35 - Nueva Cultura Laboral

Mayo de 2001

Revista Transición, Debate y Propuesta en Veracruz

Nueva
Cultura Laboral

Número 35

Mayo de 2001

Editorial

Nueva Cultura Laboral

En la celebración del Congreso Constituyente que culminó con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados expresaron su preocupación por las condiciones de los trabajadores, tanto en lo referente a la prestación de sus servicios dentro de los centros de trabajo como a sus condiciones generales de vida. Como resultado se plasmaron en el artículo 123 diversas disposiciones tendientes a proteger al trabajador en todos los aspectos.

En el aspecto económico se establecieron reglas sobre el salario mínimo y el salario remunerador; se incluyeron disposiciones sobre las condiciones mínimas de higiene y seguridad dentro de los centros de trabajo, reglas para garantizar el derecho a la libre asociación sindical y el respeto al derecho de huelga y se fijaron las bases para la seguridad social de la clase trabajadora.

A pesar de esas buenas intenciones, han pasado muchas décadas y ahora se tiene una Ley obsoleta, un mamotreto de más de mil artículos, muchos de los cuales son repetitivos y otros ya no tienen sentido, que se sigue utilizando no obstante la globalización y la nueva cultura laboral, de la cual es hasta absurdo hablar cuando existe un marco legal inoperante que mantiene un salario mínimo que sólo permite al trabajador no morirse de hambre.

En las condiciones actuales, las autoridades, empresarios y el movimiento obrero organizado deben exigir a las autoridades competentes una nueva legislación del trabajo que contemple el respeto a los derechos adquiridos e incluya nuevos conceptos laborales en su beneficio.

La actual Ley no puede tener mayor obligatoriedad que los buenos propósitos; deben surgir ideas concretas a realizar, inspiradas en el pensamiento común, una reforma laboral que permita el desarrollo económico ágil entre los actores, para que México pueda competir en los mercados internacionales, desafortunadamente no es parte de la agenda del Congreso de la Unión, único autorizado para discutir una reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal del Trabajo inoperante; urge una adecuación. Fernando Charleston Salinas

Para entrar de lleno a una nueva cultura laboral es necesaria una adecuación integral de la Ley. Fundamentalmente nuestra Ley Federal del Trabajo tiene 31 años. Sufrió una modificación muy leve en el aspecto procesal en 1980, posteriormente una mínima en lo que se refiere al Infonavit, pero es la misma Ley Federal del Trabajo, la misma en su parte adjetiva de 1970. Urge que todos los actores del medio laboral se sienten ya a definir una agenda que permita trabajar sobre una posible adecuación, de lo contrario México se está quedando más rezagado en políticas de los mercados mundiales.

Ley Federal del Trabajo inoperante, urge una adecuación

Fernando Charleston Salinas *

En el aspecto laboral, en Veracruz se observa una tendencia muy favorable de los patrones y los trabajadores. No obstante que por antonomasia el capital y el trabajo son factores antagónicos, ambos saben que no hay mejor vía para solucionar un conflicto laboral que la concertación, la conciliación.

En la administración de Miguel Alemán, de aproximadamente 29 meses, ha habido unos 3 mil emplazamientos a huelga, por distintos motivos: firma de contrato, revisión de contrato y, los menos, por violaciones a los contratos existentes.

De los aproximadamente 3 mil emplazamientos a huelga, casi en su totalidad se han resuelto con base en la conciliación. Hubo sólo un estallamiento de huelga el cual duró únicamente 9 horas: de la Universidad Veracruzana con los trabajadores manuales, SETSUV

Lo fundamental de esto es que los trabajadores cuidan cada vez más su trabajo, sin renunciar al derecho irrestricto que tienen y que consagra la Constitución en la Ley Federal del Trabajo. Por su parte los patrones cuidan más la mano de obra calificada de sus trabajadores, porque una empresa en la que no hay equilibrio entre trabajadores y patrones difícilmente tendrá éxito.

Estamos abriendo la puerta para penetrar a una nueva cultura laboral; todavía faltan muchas cosas que hacer necesario que se imbuya esta nueva cultura laboral en los dos factores de la producción, pero en general , en la sociedad misma.

Entre los factores que nos indican que se está en el camino hacia una nueva cultura laboral se pueden enumerar las negociaciones que se llevan a cabo todos los días. Todos los días está llena la sala de juntas de la Subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, se analiza diariamente un promedio de cinco revisiones de contratos colectivos.

Una de las cosas que hacen suponer lo anterior es que se observa una gran mayoría de edad, una gran responsabilidad entre los trabajadores y los patrones. La evidencia es que no ha habido necesidad de estallamiento de huelgas, a pesar de que la huelga es el arma fundamental que tiene el trabajador cuando ya no hay remedio para solucionar sus conflictos; pero también hay evidencias de que en una huelga estallada nunca le va bien a nadie. En una huelga estallada el final es una serie de problemas. Un ejemplo es Cales de Banderilla: siete años en huelga y los trabajadores se han adjudicado el terreno con una serie de maniobras legales, pero durante seis o siete años muchas veces no tuvieron para comer y, aunque se adjudiquen el terreno, qué van a hacer con él, tendrán terreno pero de todos modos no tendrán para comer. Por eso hoy los trabajadores, dentro de este camino a la nueva cultura laboral, cuidan mucho más su trabajo.

El trabajador valora más su trabajo; el patrón también, por la migración valora más su mano de obra. Aquí es de dos vías: el trabajador tiene que poner mayor esfuerzo, mayor capacidad, pero también el patrón tiene que pagar más porque si no lo hace, la mano de obra se le va a ir, se le está yendo. He tenido pláticas con empresarios de distintos corredores industriales y están preocupados. No es necesario nada más, que este empleo esté bien remunerado.

En este sentido, la política laboral del gobernador Miguel Alemán es de atraer nuevos empleos, pero también que estos empleos sean mejor remunerados. Este es el propósito de nuestro gobernante, además, que en las revisiones contractuales de cada año también obtengan otras mejoras a sus salarios; cada revisión implica un aumento de salario para mejorar las condiciones de vida del trabajador.

Asimismo, para entrar de lleno a la nueva cultura laboral es necesaria una adecuación integral de la Ley Federal del Trabajo. Fundamentalmente nuestra Ley Federal del Trabajo tiene 31 años . Sufrió una modificación muy leve en el aspecto procesal en 1980, posteriormente, una mínima en lo que se refiere al Infonavit, pero es la misma Ley Federal del Trabajo, la misma en su parte adjetiva de 1970. Todos estamos conscientes de que México no es el mismo del de hace dos meses, mucho menos del de 1970.

La propia globalización implica una adecuación que nos ponga en un estado más competitivo con todo el mundo, para que nuestra mano de obra tenga mayores beneficios.

Dentro de ese capítulo de adecuación deben entrar no sólo el análisis y las propuestas para la huelga, sino todas las definiciones que hagan las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje. Tiene que ser una Ley que permita a las juntas aplicarla en forma más expedita más rápida, no es posible que cuando una autoridad califica de existente o inexistente una huelga la empresa ya haya quebrado, cuando ya no hay forma de ir para atrás. Cuando la autoridad califica una huelga, la pobre empresa ya no tiene con qué salir adelante porque económicamente ya está quebrada. Coincido con los abogados que proponen que las huelgas sean calificadas en un término de 15 días pero no nada más en este punto, sino en muchos más.

La Ley Federal del Trabajo se compone de 1,010 artículos, muchos de ellos son repetitivos otros no tienen ya sentido. Si vemos las legislaciones de los países más industrializados, la de EU, por ejemplo, tiene aproximadamente 70 artículos, los exagerados japoneses tienen 80 y nosotros tenemos 1,010 artículos, lo que la convierte en un mamotreto que es necesario hacer más flexible, para qué lo conozcan los trabajadores y los patrones, para que las reglas del juego sean más claras y más limpias. Lo único que no se valdría en esta adecuación es dar pasos hacia atrás en lo referente a los derechos inherentes a los trabajadores, ¿ por qué?, porque no se puede, eso es por tradición histórica. En el mundo no se puede juzgar igual a los desiguales, y dentro del equilibrio entre los factores de la producción es obvio que el factor trabajo está en desventaja con el factor patrón.

La Ley es muy clara. Proviene del 123 constitucional, y cualquier reforma o adecuación solamente es competencia del Congreso de la Unión, de ahí la importancia de que de una buena vez se sienten a platicar los empresarios, los trabajadores, los maestros universitarios y especialistas en Derecho, pero sobre todo, cabildear entre los diputados y senadores que son, al foral de cuentas, los que van a aprobar o no las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo.

¿Hay condiciones para una modificación a la LFT?

En la actualidad, desafortunadamente no hay condiciones para una modificación a la ley laboral. Tenemos un Congreso que tiene como prioridad esencial en este momento las cuestiones de carácter económico; se están reposicionando las facciones parlamentarias de los distintos partidos políticos y dudo mucho que en los próximos dos años vaya a haber, a pesar de que la anunció el presidente Fox, una revisión.

Todos los días es una lucha constante para poder aplicar una ley obsoleta, son factores totalmente antagónicos. Normalmente cuando llegan los sindicatos a una revisión salarial piden el 35 0 el 40 por ciento a sus patrones, pero cuando se pregunta a estos su opinión y las condiciones de su empresa para otorgar el incremento que requieren los trabajadores, aseguran que han tenido un año desastroso; desde aquí se tiene que empezar a equilibrar. Difícil, pero resulta gratificante porque al final se observa que con razonamientos ambas partes están inmersas en lo que se pretende, una nueva cultura laboral.

Por otro lado, en lo que respecta a la organización de los trabajadores, se puede decir que se encuentran organizados en un 93 por ciento. Ahora es muy difícil que un sindicato no entre a una empresa, a un establecimiento comercial, de todo tipo, gastronómico, de albañiles, de hotelería. Entre las diversas organizaciones se disputan la titularidad de los contratos colectivos, por eso también en Veracruz están naciendo nuevos sindicatos. En el gobierno de Miguel Alemán se tiene como proyecto fundamental que todo aquél que solicite su registro y reúna los requisitos que la ley establece, se le conceda de inmediato.

Se puede decir que los trabajadores en Veracruz, laboran en condiciones de armonía y que, aunque falta mucho -hay que reconocerlo- para satisfacer las aspiraciones normales, naturales, de un trabajador, se necesitan políticas más agresivas para que el valor adquisitivo de los trabajadores responda a las expectativas de los Constituyentes que crearon el concepto de salario mínimo.

Un salario mínimo que no es suficiente, que dejó de serlo desde hace mucho tiempo pero que -se debe reconocer - es una referencia, es decir, un piso, porque actualmente nadie paga un salario mínimo y quienes lo están haciendo propician el no tener mano de obra calificada. Para nadie es atractivo, el salario mínimo es insuficiente, alcanza para medio comer. El concepto que el constituyente tenía era que prodigara alimentación, habitación, vestido, educación y recreación para la familia

Afortunadamente ya casi nadie paga el salario mínimo, y aunque a veces se empieza con esa base, posteriormente, cuando vienen las revisiones salariales anuales, en las negociaciones diarias en la Junta de Conciliación los trabajadores van obteniendo mayores beneficios. Así es el procedimiento: generalmente se pide el 35 por ciento y hasta el empresario que dice que no tiene termina otorgando el 14 por ciento. Además de que quienes perciben el salario mínimo generalmente reciben otras prestaciones como despensas, vales de gasolina, que aunque no impactan directamente el salario son prestaciones que aumentan el potencial económico del trabajador.

Aunque en Veracruz se trabaja en armonía, hay otras asignaturas pendientes que es necesario resolver. Urge que todos los actores del medio laboral se sienten ya a definir una agenda que permita trabajar sobre una posible adecuación a la Ley Federal del Trabajo, de lo contrario nos estamos quedando más rezagados en políticas de los mercados mundiales. Es urgente. Aunque algunos dirigentes no quieren la reforma, una reforma tiene que ser revisable en su totalidad. Sólo hay una cuestión que no está a discusión: la de los derechos que tradicionalmente corresponden a los trabajadores y que, aparte de ser sagrados, son irrenunciables.

* Subsecretario de Trabajo y Previsión Social en el Estado de Veracruz, ex diputado federal.

Los nudos históricos de la reforma laboral mexicana. Antonio Romero Lajud

Nadie, ni fuera ni dentro del sector público sabe a ciencia cierta lo que significaría una reforma integral a la Constitución y la reglamentación laboral, no sólo porque al gobierno del presidente de la República, Vicente Fox, no se le conoce un programa elaborado, sino porque sus intenciones, algunas ya explicitadas, tendrán que enfrentarse a unos condicionantes nada fáciles de manejar. Las expectativas y los recelos, cuando no el rechazo, que despierta la reforma tendrán que esperar para verse confirmados.

Los nudos históricos de la Reforma Laboral Mexicana

Antonio Romero Lajud *

Desde que México empezó a integrarse activamente a la globalización económica y la revolución tecnológica, su sistema y los agentes económicos tienen muestras de progreso, sin embargo, dentro del sector laboral, este cambio es lento, inequitativo y desequilibrado hacia una de las partes. En los años recientes se ha debatido intensamente sobre reformas al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, dado que los excesivos ajustes en la política neoliberal implantada en años anteriores, han dado una severa regresión en las relaciones laborales que se refleja en la contratación colectiva, en las políticas salariales, en el empleo y en las prestaciones sociales.

En los debates sobre la reforma laboral, el sector empresarial, los sindicatos y la sociedad civil han reconocido la necesidad de revisar la legislación laboral con la finalidad de tener una mayor solidaridad económica con el trabajador, empero las intenciones se han paralizado ante un falso dilema, el dilema de decidir defender a ultranza el orden laboral vigente o entregar todo a una reforma que pudiera abrir la puerta alas demandas patronales, lo que se ha juzgado más riesgoso que conservar las cosas como están.

Y es que nadie, ni fuera ni dentro del sector público sabe a ciencia cierta lo que significaría una reforma integral a la Constitución y la reglamentación laboral, no sólo porque al gobierno del presidente de la República, Vicente Fox, no se le conoce un programa elaborado (los programas valen lo que demuestren los hechos), sino porque sus intenciones, algunas ya explicitadas, tendrán que enfrentarse a unos condicionantes nada fáciles de manejar. Las expectativas y los recelos, cuando no el rechazo, que despierta la reforma tendrán que esperar, pues, para verse confirmados. De momento, sólo hay base para un análisis que no puede dar casi nada por sentado, ni siquiera que la reforma fiscal es el factor de fondo y no coyuntura) de este éxito.

Sucede que en este contexto de fuertes propuestas en las relaciones obreropatronales-gubernamentales, vemos que a través de la historia jurídica laboral de nuestro país, el artículo 123 constitucional ha sufrido varias reformas desde 1917, cuyo sentido general ha sido añadir derechos más que restringirlos como la creación del apartado B. Más adelante se elaboró una sola legislación laboral para todo el país, en 1931. El saldo de las reformas ha significado más un avance que retroceso, aunque ha habido. La última reforma extensa a la Ley Federal del Trabajo ocurrió en 1970 y en 1980 padeció otras enmiendas menores. Algunas de ellas tienen un carácter regresivo., no obstante han sido más para favorecer a la burocracia sindical que a los empresarios privados. Posteriormente, el proyecto que más llama la atención (1986-1988), sobre todo porque el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, lo encabezó siendo presidente de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX), está basado en el lema Una Nueva Cultura Laboral, y quizá hasta este momento el propuesto por los juristas laboralistas Néstor de Buen y Carlos de Buen, proyecto que asume el Partido Acción Nacional y lo presenta el 12 de junio de 1995 a la H. Cámara de Diputados y, el cual es el vigente en estos tiempos donde encabeza un panista la Presidencia de la República.

Ante el análisis y revisión de estas propuestas nos damos cuenta que confluyen en tres puntos a los que llamaremos Nudos Históricos de la Reforma Laboral en México y son, a) Flexiblidad laboral, b) Libertades individuales y derechos colectivos y c) Sistema de justicia laboral.

Nudo 1: Flexibilidad Laboral.

Antes que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio en nuestro país, las grandes empresas trasnacionales ya habían empezado a implantar de facto sus modelos flexibilizadores de relaciones laborales, no sólo en América Latina sino en todo el mundo. Concretamente sobre México, desde 1989, cuando se hicieron públicas las posiciones de los diversos organismos patronales para reformar la ley laboral mexicana fueron logrando acomodar sus demandas en sus propios centros de trabajo, sin que la autoridad laboral lo impidiese, estos se caracterizan por adaptar condiciones en el marco jurídico, disminuir derechos y prestaciones, capacitación, productividad y adiestramientos.

