luego, el 24 de marzo, otro detalle curioso: se veía parado al lado del féretro de Colosio, en un momento en que debía haber tristeza —lo lógico habría sido que hubiese habido pena y tristeza por la muerte de Colosio—, un "grupo revolucionario" cuyo líder, un expresidente, grita "¡Viva la Revolución, la Revolución sigue adelante!". Me pareció infame porque como que no venía al caso, ¿no? Sólo que se estuviera tratando de decir: "Los que venimos de la Revolución, seguimos adelante, seguimos con el poder". Algo así, ¿no?.
Otro detalle es que al otro día, el mismo expresidente (Luis) Echeverría, se presenta a proponerle un candidato a Salinas. Dice Andrés Oppenheimer en su libro de México: en la frontera del caos, que el candidato propuesto fue Fernando Gutiérrez Barrios. Eso dice él (Oppenheimer). Y luego otro grupo, o no sé si es el mismo, le tratan de meter a Salinas a Fernando Ortíz Arana. Finalmente Salinas decide apoyar a Zedillo y frena tanto la candidatura de Gutiérrez Barrios como la de Ortíz Arana. Pero vemos fricciones ¿no? Vemos cómo los grupos están tratando de meter su candidato sin tener en cuenta lo que siempre había sido respetado hasta cierto grado que era la figura presidencial. Y luego pues siguen pasando cosas extrañas: el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien parece ser iba a ser ¡a persona encargada por Zedillo para dirigir el PRI —yo creo que tratando de hacer esas reformas democratizadoras que se habían intentado con Colosio y que había fracasado—, y luego vamos a tener más cosas extrañas, como es esta aparición del EPR que van tratando de generar problemas y de espantar el capital extranjero. Yo lo que creo es que si no hubiese aparecido el EZLN, si no tuviésemos EPR ahora, si no hubieran matado a Colosio, la realidad del país sería completamente diferente a la que tenemos ahora. Estaríamos con una economía en auge, tremendamente en auge porque hubiese llegado muchísimo dinero al país. Si ahora, si aún con todos estos problemas sigue llegando dinero —porque siguen abriéndose plantas en el norte del país, sigue habiendo inversión extranjera creando nuevas plantas industriales—, si esto está ocurriendo en medio de esta situación medio caótica que estamos viviendo en el país, ¿qué habría pasado si todo hubiera sido de otra manera? La realidad sería muy diferente. Y claro, yo lo que pienso es que si Salinas con su proyecto democratlzador y modernizador de la economía, si hubiese terminado con éxito y no con todos estos problemas que se suscitaron en el destape, las posibilidades para una transición a la democracia serían muchísimo mejor. Hubiera sido mucho más fácil pagar los costos —porque toda transición tiene sus costos, hay gente que va a salir afectada—, pero hay un costo que hay que pagar, el cual sería mucho más llevadero si nuestra economía estuviera en una época boyante. Sin embargo ahora habremos de enfrentar ese costo en una situación de grave crisis económica, de grave crisis social, de gran incertidumbre, de falta de esperanza en la gente. Entonces realmente yo, todas estas cosas que pasan, me inducen a pensar que este grupo que se opuso a las reformas del PRI, que manifestó su inconformidad con la candidatura de Colosio, ese mismo grupo, sigue tratando de destruir la transición del México priísta hacia el México de la democracia. Y eso crea incertidumbre, genera confusión. ¿Hasta dónde el Presidente, que manifiestamente ha dicho que quiere la democracia, va a seguir permitiendo estos abusos?.
En México no ha habido un régimen auténtico de partidos, entonces ante el desmoramiento del PRI, del sistema, ¿qué riesgos adviertes ante esta situación?
Para entender esta situación debemos remitirnos a los orígenes del PRI. El PRI fue la unión de grupos revolucionarios. En lugar de estarse peleando por el poder constantemente, de estarse matando unos a otros, finalmente logran hacer un pacto de caballeros y consensan que se van a repartir el poder en el tiempo. Entonces un periodo gobierno yo, luego gobiernas tú y después gobierna el otro grupo. Y así se venían repartiendo el poder. Al menos así funcionaba el PRI hasta hace poco. El problema para ellos es que este ordenamiento de los grupos dentro del PRI se rompió, y ha ido llegando junto con la crisis económica provocada por malas políticas económicas del gobierno —pero si tenemos problemas no debemos de echarle toda la culpa a Salinas, yo los veo desde Echeverría para acá—, pero la cuestión es: bueno, si en un momento dado los grupos de los que dependía la paz del país, en cuanto que estaban consensados, dejan de estar en esa relación de consenso, pues de plano han empezado otra vez a pelearse y ya hay varios grupos en medio de esa pelea. Afortunadamente en este momento, el país cuenta con un Ejército organizado, un Ejército relativamente poderoso que en un momento dado podría hacerle frente absoluto si es que el Ejército no está dividido. La clave de que nuestro país no vaya a una situación peor es que...O sea, si los grupos que respaldan al PRI —yo recuerdo que en una plática se mencionaban cuatro grupos fundamentales del PRI: el grupo alemanista, el grupo obregonista, el grupo callista y el grupo cardenista—, si estos cuatro grupos, todos aceptan la democracia, entonces no habrá problemas y el país tendrá una transición pacífica a la democracia, con algunos problemitas menores pero vamos a llegar. Pero si estos grupos, o la mayor parte de estos grupos no aceptan, entonces correremos el riesgo del enfrentamiento. Evidentemente en este momento ya hay enfrentamiento. Lo que yo no sé, por eso yo no puedo saber a futuro, es qué tan fuerte sea el grupo antidemocrático, qué tan fuerte sea comparativamente hablando respecto del grupo democratizador. Lo que siento es que el grupo democratizador —parece ser que es quien tiene el poder en este momento—, si este grupo no vigila de cerca al otro grupo y no toma las medidas necesarias para pararle los pies, en un momento dado debemos pensar en enfrentamientos armados, que podrían empezar con disturbios en ciudades, acciones terroristas como las que está haciendo el EPR, que finalmente dañan al país porque ahuyentan al capital extranjero y ahuyentan al capital nacional porque los empresarios e inversionistas mexicanos también se van a poner nerviosos y quienes tengan algo ahorrado lo van a sacar del país, entonces la clave está en que los grupos pro-democráticos, respaldados por el Presidente de la República que quiere la democracia, podamos vencer a los grupos antidemocracia, y en un momento dado, tal vez la única salida, sea actuar duramente contra ellos. Porque lo que no debe ser es que el Estado consienta la violencia en el país para fines malvados, para fines contrarios a la Nación, para fines contrarios de los deseos del pueblo. Y no debe consentirse. Es un error. Aunque se disfrace de defensa de indígenas. Eso lo hace más perverso aún: cuando se utilizan causas nobles y justas para amparar fines perversos, para ocultar fines perversos. Entonces la clave de la transición, en mi modo de ver, está en un gobierno fuerte, no en un gobierno débil, sino en un gobierno fuerte que impulse la democracia aún teniendo que tomar medidas severas y enérgicas contra aquellos que se oponen a la democracia.
¿Crees que haya en México el líder del tamaño que requiere este cambio o sientes que habría necesidad de un liderazgo emergente para encauzar este proceso de transición que irremediablemente provocará, o está provocando, un gran traumatismo social?
Bueno, yo noto que existe un grupo que trata de derrocar a Zedillo del poder. Esto es evidente. Mucho comentaristas, por ejemplo, atacan al Presidente, incluso en algunos periódicos han llegado a salir artículos hasta burlándose del Presidente, lo cual también es muy extraño, ¿no? Conociendo lo que ha sido el PRI durante tantos años. Yo creo que ahí estamos en terrenos peligrosos porque podría ser que quienes buscan derrocar a Zedillo sean precisamente aquellos que no quieren la transición a la democracia. Y entonces si ahora tenemos un Presidente que desafortunadamente quizá no tenga la imagen de líder que necesita el país en este momento, pero por lo menos sí parece querer la democracia. No sería un cambio positivo que quitáramos a esta persona para poner a un líder en sentido contrario, a un líder que quisiera dar marcha atrás, que quisiera actuar en contra de la democratización del país. Por lo tanto corremos el riesgo que en vez de una evolución positiva se dé una involución a un estado donde incluso dentro de una situación de cierto caos social, se pudiera aprovechar por los enemigos de la democracia para cargarse a los líderes prodemocracia. Eso sería muy peligroso.
¿Y este proceso cómo le percibes tú regionalmente, en Veracruz concretamente ?
Mira, yo en Veracruz lo que percibo es que hay una lucha que también hace evidente la lucha dentro del PRI. Es evidente. Los ataques a Chirinos lógicamente vienen del propio sistema. No hay indicios de que vengan de partidos de oposición sino de grupos internos. Y esto también es una cosa extraña porque sí habían tenido sus diferencias pero nunca les había interesado por lo menos llamar la atención sobre cosas malas de un gobernador porque finalmente el PRI sale perdiendo. Sin embargo ahora no les importa mucho eso, como acusar por ejemplo al gobernador Chirinos de estar inconstitucionalmente en el poder, lo cual es una cosa muy grave. Yo creo que sí estamos viviendo esa lucha en el estado de Veracruz, como también se está viviendo en el estado de Tabasco. Porque hay una cosa interesante en toda esta situación: habría que ver hasta qué punto la gente de la oposición es realmente de oposición, porque por ejemplo en el caso del PRD varias de las cabezas vienen del PRI, y gentes que han sido hasta gobernadores y secretarios generales del partido oficial. Es un poco difícil saber hasta qué punto hay independencia de este PRD —más bien de esas gentes porque yo pienso que también en el PRD hay gentes idealistas que sí quieren la transición a la democracia de buena fe, pero hay otras que sí tienen ligas con gente del sistema, del viejo sistema, y a lo mejor en el PAN hay también gentes con esas mismas relaciones—, entonces es difícil saber quién es quien en esto, es difícil saber quién es realmente íntegro y quién aparenta defender la transición a la democracia pero en el fondo sólo pretende cuidar sus intereses.
Y vemos esos enfrentamientos entre los propios grupos priístas, lo mismo en Veracruz que en Tabasco —donde (Andrés Manuel) López Obrador recibe por paquetes toda la documentación contable de la campaña de Madrazo, con lo cual exhibe los gastos exhorbitantes del PRI en una campaña para gobernador—, y más recientemente en Nuevo León, donde Sócrates Rizzo tuvo que salir de la gubernatura.
Pero para mí lo más grave es lo que pasa a nivel presidencial. Eso es lo más grave porque para mí la clave de tener o no violencia en el país es asunto del Ejército. Yo siempre le he tenido mucho temor a las divisiones del Ejército porque hay muchos datos históricos. La guerra de Yugoslavia, por ejemplo, es el caso más reciente. La guerra de Yugoslavia tendrá sus orígenes étnicos y de filosofía, pero no habría tal guerra si el Ejército no se divide, porque el Ejército tendría el poder suficiente para mantener a la gente en paz aunque hubiera odios. El caso de la guerra civil de España, por ejemplo: el grupo militar, el grupo franquista, no intentaba ni quería una guerra. Lo único que buscaba era sacar al gobierno anarquista republicano del poder, lo que quería era un golpe de Estado, no quería una guerra civil, lo que pasa es que a la hora de dar el golpe el Ejército se dividió.
O sea, mientras el Ejército se mantenga unido y esté dispuesto a obedecer las órdenes de un solo hombre —en ese caso el del Presidente de la República—, podemos pasar problemas pero nadie se va a atrever a llevar los problemas tan lejos como para que el Presidente tome medidas tan autoritarias y agarre a los agitadores. No creo que quieran correr el riesgo.
El gran peligro para mí es la división del Ejército, que en un momento dado el grupo que está pretendiendo generar violencia pues tenga simpatizantes dentro del propio Ejército y entonces el Ejército no sea una garantía de evitar la violencia, sino que puede ser factor inclusive para generar más violencia. Ese es el riesgo que yo veo.
En todo este proceso de transición, ¿qué rol crees tú que pueda jugar otra institución tan fuerte y sólida como la Iglesia Católica?
Pues mira, la Iglesia es una institución importantísima; es una institución con bastante calidad moral, aunque también tiene sus pecados como toda institución humana. La Iglesia yo creo que es partidaria de la transición a la democracia. La Iglesia ha dado muchas pruebas de buscar esto. Hay casos por ejemplo de países comunistas como Polonia, Checoslovaquia, donde la transición a la democracia fue impulsada por la Iglesia. En Filipinas fue determinante para acabar con la dictadura de Ferdinand Marcos. En España tuvo también una actitud muy responsable, pues si bien en la Iglesia hay gentes con ideas de derecha, de izquierda —¡hay de todo!—, pero la Iglesia estuvo a la altura y en un momento dado esas diferencias ideológicas dentro de la propia Iglesia no se llevaron al enfrentamiento sino más bien hacia el consenso. Entonces yo pienso que la Iglesia es una institución estabilizadora que en un momento dado puede ayudar, pero evidentemente en México la Iglesia tiene enemigos, y enemigos que por ejemplo ahora están hablando mucho, me refiero concretamente a la masonería.
La masonería no ha visto con buenos ojos los cambios constitucionales que se han hecho. La masonería no acepta que la Iglesia pueda participar en la educación. Yo siento que uno de los defectos de la educación laica es que no se preocupa de dar valores morales a la gente, y luego nos quejamos de que los políticos sean corruptos, pero pues nunca nos han enseñado lo que es el bien y lo que es el mal. En cambio yo creo que la Iglesia por lo menos sí da mucha importancia a esto. Y bueno, yo pienso que es sano que haya formación religiosa, aunque uno finalmente no sea católico. Por ejemplo la mayoría de las religiones coinciden en los principios fundamentales, tanto musulmanes, protestantes, católicos, budistas, etcétera, el principio de amar el prójimo, el principio de hacer el bien, respeto, son principios básicos que casi todas las religiones tienen. El hecho de que haya educación religiosa, donde se toleren las diferencias religiosas —porque hay que reconocerlo, la Iglesia católica es actualmente mucho más tolerante con otras religiones que en el pasado, pues inclusive en países como Alemania hay muy buenas relaciones entre las Iglesias protestante y la católica; Estados Unidos, donde la gente profesa 20 ó 30 religiones diferentes sin conflictos sociales, es un claro ejemplo del respeto entre las religiones, y la Iglesia católica há tenido que aceptar esta realidad—, entonces yo pienso que una Iglesia tolerante, una Iglesia prodemocrática, prodemocracia, yo pienso que sí está en nuestro camino y en estos momentos es muy positiva para el país pero lamentablemente la Iglesia se encuentra ,.con muchos enemigos, los enemigos de la masonería, que han tenido mucho poder en México durante mucho tiempo, pero que quizá no han aprendido, ya que si la Iglesia se ha vuelto mucho más tolerante de lo que era en el pasado quizá la masonería no se ha vuelto más tolerante de lo que era en el pasado.
Por ejemplo en el caso de la declaración del Arzobispo Primado de México. Generalmente no dijo nada para armar tanto escándalo porque lo que vino a decir fue que si un gobierno promulgaba una ley que atentara contra los derechos humanos la gente no tenía por qué obedecerla. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo: imaginemos que viene un Herodes que saca una ley que ordena matar a todos los niños menores de un año, ¿la gente tendría razón de obedecerla? ¡Pues no! ¡Evidentemente no! Eso es lo que dice el Arzobispo. Si los políticos lo quisieron entender de otra manera, bueno, es que ellos tienen esa mentalidad, ven a la Iglesia como si quisiera el poder estatal, gubernamental, pero están totalmente fuera de onda. La Iglesia ya no busca el poder por ahí. La Iglesia lo que busca es el poder de influir en la gente para hacerla mejor pero no busca el poder para gobernar.
Desde el siglo pasado el mundo conoce la democracia moderna o representativa, y en estos dos siglos podemos claramente identificar tres grandes procesos democratizadores. Estos procesos han sido llamados por la teoría política: olas democratizadoras.
La primera ola ocurre en el siglo XIX. Fue un proceso lento y evolutivo de democratización, y sus conquistas más importantes fueron el sufragio universal y el fortalecimiento del parlamentarismo. En esta ola, países como Estados Unidos o Inglaterra adquirieron características democráticas. La segunda ola democrati-zadora se produce después de la segunda guerra mundial como consecuencia del triunfo de los aliados, la imposición de los procedimientos democráticos en los países derrotados, y la descolonización que se da en los países del tercer mundo. La tercera ola, por su parte, se genera con los acontecimientos democratizadores en Europa del sur, más tarde en América Latina y finalmente en Europa del este.
Las transiciones de la tercera ola presentan por lo menos dos etapas claramente determinadas: una de libe-ralización y otra de democratización. La etapa de apertura o liberalización tiene por objetivo la concesión de espacios políticos a la oposición pero sin que las fuerzas políticas opositoras estén en aproximada igualdad de oportunidades con las fuerzas políticas del régimen. Por su parte, la etapa de democratización consiste en la obtención por todas las fuerzas políticas de esa igualdad de oportunidades que permite una competencia política más justa y equitativa.
La transición democrática, es pues, ese intervalo de tiempo entre un régimen no democrático y uno democrático. Durante la transición los actores políticos y sociales definen las nuevas reglas democráticas del juego político. Es una etapa de incertidumbre e inestabilidad, por lo que conviene no prolongarla en demasía.
Un régimen será democrático, si y sólo si, reúne al menos estas tres condiciones: distintos partidos en igualdad de oportunidades luchando por el poder político; la lucha por el poder debe realizarse mediante elecciones, las que deben ser libres, transparentes y equitativas; y, finalmente que se garanticen los derechos humanos mediante la vigencia efectiva de un estado de derecho con división y equilibrio entre los poderes.
No toda transición democrática resulta ser exitosa. Hay transiciones que no lo son por distintas razones: la inexistencia del grupo reformador dentro del régimen no democrático, la incapacidad de la oposición, o la ausencia de garantías efectivas a los factores reales del poder, en el sentido de que la transición se ventilará con estabilidad y responsabilidad. Cuando una transición concluye exitosamente, el régimen político se encuentra consolidado. Un régimen presenta características de consolidación democrática cuando todos los actores políticos y sociales acatan como suyas las reglas políticas acordadas durante la transición.
En términos generales podemos afirmar que hay tres formas o modelos de transición: la reforma, la ruptura y la retirada. La transición por reforma se inicia desde el poder no democrático por un grupo reformista, y requiere para su éxito de la desarticulación de los sectores duros del régimen no democrático que se opone a la transición. La transición por ruptura es iniciada desde la oposición y exige para su triunfo, de un enorme poder de los grupos opositores democráticos sobre los sectores del régimen no democrático. Finalmente, la tercera vía, la transición por retirada, se caracteriza por la igualdad de fuerzas entre el régimen no democrático y la oposición; al final y una vez que predomina alguna de las fuerzas, la transición por retirada adquiere la forma de reforma o de ruptura.
