El combate decidido a la delincuencia, el destierro de la impunidad, la existencia de cuerpos policíacos profesionales y confiables que en verdad protejan a los ciudadanos y que no sean paradójicamente la causa de sus temores y de su propia inseguridad, ha sido, desde siempre, una exigencia social permanente, jamás satisfecha a plenitud.
Ahora mismo, los casos más recientes de los policías y comandantes de la Judicial y de Seguridad Pública del Estado inmiscuidos en asaltos, crímenes y hasta en la "venta de protección" a regenteadores de prostíbulos que funcionan a la vez como presuntos centros de distribución de droga, es una grave llamada de atención para instrumentar, de una buena vez, programas y políticas institucionales de seguridad que obtengan el pleno aval de la sociedad y que estén encauzados no sólo a dar una solución política coyuntural sino que constituyan en realidad los más sólidos cimientos transexenales para la efectiva moralización y dignificación de los cuerpos policíacos.
Se ha dicho -y el propio Ejecutivo estatal así lo ha llegado a considerar también-, que "un buen policía será siempre la mejor garantía para prevenir el delito". Y que si bien nadie puede proponerse erradicar de tajo todas las conductas antisociales, sin embargo lo que sí se puede hacer es prevenirlas, desalentarlas, atacando sus causas y, en su caso, sancionarlas siempre de acuerdo con la propia ley.
El hecho de que a la actual administración estatal sólo le resten menos de 20 meses en el poder, no es excusa para dejar de ir al fondo del problema otra vez.
Es por ello que en esta ocasión, las páginas de nuestra revista han sido dedicadas al debate acerca de este importante tema. En ellas se incluyen informes y programas oficiales de las autoridades encargadas de la prevención del delito, cuya concepción de la realidad y sus cifras, datos y estadísticas institucionales contrastan no sólo con la opinión de académicos y de defensores independientes de derechos humanos sino hasta de otros funcionarios estatales que, como el procurador general de Justicia del Estado Rodolfo Duarte Rivas, nos subraya que la adición al artículo 21 de nuestra Carta Magna no fue gratuita ni ociosa, "sino que parte del reconocimiento de que la seguridad y la justicia, al acumularse sobre ellas un rezago ancestral, viven su peor crisis, como parte de la crisis generalizada que hoy confronta el país, pero, también, por su propia razón y circunstancia".
El abogado porteño, exdiputado federal del PRI y exdirector Jurídico de la SEDUE y de la Secretaría de Gobernación, interpreta y sintetiza así dicha reforma:
"El texto de nuestra Ley Suprema otorga a la seguridad pública un concepto integral que va más allá de la sola actividad policial preventiva. Comprende lo que es investigación y persecución del delito, atención a la víctima, actividad de los tribunales al impartir justicia, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor. No podría ser de otra manera: los objetivos que encarnan dichas tareas no se logran sin un proyecto articulado e integral, que trascienda los afanes esporádicos y las micropolíticas espasmódicas y se concrete en acciones inmediatas, dada la gravedad del problema que se confronta, conforme a un programa de mediano y largo plazo que rebase vaivenes sexenales".