La flexibilidad laboral tiene varias aristas entre las que están:

  1. La implantación del sistema de multihabilidades para anular categorías y salarios.
  2. Reclasificación de los tiempos de descanso (vacaciones, licencias y permisos).
  3. Contratos de trabajo temporales por horas y jornadas de trabajo reducidas (esto ya lo autoriza la ley).
  4. El establecimiento de una limitación en cuanto a la responsabilidad de los juicios laborales por el pago de salarios caídos.
  5. Mayor amplitud en las causales de rescisión de contrato.
  6. En materia de salarios, la inclusión expresa del pago por hora.
  7. Modificación del sistema de ascensos para que sean estos por capacidad y no por antigüedad.
  8. Modificación de los contratos ley.
  9. Que se legitime la existencia de contratos de capacitación que no impliquen relación laboral, entre otros.

Nudo 2: Libertades Individuales y Derechos Colectivos

En este apartado se tratará lo relativo a la libre sindicalización y al derecho de huelga.

Por cuanto hace al tema de la libre sindicalización, nos damos cuenta que se basa en el artículo 123 constitucional y que sólo dos terceras partes del total de la población trabajadora está sindicalizada, además de que se ha tomado en serio que cuando hay una resolución judicial en contra de esta medida, es con motivos políticos y no jurídicos, y el corporativismo es lo único contra lo que se atenta, al retomar de los derechos humanos fundamentales del hombre la libertad de elegir su sindicato. En algunas ocasiones, se ha visto esta medida como una maniobra gubernamental para continuar la ofensiva controladora de los contratos colectivos, ya que la creación de tres o cuatro sindicatos en una misma institución o empresa lo que hace es pulverizar los niveles de organización gremial.

Ahora bien, el derecho de huelga es muy complejo, porque tal como está en este momento, perjudica a los trabajadores en lugar de favorecerlos. Entre otras razones porque un emplazamiento lo puede hacer el secretario general de un membrete sindical sin que los afiliados se enteren o sin que lo acepten. Se tiene que cambiar para que se vaya a la huelga por decisión de los trabajadores. Que haya una asamblea que apruebe tal acción, porque uno de los inconvenientes entre la relación obreropatronal que se presta a corrupción y a que sea echado a menos este importante recurso en materia laboral es su excesivo uso e indistinto fin.

Nudo 3: El Sistema de Justicia Laboral

Aquí empezaría con una pregunta; ¿Es necesario cambiar los tribunales del trabajo porque hay que cambiar de nombre las cosas, o lo que hay que cambiar es la mentalidad del personal y capacitarlo mejor?

El Partido Acción nacional propone crear Jueces de lo Social sin composición tripartita, en lugar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, en el caso de estas últimas, su composición tripartita concretiza el esfuerzo por transparentar las resoluciones que emite ese Tribunal colegiado en los conflictos del trabajo. Así se establece el equilibrio entre los factores de la producción. El inconveniente de las juntas es que muchos de los problemas que el trabajador tiene es por la falta de capacitación de sus representantes, obviamente el patrón con dinero puede contratar un mejor abogado, pero si el trabajador consigue quien lo defienda cabalmente, creo que la resolución puede tener muchas aristas de provecho para el trabajador.

Lo que debe hacerse es capacitar sólidamente a los representantes de los trabajadores y en algunos casos a los de los patrones, y que a esa formación corresponda un pago decoroso. Asimismo, la reforma del Poder Judicial debe seguir garantizando la vigencia del Estado de Derecho, pero por voluntad interna, no como se estableció en el Acuerdo Laboral entre México y los Estados Unidos donde la independencia de los Tribunales Laborales debe seguir el formato de nuestros vecinos del país del norte.

Para concluir, quiero decir que se tiene que comenzar el proceso de revisión de la Constitución General de la República y su reglamentación laboral llevándola a la mesa de la discusión en la esfera de lo público, y, no de lo privado, ni a través de desmentidos que lo único que acarrean es a una desinformación que genera incertidumbre, sobre todo en una sociedad que en su mayoría es de la base trabajadora, y pudiera repercutir en el área económica más susceptible de movimientos bruscos.

* Licenciado en Derecho con estudios en Prospectiva Política.

Los laberintos de la nueva cultura laboral. Lauro A. Trujillo Anaya

La nueva ola gerencial pretende que se rompan los antagonismos y se arribe a una identificación plena de los trabajadores con la ideología empresarial. Esto es utópico porque la condición de ambos como sujetos sociales es muy distinta; pero por lo pronto, los empleadores tendrían que dejar de considerar a los trabajadores como" flojos" y "premodernos".

Los laberintos de la nueva cultura laboral

Derechos sociales y derechos ciudadanos

Lauro A. Trujillo Anaya *

En julio de 1995, Carlos Abascal Carranza, actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en ese entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, convenció a Fidel Velázquez, el sempiterno líder cetemista, de que suscribieran una especie de carta de intención para impulsar una Nueva Cultura Laboral basada en "la solidaridad, la honestidad, la competitividad, la calidad y la disciplina", con miras a concretar la revisión y reforma de la Ley Federal del Trabajo que había sido postergada durante el sexenio de Salinas. La declaración 1 enfatizaba el valor ético del trabajo y su carácter dignificador para las personas que lo realizan; asimismo, la necesidad de transparentar las obligaciones y derechos que de él emanan y la conveniencia de estimular la colaboración permanente entre trabajadores y empresarios. Más allá de las frases edificantes, acotaron que para elevar el nivel de vida de la sociedad, también se requería elevar la productividad y la calidad para ser competitivos en un mundo globalizado, con fronteras abiertas. En esa tesis encontramos la fuente de una inevitable conflictividad dada la pretensión (no reconocida) de obtener ventajas comparativas para la inversión, basadas exclusivamente en los bajos salarios, tal como ha ocurrido desde que se aplicaron las políticas de ajuste económico estructural. Inopinadamente, en el documento se hace un llamado abstracto a combatir "la corrupción de líderes sindicales y empresarios", en lo que podemos interpretar como un mea culpa, pero sin ponerse el saco.

Un año después, en agosto de 1996 las principales centrales sindicales oficialistas y los organismos `cúpula' del sector empresarial firmaron ante Zedillo otro documento más específico, denominado "Principios de la Nueva Cultura Laboral", estableciendo además una mesa de diálogo permanente que tampoco pudo incluir en la agenda del Congreso de la Unión el asunto de la reforma laboral. Sin embargo, en diciembre de 1998 consensaron quince puntos para mejorar el derecho procesal del trabajo, que como en casi todas las leyes, adolece de complicaciones innecesarias. Destacan los pronunciamientos sobre la vigencia de la garantía constitucional de acceso a la justicia laboral; sobre la resolución de conflictos por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, que sugiere hacer más expeditos los recuentos; y sobre la conveniencia de evitar los llamados "contratos de protección", que ha sido un recurso fraudulento ampliamente utilizado para registrar sindicatos "fantasmas", sin mayores verificaciones por las autoridades y, por supuesto, sin el conocimiento de los trabajadores que posteriormente se ven impedidos de obtener un reconocimiento jurídico. Esas mañas han sido ampliamente usadas -a lo largo y a lo ancho del país- a instancias tanto de patrones como de caciques sindicales 2. Después de más de 125 sesiones de trabajo, a las que también se incorporó el sindicato de telefonistas -impulsor de la Unión Nacional de Trabajadores- en octubre del 2000, presentaron un anteproyecto de Código Procesal del Trabajo que podría turnarse al Congreso de la Unión para su debate y aprobación.

Bajo la nueva presidencia de Vicente Fox Quesada, la STPS ha mostrado algunas tímidas señales que buscan minar las fuentes de poder de los sindicatos adheridos corporativamente al PRI, como el anuncio de que el registro de asociaciones sindicales (crucial para su reconocimiento jurídico, los recuentos y la titularidad de los contratos colectivos), ha quedado abierto para quienes tengan un interés pertinente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió la misma tendencia al declarar inconstitucional la aplicación de la cláusula de exclusión contra los disidentes en los sindicatos, lo que atenta contra el poder de líderes amafiados. Por su parte, el Instituto Federal Electoral, al proponerse garantizar el voto libre y secreto, restó efectividad a la afiliación colectiva obligatoria de esos organismos al partido anteriormente en el Poder Ejecutivo Federal.

Todo esto apunta hacia la construcción de un nuevo régimen político que parece alejarse del corporativismo estatal autoritario que vivimos en México durante el priato, en el que los sindicatos adictos al poder usurpaban el monopolio de la representación del trabajo organizado. El modelo alterno construido por Schmitter, pensando en las democracias europeas, el "corporativismo societal" 3, no necesariamente se presenta como nítidamente viable en el corto plazo para México. En aquellos países, las corporaciones sectoriales y los pactos se mantienen como expresión de un sistema organizado de representación de intereses que repercute en la legitimidad y estabilidad de las "estructuras decisionales" del Estado; pero además, se corresponde con sistemas políticos plenamente competitivos (en los ámbitos federal y local), partidistas y ciudadanos; con alternancia en el poder, cultura democrática y ampliación de las políticas sociales redistributivas. La diferencia entre el corporativismo societal y el liberalismo político ("el individuo es la medida de todas las cosas"), reside en la solidez de las organizaciones, de las que actualmente ya no podemos prescindir, dada la complejidad social alcanzada; pero sin que se conviertan en una opresión para los trabajadores-ciudadanos. Llegado el momento de reformular la legislación laboral, los derechos sociales tendrán que compaginarse con los derechos individuales, lo que implica la construcción de un estilo democrático de gestión sindical. 4, 5.

La flexibilidad del trabajo

A partir de la crisis de 1982, por la vía de los hechos, el empresariado -con el silencio gubernamental- ha venido instrumentando una triple flexibilidad de los salarios, el empleo y los procesos de trabajo que han hecho retroceder los niveles de vida de los trabajadores. De esos años data la generalización de la doctrina de la calidad total como ideología empresarial dominante, que en México rápidamente se conectó con las posturas privatistas, desregulador ,y las que combatían el modelo del Estado benefactor. 6

La contención salarial fue la primera medida impuesta: los empleados -se dij o- tendrían que aceptar menores aumentos que el crecimiento inflacionario como requisito para no perder sus fuentes de trabajo. Además, se implantaron los bonos de productividad que consisten en un sobresueldo -individual o grupal- determinado según los niveles de calidad y desempeño. La propuesta de establecer el salario por horas tiene la intención de formalizar el trabajo parcial y los paros técnicos al que recurren muchas empresas como alternativa para no agudizar el desempleo. La precarización salarial afecta a grandes franjas de asalariados sindicalizados, no es privativa de los trabajadores informales, subempleados y desempleados que resisten condiciones todavía peores y que sobreviven gracias a nuevas estrategias definidas desde las unidades familiares. Por otro lado, se frenó y en casos retrocedió el sistema de prestaciones: vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, mala calidad de los servicios de salud, pensiones de hambre, etcétera.

La flexibilidad en el empleo quedó definida por la libertad de las empresas para subcontratar algunos de sus procesos con otras empresas que tampoco cumplieron con las condiciones y prestaciones de ley. Los sindicatos perdieron ingerencia en la contratación de eventuales y personal de base; los ascensos se apoyaron en los méritos desechando el `escalafón ciego' basado en la antigüedad. Las empresas pudieron reajustar el número de trabajadores sin obstáculos e incrementar el personal de confianza en áreas que no correspondía. Las horas extras dejaron de ser voluntarias y se impusieron sin previo aviso bajo amenaza de perder el empleo. Todo esto nos indica que los sindicatos se mostraron poco efectivos para hacer prevalecer el principio de bilateralidad en la contratación y mantener una interlocución centralizada con los empleadores. En las grandes empresas, la rotación perio4ica (y arbitraria) de turnos, afectó la vida cotidiana de los trabajadores, con serios efectos para su salud. En todos los casos, los gerentes sabían que en un contexto de mucha oferta y poca demanda de trabajo, fácilmente podían imponer sus condiciones. Esta situación se compagina con el llamado desempleo tecnológico, sobre el que llamó la atención Jeremy Rifkinl, pues la producción industrial automática computarizada, más las tecnologías de la información aplicadas a otras esferas económicas, acrecentaron el desplazamiento relativo de los demandantes fuera del empleo formal.

La flexibilidad en los procesos de trabajo se originó en Japón desde los años cincuenta. El toyotismo aparece como un paradigma productivo alterno a la rigidez del modelo taylorista que estaba fundado en una estrategia permanente de choque de las gerencias en contra de los trabajadores y había mostrado efectos perniciosos por la excesiva fragmentación de la división del trabajo y por otras razones técnicas. En contrapartida, se propuso una reorganización con el involucramiento activo de los trabajadores. Los conceptos de justo a tiempo y calidad total sintetizan el nuevo paradigma flexible, e incluyen entre otras, las siguientes estrategias.

La polivalencia, que implica una compactación de las categorías laborales (los puestos de trabajo tal como aparecen en los tabuladores), para permitir una movilidad interna e intercambio de puestos; esto presupone un "enriquecimiento de tareas" que influye en la satisfacción por las actividades desarrolladas. Los trabajadores de operación asumieron una especie de autosupervisión grupal con compromiso con la calidad hasta llegar a los "cero errores". Se reconoció que al desplazar a los individuos aislados -rigurosamente vigilados-, los círculos de calidad y el trabajo en equipos inciden directamente en un incremento relativo de la productividad, independientemente de las características de la tecnología instalada. Estas modalidades deben ser entendidas como tendencias que frecuentemente coexisten con segmentos de una organización tradicional dentro de las mismas empresas.

Por otro lado también existe una flexibilidad pre-taylorista, arbitraria, despótica, que no obedece a una estrategia organizacional, sino sólo a las contingencias. Esta modalidad es la más nociva.

¿Adiós a la clase obrera?

La nueva ola gerencial 8 pretende que se rompan los antagonismos y se arribe a una identificación plena de los trabajadores con la ideología empresarial. Esto es utópico porque la condición de ambos como sujetos sociales es muy distinta; pero por lo pronto, los empleadores tendrían que dejar de considerar a los trabajadores como "flojos" y `premodernos'. Si los gerentes consideran a sus trabajadores como ajenos al progreso (léase mejores salarios), estos se considerarán ajenos a las empresas, mostrando actitudes instrumentalistas hacia el trabajo, acelerando la desconfianza mutua y multiplicándose las tensiones en los espacios laborales 9. Si es ilusa una afinidad ideológica social y cultural plena entre los actores de la producción, podemos conceptualizar las relaciones de trabajo como una relación de "cooperación antagónica", en la que ambas partes se necesitan y tienen que colaborar, pero que entablan una disputa por las condiciones de trabajo, la protección social y el reparto de los excedentes. Cuando el antagonismo se sobrepone a la cooperación, los conflictos rebasan los espacios del trabajo y se ubican en el campo del Estado. Para rutinizar la cooperación antagónica es necesaria la concertación y para ello las dirigencias sindicales deben ser legítimas.

Si queremos darle vigencia al nuevo concepto de "trabajo decente", propuesto por la Organización Internacional del Trabajo 10, se acepta que es preciso que cada quien asuma su responsabilidad y se esmere por hacer bien sus tareas, pero a condición de que no se escamotee los trabajadores de todos los niveles un salario remunerador los niveles un salario remunerador y se brinden las prestaciones sociales necesarias para una vida digna. Este es el principal reto de la Nueva Cultura Laboral: si va a traspasar la tónica declarativa y aceptar que en el mercado de trabajo no se les puede dar trato de iguales a los desiguales, y que por tanto, el Estado debe garantizar los derechos de la parte más desprotegida, que son los trabajadores. Esto implica una política de fortalecimiento del mercado interno para combatir la pobreza. La pretensión neoliberal de desregular todo y atenerse a la reducción constante de los costos laborales absolutos para ser competitivos, de mantenerse, provocará la caída de la productividad e incubará severas crisis sociales.

* Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo A. C. Maestro titular de la materia de Laboral en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana.