Las anteriores categorías políticas creo que pueden ser aplicables al caso mexicano por la siguiente razón: nuestro régimen, que se inició en 1929, aún hoy en día presenta características no democráticas, pues la equidad en la competencia sigue sin ser una realidad, y el estado de derecho presenta tales deficiencias que no existe garantía efectiva de protección de los derechos humanos ni de divisiones de poderes. Por otra parte la igualdad de oportunidades entre las fuerzas políticas sigue siendo un objetivo muy distante.
Sin embargo, es evidente que el régimen iniciado en 1929 no se parece en lo absoluto al régimen político en 1996. La historia de nuestro régimen puede ser dividida en cuatro etapas: una etapa de formación que comprendería de 1929 a 1935, en donde el presidencialismo aún no era una realidad y el corporativismo no había surgido; una etapa de consolidación o esplendor que abarca del año de '35 a los años '60, en donde el régimen presenta ya sus características presidencialistas, cooperativistas, de inclusividad y de cohesión; una etapa de apertura dirigida de los años '60 al año '88, en la cual se decide una liberalización controlada desde arriba; y, finalmente una etapa de apertura negociada en donde el régimen se ve obligado a pactar la apertura con otras fuerzas políticas. Por lo tanto nuestro régimen puede ser calificado hoy en día como semidemocrático o semiautoritario, pues presenta rasgos evidentes de un régimen democrático pero también otros que corresponden a un régimen autoritario.
¿Cuál podría ser la vía de transición en México? En otro trabajo he señalado siete senderos para la transición mexicana y son: el de la evolución, el del gradualismo, el de la reforma pactada, el del triunfo electoral opositor, el del pacto opositor, el de la detonación y el del colapso. El escenario por evolución en estos momentos podemos descartarlo, dado que en los últimos años ha habido un proceso de aceleramiento democrático en el país, y porque las transiciones de la tercera ola presentan características muy diversas a las transiciones del siglo pasado que sí se desarrollaron mediante esta vía. El escenario gradualista fue utilizado en el sexenio anterior y consistió en aceptar las victorias de la oposición a nivel local pero sin afectar la estructura central del poder; en la actualidad esta vía parece modificarse rápidamente hacia otro escenario y que puede ser el de reforma pactada, triunfo opositor o pacto opositor. El escenario de reforma pactada es el que se ha escogido en el sexenio del presidente Zedillo y consiste en el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para transformar las distintas reglas e instituciones políticas del anterior régimen, aunque presenta deficiencias muy importantes en cuanto a la capacidad del grupo reformador para desarticular a los sectores duros del régimen. El escenario del triunfo electoral opositor es un escenario que no ha ocurrido pero que podría ser realidad en el futuro; no obstante, para que la transición opere en este escenario es imprescindible no sólo el triunfo de la oposición sino el cambio efectivo de las reglas en el juego político. El escenario del pacto opositor es también un escenario poco probable por las diferencias ideológicas entre las principales fuerzas opositoras. El escenario de la detonación ha quedado descartado por la mayoría de la sociedad mexicana que no acepta un cambio violento en las reglas políticas. Finalmente el escenario del colapso en todo sentido debe ser conjurado porque de darse generaría confusión, y seguramente no produciría un régimen democrático sino un retroceso autoritario.(1)
En todo caso, lo importante en una transición democrática es el diseño de las nuevas instituciones. Esta cuestión en México ha sido poco tratada y se ha centrado exclusivamente en la modificación de reglas electorales, lo que sí es importante pero incompleto. Las reglas del juego político en México no solamente están en el terreno de lo electoral, sino en el terreno de todos los poderes públicos del país: acotamiento del poder ejecutivo, fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial, acrecentamiento de las atribuciones del municipio, reformulación de las reglas federales, creación de órganos constitucionales autónomos, mecanismos de participación ciudadana y nueva regulación de los medios de comunicación. Lo anterior puede dar lugar a una nueva constitución y a un nuevo régimen jurídico en el país. La materia a la transición democrática está integrada por todos estos aspectos, los cuales exigen de su análisis, estudio y discusión; y bien puedo decir que no hay tarea más importante en México que la reflexión sobre el rediseño institucional. La clave de la transición mexicana no sólo está en la correlación de las fuerzas políticas sino en esta labor de ingeniería constitucional que si es bien elaborada permitirá la consolidación democrática, pero si es mal llevada producirá un estrepitoso fracaso y el desencanto democrático.
* Jaime Cárdenas Gracia (Parras de la Fuente, Coahuila, 17 de febrero de 1960). Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1989) y por la UNAM (1991). Autor de las tesis doctorales Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos y El Contractualismo y su proyección jurídico-política. Es autor también de los libros Transición política y reforma constitucional en México, Una constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional y Partidos políticos y democracia. Actualmente es Consejero Ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE).
Con maestría y doctorado en Sociología, Juan Schuster Fonseca, presidente del Consejo general de la Comisión Estatal Electoral, se manifiesta en contra de las posiciones maximalistas que en política apuestan al "todo o nada" y sostiene que en materia de transición democrática hay avances sustanciales. Artífice en 1994 de la reforma electoral que repercutió en la reestructuración de la CEE, el comisionado ciudadano afirma que el problema principal de la transición es de claridad, es decir, hacia dónde queremos ir, pues explica que todos estamos de acuerdo en que debemos avanzar en la democracia, pero hay disensos en torno a los resultados del proceso de cambio.
El papel de la sociedad civil, dice el también investigador y catedrático universitario, ha sido magnificado porque la historia nos ha demostrado que no sólo en México sino en otras partes del mundo la política, siempre, ha sido una cuestión de élites. Sin embargo, al final, Schuster considera muy necesario, para el futuro de la transición, "que la Reforma tenga los alcances que la sociedad espera".
Usted, que ha venido trabajando en el tema de la transición política, de los cambios democráticos en Veracruz, ¿cómo definiría este concepto de transición que tanto se maneja en la actualidad no solamente en nuestro estado sino a nivel nacional?
Creo que a estas alturas ya hay un poco más de acuerdo en medio de la discusión que se ha dado, hay un poco más de acuerdo en lo fundamental del concepto de transición como el intervalo que se da entre un régimen político y uno nuevo o renovado. Entonces en el caso de la transición política en México tal y como se está abordando ahora, pues está inscrita fundamentalmente en lo que se conoce como la reforma de Estado. Es una cuestión muy interesante porque se trata no únicamente de poner al día una estructura burocrático-administrativa, sino que se trata de toda una discusión que toca, desde lo que es el redimensionamiento del Estado, en cuanto a su tamaño y funciones, y fundamentalmente, la nueva relación entre lo público y lo privado. Creo que ese es un punto nodal de la reforma de Estado. Hay toda una discusión sobre qué es lo que debe quedar a la iniciativa de la sociedad y qué es de lo que debe hacerse cargo el Estado. Esa es una de las aristas del asunto. Otra arista se refiere, sobre todo, a la participación política. Existe ahora una amplia demanda social, una exigencia en lo que se refiere a las normas o a las reglas que definen lo que es la participación política, que haya una mayor apertura, que haya en lo electoral condiciones de mayor equidad para los participantes, en este caso, los partidos políticos que son los actores principales. Hay también una serie de exigencias de reconocimiento a nuevos cauces para la participación social. Todo esto, antes, no se consideraba como algo importante en la agenda de la discusión política, sino que es de los años setentas para acá cuando empieza a tomar este sesgo. En todo esto hay que reconocer que ha habido avances y que existen todavía rezagos. La discusión se centra mucho ahora en lo electoral porque son las reglas que definen el acceso al poder. Desde luego, existe preocupación porque en la reforma electoral se definan bien estas nuevas reglas que efectivamente posibiliten el acceso al poder, en igualdad de circunstancias, a todos los actores sociales.
Doctor, ¿qué tan cerca estamos de reinicíar realmente este tránsito del que usted habla, o qué tanto puede ser mera propaganda política hablar de la transición?
Nosotros estamos en tránsito, y estamos en tránsito no desde ahora sino que hay que remontarse a las diversas etapas en las que se ha dado una movilizado importante de la sociedad y en la cual, merced a esa movilización, se han abierto espacios políticos. Podemos remontamos así a 1968, por ser un punto que se considera como un antecedente de la primera reforma política importante de las últimas décadas que fue la 1977 1978. Entonces quiere decir que movimiento que caló hondo en la conciencia nacional y que sus demandas en un principio estaban limitadas a evitar la represión, finalmente se convirtien en demandas de participación política de apertura, y fue lo que obligó al propio régimen a llevar a cabo esta primera gran reforma importante a fines de la década de los setenta. Desde entonces hay una transición que los analistas ubican en diferentes etapas. Yo me remontaría hasta esa fecha y desde luego vería un primer resultado en esa reforma. No estoy de acuerdo con las posiciones maximalistas, las del todo nada, o sea, las de que hoy se hace toda transformación de sociedad, con un estado renovado, una sociedad nueva y nuevas condiciones políticas o, de contrario, no ha habido nada. Creo que el avance se ha ido dando aunque hay rezagos, creo que sería un error considerar como algunos equivocadamente piensan que todavía no hemos arrancado. Creo que hay indicios y hay evidencias de que ha habido avances sustanciales en lo que es la renovación del sistema político mexicano. Podríamos citar algunos aspectos: la construcción de un régimen de partidos que expresa la pluralidad política de la sociedad mexicana; la creación de instituciones electorales imparciales; la realización de elecciones transparentes y confiables como las federales de 1994 y en Veracruz las municipales de 1994 y las de diputados locales en 1995.
Doctor, a su juicio y en base a la experiencia que usted tiene, ¿cuáles serían las principales resistencias a vencer?
Bueno, pues yo creo que el problema más quede resistencia en principio es un problema de claridad. Es decir, ¿hacia dónde queremos ir? Sobre esto no hay acuerdo. Por ejemplo lo electoral es en ese sentido revelador porque si bien todos estamos de acuerdo en que debemos avanzar en la democracia, en lo concreto hay diferentes conceptos sobre lo que representa un avance. Por ejemplo hay quienes piensan que para que haya democracia tiene que haber alternancia. Eso es ya un primer punto. Lo importante en ese caso, a mi juicio, sería que para que hubiera democracia existan condiciones, normas, reglas que permitan la alternancia, pero esto no quiere decir que si no se da esa alternancia tampoco haya democracia. Me explico: es como decir que las elecciones de 1994 no fueron democráticas por el sólo hecho de que triunfó otra vez el mismo partido que había triunfado en las elecciones anteriores. Este es un punto en el que tendríamos que ser muy cuidadosos y sobre todo muy objetivos. Recurrir más al análisis de la evolución histórica de los procesos y evitar caer en el terreno de la pasión y la sinrazón. Es muy importante, en principio, dejar a un lado las posiciones maxi-malistas. Yo creo que el desarrollo democrático en México se ha ido dando, que ha habido momentos importantes y que quienes lo han estudiado con detenimiento pueden identificar y reconocer que las reformas se han dado y han significado verdaderos avances, como la reforma que permitió una elección presidencial como la de 1994, que estuvo considerada como aceptable dentro de los parámetros internacionales de los procesos electorales. Esto es un avance, y si para muchos no hemos arrancado, entonces no sabría yo qué es lo que se busca. Sí hay avances y, claro, también rezagos representados por una serie de problemas desprendidos de lo que durante mucho tiempo se han denominado las reglas no escritas del sistema político que efectivamente requieren revisarse a fondo y desde luego ser modificadas, como es el caso del desequilibrio entre los Poderes. Es decir, debemos buscar un mayor equilibrio de los Poderes mediante el acotamiento del poder presidencial, el desarrollo de un poder legislativo plural y de un poder judicial mucho más autónomo. Creo que todo eso es muy importante y se tendrá que dar.
En Veracruz se ha llevado a cabo una consulta pública y existe la impresión de que la sociedad se inhibió en este proceso, o sea, no participó en la medida en que las condiciones así lo daban; las condiciones estaban dadas, sin embargo la participación no fue la esperada. ¿Cuál sería su análisis sobre esta consulta pública?
Antes que nada, yo empezaría contestando a quienes opinan que la sociedad no participó diciendo que en lo que se refiere a la Consulta para la Reforma Electoral, el Comité organizador recibió más de 2,000 propuestas provenientes tanto de partidos políticos como de organizaciones y de ciudadanos a título individual.
Por otra parte, creo quienes así opinan exageran un poco el papel histórico que ha jugado lo que se llama la sociedad civil. Hay gente que habla sobre esto pero no tiene claro lo que es y le cuesta trabajo definirlo. Cuando hablan de sociedad civil concretamente sobre quiénes serian los grupos o las organizaciones que constituyen a la sociedad civil, tienen problema para precisarlo. Entonces creo no hay que exagerar el papel de la sociedad en abstracto, porque históricamente está comprobado en México y en otros lugares también, que la política es una cuestión de grupos de interés. Los grandes movimiehtos, los grandes cambios han sido propiciados fundamentalmente por la participación política de grupos reducidos, los grupos con mayor conciencia y con mayor capacidad para actuar. Entonces, en ese sentido, creo que hablar así de la sociedad civil como algo difuso, amorfo, representa el primer problema.
El objetivo de la Consulta Pública fue abrir el espacio para recibir la opinión de los distintos individuos y grupos de la sociedad sobre los aspectos a reformar en las distintas instituciones políticas de Veracruz. En ese sentido, el mérito que a mí en lo personal me parece de esta consulta es que se haya hecho una convocatoria abierta, que se haya incluido en el comité organizador a representantes de los diversos sectores sociales y no sólo a los partidos políticos. En este caso se invitó y se logró la participación de intelectuales, de artistas, académicos, profesionistas, a un grupo de gente que visto numéricamente, si tomamos el censo de población y vemos a esas personas que participaron, pues obviamente es una población muy restringida, pero si vemos lo significativo de los aportes y lo que representa en sí esta participación que tuvieron todas estas personas, pues todo esto arroja un resultado que desde luego va a conducir a cambios sustanciales. Yo creo que pensar en una consulta como una escenografía, sería ofensivo para todos aquellos que hemos participado porque quienes lo hicimos, lo hicimos conscientemente de que era un momento importante para Veracruz y para México y que nuestra contribución, así fuera modesta, podría constituirse en un aporte que lograra que efectivamente la reforma fuese más allá de lo que normalmente una reforma concebida en términos burocráticos o restringida a grupos políticos que se denominan clase política, hubiera podido llegar y que habría sido muy limitada.
Entonces yo digo que esperar a que la consulta pública lograra la movilización de la sociedad en su conjunto, es utópico. Lo que sí se puede decir -y eso nosotros, como comité, lo hemos evaluado- es el impacto que tuvo esta consulta, tanto por el grado de conciencia de quienes participaron como por el número de propuestas que se recogieron, que en cantidad y calidad son muy significativas. Yo creo que seguir hablando, en ese sentido, de que si participó o no toda la sociedad, es una posiciór maximalista. Mientras que decir que los objetivos de la Consulta Públíca se cumplieron gran medida, es mucho más razonable.
¿Cuál será el futuro de la reforma democrática en Veracruz? Le pregunto esto porque hay escepticismo. Muchos sectores dudan de haya voluntad política lo cual es también un concepto un tanto difuso, para hacer cambios reales. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a esta reforma?
Aquí habría que atenerse a los objetivos, remontarnos a cuáles son los objetivos de esta reforma y en términos de los alcances también habría que precisar una cosa: yo creo que los alcances de esta reforma tienen que darse de manera pactada, o sea, que no pueden darse ni a capricho de alguna de las fuerzas políticas participantes, ni como una respuesta a las aspiraciones de algún grupo en particular o de algún iluminado. Creo que son situaciones que deben obedecer, deben ser resultado de un pacto político de las fuerzas que actúan en Veracruz.
Por lo mismo, al hablar de la existencia de una voluntad política debe hacerse referencia sólo a la del gobernador del Estado, autor de la iniciativa para llevar a cabo esta reforma, sino también a la de los dirigentes de los partidos políticos con representación en la Legislatura, quienes deberán tener la sensibilidad de incorporar a la discusión las diversas propuestas que se recibieron en la Consulta.
De hecho ha habido propuestas muy significativas, algunas de las cuales ya el propio gobernador las ha retomado, las hizo suyas y las envió a la Legislatura para su discusión y aprobación. Es el caso de las reformas a los artículos 130, 68 y 48 de la Constitución Política del Estado, en virtud de lo cual se concede la atribución de proponer iniciativas de reformas constitucionales a los diputados locales y federales, a los integrantes del Poder Judicial y a. los ayuntamientos; se otorga también la autonomía a la Universidad Veracruzana y se establece la posibilidad de que los jóvenes de 18 anos puedan ser postulados como candidatos a diputados.
Creo que ahí se deja entrever ya el alcance que pueda tener esta reforma. Respecto a las otras propuestas que se hicieron en los foros, todas tienen un valor, sobre todo las propuestas que tengan consenso, tendrán la posibilidad de constituirse en nuevas normas.
¿En qué ámbito considera que es más urgente ir aterrizando o concretando ya la reforma democrática?
Bueno, desde luego que hay un ámbito que ya se señaló que es el del equilibrio entre los poderes del Estado, el cual ya se está dando con esta modificación que se aprobó, respecto al derecho de reformar la Constitución que estaba solamente limitada al Ejecutivo del Estado y que de acuerdo a la iniciativa del propio Ejecutivo se abrió a otras instituciones. Esta es una reforma que a mi juicio puede ser de gran envergadura, que no sé hasta qué punto se haya valorado suficientemente pero esto desde luego va a modificar en principio el equilibrio que hay entre los distintos Poderes, así como la relación entre Poder Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos. Ahora bien, la reforma que les abre la posibilidad a los jóvenes para que a los dieciocho años puedan ser candidatos para cargos de elección popular, pues simplemente reconoce el derecho que tienen los jóvenes también a participar políticamente en una gran responsabilidad que es la representación popular. La autonomía de la Universidad es una cuestión que evidentemente nadie podría cuestionar como una verdadera reforma de fondo. Entonces creo que eso simplemente es un indicador de los alcances que puede tener la reforma.
En lo electoral podría también esbozar varias cuestiones que pueden también constituirse en reformas importantes que además complementarían los avances que ya se dieron a partir de 1994. Es el caso de todas aquellas disposiciones que tienden a lograr una mayor equidad en la competencia electoral. Por ejemplo lo que se refiere al financiamiento público de los partidos políticos, al mayor control de los gastos de campaña, al acceso en condiciones de igualdad en los medios de comunicación, por citar aspectos imporantes que fueron tocados con mayor frecuencia en la Consulta y que deberán ser motivo de propuestas consensadas por los partidos políticos.
Para mí, este es un momento político singular. Creo que así lo han entendido los partidos políticos que han jugado un papel de primer orden y que lo seguirán jugando porque serán los actores principales para consensar las reformas.
Finalmente, ¿podríamos decir que Juan Schuster es un convencido de que el proceso de reforma democrática en Veracruz va a garantizar un desarrollo más democrático, más plural, más participativo, en todo lo que se refiere a las cuestiones políticas y por ende sociales?
Bueno, yo creo que no hay que hacer de ningún proceso político o social una panacea. Nuestra entidad al igual que el resto del país enfrenta serios retos no sólo en lo que se refiere al avance de la democracia sino en el terreno económico, el reto de que la recuperación prevista para los próximos meses efectivamente se traduzca en bienestar social.
Por esta razón creo que debemos ser realistas en cuanto a los alcances que pueda tener esta reforma democrática y situar sus resultados como el producto de un esfuerzo colectivo por mejorar las condiciones para un desarrollo democrático de las instituciones y de la cultura política de tos veracruzanos.
Se han dado pasos importantes con la Consulta Pública y se están empezando a concretar algunos aspectos importantes. Yo diría —y perdón que insista en ello— que el proceso de concreción de la reforma entraña una gran responsabilidad para los partidos políticos.
Nosotros, como integrantes de la sociedad que hicimos nuestra aportación, hemos cumplido hasta ese punto de hacer un esfuerzo para que se avance más allá en lo que se refiere a la reforma, pero estamos a la espera desde luego de que los partidos políticos asuman también su función, la función que les corresponde, que su representación en el órgano legislativo cumpla a cabalidad lo que se espera de ellos en este proceso de reforma y que efectivamente la reforma tenga los alcances que todos esperamos . Yo creo que finalmente hay una conciencia de la situación, del momento por el que atraviesa México, que es un momento delicado, hay una situación económica que desde luego empieza a dar visos de recuperación pero que todavía dista mucho para el hombre de la calle, para el ama de casa y para muchas personas que están sufriendo una escasez y que están esperando que se recupere la economía y que esto tenga un impacto inmediato en los bolsillos de los ciudadanos. Bueno, este es un punto que se ha dicho: la situación política va a contribuir también a mejorar la economía porque el hecho de que haya una mayor participación en la toma de decisiones implicará que efectivamente las decisiones que se tomen sean las que los ciudadanos requieren, que tengamos políticas económicas y en general políticas públicas, representativas de lo que la sociedad desea. Entonces en ese contexto creo que sería muy delicado que una reforma política no tenga los alcances que la sociedad espera. Pero yo insisto en que el procedimiento ha sido el adecuado, o sea, se ha trabajado y se ha recogido en esta Consulta propuestas muy importantes que habrán finalmente de formar parte de una reforma profunda.
El tránsito de un estado de cosas a otro, de una fase a otra, de una situación dada a otra situación dada y de un lugar en el tiempo y en el espacio a otro lugar en el tiempo y en el espacio es lo que conocemos como transición.
Sin embargo, no todo tránsito —es decir, no toda transición— es un proceso apacible, expedito, sin accidentes ni ocurrencias. Tampoco es un proceso hacia adelante evolutivo y revolutivo sino que también pudiere ser, como es, hacia atrás, ínvolutivo.
No todas las transiciones son, pues, pacíficas; las hay violentas en gradación variopinta —desde la moderada hasta la violenta en extremo— y en intensidad tan diversa que va de lo gradual y paulatino, como dándole tiempo al tiempo, hasta la antítesis, lo rápido, acelerado, como en vorágine.
La transición mexicana acusa, a nuestro ver, todas esas peculiaridades. Por ello los mexicanos no sabemos hacia dónde vamos, cuál es el derrotero y cuál el destino final de esta transición.
Transición, pues, ¿hacia dónde?.
Nuestra transición es a ratos tan lenta que resulta inadvertida; en otras ocasiones marcha con prisas tales que parece una revolución.
Asi, nuestra transición tiene extremos que suelen tocarse. Junto a los preconizadores de la paz, los proponentes de la guerra; junto a la tranquilidad, la intranquilidad. Violencia y no violencia.
Estas peculiaridades de nuestra transición pudieren inducirnos a suponer que no estamos realmente inmersos en un proceso de tránsito hacia algún lado, hacia atrás o hacia adelante, sino detenidos en el gran océano del tiempo de las leyes del desarrollo político y social, movidos, quizá, a la deriva, por corrientes cuya existencia ni siquiera imaginamos.
En efecto.
Los síntomas describirían otra patología, una que nos haría sospechar que estamos sufriendo otro tipo de transición, la de la vida hacia la muerte, para luego volver a renacer.
Cierto.
Lo que solemos describir como transición mexicana pudiere ser, por sus síntomas, otro estado, el del rigor mortis.
Sin embargo...
La historia de México no es ajena a un imperativo que nuestras culturas indígenas guardan con celo tal que el etnocentrismo de los mestizos —ladinos, se les dice apropiadamente— y de los criollos que gobiernan y explotan este país simplemente no comprenden.
Ese imperativo es el de que lo único definitivo de la vida es la muerte y que, no obstante que morir es cesar como ser viviente, la muerte paradójicamente engendra vida.
Ese es, según esa perspectiva, la naturaleza de la transición mexicana.
Y es que desde esos prismas de la lógica dialéctica —la del griego Heráclito, la de Quetzalcoátl y Kukulkán, la de Tlacaelel, la de Karl Marx y Federico Engels, la de Lenín— nuestro país, México, parece estar, desde luego, vivo; pero las formas de organización económica, política, social e inclusive cultural están clínicamente en deceso.
Sigamos ese hilo dialéctico y, así, en vena tal dígase que el registro que tenemos de este proceso que los mexicanos pomposamente llamamos transición pudiere no ser objetivo.
No hay tal transición en el sentido que nuestra cultura política registra, comprende e interpreta el vocablo; lo que hay es la muerte del cuerpo autoritario, injusto, inicuo, inequitativo, desigual, antidemocrático, opresivo y opresor.
La transición es precisamente esa: el tránsito de la vida a la muerte y de ésta a aquella, perennemente, en un círculo sin fin. La vida es transición hacia la muerte. La muerte es transición hacia la vida. Lo dicen las leyes invariables —pero no inmutables, pues nada lo es— del movimiento.
Todo cambia, decía Engels, menos el principio del cambio. Todo sufre mutación, menos la mutación misma, proclamaba Freud. La materia jamás desaparece, sólo cambia de forma; a eso se le llama transición.
Esa es la definición de la transición mexicana. Estamos en agonía, sufriendo dolores intensos, en ruta inexorable a la muerte que, inexorablemente también, marcha hacia la vida.
Estamos muriendo para volver a nacer. De hecho, ya estamos naciendo. Políticamente. Y en términos de conciencia.
Está naciendo una nueva conciencia política. Un nuevo animal político, diríase.
¿Cómo seremos?
Ya lo estamos viendo. Esta revista, la que dirige el amigo Raymundo, es un indicador de ello.
Para Domingo Alberto Martínez Resendiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, no hay duda: por la reforma de instituciones que se ha emprendido y el ambiente de incertidumbre que permea en la vida pública del país —dos rasgos característicos citados por los teóricos de la transición—, el tránsito a la democracia en México ya inició y es un proceso de cambio irreversible cuya agenda reformista, que por lo menos requerirá de un lapso de quince años, al final tendrá que desembocar en una nueva institucionalidad y en otro orden constitucional.
Nativo de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el dirigente estatal perredista, de escasos 42 años de edad, licenciado en Psicología y con Maestría en Ciencias Administrativas, advierte de las resistencias de poderosos grupos de interés, privilegiados durante más de sesenta años por el ejercicio monopartidista del poder, que consciente o inconscientemente se muestran reacios a la transición y "que cada vez más obstaculizan el cambio", buscando generar confusión y apatía entre la sociedad.
Criticado severamente por su fuerte apoyo a la Consulta Estatal para la Reforma Democrática que el gobierno estatal ha promovido en la entidad, Martínez Resendiz declara que "nosotros no estamos como actores políticos convalidando actos de simulación, porque irían en contra de nuestros propios principios". Y revira que quienes se oponen al cambio son aquellos que están empeñados en mantener las mismas políticas del autoritarismo, de la complicidad, de la corrupción y del tejido de los grupos de presión.
El dirigente estatal del partido del sol azteca acusa que lo que esos grupos acostumbrados a los privilegios del poder no quieren entender, es que el sistema político mexicano, para evitar su estrepitoso desmoronamiento, necesita refuncionalizarse. Porque a final de cuentas, precisa, la transición no se reduce al simple cambio de gobernantes, de personajes, sino que es todo un proceso de cultura política que plantea un cambio profundamente estructural: la democracia como una forma de vida.
Martínez Resendiz ha sido docente en la Universidad Veracruzana y funcionario de la SEP. A partir de 1988 se integró al gran movimiento ciudadano que se dio en torno a la candidatura del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente fue miembro fundador del PRD y encargado de las Finanzas de la Comisión Coordinadora Estatal, durante el periodo 1988-1990. Resultó electo Consejero durante el Primer Congreso Estatal del PRD y Secretario de Finanzas y Administrador del Comité Ejecutivo Estatal de 1990 a 1992. En el trienio 1991-1994 fue diputado federal a la LV Legislatura del Congreso de la Unión. En 1992 fundó, junto con otros compañeros, la corriente política e ideológica del PRD en Veracruz, Propuesta Democrática.
¿Cuál es su concepto de transición a la democracia? ¿Qué tanto puede ser un mero mito, qué tan cerca puede estar de la realidad o simplemente culminar en un acto de simulación, de escenografía propagandística para el grupo en el poder? Si la transición democrática es un proceso sumamente complejo, ¿por dónde habría que iniciar prioritariamente ese tránsito hacia la democracia?
La transición democrática, conceptualmente hablando, es un proceso mediante el cual una sociedad plantea el cambio de una forma de organización a otra. En la manera más ortodoxa, se habla de transición cuando se cambia de un régimen a otro. Prácticamente, cuando va de la dictadura a un sistema más democrático. En el caso de México, se ha planteado que el término transición no es el más adecuado. Sin embargo, nosotros sostenemos que hemos iniciado una transición y empezamos a ubicarla con mayor nitidez, defendiendo sus orígenes a partir de 1988. La transición democrática que hoy pretendemos llevar a cabo en nuestro país, fundamentalmente consiste en el cambio de un régimen autoritario presidencialista por un régimen de mayor participación social, es decir, ir hacia un régimen más democrático, donde haya equilibrio de poderes y una mejor representación de los espacios de la sociedad que requieren estar en la toma de decisiones. Esta transición a la democracia es el camino que hemos empezado a construir desde muchos ámbitos, no es patrimonio exclusivo de un Partido o de un grupo de ciudadanos; es una necesidad que tenemos todos, absolutamente todos: los actores políticos, los actores sociales y los agentes económicos. Requerimos transitar hacia una nueva forma de organización que nos permita reactivar la conducción política, social y económica del país. Es por ello que hablamos de ese tránsito, porque transición quiere decir tránsito.
Ahora bien, ¿cómo vamos hacia ese cambio? ¿Vamos por la vía armada o vamos por una vía pacífica, constitucional y además pactada? Nosotros creemos que debe ser la segunda opción, mediante el diálogo con todos los actores, incluido el propio gobierno. Debemos ir revisando las instituciones en este país, porque todas ellas están faltas de credibilidad. Entonces tenemos que hacer una revisión estructural de las instituciones y utilizar la ingeniería del diseño constitucional para construir o para reformar las instituciones que nos permitan avanzar un trecho, más o menos largo, regular —yo me atrevería a pensar en un periodo de quince años—, con el propósito de que en ese lapso, se puedan dar aquellas reformas que posibiliten que todos los actores que tienen que pactar la transición estén en condiciones similares, o sea de equidad, para poder ser interlocutores válidos.
Estamos convencidos que el final de la transición será un nuevo orden constitucional. En este sentido hay dos aspectos fundamentales que se deben recalcar. Por un lado hay sectores que manifiestan su escepticismo total a que la transición sea realmente un hecho concreto. Sin embargo, esos sectores, tal vez de manera consciente o inconscientemente, se vuelven reacios a un cambio. Nosotros estamos convencidos plenamente de que la transición ya comenzó a avanzar.
La transición se caracteriza, según los teóricos, por dos aspectos fundamentales: la reforma de las instituciones y la incertidumbre en la vida pública. Esas dos cosas están pasando en nuestro país. Sin embargo, es muy difícil todavía que los actores políticos, las instituciones, los partidos, la sociedad, puedan asumirse como expresiones políticas con una acentuada vocación reformista, porque el término, en el sentido que le daba la vieja izquierda histórica en nuestro país y en el mundo, era que los reformistas estaban fuera de foco. Sin embargo, hoy el asunto de las reformas solamente son, en su momento, los mecanismos que están propiciando que empiecen a darse relaciones entre todos los actores políticos. Porque ni el gobierno, ni los partidos que pretenden ser gobierno, pueden, en un proceso de transición, plantearse gobernar excluyendo a los otros. Si bien hay una lucha política electoral, también es cierto que quien gobierna tiene que gobernar con el consenso de los demás. Ya no es posible sostener una política autoritaria y excluyente, como es la política que propició el gobierno y su partido, en donde con el 30 por ciento de la votación ganaban todo, aunque hubiese mayores representatividades. Nuestro país ya no es el mismo; cada vez se acerca más a la realidad y, hoy por hoy, nosotros no estamos como actores políticos convalidando actos de simulación, porque irían en contra de nuestros propios principios.
Sin que la transición sea un asunto fundamentalista, hoy estamos ante la eventualidad de lograr toda una serie de cambios en las reglas que permitan una mejor representación. ¿Por qué el acto más importante en el proceso de transición lo es la norma electoral? Porque a partir del proceso electoral los ciudadanos deciden quién debe conducir el gobierno y cómo se deben representar en los órganos de gobierno, de tal suerte que a partir de esas correlaciones que se dan, de esas representatividades que se dan en los órganos de gobierno, se puede incidir en la propuesta, en la construcción, en la aprobación y en la conducta de otro tipo de políticas. Hoy hemos encontrado que en los viejos órganos de gobierno, donde se da este tipo de representación, se puede dar ese cambio. Por ejemplo, el modelo económico no puede cambiar si no es aprobado por el Congreso de la Unión en México. Y eso constitucionalmente está establecido. Entonces, de ahí la importancia de la discusión de las reglas electorales, primero, para que se pueda propiciar el acceso a la representatividad y que todos aquellos sectores organizados puedan estar presentes en la toma de decisiones iniciando una nueva institucionalidad en el país.
¿Cuáles serían las principales y más arraigadas resistencias a vencer en este proceso de transición?
Creo que el proceso de transición puede ser ejemplificado en un hecho cotidiano, es como cuando decidimos mudarnos de casa. Cuando cambiamos de domicilio, resulta que hay que pensar en dónde está la escuela de los niños, por dónde pasa el camión del servicio urbano y si a lo mejor tenemos que levantarnos más temprano para ir al trabajo, en fin, que se encuentran muchas cosas que le dan a uno la posibilidad de empezar a rehacer. Yo ejemplifico así el proceso de transición democrática. Entonces, por un lado, hay una resistencia porque hay incertidumbre; porque este proceso no ha sido suficientemente difundido, aclarado, pensado, porque hay grupos de interés que no están dispuestos a participar en este proceso y no lo ven en función de cambiarse de casa, lo ven en función de que sus privilegios se van a ver afectados.
Nosotros creemos en el proceso de transición, y con el pacto de nuevas reglas, de reformas constitucionales, de reformas a las leyes secundarias, deberemos de vivir en un Estado de Derecho donde se acabará la impunidad, se combatirá la corrupción, se castigará a quien haga uso indebido de los recursos públicos. Estaremos propiciando nuevas relaciones, nuevas formas en la organización político-social. Obviamente que los grupos que han sido privilegiados por sesenta años de presidencialismo, de poder autoritario, no les parece en lo más mínimo y harán todo su esfuerzo por seguir manteniendo la política del autoritarismo, de la complicidad, de la corrupción, del tejido de intereses de los grupos de presión. Sin embargo, como esos mismos grupos son los concesionarios o dueños de los medios de comunicación, también expresan su punto de vista, que incide en la sociedad creando mayor incertidumbre. Y esa incertidumbre se refleja en una apatía por parte de los ciudadanos para interesarse en los procesos de cambio y transición.
Otro elemento fundamental tiene que ver con la ausencia de partidos políticos en México. Nunca ha habido un verdadero sistema de partidos, siempre ha habido un partido oficial que es el que ha decidido. La gente tiene la idea de que siempre gana el PRI, entonces ¿para qué ir a votar? Por otro lado, la vieja cultura política nos hace reproducir de manera automática esa pauta cultural. Hoy, ante la posibilidad de crear una nueva cultura, nuevos códigos de comportamiento, nuevas actitudes con respecto a la vida cotidiana —porque la democracia no es solamente que se respete el voto, sino que la democracia es una forma de vida, es una cultura que nos debe permitir elevar nuestros propios niveles de vida—, sin embargo esos grupos de que hoy se manifiestan por todos lados en este ambiente de incertidumbre característico de la transición, son los que estarían en contra de que esto pueda avanzar.
Actualmente, en la discusión de la ley electoral en el Congreso Federal, uno de los puntos centrales que se refiere a los topes en los gastos de campaña, sucede que después de un acuerdo de ir a dos pesos por elector, el partido oficial, el sector duro, plantea que sean veinte, o sea diez veces más, cuando eso es un atentado contra los acuerdos que ya se habían ido procesando. No obstante, pienso que en esos dos ámbitos, quienes estamos convencidos de este proceso de transición, creemos que es el único camino viable para que el país pueda superar toda su problemática. No creemos que sea a corto plazo, por eso hablamos de instituciones a quince años, con una nueva constitucionalidad que a la mejor dura más. Además, los que tenemos la convicción de que el diálogo, la confrontación de ideas, que no de personalidades, ni de cualidades, sino de ideas, es el camino que nos puede conducir a buscar los consensos que necesitamos para la integración de nuestra nación, pensamos que estamos obligados en todos los actos en donde interactuamos a explicar y difundir cuáles son estos postulados y cuales los planteamientos que realmente pueden impactar en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Hoy, más que nunca, tenemos que enfrentar con las armas de la razón, con las armas de la convicción, a todos aquellos sectores y grupos de interés que no están dispuestos a dejar que en México haya un verdadero cambio. A lo que tampoco estamos dispuestos es a que cada vez más obstaculicen el cambio.
El cambio es una cuestión inherente a todos los sistemas. El propio sistema requiere refuncionalizarse, por eso es que hablamos de reforma, o sea, queremos reformar las instituciones en este país, reformarlas en función de que puedan servir al desarrollo de la vida pública y de los ciudadanos, que tengan que ver con todas las áreas de interés social: en la economía, en lo social, en la política, en todos los ámbitos. Esta es una cuestión que debe ser bien conocida, interpretada y además asumida por todos los ciudadanos en su conjunto. Las políticas populistas, de confrontación ó de peticionalismo, en un proceso como éste, que hemos empezado, dejan de tener vigencia. Sin embargo, esos sectores que se resisten a tos cambios, harán todo el esfuerzo por detenerla, haciendo programas para el campo, alianzas con otros sectores, repartiendo infinidad de cosas, obra pública, todo lo posible con tal de detener ese cambio, porque el cambio no es de gobernantes sino de estructuras, no es de hombres o de mujeres, es un cambio estructural lo que plantea la transición, y la transición, insisto, es un proceso que tiene que ver con la vida cotidiana.