Bibliografía

  1. COPARMEX-CTM. "Por una Nueva Cultura Laboral". 27 de julio de 1995 www.Coparmex.org.mx
  2. "Propuestas acordadas para mejorar las relaciones obrero-patronales en materia de derecho procesal de trabajo", l°. de diciembre de 1998, idem.
  3. Schmitter, Philippe (1992). "¿Continúa el siglo del corporativismo?", en Schmitter y Lehmbruch. (Coords): Neocorporativismo. Más allá del Estado y del mercado, T.L. Alianza Ed. Méx. pp. 15-61.
  4. Gordon, Sara (1997): "Pobreza y patrones de exclusión social en México" Ed. OIT, Ginebra. En el cap. III, la autora desarrolla un amplio argumento jurídico, político y social sobre las repercusiones negativas del corporativismo estatal en el sistema político organizado después de la Revolución Mexicana.
  5. Varios (1999): "Libertad sindical", volumen en el que se recoge análisis sobre la libertad sindical, el registro de los contratos, las cuotas y el patrimonio sindicales, los contratos de protección, los recuentos y la función d las autoridades del trabajo. Mex., ED AFL-CIO, FAT, IIEC-UNAM-UAM
  6. De la Garza T., Enrique (1993) "La democracia industrial, la calidad total y el cambio en las relaciones laborales en México". Col. Reportes de Investigación No. 32. UAM-I. En este texto se hace además un análisis del Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad la Calidad, firmado por los órganos corporativos laborales en 1992, y que es e antecedente más importante de la Nueva Cultura Laboral.
  7. Rifkin, Jeremy (1996): "El fin de trabajo". D. Paidós, Méx. Habría que considera seriamente su propuesta de impulsar el trabajo dentro del "tercer sector" (no lucrativo, con orientación social), mediante la transferencia de fondos de los sectores privado y público. Por otra parte, el trabajo informal en México en parte es expresión del "desempleo tecnológico", a pesar de que las nuevas tecnologías no son de aplicación generalizada.
  8. Bouzas, Alfonso y E. De la Garza T. (1998): "Flexibilidad del trabajo y contratación colectiva en México", Méx, Ed. I1EC-UNAM/Cambio XXI. Los autores además de la discusión teórica, presentan una comparación entre la flexibilidad operada en diversas empresas.
  9. Reygadas R. Luis (1998): "Estereituois ritis. El debate sobre la cultura laboral mexicana", en Guadarrama, Rocío (Coord): Cultura y trabajo en México, ED J. Pablos-UAM-F. Ebert, Méx, p. 125-156. El autor sostiene que es difícil generalizar las características de la cultura laboral en un país tan diverso. Agrega que existen pocos estudios profundos sobre el tema.
  10. Organización Internacional del Trabajo (2001): "El problema funcional de la protección de los trabajadores". Ginebra www.ilo.org/net.mx

El sindicalismo hoy y los retos de su futuro. Víctor Molina Dorantes

Los intentos de reagrupamiento sindical que se han producido han sido tendencias de oportunismo que expresan en su forma de ser los mismos métodos y prácticas del charrismo sindical. Surgen como actos espontáneos de desesperación social que se nutren en alianzas sin sustento estructural, lo que hace difícil la formación y constitución de un frente sindical nacional que sea capaz de ofrecer a los trabajadores del país una alternativa social y productiva.

El sindicalismo hoy y los retos de su futuro

Víctor Molina Dorantes *

El sindicalismo mexicano que carece de comprensión ideológica para entender los nuevos aires de libertad, se encuentra sumido en una profunda crisis de identidad y perspectiva social. Sustentado como siempre, en ese corporativismo autoritario que le dio viabilidad social y medio de negociación con el Estado y el gobernante en turno, sojuzgó a toda costa la voluntad de los trabajadores al régimen de partido único, que durante más de 70 años gobernó al país.

Si bien es cierto quede 1940 a 1970 se produjeron importantes avances en el proceso de industrialización en México, que generó una estructura productiva nacional, también lo es que los sindicatos se convirtieron en una tendencia social de alianza para el progreso y de apoyo al Estado, pero también de sometimiento al gobernante entorno, lo que motivó el establecimiento de un sindicalismo tradicional, fiel a los intereses del partido gobernante y que fomentó en el trabajador la cultura del miedo, para impedir a toda costa el pleno ejercicio de la libertad y la democracia social.

Durante este periodo, nunca se permitió voz disidente alguna, pues todo movimiento sindical ajeno al sindicalismo tradicional era prácticamente cooptado o desaparecido. Era tan profundo el control del trabajador, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje sólo concedían registro sindical a los grupos de trabajadores que eran recomendados por las centrales obreras que tradicionalmente estaban del lado del patrón y del gobierno.

El periodo de 1970 a 1980 fue la época del surgimiento del sindicalismo independiente y democrático que proclamó la lucha por la defensa de la libertad sindical y antepuso el interés de los derechos de los obreros por encima de los del patrón y del gobierno. Pronto, la respuesta del sindicalismo tradicional se evidenció públicamente, pues apoyado por el régimen socavó y minó la fuerza del sindicalismo insurgente y buscó a toda costa desaparecerlo del escenario nacional.

Sin embargo, los fenómenos y la tendencia económicas a nivel mundial, que se empezaron a reconocer públicamente después de 1980, originaron en nuestro país la reconversión industrial que provocó despidos masivos de trabajadores por la apertura indiscriminada del libre comercio, haciendo que los sindicatos se debilitaran social y económicamente y perdieran el rumbo de la defensa de sus derechos constitucionales. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio provocó el efecto negativo a la estructura productiva nacional, golpeando directamente a la industria y posteriormente al campo mexicano. Esta acción debilitó el mercado interno generando un desempleo sin precedentes en la historia del movimiento sindical y contribuyendo aún más a su debilidad y a su estancamiento laboral.

Hoy, a más de 20 años de aplicación de políticas públicas de corte neoliberal, la decadencia del modelo económico actual es irreversible; en cambio, el sindicalismo mexicano ha entrado en su etapa de dispersión, sin rumbo, ni identidad en su proyecto social, sin propuesta para mejorar condiciones laborales y sin alianza que le apoye en su relación con el régimen. Los intentos de reagrupamiento sindical que se han producido en los últimos tiempos han sido tendencias de oportunismo sindical que expresan en su forma de ser los mismos métodos y prácticas del charrismo sindical, que son a todas luces actos espontáneos de desesperación social que se nutren en alianzas sin sustento estructural, lo que hace difícil la formación y constitución de un frente sindical nacional que sea capaz de ofrecer a los trabajadores del país una alternativa social y productiva. Transitar hoy hacia una lucha por la libertad sindical plena exige un cambio de actitud para establecer un nuevo proyecto sindical que sea capaz de transformar la vía productiva del país y mejorarlas condiciones de trabajo. Un proyecto de libertad sindical también exige luchar por una plena democracia sindical que pueda ser el paso cualitativo que la fuerza laboral mexicana debe de impulsar para una reforma auténtica que genere las condiciones para un sistema laboral moderno, que garantice el ejercicio de la acción colectiva y un alto nivel de desarrollo productivo con justicia social. La libertad sindical representa el pleno goce de las garantías individuales y sociales que protegen la vida y la salud, que fomentan la lucha por la igualdad, la productividad, la justicia y la democracia. La libertad sindical es el ejercicio para asociarse libremente, para organizarse mejor en la defensa de los derechos comunes y para afiliarse en la organización sindical que mejor represente sus derechos e intereses. Este es el proyecto que el sindicalismo mexicano deberá de impulsar en lo futuro, promoviendo una transformación educativa, ética y social, buscando en todo momento desaparecer los métodos y prácticas del charrismo sindical, para dar lugar al ejercicio pleno de la libertad y la democracia sindical, respetando la asociación y la afiliación voluntaria y, asimismo, estableciendo mecanismos de ingreso y separación sin condición alguna, lo que permitirá el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, fomentando desde hoy la cultura de la libertad sindical y del fortalecimiento productivo de la empresa o de la fuente de trabajo.

* Diputado local y experto en Derecho Laboral.

Las niñas y los niños trabajadores urbanos informales. Noemí Guzmán Lagunes

A la problemática de los niños que trabajan y viven en la calle, el gobierno del presidente Vicente Fox la quiere ver únicamente como un asunto de responsabilidad familiar y no como un fenómeno social que tiene bases estructurales que se encuentran arraigadas en la desigualdad y la pobreza que priva en nuestro país. Son niñas, niños y adolescentes que además de la miseria en la que viven y debido a las actividades económicas que realizan, enfrentan grandes riesgos que pueden afectar su salud, su dignidad y en no pocas ocasiones su propia vida. Es importante insistir en la necesidad de dar respuestas adecuadas a este sector de la infancia.

Las niñas y los niños, trabajadores urbanos informales

Noemí Guzmán Lagunes *

Mucho trabajo ha costado colocar a la infancia como un eje fundamental del quehacer social del gobierno. Sin embargo, de no poner un alto a las expresiones que quieren imponer su moral individual sobre la moral pública, es decir valores religiosos sobre una ética democrática basada en principios como la tolerancia, el respeto a lo diverso, la solidaridad con el más débil, hoy es muy posible que seamos testigos de un serio retroceso en los avances logrados en el campo de las políticas públicas en favor de los niños y los jóvenes adolescentes. Sobre todo en aspectos de la vida social en los que existe una carga ideológica muy fuerte, como la sexualidad, las adicciones y la violencia intrafamiliar.

De privar en la política social la vieja visión patrimonialista sobre los niños y las niñas, profundamente arraigada en las familias y la sociedad, y no los derechos de la infancia, será la que oriente los programas y acciones que en su favor se desarrollen. En nombre de ese supuesto derecho (casi de propiedad) de los padres sobre la vida de los hijos, se han cometido las mayores atrocidades hacia la niñez; ese es el sustento ideológico que justifica aún ahora la existencia del maltrato, la reclusión por pobreza e incluso la venta de niñas y niños en sociedades como la nuestra.

Cuando el licenciado Carlos Abascal reclama el derecho a decidir el tipo de lecturas que deben realizar sus hijos, está violando derechos que las leyes otorgan a sus vástagos y que se encuentran plasmados tanto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño suscrita por México, como en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada hace poco menos de un año, por el Congreso de la Unión.

Qué esperar de la política del nuevo gobierno hacia los niños que trabajan y viven en la calle, si esta problemática se quiere ver únicamente como un asunto de responsabilidad familiar y no como un fenómeno social que tiene bases estructurales que se encuentran arraigadas en la desigualdad y la pobreza que priva en nuestro país.

Lo anterior viene al caso no sólo porque la situación que padece este sector de la niñez nos lacera como sociedad, sino también porque es importante insistir en la necesidad de dar respuestas adecuadas a este sector de la infancia. Son niñas, niños y adolescentes que además de la miseria en la que viven y debido a las actividades económicas que realizan, enfrentan grandes riesgos que pueden afectar su salud, su dignidad y en no pocas ocasiones, su propia vida.

Los estudios hasta ahora realizados nos indican que en las calles y otros espacios públicos de las ciudades encontramos dos grupos de niños y jóvenes que se parecen entre sí por la manera de vestir, hablar y porque realizan las mismas actividades, pero que son, en esencia, profundamente diferentes. La gran mayoría, más del 90%, son niñas, niños y jóvenes adolescentes trabajadores que viven con sus familias. Se trata de menores que día con día salen de su casa para realizar diversas actividades comerciales y de servicios que les permitan obtener ingresos. La incorporación al trabajo de estoy menores forma parte de una de las pocas opciones que las familias más pobres tienen para hacer frente a la crisis económica, al desempleo, o a los empleos precarios y mal remunerados. Se trata de una estrategia de supervivencia familiar que tiene como recurso el incremento del número de perceptores de ingresos por hogar.

Precisamente, 2 de cada 3 niños reconoce que trabaja para ayudar a la familia o para sostener sus estudios. El ingreso que obtienen se destina a cubrir necesidades básicas del núcleo familiar como comida y ropa. De acuerdo con los principales estudios realizados existe un consenso al interior de su familia que hace que la incorporación al trabajo de estos menores se vea como "un hecho necesario y natural". La violencia no constituye un factor definitorio en su situación, la gran mayoría afirma recibir buen trato en sus hogares.

Del otro lado, está un grupo minoritario, "los niños de la calle", es decir aquellos menores que por diversas causas han roto su vínculo con la familia y hacen de la vía pública su espacio de vida. Son niñas, niños y jóvenes que para garantizar su supervivencia se unen de manera voluntaria en grupos heterogéneos en edad y sexo. Su estancia en la calle responde a diversas circunstancias, entre ellas, el abandono, la falta de los padres o por haberse extraviado. Sin embargo, la razón más importante para dejar a la familia es el maltrato, la desintegración y falta de afecto al interior de sus hogares.

Los niños y jóvenes de la calle, es decir los que viven en ella y no tienen familia, son el grupo que presenta los mayores rezagos en salud, alimentación y escolaridad. Son también, los que presentan niveles más altos de adicción, los que viven en condiciones insalubres y de promiscuidad y sufren debido a ello un proceso progresivo de degradación personal, perdida de su dignidad y autoestima.

Como vemos, en la gran mayoría de los casos estamos frente a un fenómeno estructural que tiene sus causas en la pobreza, la marginación y la desigualdad social que viven muchas familias.. No se trata por tanto de una problemática derivada de trastornos de conducta y comportamientos asociados a la personalidad, tampoco tiene sus bases sólo en la violencia y la desintegración familiar, aunque las disfuncionalidades familiares pueden tener una mayor incidencia en hogares con menores recursos educativos y culturales para hacerle frente a sus circunstancias adversas.

En el fondo, explicar la problemática como una secuela de problemas familiares representa una visión discriminatoria que considera que los pobres son portadores de todos los males y tienen carencias que no les permiten brindar amor y cuidados a sus hijos. Por ello, las respuestas sustentadas en esta forma de pensar se han orientado as la creación de albergues o casas hogar, que además de brindar protección y cuidados tienen un propósito no reconocido que pareciera ser el de esconder la pobreza, retirarla de aquellos espacios en que nos crea conflicto o temor. Ello, en lugar de construir políticas de largo alcance basadas en una perspectiva de derechos, que busquen prevenir más que reparar los daños.

Pero las implicaciones de visiones como la descrita llevan a pensar que no existen programas serios para atender a los "niños de la calle". A muchos de los portadores de estas visiones les gustaría encontrar nuestras ciudades llenas de "casas hogar", en lugar de familias fuertes social, económica, moral y éticamente, con capacidades para proveer a sus hijos, además de cariño, cuidados y oportunidades para crecer y desarrollarse como ciudadanos productivos, emprendedores y creativos, en pocas palabras útiles al país. Albergues que muchas de las veces son una fuente jugosa de recursos provenientes de aportaciones de individuos y fundaciones que lo hacen de buena fe, pero que no tienen control ni supervisión.

Sin embargo, creo que lo que no debe hacerse ya más, pues mostraron su ineficacia, es precisamente seguir alentado proyectos de internamiento para estos niños y jóvenes, ya que parten de una visión equivocada del fenómeno, tal como lo veremos.

El hecho de generalizar las características específicas que definen al menor que vive en la calle, para todo el universo de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en ella, representó un error de origen al pretender dar respuesta a través del internamiento y la formación de hogares sustitutos (albergues) a muchos menores, en particular los trabajadores, que no los necesitaban por vivir en su casa y encontrarse integrados a una familia. Esa estrategia, que desde 1983 predomino en este campo, fue incorrecta e inadecuada, pues sólo respondía a las necesidades del grupo minoritario que compone el fenómeno de los menores en situación de calle. Se trato de una estrategia costosa que reclamó grandes inversiones financieras y en recursos humanos y cuya función era simplemente mitigar los daños. Eso es lo que ya no se puede seguir haciendo.

Por eso, cualquier respuesta que se quiera dar a esta problemática, deberá tener en cuenta por lo menos los siguientes criterios:

En primer lugar, las políticas para la infancia, además de responder a las situaciones de riesgo y desamparo en las que viven los menores en situación de calle, deben buscar dotarlos de capacidades y oportunidades de desarrollo humano, para brindarles mayores márgenes de seguridad y horizontes de vida.

Tienen también que revalorar el papel que con relación a la infancia tienen la familia y la escuela, instituciones que a pesar del deterioro sufrido, cumplen aún, aunque con dificultades, su función como redes sociales de soporte y protección. Ambas, familia y escuela, constituyen un binomio que actúa disminuyendo la propensión de las niñas, los niños y jóvenes trabajadores a caer en diversos riesgos psicosociales.

De ahí que cualquier estrategia de atención a niños y jóvenes deba tenerlas en cuenta como parte de una acción preventiva que fortalezca los factores de protección que se encuentran contenidos en ellas; y,

Finalmente, en la construcción de políticas públicas para la niñez se debe considerar la perspectiva de derechos como el nuevo marco que les dé sustento y dirección. Precisamente, este nuevo enfoque de atención a la niñez basado en el reconocimiento de derechos, gana cada día más terreno y plantea la necesidad de dejar de lado la mera instrumentación de acciones encaminadas a atender "niños", para dar paso a una estrategia dirigida a garantizar derechos. Ese es el sentido de las reformas al artículo 4° constitucional y de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

* Es senadora del PRI por el Estado de Veracruz, además ha sido dos veces diputada federal. Originaria de Teocelo, Ver.

Nueva cultura laboral: una propuesta en espera. Joel Reyes Hernández

En los nuevos tiempos de la alternancia en el poder, los cambios que atiendan afondo los reclamos de los trabajadores aún no se vislumbran. De manera evidente, el nuevo régimen mantiene una relación de continuidad de las viejas estructuras corporativas, y lo mismo puede afirmarse de la estrategia de topes salariales y el endurecimiento de la política laboral.

Nueva cultura laboral: Una propuesta en espera

Joel Reyes Hernández *

Con el cambio de orientación del mercado interno al mercado internacional de las empresas multinacionales a principios de los años ochenta -principalmente plantas automotrices ubicadas en el norte del país- dio inicio una nueva época en las relaciones laborales. La noción de flexibilidad es el concepto común que va a explicar las distintas formas de reestructuración productiva que se han venido aplicando en el mundo del trabajo. Por flexibilidad debemos entender el ajuste rápido del empleo, así como el uso de los trabajadores en el proceso de trabajo y del salario a las necesidades de la producción por parte de las gerencias.

En ese sentido, la idea de flexibilización que ha predominado en México ha sido más un dejar hacer a la gerencia con la fuerza de trabajo, de acuerdo con las necesidades de la producción y el mercado, que tratar de involucrar al trabajador en el proceso de organización del trabajo en la empresa. Situación que explica la modificación a los contratos colectivos de grandes empresas y la marginación de los sindicatos de las decisiones concernientes a los cambios tecnológicos o de organización del trabajo, generando con ello graves conflictos con las organizaciones obreras.

Diversas investigaciones han demostrado que la flexibilidad laboral, reflejada en los contratos colectivos, tiene las siguientes características:

  • La maquila del Norte, sector productivo más dinámico de la economía, ha experimentado nuevas formas de organización del trabajo (justo a tiempo, equipos de trabajo): Con excepciones, en lo referente a la bilateralidad de los contratos colectivos, las prerrogativas son para la patronal.
  • Empresas paraestatales y grandes corporaciones privadas, nacionales y transnacionales han experimentado cambios profundos en sus contratos colectivos. Existe libertad de la gerencia para emplear trabajadores eventuales o usar subcontratistas; libertad para contratar trabajadores de confianza; movilidad interna de los trabajadores; reducción del escalafón y ampliación de funciones de puestos y promoción no por antigüedad sino por desempeño o capacitación.
  • Los Contratos Ley. Este tipo de contratos es válido para toda una rama de producción, independientemente de empresas o sindicatos que la integren. Se caracterizan por su rigidez. La estrategia empresarial ha sido la modificación de contratos particulares de cada empresa.
  • Los contratos del sindicalismo blanco. Dada su bilateralidad escasa, los contratos de este segmento de trabajadores son flexibles. La subcontratación y el empleo de eventuales son permitidos, la rotación interna y el recorte de personal de base con motivo de modernización se incluye en los contratos.
  • Los contratos de la pequeña y mediana empresa no han cambiado mucho porque siempre han sido flexibles. En las pequeñas empresas regularmente no existen contratos colectivos.

Como puede observarse, el proceso de flexibilización de los contratos colectivos ha sido desigual, en algunos casos porque antes del proceso reestructurador ya contenían elementos flexibles o bien nacieron flexibles (caso industria maquiladora); otros, por no reunir las condiciones técnicas y sociales para llevar a cabo el cambio.

La acción de los sindicatos en nuestro país estuvo concentrada fundamentalmente en la protección de los trabajadores en los procesos de trabajo, defendiendo la no movilidad interna, protegiendo el ascenso por antigüedad y oponiéndose al despido y la intensificación del trabajo. Más concretamente, se interesaron muy poco por los problemas de la productividad, privilegiando en su caso las negociaciones con el Estado. Este modelo de relaciones laborales se rebeló que no era funcional con el nuevo modelo económico neoliberal que arranca en 1982.

En 1990 el presidente de la república propone un cambio de estrategia que se llamó Nuevo Sindicalismo y que consistía en implicar a los sindicatos más representativos y democráticos, descentralizar las decisiones de las relaciones laborales a nivel de empresa, colaboración sindical con la gerencia, mantener a toda costa la alianza histórica entre sindicatos y Estado, y una nueva cultura laboral de los obreros inclinada más hacia la productividad. En 1995 se inicia la negociación entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Coparmex por una nueva cultura laboral que terminó en agosto de 1996. Las partes centrales de la propuesta tienen que ver con el argumento de la globalización e integración económicas que impone a las empresas aumentar su competitividad: "8. Frente a la globalización es necesario adoptar una Nueva Cultura Laboral Mexicana que permita alcanzar el pleno empleo con productividad y calidad para la competitividad".

El documento Nueva Cultura Laboral abunda en una serie de conceptos éticos que deben normar las relaciones obrero patronales, de donde se concluye que la idea central que deberá existir en la relación laboral tiene que ver con el ser humano y de ninguna manera con la clase social: "3. El trabajo además de ser el medio legítimo de manutención del ser humano y su familia, debe ser también el medio de desarrollo integral de la persona". La empresa se visualiza como una comunidad y debe ser solidaria, por la cual cabe la colaboración y no la lucha de clases: "9. La Nueva Cultura Laboral Mexicana debe tener como sustento fundamental el diálogo, la concertación y la unidad de esfuerzos entre las organizaciones sindicales y los directivos empresariales". En esa idea del compromiso entre autoridades, empresarios y sindicatos, tal como lo señala el punto número 9, encontramos que el compromiso por la parte patronal de otorgar remuneraciones justas a los trabajadores ha sido incumplido de su parte, muy a pesar de que los asalariados de México aparecen como los más productivos del mundo y los peor pagados.

Bajo los nuevos tiempos de la alternancia en el poder, los cambios de fondo que atiendan los reclamos de los trabajadores aún no se vislumbran. De manera evidente se ha observado que el nuevo régimen mantiene una relación de continuidad con las viejas estructuras corporativas; lo mismo puede afirmarse sobre la estrategia de topes salariales y el endurecimiento de la política laboral (descalificación de huelgas). Las muestras de descontento expresado el 1°. de mayo por los trabajadores es un indicador del rechazo generalizado contra aquellas políticas sociales que contribuyan más al deterioro de las condiciones de vida de los asalariados. Bajo este contexto difícilmente puede esperarse la aceptación, por parte de las organizaciones obreras, de una adecuación de la Ley Federal del Trabajo inspirada en los principios de la Nueva Cultura Laboral.

* Maestro en Sociología y candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Veracruzana-Autónoma de Madrid.

Las nuevas competencias. Marco Antonio Vega Estrada

La competencia del factor humano es uno de los componentes más importantes en la arquitectura interna de las empresas. Tradicionalmente los negocios alcanzaban y aprovechaban esa competencia en sólo alguna de sus dimensiones, generalmente la cantidad de trabajo realizado; sin embargo, obtener beneficios por la cantidad de trabajo realizado es relativamente fácil de copiar por los competidores, no así la calidad y dirección del esfuerzo aplicado, el cual depende de las reglas que se establezcan. Si en la organización existe claridad de los objetivos y si estos son interiorizados por el personal, el trabajo podrá volverse más efectivo.

Las nuevas competencias

Marco Antonio Vega Estrada *

Quedaría incompleta una revisión de los aspectos que inciden en el desarrollo de la nueva cultura laboral si no se consideran las nuevas competencias. Con este propósito se intenta analizar primero algunas de las variables que hoy determinan la competitividad de las empresas. Las estrategias para consolidar las ventajas competitivas sustentables a partir de los recursos humanos como una fortaleza para la supervivencia tienen un espacio reservado. En una segunda parte se refieren las características más generales de la instrumentación en México del modelo de formación de competencias, a través del Programa de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMTYC) y del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER). Se concluye que las nuevas competencias son espacio de manifestación de las contradicciones que se dan al interior de las empresas y del sistema educativo. Por último, se hace mención del avance que se observa en el Estado de Veracruz, dejando para otro momento su análisis a profundidad, no sin plantear la hipótesis de trabajo que deriva de acusar el posible agotamiento de las formas tradicionales de vinculación cupular de los distintos subsistemas que integran el sector educativo con el aparato productivo.

El entorno económico actual es más competitivo y dotado de una mayor cantidad de participantes que buscan aumentar su participación en los mercados compartidos por la creciente globalización. Los parámetros de la competencia han evolucionado hacia una mayor exigencia en cuanto a la calidad de los productos y servicios ofrecidos por las empresas. En la búsqueda de una ventaja competitiva sustentable, ¿cómo pueden las empresas diferenciarse en un mercado tendiente a globalizarse y que facilita la difusión rápida y masiva de mejores prácticas organizativas e innovaciones tecnológicas? Las estrategias se orientan a los aspectos tecnológicos, a las bases de conocimiento, a las formas de organización del trabajo, a los aspectos de formación y capacitación como elementos clave para el desarrollo de competencias particulares.

La competencia del factor humano es uno de los componentes más importantes en la arquitectura interna de las empresas. Tradicionalmente los negocios alcanzaban y aprovechaban esa competencia en sólo alguna de sus dimensiones, generalmente la cantidad de trabajo realizado; sin embargo, obtener beneficios por la cantidad de trabajo realizado es relativamente fácil de copiar por los competidores, no así la calidad y dirección del esfuerzo aplicado, el cual depende de las reglas que se establecen. Si en la organización existe claridad en los objetivos y si estos son interiorizados por el personal, el trabajo podrá volverse más efectivo.

La reconversión productiva que implica la globalización trasciende las meras modificaciones internas de carácter tecnológico y organizacional, significa plantearse una serie de interrogantes: ¿cómo debe tomarse en cuenta la calificación de los trabajadores?, ¿qué competencias se están exigiendo?, ¿dichas exigencias se expanden por igual a lo largo y ancho de la trama productiva? Desde la perspectiva de los conocimientos requeridos, se supera el concepto de calificaciones como «stock de conocimientos y habilidades» para pasar a las competencias «entendidas como capacidad de actuar, intervenir y decidir en situaciones no siempre previstas o previsibles» (Messner 1996).

Los nuevos modelos productivos y de prestación de servicios obligan a los trabajadores a enfrentarse cotidianamente con problemas de gestión, a realizar elecciones entre calidad, costo, plazo, variedad y atención al cliente que se tienen que resolver en tiempo real.

Para Mertens (1998), una mayor complejidad en los sistemas de innovación exige una mayor adaptabilidad en los sistemas ocupacionales, lo que se traduce en el requisito de una capacidad de aprender como competencia que se debe utilizar intensamente y en forma permanente. En los sistemas de producción se diferencian las tareas principales de las periféricas y se observa una tendencia a simplificar las tareas principales a través de una mayor estandarización de las operaciones a fin de reducir costos. Esta tendencia hace que la tarea ya no sea sinónimo de competencia como lo fue en el modelo Taylorista, sino que surge la competencia en el sentido de la competencia deseada en donde el desempeño de las personas es más efectivo en 1a medida en que los objetivos sean claros y simples.

Dentro de estas nuevas competencias destacan las llamadas «competencias intelectuales» (capacidad de abstracción e identificación, capacidad de resolución de problemas, velocidad de respuesta) y las de carácter «comportamental» (capacidad de comunicarse de manera oral y por escrito, potencialidad para el trabajo en equipo).

Desde la perspectiva sindical, la identificación y definición de la competencia laboral abre la posibilidad de replantear las funciones de los trabajadores, tomando en cuenta el conjunto de factores técnicos y organizativos del caso. De esta manera se puede plantear una mayor autonomía externa y capacidad de resolver problemas no rutinarios que demandan conocimientos y habilidades más allá de operaciones simples. En este sentido, la concepción de la nueva competencia laboral se convierte en espacio de negociación y de manifestación de contradicciones. La participación de los trabajadores y sindicatos en las decisiones de cambio así como en las rutinas de trabajo y en la gestión de la capacitación, solamente en algunas empresas se está dando. Correlativamente al aumento de las competencias laborales y de saberes, ha hecho falta un acompañamiento que se traduzca en mejoras salariales y de las condiciones laborales para la gran mayoría de los trabajadores.

Para Ducci (1998), la situación de los diferentes países que enfrentan el tema de la formación de los recursos humanos basados en un enfoque de competencia laboral es múltiple y diversa. Las experiencias son relativamente recientes y se ha llegado a ellas por diferentes caminos. Es comprensible que países con distinta historia, herencia cultural, problemas y objetivos aborden el tema con perspectivas diferentes. En naciones como Inglaterra, Francia, Canadá y Australia, entre otros, estos cambios ya se vienen dando desde hace más de 20 años.

En México el artículo 45 de la Ley General de Educación señala que la formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a quien la reciba desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación u oficio calificados. También dice que se establecerá un régimen de certificación, aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades y destrezas de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

A partir de 1993 se intensificaron en nuestro país los esfuerzos para modernizar la formación y la capacitación. Se efectuaron consultas a los sectores productivos y laborales, se elaboraron diagnósticos sobre la situación de la educación técnica y la capacitación y se analizaron las experiencias internacionales sobre la instrumentación de sistemas de formación basados en competencias.

Se define la competencia laboral como un medio para identificar la capacidad productiva de un individuo, que se determina y mide en términos de su desempeño en un contexto laboral específico, reflejando los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad.

La competencia laboral mantiene y desarrolla las posibilidades ocupacionales de los individuos, ayudándoles a conservar y aportar su capital intelectual, aun en los períodos de desocupación, y revalora las capacidades de los trabajadores, además de asegurar la calidad de su desempeño, al estar basado en normas diseñadas y reconocidas por los propios trabajadores y el sector productivo.

Para las empresas el enfoque de competencia laboral apoya los procesos de selección, contratación y capacitación de recursos humanos, contribuye al mejoramiento de la gestión del trabajo y coadyuva al aumento de la productividad y la competitividad.

El diseño del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETYC) se inició en septiembre de 1993 y es ejecutado de manera coordinada por las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, con el apoyo financiero del Banco Mundial. El propósito general del proyecto es sentar las bases que permitan reestructurar las distintas maneras como se capacita la fuerza laboral, y que la formación eleve su calidad y gane en flexibilidad y pertinencia respecto a las necesidades de los trabajadores y de la planta productiva nacional.

El Sistema Normalizado de Competencia Laboral tiene como propósito que el sector productivo, conjuntamente con los trabajadores, definan las normas técnicas de competencia laboral de carácter nacional, por rama de actividad productiva, sector, industria o área de competencia laboral. Una norma técnica de competencia laboral se integra por un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son aplicadas al desempeño de una función productiva, y que al ser verificados en las situaciones de trabajo permiten determinar si la persona ha alcanzado el tipo y nivel de competencia, así como la calidad de desempeño esperada.

El Sistema de Evaluación y Certificación de Competencia Laboral busca establecer mecanismos de evaluación y certificación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los individuos, independientemente de la forma en que los hayan adquirido con base en una norma técnica. Es realizada por organismos reconocidos por el mercado que no mantienen relación laboral ni de capacitación con los candidatos al certificado. Esta certificación es voluntaria y basada en normas técnicas de competencia laboral.

La transformación de la oferta de formación y capacitación pretende desarrollar un sistema que dé énfasis a los resultados del aprendizaje, que se base en las normas técnicas y que sea flexible para facilitar a los individuos el tránsito entre educación y trabajo a lo largo de su vida productiva.

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) surge como parte de los trabajos que realizan las instituciones de los sectores educativo y laboral que ejecutan el Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETYC). El Consejo se define como un fideicomiso público sin carácter paraestatal, instalado por el Ejecutivo Federal el 2 de agosto de 1995. El pleno de este organismo está integrado por representantes del sector público, sector obrero, del sector empresarial y del sector agropecuario.

En este documento se escapa la posibilidad de discutir los avances que ha tenido el PMETYC en el país. Parece que han sido dispares, tanto a nivel nacional como por ramas de actividad económica. Dan la impresión que más que un asunto de decisión política, pudiera tratarse de una insuficiente difusión de las oportunidades que ofrece el sistema, además de la persistencia de resistencias que tienen que ver con las fortalezas y debilidades de los propios actores interesados y responsables de su instrumentación.

Las nuevas competencias son un espacio para la manifestación de las contradicciones. Para las empresas representan una herramienta para el desarrollo de ventajas competitivas sustentables; sin embargo, su reconocimiento implica el desafío para mejorar salarios y condiciones de trabajo. Para los trabajadores implican un reconocimiento a sus desempeños competitivos pero los obliga al compromiso de asumir una formación permanente y pone en evidencia en algunos casos la insuficiencia en ciertos desempeños. Para el sector educativo la formación basada en competencias es una oportunidad estratégica para transformar su oferta de servicios, lo que demanda hacer las cosas de una manera distinta a como siempre se habían hecho. En este contexto adquiere particular relevancia la certificación que corresponderá a organismos independientes de tercera parte.