Entonces, definitivamente se requiere también de la voluntad política del gobernante para impedir que sigan permaneciendo toda esta clase de vicios estructurales...
Bueno, creemos que los gobernantes, todos, tienen su propio proyecto. Un proyecto con el cual llegan a ocupar un cargo en el viejo modelo. Sin embargo, esto no es asunto exclusivamente de su voluntad política. Ya no está en manos de los gobernantes hacer uso del autoritarismo o de la fuerza, porque el propio sistema al que sirven tiene que refuncionalizarse, tiene que abrir todos los canales necesarios para buscar nuevas formas de refuncionalización de las estructuras del Estado. Decía hace rato, que nosotros ya no podemos concebir el aplastamiento del más grande sobre el más pequeño, ya no puede ser así. Cada vez más nos vamos acercando a modelos de convivencia entre los actores políticos dentro de la gobernabilidad. Hoy, la oposición gobierna un buen número de municipios. Acción Nacional gobierna cuatro estados (Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco) y de una u otra manera ya son cambios que nunca habíamos visto. El PRI siempre había sido hegemónico. Yo no quiero decir que esto es lo ideal porque habría que analizar exactamente cuáles son las propuestas estructurales del PAN. No hemos visto ningún cambio en ese tipo de administraciones. Sin embargo, más allá de las diferencias, de disputas doctrinales o políticas partidarias, nosotros tenemos que pensar en cómo coadyuvar a la construcción o diseño de esas instituciones en el ámbito de un pais distinto con el que hemos soñado.
Nosotros creemos que es fundamental que la propia organización política y ciudadana sea pivote fundamental en esta reforma. Y aquí queremos reiterar: la transición, la reforma no es patrimonio de un Partido, no es patrimonio de un grupo de notables, sino que es patrimonio de todos los ciudadanos, que han venido participando desde su trinchera cotidianamente para buscar el cambio de este país.
En 1988 hubo un indicativo fundamental, algo cambió y nosotros creemos que sí cambió. Con Salinas pretendieron engañar a la población de que todo estaba resuelto, de que había sido una amarga pesadilla la del 88, pero que ahora vivíamos en un país que estaba arribando al Primer Mundo, sin embargo, hoy después de todo eso, aparte los críticos seis años en los cuales fuimos el movimiento político más reprimido, creo que lamentablemente, porque tuvimos un gran costo en vidas humanas. Sin embargo, hoy, insistimos por encima de nuestras participaciones doctrinales o partidarias: tenemos que pensar en espacios de diálogo y de negociación que nos permitan discutir las instituciones, no las posiciones políticas o los cargos que puedan tocarle a cada quien, sino que debemos plantearnos el cambio en las instituciones.
¿Cómo conducir al país? Porque es aquí donde nosotros nos planteamos como partido político que quiere dirigir un país renovado, un pais en donde sus instituciones realmente puedan cumplir con la función que nuestra Carta Magna les ha establecido, queremos un Poder Ejecutivo fuerte, capaz de conducir al país; pero necesitamos también un Legislativo independiente, con capacidad para tomar las decisiones que correspondan a la soberanía de los ciudadanos y queremos un Poder Judicial autónomo, capaz e independiente para poder establecer las controversias y darle la razón a quien la merezca sin excepciones. Para nosotros eso es fundamental y tiene que ver con la Constitución General de la República, pero además tiene que ver con las constituciones de los estados porque también va a normar la conducta ética de los gobernanantes.
Existe la impresión de que este proceso de transición evidentemente parte del centro hacia las regiones. ¿Podría darse un proceso inverso, en el que en algunas regiones de la República pudiera avanzarse hacia estudios superiores de democratización, por encima de los consensos que pudieran pactarse en la reforma federal?
Creemos que en este momento sería muy difícil, porque los actores políticos dependen en su mayoría de grupos preestablecidos y de partidos con un registro nacional. Sin embargo, diría que es difícil pero no imposible, que en algunos elementos que se manejan en los estados, pueda haber avances sustantivos en relación o en comparación con los acuerdos nacionales que se tengan. Sin embargo, el proceso de transición debiese partir, efectivamente, a la inversa: cada estado federado debiera tener su propio proceso, para que a partir de esos procesos haya una síntesis que permita el escenario nacional. Pero, en un país tan centralista, tan presidencialista, donde todo se concentra en la capital, entonces no nos debe extrañar que la puerta se haya abierto desde allá. Sin embargo, hoy nosotros estamos obligados a transitar por este camino, como un estado mas de la Federación.
Es ya un lugar común afirmar que México se encuentra en un proceso de "Transición a la Democracia", expresión que nos habla del conjunto de cambios en nuestras relaciones políticas e institucionales que en mayor o menor grado hemos experimentado en los años recientes. Transformaciones que se han derivado de la necesidad de construir mayores espacios de participación y nuevos canales de interlocución entre gobernantes y gobernados, a fin de reformar el Estado para dotarlo de la capacidad de responder a las aspiraciones de la colectividad para avanzar en la conformación de un orden político, económico y social más justo y equitativo, a partir del compromiso de los diversos actores sociales con los valores del diálogo, la tolerancia y el consenso.
Debe reconocerse que nuestra reforma muestra avances importantes en el establecimiento de esquemas de competencia electoral más certeros que nos permiten acercarnos a la realización de comicios que sean fuente de legitimidad y no de conflicto; en la presencia de un ánimo democrático de las organizaciones sociales y políticas que privilegia la negociación sobre el enfrentamiento; en la consolidación de un sistema de partidos políticos más fuerte y que atrae a un elevado número de votantes en cada proceso electoral; en un proceso de descentralización y desconentración de funciones que revitaliza a los gobiernos estatales y municipales; y, de manera especial, en el paulatino paso de un sistema excesivamente presidencialista a un esquema en el que los poderes Legislativo y Judicial gozan de mayor autonomía en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales.
Sin embargo, no menos cierto es que tenemos importantes pendientes, especialmente en materia económica y social, en la agenda de los cambios necesarios para transitar al ideal democrático que congrega al gobierno y los partidos políticos: la reforma del Estado no puede circunscribirse exclusivamente al establecimiento de reglas para la renovación del poder público y a la edificación de un marco jurídico y de relaciones políticas acorde a esta nueva institucionalidad, sino que debe atender con igual énfasis la necesidad de consolidar un modelo de desarrollo que asegure la justicia social y la capacidad de respuesta efectiva de los distintos niveles de gobierno a las demandas de empleo e ingreso, de salud, de educación, de mejores condiciones de vida de la población. Estas son, sin duda, algunos de los renglones fundamentales que deben consolidarse al hacer la relación de nuestros má graves desafíos y de los retos mas urgentes que debemos superar.
Con la crisis ecnómica y la emergencia de nuevos actores y fuerzas sociales que buscan espacio en el tejido de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, a fin de incidir en la redefinición del modelo de desarrollo y acceder a la formulación de mecanismos redistributivos y de reasignación del gasto orientados a asegurar la recuperación de sus niveles de ingreso, se hace indispensable revisar las estructuras y el funcionamiento del Estado en ese sensible aspecto.
Debemos recordar que a partir de la década de los ochenta se experimenta en México una crisis del patrón de política social seguido desde 1930, caracterizado por una evolución más o menos constante de los índices de bienestar apoyados en un gasto estatal creciente acorde al modelo del Estado de Bienestar en boga en esos años. De esta manera, al entrar nuestro país al ciclo de las crisis económicas sexenales asistimos a un deterioro generalizado de los indicadores del nivel de vida de la población y de la posposición o cancelación de las expectativas de ascenso social que durante más de cincuenta años dotaron de una importante capacidad de maniobra al régimen para sortear con éxito las movilizaciones y presiones de los diferentes grupos sociales.
Esta pronunciada estabilidad del sistema fue producto de la existencia de una clara articulación entre el modelo económico y los espacios de participación y concertación política, que se explicaba por la esencia corporativa del Estado y por la legitimidad que ella le brindaba. De esta manera, ante una sociedad menos diversificada que la actual resultaba relativamente sencillo procesar los conflictos y hacer uso de la capacidad de incorporación de los actores y organizaciones sociales a la lógica estatal del desarrollo.
El quiebre de este esquema de interrelación entre crecimiento económico y estabilidad política fue producto del agotamiento del pacto social posrevolucionario y la irrupción de grupos de presión y fuerzas de la más diversa naturaleza que reclamaban representación en el escenario político e institucional, lo que se tradujo en el desbordamiento de las reglas del juego vigentes hasta entonces e introdujo importantes contradicciones en el modelo. Ello obligó a abrir los espacios de participación y a buscar nuevas fórmulas económicas para responder a ese complejo conjunto de expresiones sociales y, sobre todo, a preservar la cohesión y hegemonía del sistema político.
Por ello, al ponerse en marcha el actual modelo de desarrollo, sustentado en un esquema de libre mercado y del redimensionamiento del Estado que se vincula a la tendencias a la globalización y al establecimiento de los bloques económicos a nivel mundial, se hace patente la necesidad insoslayable de reforzar el papel del Estado en cuanto a su responsabilidad de ofrecer a la sociedad alternativas viables de crecimiento y de atención a sus demandas, especialmente de los sectores más desprotegidos.
En ese contexto, los esfuerzos deben orientarse al diseño de una política social que vaya más allá de las acciones asistenciales. Se precisa superar cualquier vestigio de relaciones clientelares y paternalistas entre el gobierno y los ciudadanos. La sociedad muestra hoy signos de un importante grado de madurez y politización. Reclama la recuperación de su poder adquisitivo, mayores oportunidades de empleo productivo y un ingreso que le permita satisfacer cabalmente sus necesidades básicas. Desea participar en la definición del contenido y alcances de la política económica, para que ésta tome en cuenta sus intereses con la misma puntualidad con que se atienden nuestros compromisos con el exterior.
En consecuencia, la reforma del Estado hoy en marcha debe retomar estas preocupaciones si queremos que las transformaciones en materia política tengan su correlato en los aspectos económicos y sociales.
Así, la reforma en marcha sólo llegará a buen puerto en la medida en que la forma de gobierno que de ella habrá de desprenderse, y que no es otra cosa que la consolidación de la democracia en todos los órdenes de la vida nacional, tenga la plena aceptación de la colectividad, esto es, que cuente con un alto grado de consenso social. Pues esa legitimidad de las nuevas reglas del juego democrático también descansa en la respuesta que ese arreglo dé a las demandas de la sociedad en el terreno económico, en el espacio de la vida cotidiana en que se aprecia con toda precisión, a nivel de las familias, las comunidades, los municipios o las regiones del país, las bondades o distorsiones del modelo de desarrollo que, por definición, debería asegurar equidad y justicia para todos los grupos de la población, objetivo que es, al final de cuentas, uno de los elementos claves de la gobernabilidad.
De ahí la trascendencia de que el proceso de reforma no se agote en la negociación de espacios de participación política y de cuotas de poder, ni que se limite a cambiar las reglas de la competencia electoral. Se deben discutir y confrontar los diversos enfoques sobre la política de desarrollo, debatir acerca de la orientación y viabilidad del rumbo económico que sigue nuestro país, para encontrar juntos las mejores opciones y los caminos que permitan atender con prontitud y eficiencia las difíciles circunstancias que vivimos, alcanzando los puntos de coincidencia en torno al perfil de nación que queremos: un México más soberano y fuerte, con un marco jurídico e instituciones vinculados al sentir de la sociedad, con oportunidades para todos y con certidumbre en el futuro.
* Emilio Cárdenas Escobosa. (México, D.F., 20 de octubre de 1962). Es licenciado en Economía (UV) con estudios de Doctorado en Derecho Público y Ciencia Política (Universidad Autónoma de Madrid). Ha sido coordinador general de proyectos del Centro Estatal de Desarrollo Municipal y del COPLADEVER; coordinador de capacitación municipal del INAP-Veracruz; vocal de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral; coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno y, en la actualidad, es el coordinador técnico del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de la Consulta Pública para la Reforma Democrática.
Exmilitante del desaparecido Partido Comunista Mexicano y primer representante de la oposición en el Congreso local, Ernesto Fernández Panes, hoy comisionado ciudadano ante la Comisión Estatal Electoral, expresa que el proceso de transición actual es producto del esfuerzo de muchos sectores que desde diversos ámbitos han venido buscando desde hace 20 años atrás la democratización de México y Veracruz, y afirma que sería falso considerar que el proceso de cambio sea resultado de la voluntad democrática del gobierno. Con estudios en Economía y maestría en Docencia Universitaria, el académico acepta que la reforma política en Veracruz tiene mucho de propaganda, pero apunta que se ha logrado la construcción de significados y objetivos comunes que han permitido la movilización y el avance de los ciudadanos. No obstante, reconoce que la participación de los grupos sociales ha sido escasa en el proceso de consulta pública, y remarca que la incredulidad, el escepticismo y la desconfianza de la sociedad a todo lo que huela a gobierno, no ha sido casual. El exdiputado local por el PSUM y expresidente de la Academia Mexicana de la Educación, A. C, Sección Veracruz, manifiesta con cierta decepción que los medios de comunicación se han quedado a la zaga del proceso de reforma en la entidad , quedándose prácticamente aislados del cambio. Maestro de tiempo completo en la Facultad de Antropología de la U.V., Fernández Panes augura dificultades para concretar la transición en Veracruz porque advierte que existen muchas resistencias que vencer. "Los que detentan el poder no están dispuestos a soltarlo fácilmente", declara, por lo que convoca a sustentar la defensa política con transparencia y promover "una lucha de propuestas".
Como ciudadano que de una u otra manera ha estado inmerso en el proceso de cambio en Veracruz por lo menos durante las dos últimas décadas, ¿cómo definiría hoy la transición?
Bueno, ese es un concepto, una categoría de análisis que ha surgido sobre todo de los teóricos que han analizado los cambios de formas de gobierno y de sistemas políticos caracterizados como no democráticos hacia otros considerados como democráticos, es decir, hay toda una serie de análisis político, lógico y científico en el ámbito de la sociología sobre el concepto éste. Pero en términos generales, los teóricos también han hecho referencia a los procesos empíricos, es decir, sobre todo a raíz de los cambios de un régimen autoritario como son los casos de Europa oriental con la caída del muro de Berlín, o el caso de la ex Yugoslavia, o en el caso de América Latina de formas militaristas y dictatoriales como Chile, Brasil, Argentina, Nicaragua. En el caso de México este concepto de la transición nos ha servido para analizar el proceso que va, desde lo que podíamos llamar la lucha por las libertades políticas que yo veo que fue uno de los elementos centrales del movimiento de 1968, e incluso antes, pero sobre todo a partir del despertar de conciencia, no solo de partidos de oposición, sino también de sectores de la propia clase política gobernante, pero con una visión de cambio de ver que el sistema político mexicano y las formas de representación, y sobre todo la regla del juego electoral, se estaban rezagando respecto a lo que la exigencia mundial y de la globalidad democrática exigía. Entonces ese proceso de tránsito —yo te digo porque, por ejemplo, nosotros comenzamos a plantear la necesidad de libertades políticas desde aquella elección presidencial cuando salió Díaz Ordaz y empezó Echeverría, nosotros lanzamos una candidatura independiente en 1976, que fue la de Valentín Campa—, nos planteábamos la necesidad de nuevos partidos y de una reforma política que permitiera la apertura a nuevas organizaciones. Entonces la transición en Veracruz yo creo que se enmarca en ese contexto, en la lucha por la libertad política, por el registro de nuevos partidos y por elecciones libres, transparentes y por la conformación de organismos electorales realmente independientes y autónomos. Entonces para hablar de transición en Veracruz yo creo que habría que referirnos también a la participación de los movimientos sociales que abarcan desde los años setenta, pero donde empieza ya a convertirse en ley, en artículos digamos con un perfil de democratización, es a partir de la reforma de Reyes Heroles y López Portillo que fue en 1979 y 1980. A raíz de esa movilización que se hizo en el país, participamos candidatos independientes. Yo me acuerdo que en 1977 fui candidato a diputado local sin registro, hicimos campaña pero no nos reconocieron los votos porque no estábamos registrados. Entonces así se dieron una serie de manifestaciones en todo el país y creo que esto se viene a concretar a principios de los ochenta con un tránsito muy lento hacia formas precisamente más creíbles de proceso electoral. Entonces el proceso de transición de formas autoritarias, más centralistas, creo que se ha venido retrasando por que pudo haber sido más rápido. Y yo lo colocaría desde las primeras reformas a principios de los ochenta hasta el momento actual, donde ha habido cierto gradúalismo, ha habido recomposición, ha habido nuevos marcos jurídicos, diferentes momemtos del código federal electoral, de diferentes formas de integración de la Cámara, pero fue hasta cuando surgió la figura del diputado plurinominal, incluso de senador de minoría, y bueno desde luego de los ayuntamientos con representación proporcional. Creo que la transición sí es una categoría que nos puede permitir analizar una forma de gobierno y sistema de gobierno en crisis centralista, muy corparativa, autoritaria, que todavía guarda esos rasgos hacia formas que podríamos caracterizar como formas democráticas modernas, de coexistencia y de disputa del poder político.
La reforma en Veracruz e incluso nacional, ¿qué tanto es realidad?, ¿qué tanto es mito? y ¿qué tanto es una estrategia propagandística del actual sistema para mantenerse?
Bueno, yo digo que es todo eso. Es un mito si por mito entendemos la construcción de significados comunes que nos puedan movilizar. Entonces, todos los proyectos políticos de alguna manera adquieren el rango de mitológicos. Ahora, tiene un sentido propagandístico porque todo político y sujeto que actúa políticamente hace propaganda, o pretende difundir su punto de vista y venderlo en un mercado político, ¿no? en el sentido más moderno. Ahora, yo creo que aquí la connotación de decir que esto podía ser un enmascaramiento, una simulación, viene efectivamente de sectores desconfiados, no casualmente desconfiados, sino con mucha razón, porque han visto muy lento el proceso de tránsito. Creo que en Veracruz, si vamos a hablar de un proceso de transición —yo por ejemplo fui diputado local en los ochenta, y llegué como el primer diputado plurinominal después de un periodo de muchos años de lucha por las libertades políticas—, entonces qué pasa: si vemos la ley del periodo de Hernández Ochoa, que fue una reforma muy importante porque se abrió la Cámara a la representación proporcional, y vemos el nuevo código, indudablemente que el código actual tiene un serie de ventajas. Una, de que ya los órganos de gobierno no están representados; por otro lado, de que en el órgano electoral hay partidos y representantes ciudadanos o comisionados ciudadanos que no tenemos ninguna militancia partidista en este momento, que tenemos un compromiso más con la imparcialidad. Entonces yo digo que en ese sentido ha habido avances importantes en Veracruz. Ahora, creo que diferentes fuerzas han contribuido a esto, y por otro lado los propios dirigentes del gobierno han visto que en un momento dado no puede seguirse gobernando con los mismos estilos de relación entre los poderes y entre las fuerzas políticas. Entonces creo que analizando esto con más frialdad, con más objetividad, sin caer en las diatribas, sin caer en la desconfianza absoluta, pero tampoco en considerar que la reforma de Veracruz es la máxima, yo digo que hay que ser mesurados, hay que ver que ha sido un esfuerzo no sólo del gobierno —porque sería exagerado decir que es del gobierno—, sino que ha sido también un esfuerzo de muchos sectores que han luchado por la democratización de Veracruz. El que se haya convertido este código en un marco jurídico renovado no es suficiente porque todavía en el código actual, el director por ejemplo de la Comisión Estatal tiene mucho control sobre el proceso electoral, hay desequilibrio entre las funciones de los órganos ejecutivos y el órgano directivo que es el Consejo General. Todavía la Cámara tiene atribuciones para vigilar el presupuesto, lo deberíamos de tener nosotros, el Consejo General. Todavía hay procesos no muy adecuados de nombramientos de los funcionarios distritales, eso debería ser de otra manera. Es decir, hay una serie de puntos que todavía limitan lo que podríamos decir un funcionamiento plenamente democrático y transparente del órgano electora!. Pero bueno, se dieron pasos importantes. Yo creo que con esta consulta han surgido muchas propuestas, yo me acabo de enterar que el PRD presentó una iniciativa con muchas coincidencias a otra presentada por el PAN. Claro, también tienen diferencias, como por ejemplo acerca del porcentaje de votación para acreditarse una representación proporcional. Acción Nacional está proponiendo que todos los partidos que tengan derecho a estar representados en la Cámara, mínimo deben obtener el tres por ciento de la votación, mientras que el PRD está proponiendo que sea de dos por ciento. Ahí hay una diferencia, pero son matices que pueden... Bueno, pero creo que en el caso de la representatividad en el Congreso todos tendrán que estar de acuerdo en que hay una sobrerepresentación; no puede seguir como hoy está de que un solo partido con el 50 por ciento de los votos controle el 80 por ciento de los diputados. ¡Eso es absurdo! No puede seguirse sosteniendo. Entonces hay ya rumbos marcados por la reforma federal que van a tenerse que modificar también en los estados, incluso el número de elecciones. A mí me parecería muy adecuado que se juntaran las elecciones; el PAN, por ejemplo, está proponiendo que la elección de gobernador se junte con la de los municipios porque se gasta mucho dinero en los procesos electorales en las campañas. Ahora, sobre los topes de campaña hay que bajarle también porque son demasiado costosos, es una ofensa a los pobres el que se derroche tantos recursos. Yo creo que hay que invertir en la política, hay que invertir en los procesos electorales y en la democracia, pero hay que ponerle límites también al uso de esos recursos. Entonces todo esto se tiene que discutir. Creo que la consulta permitió que muchas de esas propuestas surgieran de los mismos ciudadanos o de grupos o de personalidades o de gente interesada en que el código debe ser modificado y debe haber una reforma constitucional democrática. En el caso de Veracruz los foros sí han contribuido y todo depende ahora de que las fuerzas, el gobierno, el Ejecutivo, sean sensibles para que puedan sacar el consenso. Ya hay dos iniciativas ahora que se han propuesto. Hay que debatirlas, pero yo creo que ahí es donde los del PRI, PT y demás partidos deben de analizar esto y deben de buscar un proyecto único, algún dictamen que unifique. Creo que el PRI también debería hacer llegar su propia propuesta.
Maestro, en ese sentido, a su juicio, ¿cuál sería el área o el ámbito en el que se hace más urgente ir aterrizando o concretando ya la reforma?
Bueno, por los tiempos en los que estamos —pues hay incluso un artículo transitorio de la reforma constitucional federal que da un plazo para que las legislaturas y los gobiernos de los estados que tengan elecciones el próximo año entren en un proceso de reforma y echen a andar una nueva ley—, entonces esto se tiene que estar ya. Prioritariamente yo diría que está la reforma electoral. Hay que comenzar a trabajarla, hay que empezar a generar discusión sobre esto, todavía en el ámbito de la legislatura y de las comisiones y entre los que tienen en sus manos la posibilidad de generar iniciativas; tendrán que ponerse de acuerdo. Pero lo que urge hoy es tener un nuevo código modificado en todo aquello que deba ser modificado, según el consenso. Y por otro lado, bueno también es prioritaria la reforma de los poderes legislativo, ejecutivo y el judicial. Hay que recomponer la relación, hay que disminuir las funciones del ejecutivo, hay que darle mayores atenciones al legislativo. Ahora, por ejemplo, el PAN propone que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del. Estado sean nombrados por la legislatura, y que los comisionados ciudanos ante el órgano electoral lo sean bien por las dos terceras partes del Congreso. Eso me parece que es positivo también. Hay otros ámbitos que se cruzan, por ejemplo los delitos electorales, pero eso es un problema de reforma del código penal. Y bueno, también está la cuestión de los municipios, la forma en cómo deben estructurarse más democráticamente. El PAN está proponiendo por ejemplo que los ayuntamientos cuenten ahora con sólo un síndico de mayoría y que los demás sean de representación proporcional. Bueno, eso hay que debatirlo porque eso cambia la estructura y, efectivamente, los regidores deben tener funciones ejecutivas y el Cabildo debe estar representado de manera realmente plural, que no haya una sobrerepresentación en los municipios. Entonces, la reforma electoral involucra o integra también una reforma en los otros ámbitos, tanto en el judicial, como en el de la distribución entre los diferentes poderes y en el propio legislativo. El poder legislativo debe ser reformado también en su propia estructura, en la forma de organizar las comisiones, en el reglamento interno que incluso están proponiendo. Pero yo diría que en este momento la prioridad es la reforma electoral, y que en este sentido los sectores, los grupos que están involucrados en esto deberían ya de ir acercando los consensos.
Una sociedad incrédula, incrédula no gratuitamente, sino con fundamento ante un proceso de reforma y su participación que para muchos fue casi poco representativa en la consulta pública...
Sí, sí fue realmente escasa...
¿Cuál es su opinión de este proceso de consulta?
Mira, el proceso de consulta —y me refiero concretamente al caso de nosotros, el del comité para la consulta de la reforma electoral—, hicimos el esfuerzo por invitar a mucha gente y yo creo, me consta a mí de que se hicieron los esfuerzos, pero el problema es que esa incredulidad ha llevado a un rechazo de todo lo que huela a oficial, a gobierno; eso ya de por sí, genera desconfianza. Pero tienen razón los ciudadanos. Yo creo que no bastan los discursos, no basta con que tú metas desplegados o difundas mucho la imagen de alguien, sino que hay que ir acercando las acciones al discurso, es decir, que en la práctica realmente se hagan las cosas de manera diferente. En ese sentido hay que ver la corresponsabilidad. Yo tampoco le apuesto a que entre más incrédulos sean los ciudadanos más cerca estamos de un cambio. Yo digo que no. Hay que ser incrédulos, pero hay que ser participativos. En ese sentido también los propios ciudadanos pueden imponer formas de participación. Vamos a suponer que ahora se hubiesen iniciado los foros, ¿no hubiera sido muy interesante que los propios ciudadanos diversos, plurales, se hubieran organizado para hacer contrapropuestas, para plantear cosas? Esa hubiera sido una gran iniciativa, pero todavía hace falta mayor participación independiente. Entonces, en ese sentido, creo que debemos ir marchando en un ambiente donde además los medios de comunicación deben involucrarse también. Yo noto que los medios como que se han ido retrasando respecto a la opinión del tipo de reforma que necesitamos, como que los medios no se meten y solo dejamos que opinen el gobierno, los partidos, etcétera. Bueno, ¿pero los medios qué opinan? Los medios tienen que opinar no sólo de que el gobernador es de San Luis Potosí o de que en el Instituto de Pensiones se clavaron la lana... Sí, eso es importante, sacarlo y que se conozca, que se difunda, pero también los medios tienen que organizarse para proponer, tienen que hacer propuestas de reforma. Yo digo que en ese sentido debe darse su involucramiento, porque los medios no están aislados de la reflexión, del sentido de democracia que necesitamos en Veracruz. Entonces, en esta cuestión de los foros, creo que sí hizo falta la participación ciudadana independiente, porque la mayoría fueron partidos políticos, personas que pertenecen ya a corporaciones y, bueno, algún sector independiente de agrupaciones realmente ciudadanas; a título personal hubieron también participaciones, pero creo que esto nos llama la atención. Un amigo, un maestro, el doctor Hernández Vega decía que la sociedad civil cuando se calla, cuando no opina, también es un indicador de que algo anda mal, de que no hemos logrado despertar la confianza. Entonces, yo creo que efectivamente el silencio de la sociedad civil hay que tomarlo muy en cuenta de que todavía la gente no cree en el gobierno, y no cree en los gobernantes y no cree en los políticos y no cree también de alguna manera en los partidos políticos. Se requiere recuperar la confianza y credibilidad ciudadanas. Los partidos políticos se están consolidando, incluso la reforma que pueda tener el PRI pudiera beneficiar también en este sentido. Pero aquí es una corresponsabilidad, porque no creo que pueda haber un sector único que diga: "yo a proponer el cambio, yo solo voy a articular el cambio". No. Habría que seguir discutiendo. Y la política es discurso, es análisis, pero también es acto.
Finalmente, sobre este tema maestro, ¿cuál es el futuro, si se puede predecir, que usted le augura al proceso de transición en Veracruz?.
Mira, yo lo veo de manera optimista, pero relativa. Creo que vamos a estar en un proceso de reforma donde es posible que se hagan cambios importantes, pero también creo que todavía existe mucha resistencia; mucha resistencia porque hay sectores que piensan que con darle una manita de gato a la ley, con a veces simular que cambiamos, ya estamos cambiando, y a la gente no la vamos a engañar. Yo creo que en eso hay que estar vigilantes. No soy demasiado optimista, pero sí soy optimista en el sentido de que los esfuerzos que se han hecho en los foros y en la discusión pública y en los foros que están haciendo los partidos ahora con esta iniciativa, pueden llevar a una reforma que mejore el código. Este código no está mal del todo, hay avances importantes. Pero creo que sí hay que ajustar, hay que cambiar sobre todo las formas de representación. Si se cambiara, si se echara abajo la sobrerepresentación en la legislatura, si se unieran elecciones, si se distribuyeran mejor las atribuciones del Consejo y del director en la Comisión Estatal Electoral, las funciones de las distritales; si se organizara mejor el proceso de funcionamiento interno de la Comisión Electoral, etcétera, si se fortaleciera el sistema de partidos con mayores apoyos, si se vigilara mejor los gastos de campaña, si se hiciera seguimiento y se sancionara a aquellos partidos que violaran las topes de campaña y que se comprobaran los recursos, que se hicieran auditorías a los partidos políticos, sería un gran avance.
¿Cuáles serían es este caso las principales resistencias a vencer?
Yo digo que hay temores porque, bueno, el que tiene el poder no lo piensa soltar así tan fácilmente. Lo tiene que defender, pero la defensa tiene que ser más transparente, es decir, tiene que haber más competencia, más lucha de propuestas y sobre todo con candidatos que despierten credibilidad en la gente. En ese sentido, yo creo que hay temores porque existe también una visión patrimonialista del poder: muchos que llegan al gobierno piensan que son los dueños del gobierno y se olvidan que van a estar tres o seis años, aunque pertenezcan a grupos poderosos que están enraizados en la economía. El poder es transitorio. Y en ese sentido creo que no deberían tener tanto temor. Pero hay también un temor que se generó a raíz de la crisis y del descrédito de Salinas, un hombre que llega al poder a los cuarenta años y comete tantas arbitrariedades, tantas estupideces, pero que también hizo cosas del mucha inteligencia política. Ahora bien, existen grupos de políticos viejos que creen que era mejor como estábamos antes y esa es otra cuestión de inercia de grupos políticos que piensan que funciona mejor un sistema tradicional que enfrentarnos a un cambio. Entonces esa otra resistencia. Y otra es que hay intereses económicos que piensan que, por ejemplo, si hubiese mayor trasparencia, mayor honestidad en el manejo de los recursos públicos, no van a recibir los beneficios del poder. Entonces también hay intereses fuertes que prefieren tener amigos en el poder —digamos gente del propio grupo para poder usufructuar los beneficios que da el poder—, y esos son intereses económicos poderosos, no sólo son intereses ideológicos, sino son obstáculos fuertes. Entonces creo que la reforma, en sí, no es algo sencillo porqué afecta intereses indudablemente. Las formas de representación política van a tener que ir minando al corporativismo, porque los sindicatos reclaman espacios en los ayuntamientos, regidurías, y los líderes charros de los sindicatos exigen también posiciones en el Congreso, diputaciones. Entonces, ahí, al interior del aparato gubernamental, esto es parte del juego y de las presiones.
Los términos y conceptos, a base de un intenso uso, terminan por gastarse, por pervertir su significado, por vulgarizar su contenido. Esto es especialmente cierto para aquellas palabras de uso común en la política, que empiezan siendo una bandera o aspiración casi general y terminan por intensivo manoseo, en menciones rituales carentes de contenido, en fórmulas vacías y recurrentes. Lo anterior acomoda a la perfección cuando en el café, los discursos y la prensa surge al vuelo el binomio; transición democrática. ¿Qué significa para cada quien ese par de conceptos? ¿Qué usos y abusos se manifiestan cada vez que se pronuncian tales palabras? Parece conveniente, entonces, empezar por el empiezo y, como decía un ilustre maestro universitario, plantearse el ¿qué entiendes por entiendes?.
En ciertos ámbitos, no los gubernamentales por supuesto, hablar de transición democrática refiere de inmediato a un difuso programa político que nos permitiría, de lograrse, salir de este sistema político de corte autoritario que durante décadas ha sometido a la población a condiciones no sólo de arcaísmo democrático sino también de una profunda postración económica. Sin embargo, con esa capacidad de camaleón de que la clase política oficial hace gala, el concepto de transición quiere ser virado a una justificación demagógica más en el lenguaje de quienes detentan el poder y se resisten, bajo todos los medios, a aceptar un régimen plenamente democrático, lo cual constituye la aspiración fundamental de los mexicanos.
Transición democrática es, en términos llanos, un proceso que debe llevar gradual pero sostenidamente a profundos cambios en las formas de obtener, detentar y ejercer el poder político. Es sinónimo de reforma del Estado, esto es, que la transición, para que sea plena y civilizada, debe ser producto de una serie de arreglos y diseños institucionales que en su conjunto aceleren, en primera instancia, y consoliden en un segundo momento, la conversión a un sistema democrático que deje atrás el patrimonialismo, la discrecionalidad, la usurpación, la corrupción y la inmunidad que caracterizan al régimen político actual. Significa que el poder judicial se autonomice del ejecutivo, que el poder legislativo emerja de la sumisión tradicional en que se ha encontrado por largo tiempo, que al poder ejecutivo se le cercenen una serie de facultades, constitucionles y metaconstitucionales, que lo pervierten y lo convierten en el centro de nuestro atraso democrático. Para acceder a lo anterior es necesario que los actores políticos y sociales pacten vías específicas, reformas puntuales y diseños institucionales claros que en su conjunto se constituyan en la forma mexicana de transición a la democracia.
Un requisito fundamental para que el proceso de transición se efectúe de manera pacífica y consensada, es que la totalidad de actores políticos relevantes esté plenamente de acuerdo en que es necesario, urgente e irreversible. Es decir en que todos estén decididos a avanzar en ese sentido. Y aquí es donde encontramos que en nuestro país esta conciencia de cambio democrático no es compartida por todos, en especial, no es compartida por quienes detentan el poder, los núcleos duros y más atrasados del gobierno y su partido oficial, quienes se dedican a jugar el perverso juego de la simulación democrática, juego torpe en el que fingen querer reformar pero se dedican en realidad a torpedear los acuerdos que llevan a las reformas. El ejemplo más claro de ello es lo acontecido con el jaloneado proceso de reforma electoral, mismo que el ejecutivo en turno pretenciosamente quiso bautizar como definitiva. Primero se alargó artificiosamente por casi dos años, después, se eliminaron sistemáticamente las propuestas más avanzadas (referéndum, plebiscito, candidaturas independientes, etc.), luego se llevó mañosamente a una firma apresurada, se siguió con negociaciones marrulleras hasta el tiempo límite y de esa manera el designio gubernamental castró lo que pudo haber sido una palanca inicial y de peso para avanzar en la reforma del Estado. En público declaran su vocación al cambio, en privado elaboran candados y argucias legales. Hacía afuera proclaman su disposición reformadora, en sus oscuras oficinas diseñan la manera de abortar, condicionar y diluir los acuerdos. No aparentan darse cuenta de que esa hipocrecía política, esa moneda falsa que ofrecen a la sociedad, es un elemento de la más alta peligrosidad para la República. Hoy por hoy la transición democrática de México parece quedar entrampada en esa irresponsabilidad de los sectores duros y conservadores de la estructura oficial, ellos tendrán que asumir la responsabilidad histórica de su comportamiento.
* José González Sierra. Miembro del Instituto de Investigaciones Históríco-Sociaies de la U.V.; fue comisionado ciudadano ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral durante el proceso electoral municipal de 1994.
Antes que todo, mi agradecimiento porque, como militante de otro partido, se me ha dado la oportunidad de participar en un diálogo y debate públicos, sobre un tema que interesa a todos, todo el tiempo. De manera particular en una nueva publicación que se propone fortalecer la vida democrática de Veracruz.
Ningún cambio político trascendente se da al margen de la historia. En cualquier circunstancia, tanto el esfuerzo presente y la perseverancia futura como las referencias y experiencias del pasado resultan ser fundamentales para entender que está sucediendo. En esta perspectiva, se puede decir que en Veracruz el proceso democratizador tiene antecedentes remotos y recientes.
De entre éstos últimos, sin ser exhaustivos, podemos identificar y considerar los más relevantes a partir de la intensa participación que han tenido los veracruzanos durante los últimos años en un contexto nacional que, a su vez, también se ha caracterizado por ser de un creciente activismo político.
Así, identificables, como momentos de intensa actividad y amplia participación son:
Para efecto de lo anterior, se emitió la Convocatoria para la Reforma Democrática de Veracruz cuya iniciativa dio lugar al Decreto aprobado por la H. Legislatura que crea un amplio, plural y representativo Consejo Estatal de Consulta Pública para dicha Reforma.