Materia de otro ensayo es el caso Veracruz, baste señalar en este espacio el reconocimiento que se le da a la certificación de conocimientos y habilidades en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. De igual forma que en el Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004 se establece como decisión estratégica, promover proyectos de formación para el trabajo y reforzar la vinculación entre el sistema educativo y el sector productivo. Esta decisión tuvo un avance con la firma por parte del Titular del Ejecutivo del Estado del Convenio de Adhesión al PMETYC y de incorporación a los Sistemas de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, en donde los trabajos de la Comisión responsable de darle seguimiento están por verse. Es posible augurar grandes retos y dificultades dado el desgaste que pueden acusar las formas tradicionales de vinculación cupular que desarrollan los diferentes subsistemas federales y estatales del sector educativo con el sector productivo.

* Economista, pedagogo y maestro en Administración Pública. Ha sido funcionario en el sector educativo. Se desempeña como docente en postgrado.

Bibliografía

Acuerdo Intersecretarial STPS-SEP para la instalación del «Consejo de Normalización y Certificaciónde Competencia Laboral (CONOCER)». Diario Oficial de la Federación. 2 de agosto de 1995.

Argüelles, Antonio (compilador). «La educación tecnológica en el mundo». LIMUSA-CONALEP México. 1998. 359 pp.

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral.«Análisis ocupacional y funcional del trabajo». IBERFOP OEI. Madrid.1998.

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. «Internet. Pagina Oficial y subsecuentes». www.conocer.org.mx.

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. «Proyecto de modernización de la educación técnica y la capacitación. Actividades realizadas 1995-1998». México. Diciembre de 1998.

Convenio de Adhesión al Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación y de incorporación a los Sistemas de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. SEP-STPS- Gobierno del Estado de Veracruz. Gaceta Oficial. 3 de marzo de 1999.

Delors, Jacques (coordinador). «La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI». Santillana-ediciones UNESCO, París, 1996).

Ducci, María Angélica. «El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional». Jefa del Servicio de Políticas y Sistemas de Formación. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, Suiza. 1998.

Malagón y Montes, María Guadalupe (compiladora).'«Propuestas deformación tecnológica». Secretaría de Educación y Cultura. Coordinación de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz. 1998.

Mertens, Leonard. «Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos». Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional de Montevideo. OIT, 1998.

Messner, D. «Dimensiones especiales de la competitividad internacional». Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Año 2, núm. 3. México 1996. Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo.

Plan Veracruzano Desarrollo 1999-2004. Gobierno del Estado de Veracruz. Primera edición 1999.

Programa Veracruzano de Educación y Cultura. Gobierno del Estado de Veracruz. 1999.

Tuijnman, Albert T. «Hacer del aprendizaje para toda la vida una realidad para todos: un planteamiento de la OCDE». Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 1998.

Propuestas de reforma laboral de los partidos políticos. Graciela Bensusán

Existe una reforma laboral con orígenes en el sindicalismo independiente que ha sido retomada en las propuestas de dos de los principales partidos de oposición -el PAN (1995) y el PRD (1998)-. Se dirige a crear las condiciones institucionales básicas para hacer posible una democratización del movimiento sindical, extendiendo a este escenario los avances logrados en el terreno político durante los últimos 20 años. Si el sindicalismo mexicano no se transforma y recupera fuerzas propias para presionar por el cambio de las políticas económicas y las estrategias empresariales de bajos salarios, será más difícil evitar que el actual modelo de integración, formalizado en el TLCAN y sus limitados acuerdos paralelos, se extienda hacia el sur.

Propuestas de reforma laboral de los partidos políticos *

Graciela Bensusán

E1 tema de la reforma a la legislación laboral, ha estado fuertemente asociado con las exigencias empresariales de mayor flexibilidad en las relaciones obrero-patronales, lo que se explica debido a que el origen de las aspiraciones reformadoras proviene de este sector. De manera sistemática desde 1988, las organizaciones empresariales encabezadas por la Coparmex, han estado insistiendo en que el cambio institucional en este ámbito (artículo 123 constitucional y Ley Federal del Trabajo -LFT) responde a la necesidad de aumentar la competitividad del país. Incluso, desde las filas gubernamentales se ha sostenido esta expectativa, justificando la promoción de reglas laborales más flexibles por las ventajas que ello traería supuestamente para la creación de empleos (PND; 1995-2000). Habría que agregar también que esta visión restringida y neoliberal de la reformase vio apoyada por las declaraciones y posiciones del sindicalismo oficial, al denunciar que cualquier modificación implicaría necesariamente un retroceso de los derechos adquiridos, por la desfavorable correlación de fuerzas y las tendencias flexibilizadoras que (con su total complicidad) dominan las estrategias empresariales de competitividad.

Mientras el sector empresarial defiende de esta manera su legítimo interés de lograr de una vez por todas una ley laboral de bajo perfil regulador y de por sí flexible, que no requiera de la complicidad sindical o gubernamental para encubrir su trasgresión, el sindicalismo oficial defiende lo contrario. La intención es que, rechazando la reforma, su presencia siga siendo necesaria para imponer la flexibilidad y, por ende, que su supervivencia se siga garantizando con el sostén de los empresarios y el gobierno, al margen de la voluntad de agremiación o permanencia de los trabajadores en las anquilosadas organizaciones sindicales.

Frente a esta visión de la reforma existe otra, con orígenes en el sindicalismo independiente y que ha sido retomada en las propuestas de dos de los principales partidos de oposición el PAN (1995) y el PRD (1998)- que se dirige a crear las condiciones institucionales básicas para hacer posible una democratización del movimiento sindical, extendiendo a este escenario los avances logrados en el terreno político durante los últimos veinte años. Aunque hay todavía discrepancias serias dentro de las filas del "nuevo sindicalismo" acerca de la conveniencia, oportunidad y alcance de una reforma con estos propósitos, hay por lo menos consenso sobre cuáles son los aspectos más perjudiciales del orden vigente en los que se apoya el viejo sindicalismo y que cobijan toda suerte de ilegalidades en el mundo laboral, como los "sindicatos fantasmas" y los "contratos de protección". Existe también la convicción en estos medios de que el fin del corporativismo y la erradicación de toda forma de simulación es una condición necesaria -aunque no suficiente- para restaurar un mínimo equilibrio entre los intereses en juego y poner freno a una competitividad sustentada en el abatimiento artificial de los costos laborales.

Las perspectivas del sindicalismo mexicano (en particular, su capacidad de cambiar de naturaleza y recuperar recursos de poder que no dependan del Estado, como la movilización, la formación de alianzas amplias en torno a la crítica del modelo neoliberal la construcción de alternativas y la cooperación sindical trasnacional) tienen así importantes consecuencias en el exterior, porque de su evolución depende, en gran medida, cuál será la tendencia dominante en la integración hacia el resta del continente americano. En efecto, si el sindicalismo mexicano no se transforma y recupera fuerzas propias para presionar por el cambio de las políticas económicas y las estrategias empresariales de bajos salarios, será más difícil evitar que el actual modelo de integración, formalizado en el TLCAN y sus limitados acuerdos paralelos, se extienda hacia el sur. El propósito de este trabajo es por tanto, identificar un conjunto de reformas institucionales indispensables para aumentar la transparencia y la democracia en el sindicalismo mexicano, en aras de fortalecer el poder sindical, así como señalar las principales aportaciones que las propuestas de los partidos de oposición contienen en esa dirección.

La libertad, la democracia y la transparencia sindicales: asignaturas pendientes en la transición política

A todas luces es evidente el enorme rezago existente entre los avances logrados por la democratización política y el autoritarismo dominante en el escenario laboral, donde las viejas reglas corporativas detienen la renovación del sindicalismo, sea impidiendo la expansión de las nuevas organizaciones, como tolerando las prácticas de corrupción y la ausencia de democracia en la vida interna de los sindicatos.

Herencia de un proceso revolucionario poco interesado en el viejo problema de las formas de gobierno internas en las organizaciones sociales, la autonomía y las libertades individuales (de trabajo, sindical, de industria, etcétera), la legislación laboral mexicana presenta al respecto dos tipos de limitaciones: por una parte, no contiene exigencias de diseño y funcionamiento interno que pudieran orientar a los sindicatos hacia una vida democrática, con pleno respeto de las corrientes internas, de las mayorías y las minorías (y cuando se establecen, como en el caso de la rendición de cuentas -artículo 373-, no son efectivas). Por otra, fomenta los poderes coactivos (agremiación, contratación colectiva y huelga), la concentración de poder en las cúpulas, la ausencia de procedimientos democráticos para conocer la voluntad de afiliación y selección de liderazgos y la intervención externa (principalmente de la autoridad laboral, pero también de los empleadores) junto a los condicionamientos en aspectos cruciales de su vida interna, como el alcance organizativo, el reconocimiento de los líderes y la alta o la baja de sus miembros, a través del trámite de registro y de la toma de nota de las directivas.

Una consecuencia de todo ello, es que la legislación auspicia un tipo de sindicalismo cuasi obligatorio (por la legalización de las cláusulas de consolidación sindical y su incorporación a la contratación colectiva), dotado de poderes institucionales significativos, pero dependientes de los criterios gubernamentales, que no pueden ponerse al servicio de estrategias que se opongan a las políticas oficiales o empresariales y que, en consecuencia, resultan completamente inútiles para defender a los trabajadores en un contexto de globalización neoliberal. Por el contrario, la democracia sindical es hoy un recurso indispensable para cerrar el paso a la traición sistemática, como salida a la presión externa para someter los fines sindicales a los intereses del gobierno y las empresas; aumentar la capacidad estratégica de las organizaciones -es decir, una mejor lectura del entorno político y económico que conduzca a una selección apropiada de estrategias- y hacer posible la movilización de las bases alrededor de programas de acción más amplios que articulen sus cada vez más heterogéneos intereses, en torno a metas comunes y a las del resto de la sociedad.

En efecto, el viejo corporativismo estatal podía mantener, con sus recursos tradicionales, un intercambio político sustancial con un Estado comprometido con el desarrollo del mercado interno, pero poco puede obtener por esta vía para sus representados en un modelo orientado hacia la exportación y preocupado por la atracción y conservación de los capitales a cualquier precio, incluyendo la exclusión de los trabajadores de su beneficio. De ahí que se haya limitado a garantizar su propia supervivencia y abierto el espacio a una generalizada corrupción, a cambio del apoyo de las dirigencias en la transición de un sistema laboral incluyente pero "selectivo" (en el que se encontraban protegidos los trabajadores de las grandes empresas estatales y privadas) hacia otro de "exclusión generalizada".

A pesar de la pérdida ostensible de legitimidad de la dirigencia adicional y del hecho evidente de que hace tiempo dejó por completo de representar a los trabajadores, su reemplazo y la construcción de un "nuevo sindicalismo", no será un resultado mecánico de la transición política ala democracia. Sin negar la importancia de contar con garantías de esa índole para impulsar, con menores costos, la renovación, existen candados institucionales que seguirán sosteniendo las inercias corporativas y dificultarán el proceso de cambio más de lo conveniente. Las recientes experiencias en la construcción de la UNT muestran que si bien el gobierno mantiene una aparente "neutralidad" en la reorganización del movimiento obrero, todavía funciona con gran eficacia la vieja trilogía de poder (empresarios, gobierno y sindicatos aliados) para derrotar a los disidentes y hacerles pagar un precio muy alto por el ejercicio de sus derechos fundamentales, como lo es la decisión de dejar de formar parte de las organizaciones oficiales y sumarse a las filas de sindicatos auténticos.

Es por ello imprescindible entender que éste es, desde la perspectiva de los trabajadores, el objetivo central de la reforma: remover dichos candados y crear un entorno institucional afín con las transformaciones del sistema político (acotamiento del presidencialismo, fortalecimiento del Estado de Derecho, contienda electoral en condiciones de equidad) de manera que aumente la estabilidad de la democracia y sea posible encontrar una combinación justa entre competitividad y equidad.

En este contexto hemos dividido las reformas institucionales asociadas con el aumento de la democracia y la transparencia organizativa en tres tipos que se relacionan con la búsqueda de:

  • Plena autonomía
  • Representatividad real
  • Mayor democracia interna

A su vez, estas transformaciones se vinculan con el fortalecimiento de diversos recursos de poder y capacidades sindicales, según se indicará en su oportunidad.

La autonomía y el sistema de registro sindical

En una nueva estructura de oportunidades y restricciones económicas en que las políticas empresariales y gubernamentales atienden a afectar los intereses de los trabajadores en aras de conservar o aumentar la competitividad, la autonomía real del sindicato para determinar sus metas y estrategias resulta fundamental. Sin embargo, la ausencia de este atributo es uno de los problemas más serios del sindicalismo mexicano tradicional y uno de los primeros a atender si se quiere aumentar su poder frente al adversario patronal.

El modelo de regulación laboral mexicano dejó en manos de las autoridades el papel central en lo que se refiere al control del proceso organizativo, mientras los patrones cumplían en él un rol no menos importante, vinculado a la selección de la contraparte en la contratación colectiva. El propósito original era evitar la radicalización de la confrontación obrero-patronal en torno al derecho de asociación y promover la acción colectiva a cambio de la intervención estatal en la constitución del sin sindicato y durante toda su vida activa, a través del control de los liderazgos. El resultado fue que se creó la oportunidad para que desde fuera se condicionen los fines y estrategias sindicales a los que resulten compatibles con las políticas gubernamentales y empresariales.

Pieza fundamental de este arreglo, es el sistema de registro de las organizaciones que abre el paso a una intromisión del gobierno atentatoria de las libertades sindicales. Así, aunque una disposición de la LFT establece que "los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa" (357), el procedimiento de registro impone exigencias de difícil cumplimiento, como lo es la acreditación del carácter de trabajador. Igualmente, se establecen restricciones injustificadas, como la definición de los tipos organizativos (gremiales, de empresa, de industria, nacional de industria y de oficios varios) que impiden a los trabajadores decidir libremente el tipo organizativo más conveniente. Otras restricciones, que cobran hoy una gran importancia dada la creciente cooperación sindical trasnacional y las expectativas de formar sindicatos internacionales para ganar fuerza y aumentar la solidaridad en el marco de los procesos de globalización, prohíben que los extranjeros formen parte de las directivas sindicales (artículo 372), con lo que, al igual que con la enumeración taxativa de los tipos organizativos, se prohíben los sindicatos de esta naturaleza.

Al lado del trámite de registro, que se convierte en un verdadero filtro en la formación de sindicatos independientes del gobierno y de las centrales oficiales, el establecimiento de obligaciones sindicales frente la autoridad ha ampliado las oportunidades de control estatal. Principalmente la obligación de comunicar, dentro de un plazo de 10 días, el cambio de directivas y estatutos (artículo 377, fracción II), cuyo incumplimiento no podría más que merecer sanciones administrativas, se ha transformado con base en los reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un trámite de "toma de nota" sin el cual la nueva directiva no tendría reconocimiento. De más está decir que de esta forma el Ejecutivo (local o federal, según el caso) mantiene un fuerte control respecto de quién accede a un lugar en la cúspide sindical que le dará importantes poderes coactivos y limita seriamente la posibilidad de mantener la plena autonomía de la organización, frente a las políticas gubernamentales.

Es conocida la importancia que las autoridades laborales federales competentes (STyPS) han asignado al control de las centrales y los sindicatos nacionales de industria, a través de los liderazgos, sobre todo en los sectores más importantes de la actividad económica, y el papel que este control ha jugado desde fines de los cuarenta hasta la actualidad, por ejemplos, en materia de política salarial. Sin embargo, este control ha sido también decisivo en el ámbito local y en algunos estados -como aquellos con una fuerte presencia de la industria maquiladora- hoy en día no sólo se orienta a impedir la emergencia de sindicatos y directivas sindicales independientes, sino a apoyar los esfuerzos anti sindicalistas de las empresas y asociaciones del sector.

Igualmente, las características del sistema de registro y la falta de transparencia de la información relativa al proceso de sindicalización (aunque existen respecto de esto último algunos avances a partir de 1995 en el ámbito federal) cobijan todo tipo de simulaciones, como la proliferación de sindicatos de "membrete" cuyo registro es manipulado por abogados y líderes sin escrúpulos que venden protección a los empleadores para evitar la emergencia de una organización auténtica.

En síntesis, la eliminación del trámite de registro y de la "toma de nota" de las directivas ante la autoridad laboral, con el propósito de instaurar un sistema público y transparente, con fines exclusivos de publicidad y total independencia del Poder Ejecutivo, se ha convertido en una condición inicial para recuperar la autonomía organizativa y dejar en manos de los trabajadores la decisión del tipo de sindicato más conveniente a sus intereses: nacional o internacional y por criterios geográficos, de rama o cualquier otro que libremente escojan.

La representatividad real y la contratación colectiva

Se ha dicho con insistencia que el sindicalismo mexicano atraviesa por una larga crisis de representatividad que se acentúa a medida que las políticas gubernamentales y empresariales afectan los intereses de los trabajadores. Conviene, en consecuencia, explorar qué tipo de representatividad generan las reglas laborales mexicanas, de qué manera éstas son modificadas por las prácticas y con qué consecuencias.

En México, un sindicato minoritario, que sólo afilie a un reducido número de trabajadores (20) puede generar una "mayoría eterna y ficticia" -como advertía un líder agrarista en los años veinte a partir de obtener un Contrato Colectivo (CC), que incluya las conocidas cláusulas de exclusión en sus dos modalidades (por admisión y separación), incluso antes de que la empresa comience a funcionar, lo que ha sido una práctica muy extendida en las medianas y grandes empresas.

Sin embargo, antes de ello y después de sorteado el trámite de registro, los sindicatos pasan por una segunda instancia de control, a cargo de los empleadores. Cuando estos están de acuerdo con quien demanda la celebración de un CC, por las garantías que ofrece en razón de su vínculo con el gobierno o pertenencia a una central oficial, la negociación de este instrumento no suele presentar inconveniente y, en tal caso, bastará agremiar a una minoría (incluso, es suficiente con dos trabajadores, si se trata de un sindicato de industria) para conseguirlo. Por el contrario, si no se ofrecen suficientes garantías de docilidad sindical, el patrón puede recurrir a distintas maniobras para eludir o por lo menos dificultar que un sindicato independiente acceda a la titularidad del CC. En los hechos, una de las tendencias que se observan a partir de los ochenta -anunciando una transformación profunda del sistema de relaciones laborales para asemejarse al estadounidense- es precisamente el papel cada vez más decisivo que juegan los empleadores para moldear el proceso organizativo y reivindicativo.

La posibilidad de la manipulación se origina en la ausencia de procedimientos confiables para seleccionar al titular de la contratación colectiva. No hay ninguna disposición que obligue a celebrar un recuento previo a la selección cuando existan en la empresa dos o más sindicatos en condiciones de obtener la titularidad, por lo que el empleador podrá anticiparse a la demanda de un sindicato poco afín a sus intereses, alentando la creación de otros menos amenazador -o buscándolo en el mercado de sindicatos con registro- a quien apoyará negociando con él. En tal caso, el otro sindicato deberá iniciar un juicio por pérdida de titularidad, que en el mejor de los casos y después de largo tiempo, dará lugar a un recuento, sin que se exijan las garantías mínimas (voto secreto, condiciones de equidad entre los contendientes, no injerencia patronal) que permitan emitir libremente la voluntad de afiliación de los trabajadores y den oportunidades equivalentes a los contendientes. Por el contrario, la experiencia indica que los patrones tienen una participación decisiva alentando a uno de ellos, proporcionándole recursos materiales y amenazando abiertamente a los trabajadores de las consecuencias de una votación adversa a los intereses de la empresa, manipulando los padrones de votación, además de los despidos selectivos con la intención de disuadir a los más activos. Estas medidas suelen acompañarse incluso de medidas represivas, como la utilización de grupos de choque y las agresiones físicas contra los trabajadores.

No existen al respecto en México, sanciones específicas a los empleadores por prácticas discriminatorias, lo que constituye una laguna de graves consecuencias, cuando se extiende el interés patronal de borrar las principales diferencias con el sistema de relaciones laborales estadounidense, propiciando no sólo una mayor flexibilidad legal, sino el establecimiento de relaciones individuales con trabajadores no sindicalizados. Sin embargo, hay que destacar que todavía predomina aquí una salida distinta, asociada a los rasgos corporativos del sistema de relaciones laborales, como lo es la simulación sindical como forma de evadir una auténtica sindicalización, que se apoya en una legislación que se propuso en su origen promover la organización y contratación colectiva.

Otro factor que posibilita la simulación, es la concentración de poder en las cúpulas sindicales (principalmente en el secretario general). Así por ejemplo, la incorporación en la ley de la obligación de que los CC sean aprobados por la mayoría en asambleas, ayudaría a dificultar los arreglos a espaldas de los trabajadores. Igualmente sería útil la exigencia de que el sindicato y la empresa entregaran a los trabajadores copias de los CC, muchas veces desconocidos por sus supuestos beneficiarios.

En suma, las altas tasas de sindicalización que se registran en el país en ramas de actividad decisivas para el modelo exportador, como ocurre en el sector automotriz y que llevan a que la totalidad de las plantas viejas y nuevas (incluyendo las japonesas) estén sindicalizadas, así como la expansión sindical en algunos servicios y en empresas pequeñas y medianas, no están reflejando un aumento del poder sindical, sino un arreglo socio-político que conduce a consecuencias semejantes a la falta de sindicalización, como lo es la unilateralidad de las estrategias de competitividad empresariales, sustentadas, predominantemente, en el abatimiento de los costos laborales (Bensusán, 1998).

En el mismo sentido, estas altas tasas de sindicalización no expresan un aumento de la capacidad organizativa para lograr la adhesión de sus miembros, sino más bien la sumisión de las dirigencias al papel que se les asignó en el nuevo modelo exportador (como garantes de los bajos salarios y la disciplina), a la par que la disposición de métodos coactivos de agremiación (como las cláusulas de exclusión), que dan a los sindicatos su naturaleza obligatoria, al exigir a los trabajadores afiliarse y mantenerse dentro de las organizaciones aliadas al gobierno y los empresarios. Hay por lo menos dos tipos de consecuencias negativas derivadas de estos procedimientos organizativos: por lo que respecta a los trabajadores, éstos no sienten que el sindicato sea un espacio de expresión de sus intereses ni la mejor vía para defenderlos, sino, esencialmente, un mecanismo de acceso al empleo, con lo que se afectan la solidaridad interna y la capacidad de movilización sindical. Por otra parte, genera en la dirigencia una nula preocupación por la eficacia de sus estrategias, los lleva a ceder ventajas a los empresarios a cambio de la inclusión de estas cláusulas coactivas en los contratos y posibilita que las traiciones sistemáticas permanezcan en la impunidad, en tanto el costo de la disidencia contra las políticas oficiales del sindicato puede llegar hasta la pérdida del empleo. Este fenómeno se relaciona con la cuestión de la democracia interna que, por su importancia, será examinada aparte.

En suma, si se quiere lograr una auténtica representatividad de los sindicatos respecto de los intereses de los agremiados, en la que el número de afiliados exprese algo más que poderes institucionales negociados a cambio de la subordinación de los liderazgos o la simple simulación, es necesario modificar las reglas relativas a la celebración de los CC, haciendo explícita la obligación de un recuento público previo a la selección del sujeto titular (cuando dos o más disputen este derecho) y estableciendo en todos los casos (incluyendo en los juicios por pérdida de titularidad) la obligación de que existan condiciones equitativas en la contienda entre opciones organizativas, sancionando las prácticas patronales discriminatorias (tanto las que buscan impedir la sindicalización, como las que dan preferencia a una organización sobre otra), a través de un procedimiento rápido, exigiendo el voto secreto y con todas las garantías democráticas en los recuentos. Igualmente sería de gran utilidad exigir el voto previo de la asamblea como condición de validez de los CC y eliminar los costos de la disidencia sindical, suprimiendo las cláusulas de exclusión o por lo menos, permitiendo que los trabajadores se desafilien del sindicato titular sin consecuencias, a cambio de seguir pagando las cuotas relativas a los gastos de negociación colectiva.

Democracia interna y estatutos sindicales

El déficit en materia de democracia interna no proviene exclusivamente de la insuficiencia de las reglas en la ley destinadas a imponerla, en tanto otros factores externos -como la naturaleza autoritaria del sistema político en que nacieron y se desarrollaron- tienen una gran responsabilidad. Sin embargo, la incorporación de nuevas disposiciones y la mayor efectividad de las que ya están previstas con tal propósito, pueden contribuir a fortalecerla, siempre que se ponga cuidado en evitar que la reglamentación de la democracia vuelva a abrir el paso a la intromisión externa en la vida sindical.

En la legislación actual, se incluyen diversos requisitos entre los que deben contener los estatutos que buscan garantizar los derechos de los miembros de la organización, como la fijación de las condiciones de admisión de los miembros, sus derechos y obligaciones y los motivos y procedimientos de expulsión (con modalidades que pretenden evitar la arbitrariedad y ofrecer garantías de legalidad a los afectados). De la mayor importancia es el establecimiento de reglas para la convocatoria a asambleas ordinarias y el derecho de una minoría de 33% de los miembros del sindicato o sección a solicitar su convocatoria e incluso, transcurrido un plazo de 10 días sin respuesta de la directiva, a convocarla directamente con la exigencia, en tal caso, de que las resoluciones se tomen por una mayoría calificada (artículo 371). Igualmente se establece que las directivas deben rendir cuentas sobre la administración del patrimonio sindical y que esta obligación sindical no es dispensable (artículo 373).

* Tomado del libro "Libertad Sindical".- UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, primera edición, 1999.

La nueva cultura laboral en el proceso del trabajo. Hugo Italo Morales Saldaña

La tradicional metáfora de comparar a la empresa con una embarcación en la cual todos los tripulantes persiguen el mismo interés se ha hecho realidad. Esta navegará con éxito o sufrirá el naufragio de no conducirla con destreza y armonía. Este principio aplicado a todo centro de labores ha constituido una verdad absoluta e inconmensurable. Todos aquellos que se encuentran involucrados en el proceso laboral tienen pleno conocimiento que sólo las buenas relaciones y deseos de superación producirán el éxito en el desarrollo del trabajo.

La nueva cultura laboral en el proceso del trabajo *

Hugo Italo Morales Saldaña **

Antecedentes

Durante largo tiempo, el movimiento obrero organizado exigió a las autoridades competentes una nueva legislación de trabajo que viera por el respeto a sus derechos adquiridos e incluyera nuevos conceptos laborales en su beneficio. Con posterioridad, modificó radicalmente esta actitud, oponiéndose a toda reforma legislativa, argumentando que cualquier cambio atentaría en contra de sus intereses.

La evolución progresiva del Derecho del trabajo vinculada estrechamente a la economía, no fue rezón suficiente para convencer a la clase laborante de mudar su opinión al respecto y se mantuvo en estas ideas tradicionales.

Ante este rechazo, se buscaron soluciones alternas y éstas han dado resultados, fructificando en nuevos sistemas de acercamiento entre las partes.

Los empresarios buscaron a su contraparte proponiéndole inicialmente un convenio que expresara el pensamiento conjunto, acorde con sus necesidades mutuas en materia laboral.

Como esta forma expresada en un acuerdo escrito no podía tener mayor obligatoriedad que los buenos propósitos de ambos, surgieron ideas concretas a realizar, inspiradas en el pensamiento común; sin embargo, para muchos, este pacto simplemente constituía un decálogo de ética y buenos deseos.

Resultados Inmediatos

Quienes estuvieron de acuerdo con el movimiento progresista sustentado por la Nueva Cultura Laboral se solidarizaron con su sector formando parte del mismo; los detractores de esta corriente, dieron argumentos contradictorios para justificar su oposición, invocando superficialidad en el proyecto; código de buenos deseos y entreguismo de parte de las organizaciones obreras, acusándolas de debilidad, ignorancia histórica y carencia de ideología obrerista.

Como todo movimiento con sustentación firme, se continuó con las metas trazadas y para el efecto, las partes continuaron reuniéndose periódicamente, en busca de mejores soluciones a sus problemas tradicionales.

Reuniones Oficiales

Al percatarse las autoridades laborales que las habían dejado fuera de la discusión y el acercamiento cada día era mayor sin requerir su intervención, aprovecharon el momento para ofrecer apoyo logístico en sus instalaciones que permitiera a los sectores el desarrollo de sus intenciones.

Una vez superadas las etapas de formulación de esquemas, se iniciaron sus cumplimientos y para tal efecto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social invitó una vez más a los sectores productivos, a reuniones constantes en las cuales se establecieron las bases de acercamientos periódicos, con objetivos concretos.

Las partes interesadas acordaron agenda de trabajo, previa condición establecida con toda claridad por la representación obrera, de un absoluto respeto a las conquistas laborales adquiridas y abstención absoluta de aprovechar, las pláticas para introducir temas que implicaran cualquier cambio legislativo.

Esta sorprendente limitante fue respetada por el interlocutor social, y la autoridad de trabajo formuló una profusa agenda para analizar un sinnúmero de temas en materia económica y laboral.

Los funcionarios competentes del ministerio presentaron estudios estadísticos y encuestas sobre capacitación, becas, empleo, información de derecho comparado, situación de otros países, etc.; asimismo problemas derivados de la práctica forense: interpretación legislativa, procuración de justicia, etc.

Durante el tiempo transcurrido, fueron convocados los sectores en más de doscientas ocasiones, y poco a poco fueron conociendo más y mejor la realidad laboral del país y las razones de incumplimiento de las normas de trabajo.

Las decisiones concretas que afectaban el desarrollo normal de una práctica procesal o administrativa se analizaron, sugiriendo a la autoridad competente los cambios respectivos. Fueron múltiples las resoluciones de esta índole, pero en todos los casos se obtuvieron resultados positivos.

Legislación Laboral

Durante las pláticas, se estudió la posibilidad por parte del gobierno de formular una nueva Legislación Laboral; sin embargo, para respetar los compromisos adquiridos con el Comité Técnico de la Nueva Cultura Laboral, se constituyó un grupo de trabajo ad hoc integrado por diversos participantes de los sectores involucrados; durante los meses que se reunieron, los resultados fueron nulos, por lo que se decidió dar por cancelados los objetivos iniciales.

Legislación procesal

Posteriormente el propio gobierno convenció al sector obrero de la Nueva Cultura Laboral, de proceder a un estudio de nuevo Código Federal de Procedimientos de Trabajo, a lo cual accedió previo estudio y análisis del problema. El proyecto mencionado se encuentra concluido y se ha dado a conocer a todos los sectores interesados para que formulen opiniones al respecto, cuyos principios rectores podríamos sintetizarlos en breves líneas:

1.- Hacer más expedito el proceso laboral.

A fin de alcanzar plenamente el objetivo constitucional de una justicia laboral pronta y expedita que resguarde los derechos y las garantías sociales consagrados en el apartado «A» del artículo 123 constitucional, es necesario agilizar el proceso laboral, con plena garantía de los principios de justicia social, equidad, seguridad y certeza jurídicas.

2.-Impulsar la conciliación

Es necesario impulsar la conciliación, dentro o fuera del juicio, como instrumento alternativo de solución de controversias, a fin de coadyuvar a un equilibrio armónico entre los factores productivos. La eficacia de la conciliación se ha revalorado, pues de lograrse la avenencia se pone término a un conflicto sin necesidad de sujetarse a un proceso, el cual puede ser prolongado y honeroso. Debe fortalecerse la función conciliatoria de las procuradurías de la defensa del trabajo.

Asimismo es necesario impulsar la conciliación en la solución de los conflictos individuales. El procedimiento laboral ha de revisarse y, en su caso, modificarse para fortalecer la conciliación, en particular se propone la conveniencia de que la actual audiencia única se divida en dos audiencias por separado, para reordenar el procedimiento y para que desde la primera audiencia se privilegie efectivamente la conciliación y se dé mayor celeridad al procedimiento.

Se propone impulsar la conciliación mediante un cuerpo profesional de conciliadores, altamente especializado, en número suficiente, con mejores remuneraciones y adecuada infraestructura, para que la conciliación se intente en todo momento del procedimiento antes de dictarse el laudo.

3. Asegurar la plena vigencia de la garantía constitucional de acceso a la justicia laboral.

Han de mejorarse los servicios de asesoría jurídica gratuita a favor de los trabajadores para lo cual es necesario fortalecer a las procuradurías de la defensa del trabajo. Debe elevarse la preparación de los funcionarios de dichas instancias. Sobre el particular, se propone formular la siguiente recomendación: I) que todos los procuradores auxiliares cuenten con título profesional y una experiencia mínima de tres años; II) que estén adecuadamente remunerados y III) que haya un número suficiente de ellos. Asimismo, se propone situar a un Secretario de Acuerdos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la sede de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a fin de que los convenios alcanzados adquieran plena fuerza legal y se fortalezca así la conciliación.