De esta forma, aspectos más, aspectos menos, en la revisión reciente del proceso de democratización en Veracruz, es posible localizar momentos en los cuales se han fijado posiciones, se han consensado propuestas, se han tomado decisiones y, consecuentemente, a partir de todo lo anterior, se han realizado transformaciones institucionales que pretenden consolidar dicho proceso. También es posible localizar claramente el esfuerzo ciudadano, de la sociedad, de los partidos políticos y del gobierno para promover los cambios necesarios por la vía pacífica e institucional.
Haciendo a un lado las posiciones dedicadas a la apología o la descalificación a ultranza, hay que decir que la experiencia política y las enseñanzas derivadas del proceso de democratización reciente, son inherentes a su propia condición: se trata de un proceso continuo y permanente que, como toda manifestación social, exige actualizaciones, modificaciones o sustituciones.
Habría que apuntar también que la Reforma ha significado avances y logros, pero no olvidar que enfrenta retos en su aplicación; que ha servido como punto de negociaciones políticas constructivas, pero también de enfrentamientos e, incluso, de participaciones condicionadas o que se excluyen oportunistamente, como forma de presión y hasta de chantaje.
A pesar de todo, las limitaciones de la reforma, que las tiene, habrá que analizarlas con objetividad, es decir, tratando de identificar las causas profundas que la condicionan o posibilitan. Para superarlas y resolverlas, habría que señalar que hay un problema de cultura política para algunos, cuando se confunde Reforma Democrática con Reforma del Estado y ésta, a su vez, con la Reforma Electoral; cuando se equivoca ciudadanización con designación de consejeros ciudadanos; y, por si fuera poco, cuando se confunde la participación en la Consulta pare la Reforma con el activismo individual, de grupo o partidista, en favor de demandas específicas, quizá legítimas pero sin relación clara y precisa con el objetivo de la consulta.
La democracia es un proceso continuo. Cualquier reforma es sólo una etapa más. Para seguir avanzando hacia otras etapas superiores, habrá que fomentar el desarrollo de una nueva cultura política de la participación que evite caer en la partidocracia; una cultura de la legalidad que nos obligue a cumplir y a hacer cumplir la norma, y evite el voluntarismo y la componenda; una cultura de la competencia con claridad y firmeza en los planteamientos de los contendientes y en el respeto de los resultados; una cultura de la comunicación con una creciente responsabilidad de lectores, medios, partidos políticos y el gobierno; y con una cultura de la tolerancia, en constante mejoramiento en su capacidad de análisis, de diálogo, discusión y suscripción de acuerdos.
Después de todo, no debemos olvidar que la reforma es una forma constructiva de la crítica propositiva y ha de darse en un clima de comunicación democrática, debate público, acuerdos y cambios institucionales. Todo ello a partir del respeto y la colaboración de las fuerzas políticas y los ciudadanos, unidos en lo esencial: los fines supremos de la nación.
Debemos tener presente que la reforma estatal está contextualizada por la reforma a nivel nacional que, de muchas maneras, la limita y determina; y, como en cualquier parte, además de limitaciones y problemas propios que resolver enfrenta, sin duda, enemigos, situaciones y actitudes adversas, como la ignorancia, la simulación, el inmovilismo, el desinterés, etc.
De igual forma, habrá que reconocer que el esfuerzo de apertura y de cambio responsable debe sostenerse, particularmente por el gobierno, y que tal actitud compromete la participación, también responsable, de todos los partidos políticos y de los ciudadanos. En otras palabras, se trata de un reto de la democracia, de su capacidad para reflejar el consenso que convertirá la consulta en iniciativa de reforma y posteriormente en ley, y también se trata de tener presente que el proceso democrático no se concreta sólo a la fase electoral; además de otros aspectos fundamentales, implica también la responsabilidad de asegurar las fases posteriores, como la que requiere la gobernabilidad necesaria para la convivencia humana; o aquella que propicia y facilita el desarrollo político de un pueblo.
Para que los cambios formales se traduzcan en avance democrático consolidado es absolutamente imprescindible que todo este proceso de diálogo, negociación y construcción institucional se convierta en ley y trascienda a la esfera de la conducta diaria y de las expectativas. No debemos perder de vista lo que la experiencia nos ha enseñado: el cambio formal en la ley no garantiza por sí mismo un cambio en el comportamiento cotidiano de ciudadanos, grupos, partidos y gobierno. Es decir, en una nueva cultura política que refleje, en los hechos, el esfuerzo permanente de todos.
Finalmente, habría que tener siempre presente que el esfuerzo de los veracruzanos y su gobierno nos remite a uno de los ideales de los mexicanos, causa de innumerables luchas y de indiscutibles avances, como el que define a la democracia en su acepción más amplia, como una forma de vida. Ideal que expresado desde los Sentimientos de la Nación de Morelos, hasta el texto constitucional de 1917 señala que: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
* Rafael Arias Hernández, economista (1966-1970, UV); maestría en Economía con especializacion en Desarrollo Regional y subespecia-iización en Historia del Pensamiento Económico (Salt Lake, City, U.S.A.); ha cursado estudios de actualización sobre el Derecho Electoral en México (División de Estudios Superiores, Facultad de Derecho, UNAM); y entre los cargos públicos desempeñados destacan los de secretario general de la U.V., director general de Industria y Comercio, delegado estatal de la SECOFI, director de Apoyo a la Evaluación de Programas Regionales, de la Coordinación General de Delegaciones Regionales de la SPP; jefe de Prensa y Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz; director del CEPES del CDE del PRI; presidente de la Comisión Estatal de Modernización, y presidente de Cambio XXI, Fundación Veracruz, A. C. Desde 1994 se desempeña como director del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC).
Con la responsabilidad de vigilar y garantizar el respeto a los derechos humanos, Margarita Herrera Ortíz afirma que la transición democrática es un reclamo consensado de la sociedad. Apela a la educación como la base fundamental para avanzar en la transformación social y se muestra convencida de que existe voluntad política y popular para gestar los cambios necesarios que concreticen esta transición. Con licenciatura y maestría en Derecho, Margarita Herrera, quien desde 1993 es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y actualmente es vicepresidenta para la zona sur de la Federación de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, asegura que lo que resta ahora es pasar del discurso a los hechos y trasladar a la realidad las propuestas de cambio demandadas por la sociedad.
¿Cómo concibe usted este proceso de transición, que de una o de otra manera ya se está viviendo en Veracruz?
Mira, la pregunta que me haces es muy amplia, ¿no? Porque, ¿cómo concibo yo lo transición de nuestro pueblo? Solamente te puedo decir que existe transición y, ¿por qué pienso yo que existe transición?, porque comenzamos a participar, no estábamos participando, empezamos a participar en cuestiones públicas. Para eso necesitamos una educación, pero además de la educación debemos tener un vivo interés y sentirnos parte de México. Eso es la transición. La transición, para que exista una transición —estamos en el inicio de eso—, pero para que exista la verdadera transición necesitamos como pueblo informarnos qué es lo que está pasando en México verdaderamente, a través de escuchar las diversas opiniones de muchos sectores de la población, a través de estar pendientes realmente de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros vivimos, en fin, y comprobarlo en los hechos que se están realizando día a día. La transición empezará verdaderamente cuando todos comencemos a participar, no por estar en la política, ni por no estar, sino por tener un México mejor. Ahí se da la transición para mí.
Licenciada, ¿qué tanto la transición o el concepto de transición en Veracruz y también en México, es un mito? A veces se maneja con cierto sentido propagandístico, político. Usted, ¿cómo lo considera realmente, qué tanto es mito o qué tan real pudiera ser este proceso de transición?
Bueno, yo pienso que no es una cuestión mítica sino que estamos como pueblo en un momento en donde vemos el despertar de muchas conciencias, y ese despertar de muchas conciencias se manifiesta con conformidades, con Inconformidades, con externamiento de criterios de muy diversa índole y en muchos aspectos de la vida de México. Yo pienso que sí estamos despertando, pero que ese despertar es tan real como que tú y yo estamos aquí. Las cosas no pueden seguir igual, y no pueden seguir igual no porque alguien quiera o deje de querer que sigan igual, sino porque todos tenemos un consenso que no hemos pactado, pero que lo sentimos y lo vivimos, de que México tiene que cambiar.
En ese sentido, también a su juicio, ¿habría un aspecto fundamental en el cual la transición debería ser mucho más acelerada, más profunda; un ámbito de la vida social de Veracruz donde considere sea más urgente avanzar?
Para mí es urgentísimo para avanzar, la educación. En Veracruz y en todo México tenemos que educar a la gente, educarla desde que ernpieza a leer y a escribir; abatir el analfabetismo y después encaminar no tan sólo a nuestras nuevas generaciones, sino impulsar la cultura en todos los ámbitos de nuestra vida. Una vez que tengamos pueblo culto, nosotros solitos elegiremos de una manera pacífica la transición que queremos.
También otro aspecto sustancial que a veces se ha criticado en el proceso de reforma que en Veracruz de una u otra manera ya está en marcha, es la participación de la sociedad. Se habla de una sociedad inhibida, íncrédula ante este tipo del procesos. Usted coordinó un foro de consulta, el de los derechos indígenas, ¿cómo analizaría la participación de la sociedad en esta consulta pública?
Bueno, yo pienso que somos inhibidos y somos incrédulos todos cuando tenemos bases para ello. No es gratuito. Eso por un lado, por el otro: esta inhibición depende mucho de cómo nos sea manejada. Si alguien nos incita verdaderamente a hablar y vemos que tenemos la posibilidad real —no ficticia—, la posibilidad real de externar nuestro pensamientos, sentimientos, creencias, sin ninguna cortapisa pero sí con mucho respeto, yo pienso que esa barrera se viene abajo de inmediato.
Otro aspecto esencial, usted que ha vivido de cerca este proceso y en el que está usted inmiscuida de una u otra manera, si pudiéramos hablar de augurios, ¿cuál sería el suyo sobre este proceso de reforma en Veracruz?
¡Híjole! Pues mi augurio para el proceso de reforma es que se oiga todo, que se piense en todo lo que se oye y que se tome en cuenta a todo el mundo.
También se habla en este proceso de la voluntad política. Seguimos apostando a la voluntad política de! gobierno o de los otros interlocutores políticos para que la reforma pueda concretarse, ¿usted cree que haya voluntad política y una creencia real en el proceso de cambio por parte de las instancias que de alguna u otra manera la tienen que impulsar y avalar como son el gobierno, como son los partidos políticos?
Yo pienso que existe no solamente en pensamiento sino que de hecho yo estoy convencida de que existe una voluntad no tan solo a nivel político sino a nivel popular, con empresarios, con periodistas, con intelectuales, con gente del pueblo. Todos tenemos un consenso no escrito de que debemos de cambiar porque mientras no cambiemos vamos a retroceder y ya no podemos repetirlo.
¿Qué nos faltaría por hacer todavía?
Pues yo pienso que hechos. No tanto hablar y decir, sino más o menos saber a ciencia cierta qué es lo que nos hace falta y ¡manos a la obra!
Todo proceso de transición política implica un ajuste de los mecanismos de relación social, especialmente aquéllos que, por su alcance y radio de acción, abarcan todos los espacios esenciales para explicar la naturaleza que asume esa relación y los roles de los distintos actores sociales.
Buena parte de esos mecanismos se activa con la intermediación de los aparatos de difusión de masas, pero el soporte principal de las relaciones sociales se encuentra en el nivel micro, donde se definen los rasgos dominantes, los valores, las perspectivas de análisis, los criterios y la visión del mundo que manifiestan los grupos sociales y que, en términos generales, encuentran un refuerzo en los contenidos de los medios. En esta definición intervienen, de igual forma, otros aparatos de hegemonía (iglesia, partidos políticos, sindicatos, sistema escolar, familia, etc.) aunque el peso fundamental, por lo que hace a la creación de los soportes culturales del Estado contemporáneo, lo tienen los medios de comunicación.
Por lo mismo, debe considerarse prioritario el análisis de los medios, para entender las circunstancias en que ocurre la transición mexicana, sus características propias, sus alcances y su dinámica. Pero también vale la pena repasar, aunque sea sonoramente y en acercamiento primario, las modalidades de la política de comunicación social del Estado mexicano, así sea para identificar la virtual contraparte de la apertura que actualmente se verifica en los medios, dada la resistencia de algunos sectores del aparato estatal (y de la clase gobernante en general) para abrir el cauce al libre flujo informativo.
En este trabajo, por lo tanto, se abordarán dos asuntos íntimamente relacionados: el papel de los medios en la transición y la política de comunicación social del Estado mexicano, más como una propuesta/provocación de elementos a considerar en el análisis, que como una conclusión definitiva.
Dice Raymundo Riva Palacio que los medios de comunicación en México son el otro dinosaurio. El calificativo no es gratuito, se lo ganaron a pulso (especialmente los electrónicos y, de ellos, en particular la televisión) mediante una práctica constante de cerrazón a las versiones de la realidad que fueran discordantes del discurso oficial. Aún cuando en este momento se advierte una apertura considerable en los medios de comunicación mexicanos, sobre todo en los impresos y ciertos espacios radiofónicos, sigue manifestándose una tendencia dominante a priorizar ciertos principios formales en el tratamiento de la información, mediante los cuales se aborda la realidad, más allá de la censura burda, de manera sesgada y parcial.
La recurrencia (en algunos casos no sólo generalizada, sino única) a la práctica periodística limitada a la información proveniente de entrevistas oficiales, sin contraste y sin investigación (ni siquiera de contexto), limita la versión de la realidad nacional que plantean los medios a las visiones interesadas de sus actores hegemónicos. Este aspecto del quehacer periodístico tiene que ver con su calidad profesional, pero también con las limitaciones impuestas por el aparato gubernamental en materia del derecho a la información, así como con una tradición de control central cuyas inercias no han desaparecido del todo, aún cuando cada día es más clara su obsolescencia.
Parte de la explicación de esta realidad comunicacional se localiza en las circunstancias económico-financieras de los medios y, por lo que hace a los electrónicos, en el régimen legal que los amenaza constantemente. Poco a poco, sin embargo, las grandes ataduras (el monopolio del papel, por ejemplo) que contenían la profesionalización del quehacer periodístico y la maduración de proyectos con una propuesta informativa crítica e independiente, han sido acotadas por el avance de una sociedad civil demandante de información (e incluso por la misma dinámica de la apertura comercial), no obstante lo cual permanecen intactos algunos de. los mecanismos más importantes de control y sujeción, sobre todo aquellos que se relacionan con el ejercicio presupuestal público y con la red de complicidades en la que muchos empresarios participan, y que permiten premiar a los medios dóciles y sancionar a los que no lo son. De esta lógica participa, igualmente, la aplicación de leyes y reglamentos que, tradicionalmente, no se usaban para normar la actividad empresarial asociada a la comunicación (IMSS, Infonavit, Hacienda, etc.). En los últimos meses hemos observado como, al amparo de esas normas discrecionalmente empleadas, algunos medios críticos son acosados y reprimidos, al tiempo que se empiezan a aplicar viejos y obsoletos códigos penales y civiles para arrinconar a los periodistas e, incluso, a sus fuentes.
Y es que, a diferencia de otros procesos de transición (como el español, el portugués, el griego y el chileno, por ejemplo) los parteaguas mexicanos no han sido definitivos y se ha alargado la coexistencia de dos realidades esencialmente contradictorias: una sociedad civil en ascenso y que logra la apertura de espacios de expresión a regañadientes, y un aparato estatal todavía dominado por un sector de la clase política que se resiste a abandonar sus privilegios y, con ellos, los mecanismos de control de, los que echó mano durante decenios para afianzar su poder. Uno de esos mecanismos (la cooptación) sigue vivo, actuante y firme y requiere de una vigilancia de los órganos legalmente dispuestos para tal fin (desde el poder legislativo, por ejemplo) y de sociedad civil, a través de los espacios que se construyan en ese sentido, como resultado de la ciudadanización de los organismos electorales, de la reglamentación específica del derecho a la información y otras medidas en las que se prevé la participación de la sociedad, más allá de las instancias de representación formal.
La pretensión de que los medios asuman un código de ética elaborado por ellos mismos, que refiere un nivel de civilidad todavía lejano en nuestra realidad nacional, topa con esos mecanismos esbozados arriba y, sobre todo, con una cultura de la legalidad que, para todo efecto práctico, es insuficiente aún cuando parece existir, como demanda y conditio sine qua non, en las bases mismas del proceso de transición.
Exigir que los medios abandonen voluntariamente la comodidad del paternalismo gubernamental, con todos los privilegios legales y económicos que éste conlleva, no sólo parece ingenuo, sino impráctico. Dado el nivel de los intereses puestos en juego, todo parece indicar que la apertura podrá consolidarse y ampliarse sólo en la medida que exista una voluntad central de no intervenir sobre la suerte que deben correr los medios, a partir de su oferta informativa a la sociedad. En su defecto, esto será posible si el avance de la sociedad civil alcanza hasta la instauración de normas y mecanismos objetivos y suficientes para acotar la discrecionalidad gubernamental en su trato con lo medios y, particularmente, en el uso de los recursos públicos destinados a la comunicación social, todo lo cual tendría que pasar por el establecimiento de instancias legales ajenas al poder ejecutivo, capaces de conocer y resolver asuntos de esta materia y que, por razones de elemental lógica, tendrían que estarconformadas, cuando menos en parte, por ciudadanos y representantes de los medios.
De otra forma, la transición democrática permanecería, como hasta ahora, a expensas de la mayor o menor voluntad del régimen para asumir sus responsabilidades y permitir el libre flujo informativo, o la mayor o menor capacidad, de los medios (especialmente sus dueños) para resistir el acoso permanente a su actividad. Y la historia mexicana nos demuestra que, en ambos casos, la voluntad no va precisamente en ese sentido.
Considerada actualmente como una de las prácticas profesionales en transición, la comunicación social se convirtió, desde la década de los setenta, en un mecanismo de soluciones a problemas apenas sentidos, no elaborados o no reconstruidos a partir de la investigación científica, que la hizo derivar a un conjunto de procedimientos y normas que, con el tiempo, devinieron esquema rígido.
El sector público en México, con mucho mayor énfasis que el privado, acogió el esquema comunicacional de manera acrítica y, en función de resultados que se mostraban sorprendentes en otras latitudes, incorporó las prácticas de comunicación social no sólo a su organigrama, sino a su propia concepción del quehacer político. Las relaciones entre la sociedad y el Estado (sociedad civil y sociedad política) se pretendieron mediar a partir de una perspectiva del control discursivo y de su normalización.
El orden, la centralización, el control, valores que permean en el trasfondo de los propósitos del Estado al apuntalar sus aparatos de comunicación social, son cubiertos bajo un manto de teorización que, en la práctica y con el paso del tiempo, dejó en claro su debilidad, si bien los resultados están todavía por evaluarse, dado el doble registro (discurso-hechos) que le impone el Estado a su quehacer político.