4. Robustecer la autonomía de los tribunales y elevar la profesionalización de sus funcionarios

La mayor autonomía de los órganos encargados de impartir justicia en el ámbito laboral fortalecerá el derecho a la jurisdicción previsto como garantía constitucional. Con vistas a asegurar efectivamente la calidad profesional de los juzgadores, es necesario mejorar los criterios de selección, preparación y promoción, mediante la implantación de la carrera judicial en el ámbito de la justicia laboral, y profesionalizar así al personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Los juzgadores deben recibir una remuneración adecuada, la cual no podrá ser modificada en su perjuicio durante su cargo. Deberán revisarse las causas de responsabilidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como de las autoridades.

5. Preservar el principio constitucional de la integración tripartita en las Juntas de Conciliación y Arbitraje

La preservación del tripartismo contribuirá a la plena observancia de los principios de justicia social consagrados en el apartado «A» del artículo 123 constitucional. Desde su texto original, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha consagrado el principio del tripartismo en materia de justicia laboral. La integración tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje ha permitido, en términos generales, la solución satisfactoria de los conflictos laborales, con la consecuente estabilidad laboral. El tripartismo está presente también en diversos organismos encargados de la previsión social.

6. Garantizar en la Ley que las resoluciones - incluidos los laudos- se emitan de manera pronta, completa e imparcial

Conforme al artículo 17 constitucional, debe asegurarse que los laudos se emitan de manera pronta, imparcial y completa, esto último a fin de evitar que se dicten con omisiones previsibles que generan violaciones que hacen que los tribunales colegiados concedan en forma recurrente el «amparo para efectos», lo cual hace prácticamente interminables los juicios laborales.

7. Eficientar la institución de la caducidad de las acciones por inactividad procesal

Con el propósito de agilizar el procedimiento laboral y en aras de la seguridad jurídica, debe eficientarse la institución de la caducidad de las acciones por inactividad procesal, lo cual coadyuvaría a abatir los rezagos existentes en las Juntas de Conciliación y Arbitraje por falta de resolución de asuntos en los que existe evidente carencia de interés de los promoventes.

8. Elevar el nivel profesional de los litigantes en el ámbito laboral

A fin de mejorar el nivel profesional de los litigantes, debe exigirse que los apoderados sean licenciados en Derecho con cédula profesional. Con el propósito de evitar problemas de inequidad en la representación de los trabajadores, se reconoce la legitimidad de miembros de los comités ejecutivos sindicales para ejercer la representación como apoderados de sus agremiados, de conformidad con lo que determinen los estatutos de los sindicatos.

9. Atacar la problemática derivada de los conflictos de titularidad de los contratos colectivos de trabajo

En los juicios de titularidad de contratos colectivos, hay sindicatos que no cumplen del todo con los presupuestos procesales legales, lo cual ha dado lugar en la práctica a un abuso de dicha figura legal, en detrimento de la certeza y seguridad jurídicas. Por lo tanto, es necesario que en todo juicio de titularidad se establezcan criterios más estrictos respecto a los requisitos de procedibilidad de admisión de las demandas correspondientes, es decir, en todo juicio de titularidad debe exigirse a la parte actora que acredite fehacientemente el interés jurídico y la legitimación procesal necesarios, esto es que entre otros requisitos, el sindicato promovente acredite que cuenta con trabajadores,. legalmente reconocidos, al servicio de la empresa de que se trate y de que es su voluntad la demanda de la titularidad de contrato colectivo. Asimismo, los ámbitos de coacción de los sindicatos deberán estar en correspondencia con los objetos de las empresas en cuestión. De este modo, se reconoce que la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario en los juicios de titularidad. Además, se recomienda que en el recuento de trabajadores que se ofrezca como prueba en los juicios de titularidad, el voto de los trabajadores sea secreto.

10. Atacar la problemática derivada de los emplazamientos a huelga para firma de contrato colectivo

A fin de evitar que sindicatos que podrían no representar legítimamente a los trabajadores promuevan emplazamientos a huelga para firma de contrato colectivo de trabajo, sería conveniente prever en la ley que el sindicato emplazante acredite fehacientemente ante la Junta que cuenta entre sus agremiados con trabajadores al servicio de la empresa emplazada.

11. Revisar las reglas actuales de la carga de la prueba

Con el propósito de corregir los abusos que han propiciado ciertas reglas de la carga de la prueba en demérito del principio de equilibrio de las partes, se propone la conveniencia de revisar las disposiciones en la materia, en aras de la equidad, preservando en todo caso el carácter tutelar del derecho del trabajo, i.e., el equilibrio de las partes en el derecho procesal laboral.

12. Analizar los casos-límite que como consecuencia de las transformaciones registradas en otras ramas del derecho, y reconocidas por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han originado en relación con la aplicación de las normas que delimitan la competencia de las autoridades laborales.

Se considera conveniente abordar el tema de los casos en los que resulta problemática la aplicación de la competencia de las autoridades federales del trabajo, pues algunas ramas sujetas por ley a la jurisdicción federal están perdiendo dicho carácter, en virtud de la evolución de otras ramas del derecho, como el derecho administrativo. Así, por ejemplo, el transporte en ciertos casos está perdiendo su carácter de rama sujeta a la jurisdicción federal, en razón de una tesis jurisprudencial según la cual las autorizaciones y permisos ya no se consideran concesiones, por lo que habría que revisar, entre otros, el texto del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo.

13. Identificar y, en su caso, proponer la derogación o adecuación de las disposiciones legales inoperantes en la práctica, es decir, carentes de eficacia y eficiencia, de las disposiciones obsoletas, así como de aquellas normas contradictorias entre sí

A fin de modernizar la legislación laboral, se considera necesario revisar las disposiciones legales que prevén instituciones que en la práctica no existen ni tienen razón de existir, v. gr., las Juntas de Conciliación (no de Conciliación y Arbitraje). En la actualidad no existe ninguna Junta Federal de Conciliación. Por lo tanto, es conveniente revisar el status legal de las juntas de conciliación permanentes y de las juntas de conciliación accidentales.

14. Dar viabilidad a la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica.

Con el objeto de posibilitar el trámite de los conflictos colectivos de naturaleza económica, podría explotarse la conveniencia de señalar expresamente en la Ley que sólo se suspendiera su tramitación cuando se estalle el movimiento de huelga, es decir, cuando se suspendan efectivamente los trabajos en la empresa, habida cuenta de que las normas legales en la materia, además de su duplicidad (artículos 448 y 902), originan problemas en su aplicación dada la ambigüedad de su formulación; o bien acotar que dicha suspensión se diera sólo en los casos de emplazamientos a huelga que tengan por objeto la revisión de los contratos colectivos.

15. Valorar la conveniencia de proponer un Código Procesal del Trabajo a fin de que trabajadores y patrones conozcan mejor los procedimientos para hacer valer sus derechos sustantivos

Se considera conveniente modernizar la legislación laboral, a fin de que exista un Código Procesal del Trabajo que recoja las propuestas planteadas en este documento, lo cual permitiría que, preservando los principios del derecho sustantivo, eventualmente puedan adecuarse las normas procesales cuando así lo exijan las necesidades sociales, de conformidad con los procedimientos constitucionales.

Reflexiones Finales

Por el momento se desconoce cual será el destino final de este intento legislativo, pero aún ante su fracaso, mucho se ha logrado con la desmitificación de la lucha de clases.

La tradicional metáfora de comparar a la empresa con una embarcación en la cual todos los tripulantes persiguen el mismo interés se ha hecho realidad. Esta navegará con éxito o sufrirá el naufragio de no conducirla con destreza y armonía. Este principio aplicado a todo centro de labores ha constituido una verdad absoluta e inconmensurable.

Todos aquellos que se encuentran involucrados en el proceso laboral tienen pleno conocimiento que sólo las buenas relaciones y deseos de superación producirán el éxito en el desarrollo del trabajo.

Esperamos que el nuevo gobierno tome en consideración este esfuerzo realizado consensuadamente con todos los sectores productivos involucrados -sin excepción de ninguna naturaleza-, y tome la decisión de iniciar los estudios de la parte sustantiva y aspectos reglamentarios sobre la materia.

Una medida de esta naturaleza fortalecería con mayor intensidad las magníficas relaciones obrero-patronales que existen en la actualidad y recogería el deseo unánime de una Legislación Laboral Mexicana avanzada y acorde con las condiciones internacionales de todos los países en desarrollo.

* Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado los días 26, 27 y 28 de abril del 2001 en Boca del Río, Veracruz.

** Doctor en Derecho Laboral.

Impacto de la reforma fiscal sobre las obligaciones de previsión social. Pedro Cuevas Figueroa

Mientras el salario está referido de manera directa e inmediata a la cantidad y calidad del servicio prestado al patrón, ya sea que se calcule por cuota diaria, por unidad de obra o por tarea, las prestaciones de previsión social pueden estar referidas o no al monto del salario como mero índice para cuantificación de la prestación; más bien están relacionadas con la calidad misma del trabajador, por su antigüedad en el servicio o su jerarquía dentro del centro de trabajo, y siempre como una prestación adicional y diferente del salario.

Impacto de la Reforma Fiscal sobre las obligaciones de Previsión Social *

Marco general de la seguridad social

Pedro Cuevas Figueroa **

Desde el momento mismo de la celebración del Congreso Constituyente que culminó con la promulgación de nuestra Carta Magna, muy ilustres diputados expresaron su preocupación por las condiciones de los trabajadores, tanto en lo referente a la prestación de sus servicios dentro de los centros de trabajo como a sus condiciones generales de vida. Como resultado de esas preocupaciones plasmaron en el artículo 123 de la Constitución diversas disposiciones tendientes todas ellas a proteger al trabajador en todos los aspectos. Así, en el aspecto netamente económico se establecieron reglas sobre el salario mínimo y el salario remunerador; se incluyeron disposiciones sobre las condiciones mínimas de higiene y seguridad dentro de los centros de trabajo, se incluyeron reglas para garantizar el derecho a la libre asociación sindical y el respeto al derecho de huelga y desde ese mismo instante se fijaron también las bases para la seguridad social de la clase trabajadora.

Las ideas sobre la seguridad social como un derecho de la clase trabajadora se habían venido desarrollando ya en la Europa industrializada en las varias teorías y doctrinas de muy diversas tendencias, desde la filosofía cristiana de la Iglesia Católica hasta las ideas más radicales de los comunistas y aun de los anarquistas.

Paralelamente a la promulgación de la Constitución y de las normas protectoras a los trabajadores en su artículo 123, en diversas legislaciones de carácter local de varias entidades federativas y aun antes de la promulgación misma de la Constitución, ya los caudillos revolucionarios habían promovido ante las Legislaturas locales o bien ellos mismos habían dictado leyes y reglamentos tendientes a proteger al trabajador en todos aspectos. En la Ley Federal del Trabajo de 1931 se reitera de una manera sistemática y ordenada una serie de prestaciones de carácter social, identificables con prestaciones típicas de previsión social.

En efecto, la preocupación del constituyente de otorgar a los trabajadores además de la compensación normal constituida por el salario como retribución por los servicios prestados al patrón, algunas otras prestaciones complementarias, pero al fin y al cabo referidas directamente y aun de manera proporcional a la cantidad del servicio prestado por el trabajador, se han contemplado de manera distinta y separada una serie de prestaciones que si bien están referidas a la relación de trabajo y encuentran en ellas origen y justificación, no guardan una relación directa e inmediata con la cantidad y calidad del servicio prestado, incluso en casos como la ausencia justificada del trabajador.

Esas prestaciones siguen vigentes como un derecho que habiendo nacido de la relación laboral misma, en cierto modo se separan de la consideración rutinaria y cotidiana de la prestación de servicio. Para reglamentar ese otorgamiento como un derecho de los trabajadores basta su calidad, la sola razón de ser trabajadores pertenecientes precisamente a esa clase social.

A ese tipo de prestaciones se les ha llamado genéricamente de previsión social. Muchas definiciones y caracterizaciones se han dado de ella, tantas como doctrinas y tendencias existentes sobre el particular. La mayoría de ellas coinciden en señalar que las prestaciones se otorgan a los trabajadores de manera general, con motivo de vínculo laboral, pero que son independientes y autónomas de la retribución principal que percibe por su trabajo, a saber, el salario.

Pues mientras el salario está referido de manera directa e inmediata a la cantidad y calidad del servicio prestado al patrón, sea que éste se calcule por cuota diaria, por unidad de obra o por tarea, las prestaciones de previsión social, en cambio, pueden estar referidas o no al monto del salario, como mero índice para cuantificación de la prestación, pero están más bien relacionadas con la calidad misma del trabajador, por su antigüedad en el servicio o su jerarquía dentro del centro de trabajo, aunque siempre como una prestación adicional y diferente del salario.

Por otro lado, se han definido las prestaciones de previsión social de acuerdo con la finalidad inmediata de su otorgamiento, y así tenemos que algunas de estas prestaciones se otorgan como medidas protectoras del salario en el sentido de que no solamente protegen al trabajador sino a su familia, toda vez que es la beneficiaria directa e inmediata del sueldo del trabajador.

Otras prestaciones tienden a proteger la salud del trabajador y de su familia o bien tratan de prevenir los quebrantos económicos que la familia sufre con motivo de la muerte del trabajador, y de este modo establece una serie de indemnizaciones a sus deudos para el caso de fallecimiento y otras más están encaminadas a prevenir los trastornos económicos del trabajador con motivo de una cesantía o pérdida del empleo, sea que ocurra o no en edad avanzada. Y así, según el bien jurídico y socialmente tutelado por la prestación, de manera inmediata y directa, se han hecho diversas clasificaciones de las prestaciones de previsión social.

La Doctrina del Derecho del Trabajo las ha recogido como una institución de las relaciones laborales. Los trabajadores, sobre todo actuando colectivamente, han luchado y obtenido en las negociaciones de contratación colectiva estas prestaciones, en la medida de la fuerza de sus agrupaciones y de la posibilidad económica de su patrón. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, bajo una fórmula bastante amplia y general de manera que no implique ninguna limitación a las posibilidades de conquistas laborales, ha establecido en la fracción XXV del artículo 132, la obligación del patrón de Contribuir al fomento de las actividades culturales y el deporte entre sus trabajadores y proporcionarle los equipos y útiles indispensables».

Con ello ha querido significar de la manera más amplia, una de las preocupaciones principales del Estado para lograr el establecimiento de las medidas de previsión social que eleven el nivel y la calidad de la vida de los trabajadores.

También ha sido preocupación constante tanto de los gobiernos como de los sindicatos el proteger la economía familiar a través de la protección al salario, el preservar la salud de los trabajadores y de sus familiares, el prevenir los trastornos económicos de su fallecimiento o cesantía, como ha sido una preocupación importante el mejorar la calidad y el nivel en todos los aspectos de la vida familiar de los trabajadores fuera del centro de trabajo. Es por ello que se ha dado especial importancia a las conquistas referidas a prestaciones encaminadas a proporcionarles solaz y esparcimiento por un lado, pero también una ocupación útil del tiempo libre, para el mejoramiento y conservación de su salud y de su cuerpo mediante la práctica de los deportes, enriqueciendo de paso con ello las relaciones interfamiliares de los trabajadores.

De igual manera, se ha prestado particular atención al fomento de las actividades culturales que alimenten, cultiven y enaltezcan el espíritu de los trabajadores, que produzca una elevación de su alma y de su ser todo a través de los bienes de la cultura. El acceder a los bienes de la cultura como un derecho y una conquista de la clase trabajadora y no como un privilegio exclusivo de la clase capitalista, ha sido una preocupación permanente de los trabajadores desde los primeros movimientos colectivos.

Por ello en el tiempo presente, la Ley lejos de restringir las posibilidades de los trabajadores para obtener de sus patrones todas las prestaciones que les sea posible mediante la negociación de los contratos colectivos y la utilización de los medios lícitos, particularmente el derecho de huelga, ha establecido solamente una fórmula bastante general y amplia que permita a los trabajadores el logro de estas conquistas.

Es menester adelantar desde ahora que la definición del artículo 84 sobre el concepto de salario siguió una fórmula también bastante amplia y genérica para no excluir ninguna ventaja económica del trabajador, sino abarcar todas las prestaciones susceptibles de valuarse en dinero. Sin embargo, por lo mismo, todas aquellas prestaciones que, difícilmente pueden cuantificarse en dinero porque claramente están fuera de esta consideración, no podrán formar parte de esta concepción de salario por la misma imposibilidad material para cuantificarlas para considerarlas en moneda.