El esquema original (manejo de imagen, definición central de políticas de comunicación, legitimación en el discurso, dirección intencionada de la opinión pública, sistema de censura en varios sentidos y niveles, promoción de líneas, uso de espacios públicos y privados de manera indiferenciada, prioridad a los medios de masas, sobrevaloración de los esquemas propagandísticos, cooptación de profesionales críticos, represión, etc.) encontró asidero en el reciclaje propio de los estados en proceso de desgaste: las mentiras, la superficialidad... el punto de vista oficial recibió tan abundante difusión y tan enfático apoyo, que terminó por convencer a sus propios autores, desprovistos de e incapaces de concebir un mecanismo —interno o externo— que les advierta de la necesidad de evaluar objetivamente (en forma crítica) los resultados de su quehacer.
Si algo lo alimenta, el esquema operativo y conceptual de los aparatos oficiales de comunicación proviene de dos fuentes, aparentemente contradictorias, que en la práctica se han manifestado complementarias, por lo menos para efectos del sistema político mexicano en general: por un lado, el modelo norteamericano de marketing que combina publicidad y propaganda bajo el sustento técnico de la investigación de mercados, los sondeos de opinión, los análisis de contenido, etc.; es decir, en apretado resumen: los métodos cuantitativos de la Sociología funcionalista y la Psicología conductista. Por el otro, la peor de las tradiciones periodísticas mexicanas, verificado en prácticas de corrupción y solapamiento, que lejos de desaparecer al influjo de la adopción (o más bien, por ser ésta acrítica) de los modelos de comunicación elaborados para otra realidad, se fortalecieron al hacerse evidente su utilidad inmediata. Después de todo, cuando una administración trabaja en la cortedad de miras de un sexenio, no tiene por qué cuidar más allá de su propia imagen, sobre todo cuando se cuenta con la complicidad natural del relevo.
En este sentido, frente al fracaso de muchos programas de comunicación, especialmente los dirigidos a contrarrestar "malas imágenes" en el exterior o el avance de la oposición, a nadie se le ha ocurrido preguntar si, fuera del esquema de comunicación empleado, algo más anda mal en el Estado y sus aparatos. En este orden de ideas, la sobrevaloración de técnicas propagandísticas y publicitarias (que se entienden en el contexto de una teorización superficial y, por sus principios, mecanicista: estímulo-respuesta/mensaje-efectos) ha llevado a la exageración en los análisis que evalúan todos los resultados de una gestión gubernamental, a partir de la cantidad de información reportada en los medios y, peor aún, en la tendencia mayoritaria de esa información, como si la opinión pública pudiera realmente moldearse a discreción.
Pero sería impreciso reducir el complejo ámbito de la comunicación social a la relación gobierno-medios-opinión pública. Si bien esta trilogía representa la parte central de las políticas gubernamentales de comunicación, no es el único espacio profesional existente en ellas y ni siquiera su lógica (casi siempre verticalista) impera en las demás prácticas comunicacionales que se advierten en el sector público, desde la simple información para la toma de decisiones (guías, difusión de normas, carteleras, prontuarios, etc.) hasta los esfuerzos francos de comunicación educativa, pasando por la extensión y la difusión de la cultura, entre otras.
Por lo mismo, analizar estas formas no dominantes de comunicación y priorizar su uso, no sólo aparece como un deber profesional, sino también político, en la medida que contribuiría a profundizar el proceso de transición que sufre el Estado mexicano, proceso que pasa por el esclarecimiento de las funciones que cumple la comunicación social y, sobre todo, por la modificación radical de los criterios y valores que han imperado, hasta la fecha, en este ámbito. Sin embargo, a partir del reconocimiento de las resistencias que oponen al cambio diversos sectores del aparato estatal, es menester poner énfasis en la necesidad de aterrizar y concretar el derecho constitucional a la información, que desde su incorporación al cuerpo normativo máximo del país, no ha encontrado oportunidad política para ser reglamentado específicamente. El discurso oficial al respecto, con ligeras variantes, identifica tramposamente este derecho como una extensión de la libertad de expresión, por lo que asume como riesgo (recuérdese a López Portillo: "que los pares arreglen los problemas entre pares") su reglamentación, suponiendo que acotaría a aquélla.
Discusiones aparte, el derecho a la información es de la sociedad, por lo que implica una obligación gubernamental de poner a disposición de quien la reclame, toda la información relacionada con asuntos de interés público. Este es el verdadero problema: beneficiaría de una historia larga y oscura de autoritarismo, la clase gobernante se ha resistido a dar los pasos legales necesarios para garantizar que su quehacer público pueda ser sujeto a escrutinio social. Si se reconoce como sujeto del derecho a la información a la sociedad misma, la contradicción con el derecho a la libre expresión de las ideas se reduce a su justa dimensión: no existe en la medida que el Estado es garante de ambos derechos, en un caso como entidad vigilante y mediadora, en otro como objeto referencial, obligado legalmente a guardar, clasificar y poner a disposición los documentos que informan sobre todo lo que realiza, de acuerdo a una normatividad expresa y aplicable indistintamente.
La transición política mexicana no podrá avanzar más allá de lo que ha ocurrido hasta ahora, mientras el aparato gubernamental tenga un ámbito de dis-crecionalidad para informar sobre sus decisiones y acciones. Los medios críticos han incidido sobre esta realidad, pero la mayoría de las ocasiones en base a filtraciones interesadas que, en los momentos críticos, alientan la confusión y propician la aparición de rumores, en lugar de agregar luces sobre la situación nacional. Si bien es considerable el avance que los medios han logrado en esta etapa de la vida política, siempre será indispensable que el quehacer periodístico se normalice y no dependa de la buena o mala voluntad de algunos sectores gubernamentales para soltar información. Para ello se requieren reglas claras y, sobre todo, voluntad para aplicarlas y acatarlas o, en su defecto, mecanismos para imponerlas.
Nota.- Este trabajo fue elaborado antes de que, sin consenso partidista, se aprobaran las reformas al COFIPE. Algunas consideraciones del texto tendrían que analizarse a la luz de esta nueva realidad que, en los hechos, significa un retorno a las viejas prácticas autoritarias del PRI, que en este caso pasaron por alto casi dos años de pláticas y negociaciones, así como la misma voluntad del Ejecutivo Federal de incorporar, vía la iniciativa de ley respectiva, la mayoría de las propuestas originadas en las demandas de la oposición. Por lo pronto, el control de los medios de comunicación seguirá siendo un riesgo para el impulso a la transición democrática, por lo que puede concluirse, en una primera aproximación, que en este terreno no hubo avances, lo que en la práctica significa un virtual retroceso.
* José Luis Cerdán Díaz. (Córdoba, Ven, 1954) Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación (U.V.) con maestría en Sociología (UNAM) y especialidad en Investigación y Planeación de Proyectos de Comunicación (CIESPAL). Editoríalista en diversos medios. Actualmente es secretario académico y maestro de tiempo completo de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, U.V.
Desde siempre, desde muy lejos y hace tiempo, los seres humanos hemos vivido entre la dimensión del ejercicio concreto de expresar lo que sentimos y pensamos y la dimensión del hasta dónde. Metidos en este forcejeo, que en no pocas ocasiones ha devenido enfrentamiento realmente existente entre los ciudadanos y el poder, la libertad de expresión se ha visto sujeta a variopintas situaciones, debates y agresiones, lo que no deja de lado el que sus practicantes han rebasado también algunas consideraciones generales, obvias y elementales, necesarias para la vida en sociedad. Claro que en un ajuste de cuentas el marcador le es desfavorable a los gobernantes, Y si, como afirma una máxima popular, la libertad de expresión es de quien la trabaja cotidianamente, la libertad de ésta, de la tal libertad de expresión que le decimos, ha sido la de una práctica tozuda y respondona frente a los embates de virreyes, caciques y funcionarios. Pero seamos justos en la hora de los justos: muchos abusos de la susodicha libertad de expresión se han cometido y se cometen de este lado, desde la orilla en que estamos quienes hacemos uso de ella. Aunque, no sobra nunca la insistencia, en el score final salgamos ganando. Queden aquí estos datos del paisaje provisionalmente, a la espera de lo que pueda ser más adelante.
Si atendemos y estamos de acuerdo con Jaime López no hay duda entonces: "los viejos tiempos fueron los nuevos tiempos y los nuevos tiempos serán los viejos tiempos". Y en esta otra dimensión de los que aquí nos ocupa cabe la relación entre los seres humanos y las máquinas, entre el hombre y la tecnología. Una historia plagada de creaciones, asimilaciones, dominios, recreaciones y superaciones. Una coexistencia tirante con vías de acceso y caminos cerrados, con posibilidades de uso de las máquinas (la ciencia y la tecnología como bienes sociales) y con restricciones ( la concentración del saber y su utilización como elemento de control y patrimonio de unos cuantos que son, por cierto y por desgracia, muy pocos). Así la revolución industrial inaugura la posibilidad de la producción en serie y también inventa un nuevo ser social: el obrero; acto seguido arrincona al productor pieza por pieza: el artesano. Tal ha sido, lógica y hasta ahora inevitablemente, la vida diaria en la dimensión que venimos abordando: un constante roce entre "lo viejo" y "lo nuevo". Pero más allá de lo anterior, o mejor aún como precedente, está la relación que establecemos individualmente con la máquina, la asimilación de lo elemental para su uso luego de su creación, el dominio de la misma y su superación por otra "más nueva". En este periplo cada máquina ha ido creando sus propios usuarios (los ha inventado para sí misma), al igual que Edgard Alian Poe inventó la narrativa policial cuando escribió Los crímenes de la calle Morgue y ahí mismo creó al lector de ella, que hasta entonces no existía como tal. La obra de Poe es hoy la piedra de toque de un género que se ha ido redefiniendo en el tiempo, como las tecnologías que en su tiempo fueron "nuevas" se volvieron "viejas" frente a otras que ahora llamamos "nuevas" y que en breve o en mucho tiempo, serán por supuesto "viejas". Al fin y al cabo, como afirmó de manera contundente un filósofo alemán hoy muy poco citado: "todo lo sólido se desvanece en el aire". Los vasos comunicantes entre las certezas del alemán y el López oriundo de Puerto Bagdad ahí están, viendo pasar el tiempo, apostando y a la espera de lo que sigue.
Cuando el diario Reforma publicó las conversaciones telefónicas sostenidas entre José María Córdoba Montoya y Marcela Bondestendt, se abrió la más reciente polémica acerca del ejercicio de la libertad de expresión y sus alcances, sus límites, el hasta dónde, la demarcación de lo que es vida pública y vida privada, los deslindes entre el derecho y la obligación, las fronteras entre la legalidad y el delito. Independientemente de que, a los ojos de todos, el vigilante resultó vigilado (una suerte de big brother que se mordió la cola), la salida al terreno de lo público de algo estrictamente privado volvió a convocar ia eterna disyuntiva: qué es lo que se permite y qué es lo que se prohibe. Cómo hacerle para articular las piezas de este rompecabezas sin que se abuse de una u otra parte, esa es ia cuestión. Porque desde las diversas instancias, instituciones, sectores sociales e individuos se generan transgresiones al derecho "del otro", que deben enmarcarse en reglas generales, las cuales, para mal de todos, a veces se quedan atrás de lo que el tiempo histórico exige, además del manoseo que de ellas hacen quienes son los responsables de su aplicación. Hasta aquí, el eterno retorno de la discusión acerca de la relación y deslinde en torno a conceptos y prácticas sociales como libertad de expresión y reglamentación de la misma. La muerte de Francois Mitterand fue no sólo un duro golpe para la política francesa, que se vio a sí misma huérfana ante la desaparición del último estadista que podríamos llamar clásico (si es que esta palabra nos significa algo todavía), sino fue también la apertura de una grieta en la cultura, en la jurisprudencia y en la vida diaria de un pueblo que se autoerigió como el generador de la triada conceptual que articula nuestra modernidad (la libertad, la fraternidad y la igualdad), ello a causa de la publicación de un libro, donde el médico de cabecera del político fallecido daba cuenta de las entrañas, de los entretelones, del lado oscuro de un enfermo que, como todos, pierde capital simbólico al estar inmerso en los terrenos del dolor, del miedo, del recelo, del desmoronamiento y todo aquello que significa darse de cara con la muerte inminente. De entrada, el cuestionamiento se dio alrededor de lo que posiblemente sea el eje nodal que debiera guiar lo que aquí venimos comentando: la ética, el compromiso de uno mismo como ser humano, como ser social que cumple un oficio en pro de hacer el bien a los demás, a "el otro" pues. Enseguida, a petición de parte, se produjo la discusión sobre la libertad de expresión, la cual, en esta ocasión, fue resuelta con un fallo nunca antes visto: la prohibición de que el libro circulara. La discusión arreció por la publicación de unas fotografías de Mitterand ya muerto y en su recámara, enfrentándose de nuevo los argumentos que hablaban del interés periodístico, de la libertad de expresión y del derecho a la privacidad. Luego, en el ahora, todo lo anterior se vio superado porque la prohibición de circulación del libro y el rechazo de la sociedad a París Match por haber publicado las fotografías no fueron suficientes, dado que de inmediato texto e imágenes fueron subidas y puestas a circular en la red de redes, en el ciberespacoo. En este momento podemos accesar y conocerlos vía Internet. Andamos entonces ya navegando en una carretera de dos carriles separadas por una tenue línea: por un lado circula la libertad de expresión como conquista histórica y, por el otro, la jurisprudencia que intenta lidiar con un ente (las tecnologías informáticas) para el cual le faltan tamaños.
La libertad de expresión, señaló el cronista, es esa franja muy débil en donde coinciden los intereses de la sociedad civil y el gobierno: una ejerce ia crítica del otro y éste la tolera, porque de no hacerlo podría verse privado de información que le es vital para rearticular sus estrategias y que no puede obtener de quienes están bajo su control. Ambas partes se conjugan asi en un todo y en este escenario actuamos, caminando en el filo de la navaja, con el peligro de caer y hacerlo del "lado salvaje" (como dijera un contador de historias newyorquinas). Tanto en el caso Córdoba como en el caso Mitterand se manifiestan en juego tres elementos ya citados en estas líneas: la libertad de expresión y la jurisprudencia en torno a ella en los precoces tiempos del Blade Runner, bajo las directrices que marcan las "nuevas tecnologías". Otra vez se presenta la añeja (¿centenaria, milenaria?) preocupación, y su debate, entre vida privada y vida pública. Dónde empieza una y termina la otra, y viceversa, cuando el intruso (la pantalla del televisor o la computadora) están metidos en la intimidad ya no de nuestras recámaras, sino en el de nuestras camas.
Alguien dijo, y si no lo dijo debió haberlo dicho, que toda ley se agota ante la capacidad de imaginación de los hombres para darle la vuelta. Tal cosa es irremediablemente cierta ante la emergencia de los "cibernautas", quienes colocan todo tipo de mensajes en el espacio, para que todo tipo de usuarios tenga acceso a esos productos. Qué hacer ante la circulación de pornografía, por ejemplo; seguro estoy de que no lo que han hecho los gringos y los alemanes censurando a las redes informáticas, ya que no se puede comprender ni atender "lo nuevo" con leyes jurásicas (porqué no dejarle la responsabilidad al ciudadano para que él decida qué ve y lee); ante la creación de estupideces como la apertura de home pages, donde está contenida la suma total de las banalidades que el mundo actual produce; ante la circulación de lo que no es posible circule por los medios usuales y sí por las autopistas de la información. Aventurémonos en el movedizo campo de las posibilidades:
La ciencia, la tecnología y sus aplicaciones son el resultado del conocimiento humano y su desarrollo, es la inteligencia puesta en práctica como producto de la cultura. Las leyes y su aplicación obedecen a lo mismo y a la necesidad de vivir en paz. Las libertades son consustanciales al ser humano. Y todo ello debe conjugarse en algo que las interrelacione y contribuya a que el tejido social sea más sano. El reto está en cómo hacerle. Creo, echando la humildad por delante, que posiblemente podríamos intentarle por el lado de la democracia, de la comunión, de la tolerancia, del respeto a "el otro" para respetarnos a nosotros mismos. Se trata, como bien lo dijera recientemente Gilles Lipovetsky, "...de dar la pelea desde otro flanco, poner a la inteligencia en función de la ética". Y en este fin de siglo y milenio es penoso decirlo, pero andamos un mucho carentes de ésta.
* Arturo García Niño. (Distrito Federal; 1954), comunicólogo. Desde 1994 es director de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación (U.V.), y en la actualidad forma parte del Consejo Técnico Consultivo de la Consulta Estatal para la Reforma Democrática.
Abogado brillante, con más de 50 años de bregar en la política veracruana, Pericles Namorado Urrutia, actual líder de la mayoría priísta en la LVII Legislatura local, define que para él, más que una transición, la realidad actual del país se inscribe en "un proceso de avance gradual de la democracia". Sostiene que un factor que retrasó nuestra evolución política ha sido la atribución de facultades metaconstitucionales a los titulares del Poder Ejecutivo a nivel federal y estatal, realidad que hasta ahora pretende modificarse con la reforma política. Oriundo del puerto de Tuxpan, e iniciado en la política bajo los auspicios del exgobernador Fernando López Arias, quien lo impulsó a buscar la alcaldía en su tierra natal, Pericles Namorado ha sido testigo del devenir político de Veracruz en el medio siglo reciente, reconoce que hay sectores políticos que aferrados al pasado se oponen a la transformación política del estado y la nación. Es más, hombre franco y político honesto, reconoce abiertamente que "en mi propio partido se dan esas situaciones, no quieren evolucionar, no quieren entender una cosa: que si estamos hablando de democracia hacia afuera, tenemos que fomentarla hacia adentro". Optimista irredento, según se autodefine, el exprocurador y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado considera que la oposición es una fuerza política indispensable para evitar caer en la tentación del autoritarismo, y convoca a los interlocutores políticos de Veracruz a buscar más los puntos de coincidencia que acentuar las diferencias, para impulsar el proceso de cambio en la entidad. Para él no hay duda: la transición en México y Veracruz está caminando.
¿Licenciado, con su amplia experiencia política, cómo percibe el proceso de transición democrática que se afirma vive Veracruz y México?
En toda ciencia social o físico-matemática; en todo oficio hay un lenguaje especial que se utiliza para el desempeño de sus propósitos, para el desarrollo de sus actividades. El carpintero habla de garlopa, de sierra de cinta; el herrero habla del yunque; los abogados hablamos de sentencias interlocutorias, de recursos de amparo. En la ciencia política también hay conceptos que, por desgracia, se desnaturalizan o al paso del tiempo se les da otra significación. Esto es precisamente lo que ha sucedido con el término de transición democrática.
En la ciencia política el concepto transición democrática aparece en una obra publicada en 1970 por Dankwart Roustow, titulada "Transitions to Democracy, a dinamic model" (Transiciones a la democracia, un modelo dinámico), un enfoque elemental en el que se planteó el estudio sobre qué requisitos eran obligados para que un régimen de gobierno que no era democrático pasara a la democracia. El hablaba en primer lugar de ciertos ingredientes como la base para la transición: sentimientos de unidad nacional, conciencia de que había conflictos sociales que necesitaban ser resueltos; voluntad de avanzar hacia otro sistema que pudiera ser mejor, ese es el origen de la famosa transición democrática.
Mucho tiempo después, hacia 1981, aparece otro libro en el cual se examina lo que estaba ocurriendo en el sur de Europa y en los países latinoamericanos y donde se aplica el concepto de transición democrática. La teoría no se detuvo y hacia 1985 ya se construyen otro tipo de paradigmas y se acota el concepto de estado autoritario frente a estado demoliberal, demócrata liberal.
¿Qué debemos entender por autoritarismo?. De acuerdo al diccionario político de Norberto Bobio, él refiere el autoritarismo como un régimen de gobierno, una ideología, a un propósito práctico de desarrollo económico. Aquí interesaría el primer concepto; autoritarismo es todo aquello que es contrario a un estado de derecho; un régimen autoritario es aquél en el que no hay elecciones, en dónde no hay partidos políticos, en el que la libertad de expresión o de reunión está mediatizada o limitada; todos estos conceptos de orden teórico se enfocaron fundamentalmente a lo que estaba ocurriendo en España, al paso del franquismo, a la monarquía constitucional del rey todavía actual, y lo que estaba pasando en América Latina con los regímenes militares que se les conocía como los gorilas sudamericanos.
Para los cultores de la ciencia política, México nunca ha sido un modelo de país en transición. Es evidente que nuestra democracia ha sido imperfecta, que todavía lo es, pero que es perfectible. Nosotros hemos tenido elecciones, aunque hayan sido organizadas por el gobierno; hemos tenido partidos políticos aunque hasta ahora no hubiesen respondido a la definición estricta que la ciencia política marca. Es por eso que yo no hablo de transición democrática cuando hago uso de la palabra, prefiero referirme a avances graduales en la democracia. ¿Por qué? Porque con todos los defectos que podamos imputarle a nuestro régimen jurídico, político, social, hemos tenido democracia, a veces disfrazada de dictablanda en contraposición a dictadura, con muchos defectos, siendo el mayor que por obsecuencia se le dio al poder ejecutivo, lo mismo al federal que al local, una serie de facultades que Jorge Carpizo denominó metaconstitucionales.
Esto tiene diversas explicaciones, algunas de orden práctico, zorruno, socarrón si así se quiere expresar. Yo soy diputado, quiero hacer carrera política, ¡cómo me voy a oponer al Presidente de la República!. ¡No! ¡Lo que diga el Presidente de la República! Si es de día pero él dice que es de noche, "¡Sí señor presidente, como usted diga!" Hasta la expresión "¡Señor Presidente!". Eso es lo que ha retrasado nuestra evolución política y es en lo que ahora estamos empeñados en eliminar para que se restituya el equilibrio de los poderes.
Cierto, a veces la puridad de los conceptos como el significado de las palabras va cambiando en el uso diario; las palabras son como las piedras que ruedan en el camino y van afilando sus aristas y después ya no se reconocen ni cómo fueron. Yo daría un ejemplo: "carisma". "Fulano de tal tiene carisma" ¿Qué cosa es carisma? Carisma es un término creado por Max Weber para definir la dominación de un ser excepcional sobre los demás, característica ajena a cualquier impacto burocrático y sobre todo a cualquier imperiode carácter castrense. Fíjate lo que es carisma, y en la actualidad es un término que quiere decir simpatía, gracia, donaire: "¡qué carisma tiene esa criatura!".
Bueno eso es lo que está pasando con la palabra de transición. He tratado de responder a la pregunta en la puridad conceptual de lo que significa transición. Yo celebro el propósito de tener un órgano de esta naturaleza. Yo creo en las bondades de la pluralidad política porque nadie tiene el depósito de la verdad, todo es relativo. Del debate nace la luz. Además, si todos pensáramos igual estaríamos negando cualquier tendencia hacia la democracia e iríamos hacia el autoritarismo. En consecuencia, más halla de puridades conceptuales, el propósito de ustedes me parece digno de elogio y lo digo sinceramente.
¿La transición democrática que se perfila en Veracruz, qué tanto es realidad, y qué tanto es un mecanismo de propaganda política?
Yo sí creo que es un propósito serio, que sí hay voluntad política de avanzar. A veces desespera que los avances no sean tan rápidos como se quisiera, pero estoy cierto de que sí hay una decisión política. Si yo afirmo que no tengo línea del gobernador porque nunca me ha ofendido ni exigiéndome que me comporte de tal manera como líder de la mayoría parlamentaria, no me lo creen. ¿Por qué? Porque se arrastra el concepto de que siempre el gobernador le decía al líder de la Cámara: "Tú vas hacer esto, tú vas hacer esto otro". Yo respeto mucho al gobernador; más lo respeto porque me respeta.
Entonces yo soy testigo de que los espacios se van abriendo; el poder legislativo es autónomo ya, maneja su propio presupuesto, lo que no ocurría; ahora los diputados tenemos ya el derecho de reformar la Constitución, de formular iniciativas de ley. Yo, en lo particular, ya he mandado tres proyectos de ley. Aquí hay algo que es muy importante destacar: se habla de división de poderes, en puridad debe hablarse de división de funciones, porque en un estado democrático y soberano el poder es uno, no son tres poderes, son tres funciones. Y las funciones a mi entender deben ser coordinadas no suprardinadas, y menos subordinadas, pero sí tienen que conciliarse los puntos de vista del poder, representado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
¿Qué resistencia, a su juicio, hay que vencer todavía para avanzar en la transición?
Hay mucha gente que se quedó en el pasado, y ello no es cosa de edad porque yo soy un hombre que estoy en el último tramo de mi vida, pero quizás porque siempre he tenido relación, contacto estrecho con los jóvenes, en la cátedra, en la política, que me permitía invitarlos a la participación política, bueno, quizás por eso yo no me haya anquilosado y sienta que hay formas de avanzar.
Tal vez parecerá una jactancia, pero fui el primer autor del primer proyecto de Ley Orgánica del Congreso de la Unión; el Congreso tenía un reglamento, un reglamento viejo que por aquí lo tengo en una fotocopia, y yo hice el primer proyecto de Ley Orgánica. Y, ¿sabes?, ahí propuse por primera vez la creación de la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política y traté de restar autoritarismo a la famosa Gran Comisión de la Cámara. No prosperó, me apartaron. Recibí en aquella ocasión más elogios de la oposición que de mis propios compañeros. Entonces, hay gente que se ha quedado en el pasado, que piensan que las cosas deben de seguir haciéndose de la misma manera. En mi propio partido se dan esa situaciones, no quieren evolucionar, no quieren entender una cosa: que si estamos hablando de democracia hacia fuera, tenemos que fomentar la democracia adentro.
¿En qué aspectos de la vida local es más urgente impulsar el cambio?
Lo fundamental es el marco jurídico, porque en un estado de derecho tiene que definirse perfectamente aquello que la autoridad está legitimada para hacer; en función de un principio jurídico, en el estado de derecho las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y los particulares podemos hacer lo que la ley no nos prohibe, por eso es que estamos empezando por la reforma constitucional que es la ley fundamental, pero de ahí tienen que venir otras reformas a la Constitución y te voy a mencionar sólo una: tienen que haber más periodos de sesiones ordinarias en la Cámara. No es posible tener un periodo de sesiones, lo que nos obliga a precipitarnos en la tarea de legislar. Otro ejemplo: tenemos que modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre, tenemos que modificar las leyes hacendarías, las leyes fiscales. Otro esfuerzo que hemos hecho es en la elaboración del nuevo Código Civil de Veracruz, que ya está en manos de una comisión redactora.
Insisto: es el marco jurídico el primero que tiene que modernizarse, porque es el asiento y fundamento del Estado, y, luego, que la conducta de los seres humanos sea de auténtico respeto al derecho.
Un aspecto importante para concretar la transición es la participación de la sociedad civil. ¿Cómo evalúa la presencia de los ciudadanos en este proceso?
Yo estuve en las mesas de sesiones de consulta pública referente al poder legislativo y sí vi participar a la sociedad. Cierto que pudo haber sido una participación más amplia, que pudieron haber concurrido otros organismos sociales. ¿Por qué no asistieron?, nos preguntamos. Tal vez como resultado del desencanto. "¿Para qué?", cuestiona la sociedad, "no tiene caso, ya las cosas están hechas". Esa resistencia social a la modernidad y ese apego al pasado por falta de entusiasmo o ausencia de convicción, por nula disposición o voluntad para participar en las cosas, sin embargo yo sostengo que sí hubo participación, no toda, hay que reconocer, la que se hubiese querido. La participación convertida en número registra casi 3 mil ponentes en los distintos foros que contempló la Consulta Pública en todos sus ámbitos.
¿Cuál es su pronóstico sobre la transición en México?
Yo soy un optimista irredento. Tenemos que avanzar positivamente. Yo creo que, con todos los defectos que podamos tener los mexicanos, nos vértebra el propósito común de que el país no se nos vaya entre las manos.
¿Qué llamado haría usted a los interlocutores políticos que participan en este proceso?
En primer lugar que actuemos de buena fe, con voluntad definida para avanzar. Que no nos conturbemos ante accidentes que a veces le bajan a uno la guardia. Hay que tener el ánimo, la voluntad acerada para seguir adelante, y algo que siempre digo: que la oposición realmente se sensibilice de lo que debe ser la oposición. La oposición es necesaria, indispensable. Los sociólogos, los primeros cultores de la sociología genética, hablaban por ejemplo del concepto de sinergia o acción mutua y recíproca de energías. Y, ¿qué es la sinergia? La fuerza que entre contra otra fuerza que se opone y resiste, de lo contrario la fuerza se va en el vacío y se pierde. En cambio, si encuentras resistencia, viene la organización; "todo lo que se sinergiza se organiza", dice un principio de sociología. Por eso es indispensable la oposición. Pero la oposición debe tener conciencia de que debe buscar más los puntos de coincidencia para impulsar el cambio que acentuar las diferencias, y veo con satisfacción que se avanza en ello. La reforma a los artículos 130 y 131 de la Constitución local es un buen ejemplo de que la oposición y el partido en el gobierno pueden avanzar juntos. Esa es la prueba. Y como soy un optimista irredento, creo que la transición en el país y en nuestro estado está caminando.
Para el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, César Leal Ángulo, el proceso de transición se inscribe en el movimiento mundial de reforma que pretende impulsar a la sociedad como la protagonista, por encima del gobierno, del cambio político. Argumenta el diputado federal que el creciente avance electoral de su partido se debe precisamente a que Acción Nacional está diseñado para embonar en esa corriente de transformación de las relaciones entre el poder y la sociedad. Originario del estado de Sinaloa pero con 23 años de residencia en Veracruz, el dirigente estatal panista señala que la principal resistencia a vencer en el proceso de transición está representada paradójicamente por las capas sociales más desposeídas cultural y económicamente, las cuales constituyen hoy el principal mercado electoral del PRI. Ingeniero químico de profesión y con más de 30 años dedicado a la política, Leal Ángulo considera fundamentalísimo el papel de la prensa en el proceso de transformación nacional y local y advierte que "de no operarse un cambio sustancial en los medios de comunicación en favor de la transición, ésta va a ser muy larga y difícil". Finalmente, resume en cinco palabras el futuro de la transición en México y Veracruz: "el triunfo de la oposición".
¿Cómo concibe el PAN la transición política?
En México se está dando un proceso de transición similar al que se dio en todo el mundo, similar al que se produjo en Francia, Alemania, Japón, en el Congreso de Estados Unidos; estamos inmersos en un proceso en el que partidos de Estado han quedado obsoletos, en el que el PAN, si se quiere por suerte, predica desde hace muchos anos "un gobierno chico, con una sociedad grande" y en este sentido el partido va adelante en la reforma. Nosotros creemos que el problema fundamental que tiene el PRI no es su tradicional deshonestidad, ni su querella interna tan violenta o su sexenio de Salinas; el problema esencial del PRI es que un partido conceptual mente obsoleto en la relación de fuerzas modernas que prevalece en la actualidad.
Nosotros consideramos que México no ha escapado a este fenómeno mundial. El PAN entra porque corresponde a los movimientos mundiales tendientes a disminuir o minimizar los gobiernos y dar fuerza a la sociedad. Nos preguntaríamos: ¿y el PRI puede hacer eso? No. Tendría que desaparecer como PRI. Estructuralmente no está diseñado para darle fuerza a la sociedad. El PAN es consecuencia de una tendencia social mexicana y mundial, y está diseñado para embonar en esa corriente de cambio.
El PRD enfrenta también problemas para adecuarse a los tiempos actuales. El PRD no podría nunca asumir una responsabilidad nacional en que la sociedad tuviera fuerza, porque su concepto, aunque en este momento lo niegue, es fundamentalmente marxista, su concepto filosófico básico es estatista. En este contexto, el PAN responde a una transición natural; es mucho más seria la responsabilidad que el partido tiene que lo que los mismos panistas se han percatado. Por eso la transición yo la concibo como la respuesta a una tendencia social en donde los partidos políticos tenemos que crear el tipo de servidores públicos que respondan a esa tendencia y el esqueleto de esquema de gobierno, pero no estamos descubriendo el cambio, éste se viene generando por inercia, y los actores políticos tenemos la obligación de corresponder en los hechos a esa nueva circunstancia.
¿En qué ámbitos de la realidad nacional considera que urge acelerar más la transición?.
El campo de México. Estoy usando términos clásicos de los políticos mexicanos al decir "el campo". Yo diría mejor "la tierra". Nadie puede negar que el mexicano, incluso el que vive en las grandes urbes, está profundamente ligado a la naturaleza de la tierra; el mexicano es un ser telúrico, ama la tierra, quiere a la tierra como si fuera una mujer y lo despegaron de la tierra; no la industria, la política. Me atrevo a afirmar que el ejido fue un error, desarticuló al campesino, ai hombre del campo, lo desligó, lo despegó de la tierra, y la tierra mexicana no produce.
El esquema actual del Gobierno no logra dar cómo hacer que el campo produzca. Pese a los esfuerzos en este sentido, que los hay, todavía supedita las soluciones a la problemática del agro, al control político; el control político tiene obsesionado a México,. lo tiene fuera de quicio.
El problema fundamental del país en este momento es la tierra. Casi 50 millones de hectáreas, de las cuales sólo están produciendo 20 millones y tenemos una fuerza campesina de 22 millones de mexicanos que dependen de la tierra; de éstos, 12 están emigrando a las grandes ciudades o los tienta la frontera norte.
¿La transición democrática, realidad o lema propagandístico ?
El sistema no habla de transición, el sistema maneja el término estabilidad. Los que hablamos de transición somos el PAN y el PRD. El PRI lo acaba de demostrar: el sistema no quiere reforma. Ellos filosóficamente afirman que estamos bien, que los acontecimientos recientes son un mero accidente. Los priístas y su gobierno no son capaces de aceptar que cometieron un error histórico porque sería negar su presente. Yo no creo que el sistema esté interesado en impulsar una transición; quienes hablamos de transición somos los partidos de oposición, que somos los que hemos impulsado los cambios.
¿Cuál es la resistencia a vencer?
El sistema mismo, la resistencia cultural. Todavía existen estratos sociales en México, que representan algo así como el 30 por ciento de los ciudadanos, que no leen la prensa, no ven la televisión, escasamente saben leer, que su estilo principal de la conducta ciudadana es la torta y la coca cola, viven en el campo, en los cinturones de miseria de las ciudades —salvo el caso de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que reaccionó—, y no tiene más móvil que su propia supervivencia. Y en estas esferas los partidos políticos de oposición no han logrado penetrar; con Neza, repito, como una notable excepción.
El PAN, los sitios donde se asienta en la mayoría de los casos, tienen ciertos niveles de cultura política y económica; el PRD más o menos ha logrado entrar a la esfera de los desposeídos, pero ésta continúa siendo el mercado de voto para el PRI, fácilmente manipulable y representa la resistencia más fuerte a una transición total. El opositor principal al cambio es, pues, la capa social desprotegida cultural y económicamente.
¿Cuál es su opinión de la sociedad civil y su participación en el proceso de cambio?
Aquí es donde yo afirmo que la prensa juega un papel fundamentalísimo. Yo, que creo ser uno de los políticos viejos y experimentados del PAN, expreso mi convencimiento de que la prensa es y será prioritaria para adelantar o retrasar la reforma política en México. Es necesario distinguir entre la prensa o medios de comunicación en general, como institución comercial de información y de propaganda, y entre la prensa institucional todavía muy ligada al sistema. Si los medios de comunicación no operan un cambio en favor de la transición, ésta va a ser muy larga, muy difícil, con muchas piedras que obstaculizarán el camino. Los medios de comunicación son muy importantes, nadie puede negar su peso. Si no logramos que la prensa se incorpore a este movimiento, no a un partido o postura en particular, sino al proceso global, vamos a sufrir mucho en México. Yo casi me atrevería a hacer responsables a los medios de comunicación de que la transición se retrase. La prensa tiene el deber de comprometerse con las causas del pueblo, y la reforma es un reclamo de la sociedad.
¿Cuál es el diagnóstico o evaluación sobre la transición en Veracruz?
No es definitivo el proceso. La sociedad se va a manifestar con la reforma o sin ella. Patricio Chirinos y su gobierno le han dado mucha importancia al proceso trasformador, como si éste fuera a ser el causante de la transición en Veracruz; puede ser el normado de un cambio pero no el detonador. El causante de toda la transición es el hambre, la desesperación, el desconcierto, la falta de credibilidad en las instituciones públicas. Lo que Patricio Chirinos está tratando de hacer es establecer un marco normativo, pero ello no ha forjado la intención de cambio, ésta proviene de la sociedad.
Patricio Chirinos no se parece mucho a Benito Juárez, pero lo está intentando. La reforma impulsada desde el gobierno, no es muy importante. La transición se va a dar con nuevas leyes o sin ellas. El PAN participa en este proceso como una obligación social y política; la transición política en Veracruz podría darse con el anterior marco jurídico, siempre y cuando éste se cumpla.
¿Qué futuro le augura el PAN a la transición en México?
La primera consecuencia: en el 2000 el PAN llegará a la Presidencia de la República; antes, Nuevo León, el Distrito Federal, Sinaloa y Sonora, probablemente, se pintarán de azul. Se va a desgranar la mazorca. Posiblemente el PRD vaya a adquirir áreas de poder regionales, conquiste muchas alcaldías, pocas diputaciones federales. Creo que los ciudadanos le tienen más fe al PAN en materia federal, pero una cosa es cierta: la baja del PRI va a ser brutal, dramática.
En Veracruz, esto también va a suceder y no va a ser el PAN o el PRD el que saque al PRI, va a ser la misma sociedad, la gente, que ahora mismo dice y repite: "esto ya no funciona".
En los próximos tres años se va a operar un cambio total en México. La transición va a ser implacable. ¿El futuro de la transición?, nos preguntamos. Yo tengo la respuesta: el triunfo de la oposición.