Las cuotas de seguridad social como sustitutivas de obligaciones laborales

A la par con la evolución de las conquistas de orden laboral, particularmente las referidas a las prestaciones de previsión social, surgió en los gobiernos y en las agrupaciones de trabajadores, una preocupación por aquellos trabajadores cuyos patrones carentes de la capacidad económica suficiente para otorgarles todas las prestaciones que sindicatos de trabajadores empleados por patrones económicamente poderosos estaban en aptitud de obtener. De igual manera preocupó a sindicatos y gobiernos la magnitud económica de algunas de esas medidas que hacía difícil si no imposible el que los patrones solos o coaligados se hiciesen cargo de tales prestaciones, sin riesgo bastante elevado en el caso de tener necesidad de atender económicamente el pago de las mismas.

Por ello surgió la idea de la seguridad social que vio cristalizada por primera vez su implantación práctica en la Prusia de Bismarck, en el siglo XIX, ahí se sentaron las bases para los sistemas de seguridad social que en lo futuro gozarían y gozan los trabajadores del mundo occidental industrializado.

Quedó también establecido desde entonces, la necesidad de que el Estado tutelase el otorgamiento de esas prestaciones de seguridad social, igualmente quedó legitimada desde entonces la necesidad de establecer cargas de carácter tributario sobre los trabajadores y patrones, que después abarcaron en algunos países a toda la población, para garantizar el financiamiento y la prestación del servicio de la seguridad social.

De esta manera, nacieron los sistemas de seguridad social tripartitas como el nuestro, donde la prestación del servicio de la seguridad social se financia con tres aportaciones que provienen del sector de los patrones, una parte que en nuestro país constituye la mayor y se complemente con aportaciones del trabajador y el Estado.

Al mismo tiempo que se establece esta obligación de contribuir al financiamiento del sistema de seguridad social del país, se libera a los patrones contribuyentes al sistema de todas las obligaciones que la Ley les impone como mínimo en Materia de Previsión Social. Subsistieron solamente a cargo de los patrones, las obligaciones que en exceso de las que marca la Ley, ellos pactan con sus trabajadores mediante la contratación colectiva.

De esta manera aparece con toda claridad el carácter de las Cuotas o Aportaciones para el Régimen de Seguridad Social, como sustituto de todo el catálogo de obligaciones que la Ley impone al patrón y que siendo muchas de ellas de carácter aleatorio, como las indemnizaciones en el caso de accidentes de trabajo o enfermedades por riesgos profesionales, la obligación aleatoria de pagar una cuantiosa indemnización de un momento dado es sustituida por la obligación cotidiana de pagar una cuota, una aportación al sistema de seguridad social para que el Estado a través del organismo establecido para el efecto, asuma la obligación que la Ley en principio le impone al patrón de indemnizar a sus trabajadores en estos casos.

Y así con el resto de las obligaciones que en materia de seguridad social tienen los patrones, ya sea provenientes de la Ley o de la contratación colectiva con sus trabajadores. De manera que en un momento dado, el patrón queda totalmente libre del cúmulo de obligaciones a su cargo que se constituye por la de pagar las contribuciones o cuotas de seguridad social.

Las cuotas de seguridad social como contribuciones especiales

Desde el momento mismo de su nacimiento en los diversos Estados que han adoptado un Régimen de Seguridad Social de aportación tripartita, se ha cuestionado la naturaleza jurídica de las cuotas de seguridad social en el campo de las contribuciones reguladas por el derecho tributario. Algunos las han querido ver como impuestos, otros como derechos y otros más de una manera ecléctica, han preferido llamarles contribuciones especiales o exacciones parafiscales.

Lo cierto es que, como lo han señalado los distinguidos autores sostenedores de las diversas corrientes doctrinarias, la contribución como figura de aportación o cuota para seguridad social participa de la naturaleza de varias de esas figuras y así tenemos que participan con el impuesto de su naturaleza obligatoria con posibilidad de cobro forzado, para el caso de que los sujetos no las cubran voluntariamente; igualmente participan de la naturaleza de los impuestos desde el punto de vista amplio y genérico de que el fin a que se encuentra destinada coincide con los fines del Estado, susceptible de ser catalogado como fin público, por lo tanto sufragable con el gasto público.

Sin embargo, al estar destinadas las cuotas a un fin específico, se distinguen de los impuestos que igualmente aparecen destinados al mismo fin específico, por la circunstancia de que en el caso de las cuotas su gasto se destina a atender las necesidades de un grupo claramente identificado y, en principio cerrado y exclusivo, integrado por los patrones y trabajadores contribuyentes al sistema; esto las asemeja un poco a los derechos y de ahí vienen los argumentos de otras de las corrientes que las considera el pago de un servicio consistente en todo el catálogo de prestaciones de seguridad social que el trabajador tiene derecho a recibir como contraprestación de las aportaciones realizadas por su patrón y por él mismo.

Sin embargo, esa argumentación cae por su peso al referirla a los trabajadores que nunca o rara vez llegan a solicitar la prestación de los servicios médicos más comunes de la seguridad social, consistentes en la atención médica y medicamentos para sanar sus enfermedades o de accidentes de trabajo. De manera que no es posible identificarlas con los derechos, ya que no aparece siempre el elemento distintivo de este tipo de contribuciones, consistente en la prestación de un servicio por el Estado al contribuyente que paga el derecho.

Precisamente por estas características que le asemejan a varias figuras tributarias, hay autores que prefieren denominarlas contribuciones especiales y agruparlas en una categoría que incluye entre las más destacadas a las contribuciones de mejora o para la construcción de obras públicas. Quienes las agrupan en esta categoría les atribuyen como características principales las siguientes:

  1. El ser establecidas en Ley y por lo tanto con fuerza obligatoria para trabajadores y patrones.
  2. El estar destinadas al gasto público, pues corresponden a la atención de los servicios de seguridad social.
  3. El estar destinadas a sufragar el costo de la prestación de los servicios de la seguridad social a través del organismo señalado por el Estado.
  4. El estar circunscritas a trabajadores y patrones, salvo algunas excepciones, en el régimen de incorporación voluntaria y respecto de algunos trabajadores sin patrón.
  5. El ser administradas, generalmente por un organismo autónomo, descentralizado del Estado, quien las aplica á la atención del servicio de la seguridad social, independientemente de que aparezcan o no dentro del presupuesto general de egresos del Estado.

En todo caso, el fin específico o destino que la Ley asigna a las cuotas o aportaciones de seguridad social, constituye una de sus características de fundamental importancia y que acarrea trascendentales consecuencias para trabajadores y patrones sujetos al régimen del seguro social obligatorio, como se verá más adelante.

A. El hecho generador de las cuotas de seguridad social.

Habiendo quedado establecido que las cuotas de seguridad social tienen un carácter sustitutivo de las obligaciones que en materia de previsión social impone la Ley a los patrones y que el rendimiento de estas contribuciones o aportaciones está destinado precisamente a la satisfacción de las prestaciones que integran el sistema de seguridad social, analizaremos ahora uno de los elementos fundamentales de toda contribución, trátese de un impuesto, de un derecho o de las contribuciones especiales, a saber: el hecho generador.

El hecho generador, también denominado hecho imponible por algunos autores o hecho gravable por otros, pero en fin, no importa cual denominación se emplee para referirse siempre al supuesto jurídico de la norma, al supuesto de cuya realización dependerá el nacimiento de la obligación de contribuir, nos encontramos que tratándose de las cuotas de seguridad social, el hecho generador no puede encontrarse como han pretendido algunos en el otorgamiento de las diversas prestaciones de la seguridad social, para querer ver en ello el pago o contraprestación de tales servicios con la figura de la cuota, y así se ha visto que no es necesario que se produzca la prestación del servicio para que un sujeto en particular tenga la obligación de pagar las cuotas.

Tampoco podemos encontrar al hecho generador en una determinación autoritaria y menos aún arbitraria del Estado para incluir a determinados grupos en el régimen de la seguridad social obligatoria.

Lo que aparece con toda claridad es que siendo las cuotas sustitutivas del catálogo de obligaciones que en materia de seguridad social impone la Ley a los patrones y estando referidas precisamente a la seguridad social en beneficio de los trabajadores, la definición del artículo segundo, fracción segunda, del Código Fiscal de la Federación resulta exactamente aplicable a nuestra realidad jurídica, pues las contribuciones de seguridad social se establecen a cargo de los patrones a quienes el Estado sustituye en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad social y de los trabajadores que son los beneficiarios directos del Sistema de Seguridad Social instituido para ellos.

En tales condiciones, el hecho generador de la obligación de pagar las cuotas de seguridad social no puede ser otro más que el vínculo laboral de cuyo establecimiento nace para el patrón una serie de obligaciones, en cuyo cumplimiento se sustituirá el Estado mediante el pago de la cuota de seguridad social. Y ese vínculo laboral mismo dará origen al nacimiento de toda la serie de prestaciones de seguridad social cuyo beneficiario será precisamente el trabajador unido al patrón mediante el vínculo laboral, así que esta relación laboral y solamente este vínculo laboral es el constitutivo del hecho generador de las cuotas o contribuciones de seguridad social.

Muy importante distinguirlo desde ahora del destino que habrán de tener las cuotas que son la satisfacción y otorgamiento de la seguridad social a los trabajadores beneficiarios o derechohabientes, muy importante es también distinguirlo desde ahora de las obligaciones que en materia de previsión social impone la Ley al patrón y a cuyo cumplimiento se sustituye al Estado merced del establecimiento de estas cuotas a cargo de los patrones.

B. Base gravable

Otro de los elementos fundamentales de toda contribución, se encuentra constituido por la base gravable es decir, la cuantificación del hecho generador para medir su significación económica que generalmente reflejará la capacidad contributiva misma del sujeto para aplicar la cuota, tipo, tasa o alicuota, según la denominación doctrinaria que se prefiera, cuya aplicación dará como resultado la contribución, impuesto o derecho que el sujeto está obligado a pagar en los términos de la Ley.

Tratándose de las cuotas de seguridad social, la base gravable está constituida por el salario recibido por el trabajador como pago o retribución por su trabajo y no puede ser de otra manera. El elemento objetivo más claro y patente para la cuantificación y cálculo de todas las prestaciones siendo complementarias o no del salario representen alguna ventaja de tipo económico para el trabajador.

Ahora bien, aún cuando el salario constituye la base gravable de las contribuciones o aportaciones de seguridad social, el concepto que del mismo se establece en la legislación y la doctrina laboral varía al ser tomado como contenido para la determinación de la base gravable de las cuotas al seguro social. En efecto, es un concepto muy amplio el que se ha establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha fijado su interpretación, precisamente por el carácter protector de las normas que rigen las relaciones laborales, mismas que van encaminadas en todo momento a proteger al trabajador y los derechos que se derivan de su relación con el patrón. Destaca de manera señalada entre ellos la protección al salario y sus accesorios, es decir, todas las ventajas económicas que derivan de la Ley o de la contratación individual o colectiva del trabajador como contraprestación principal y fundamental de la relación de trabajo establecida con su patrón.

Es por ello que el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo es tan amplio en el señalamiento de todo tipo de ventaja económica como parte integrante del salario y que la Jurisprudencia ha fijado para la debida interpretación del precepto. Consecuentemente, las prestaciones y ventajas económicas para el trabajador en caso de conflicto con su patrón; sobre todo tratándose de despido injustificado, tienden a englobar la totalidad de ventajas económicas derivadas de la relación de trabajo, en beneficio del trabajador, como contenido de sus prestaciones económicas y como base para el cálculo de todos los accesorios y adicionales en relación con su salario.

Sin embargo, no sucede lo mismo cuando nos encontramos frente a la noción de salario como equivalente o integrante de la base gravable para el pago de una contribución, a saber: las cuotas o aportaciones de seguridad social. En este caso, cabe hacer una distinción muy importante que parte de una de las características fundamentales de las aportaciones de seguridad social como contribuciones especiales, estamos hablando del fin específico a que se destinan estas contribuciones.

Efectivamente, ya ha sido señalado que las contribuciones de seguridad social tienen como fin primordial el satisfacer el gasto a erogarse por el organismo público descentralizado Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien la Ley encomienda la función pública de la administración y prestación de los servicios de seguridad social, para cuya atención se establecen a cargo de patrones y trabajadores las cuotas correspondientes en la Ley y cuyo destino específico señalado en la propia Ley, se encuentra constituido precisamente por la prestación de todos esos servicios inherentes o constitutivos de lo que se conoce en términos amplios como la seguridad social.

En tales condiciones, debemos hacer una primera separación de orden lógico, entre las prestaciones de carácter económico que siendo accesorias o complementarias del salario se calculan y otorgan de manera similar a los que sirven para determinar el salario de cada trabajador y que se entregan precisamente a cambio de la labor ordinaria referidos a su labor cotidiana, a la constante prestación del servicio al patrón que constituye de su parte el cumplimiento del contrato de trabajo. Sin embargo, deben también distinguirse con toda claridad las prestaciones que no tienen precisamente el carácter de accesorias o complementarias del salario, sino que caen dentro de la categoría que hemos señalado anteriormente de previsión social y que vienen a constituir medidas preventivas o protectoras para cumplir un fin de carácter eminentemente social que puede estar constituido por la protección al salario o la salud del trabajador y su familia.

O bien conforme a las más modernas tendencias para elevar su nivel cultural, espiritual o aun la condición física del cuerpo mismo del trabajador y de sus familiares. En este caso, nos encontramos ya frente a una serie de prestaciones que lejos de formar parte de la base gravable para el cálculo, determinación y liquidación de las cuotas de seguridad social, constituyen precisamente el objeto de su destino específico señalado en la Ley.

Efectivamente, la nueva Ley del Seguro Social contiene un título denominado de los Servicios Sociales que en su Capítulo Único le señala como finalidad específica «Fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población».

Además, señala que tales prestaciones sociales se proporcionarán mediante programas de muy diversas actividades que se refieren lo mismo a la difusión de conocimientos para mantener la salud, y así hay programas de educación higiénica, sanitaria y de primeros auxilios. Otros más para el mejoramiento de la alimentación de la vivienda: Otros para impulsar el desarrollo de actividades culturales, deportivas y en general todas aquellas tendientes a lograr una mejor ocupación del tiempo libre. Finalizando con una regla general que se refiere a todas aquellas actividades útiles para la elevación del nivel de vida individual y colectivo.

Pues bien, todas estas prestaciones que de acuerdo a la Ley del Seguro Social el Instituto ha de proporcionar bajo el rubro genérico de prestaciones sociales cuando ya son proporcionadas por los patones directamente a sus trabajadores, no pierden la calidad de prestaciones sociales y no se convierten por ello en prestaciones accesorias o complementarias del salario sino que caen dentro de la categoría diversa de prestaciones de previsión social y ese es el tratamiento que deben recibir desde el punto de vista del Derecho Fiscal, para efectos de la determinación del monto de las cuotas a pagar por obreros y patrones para el financiamiento de la seguridad social.

Y no podría ser de otra manera, puesto que si ya hemos señalado antes el capítulo del hecho generador, que éste se encuentra constituido siempre por una conducta, por una actividad, por una situación propia del sujeto contribuyente que en esta caso lo son tanto trabajadores como patrones, misma que al suceder acarrea como consecuencia jurídica inmediata el nacimiento de la obligación tributaria establecida en la Ley; en este caso las cuotas de seguridad social y que tendrán como base gravable la cuantificación económica de esa situación o relación que constituye el hecho generador de la contribución.

En el caso de las cuotas obrero-patronales para el Seguro Social, el hecho generador está constituido precisamente, como ya ha sido señalado, por la relación jurídica laboral entre trabajador y patrón y la base gravable está constituida por el salario, y este concepto de salario se encuentra delimitado para separar de él, en principio, todas aquellas prestaciones que si bien recibe el trabajador como una consecuencia jurídica que surge de su relación laboral, en cumplimiento del contrato individual o colectivo de trabajo, no puede identificarse con el salario base porque caeríamos en una petición de principio al pretender definir el monto del salario base para el pago de las cuotas obrero-patronales, con cargo a cuyo rendimiento se dará Q trabajador una serie de prestaciones de previsión social.

Caeríamos en un vicio lógico al pretender incluir dentro del objeto a definir el mismo objeto definido, si dijésemos que forman parte integrante del salario las mismas prestaciones que el trabajador debe recibir con cargo a las cuotas o aportaciones de seguridad social; cuando ya ha quedado claramente establecido en la Ley que el destino específico de dichas cuotas es precisamente, entre otras cosas, el otorgamiento de las prestaciones cuyo valor o significación económica pretende incluirse dentro del cálculo de la base gravable para el pago de tales cuotas.

Dicho de otra manera, no se puede incluir dentro del cálculo de la cantidad necesaria para el otorgamiento de las prestaciones de la previsión social, el valor de las mismas prestaciones cuando el trabajador ya las recibe directamente de su patrón y no del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de esa manera se estaría incluyendo dentro del salario base el valor mismo de la prestación que habrá de otorgarse con el rendimiento de las cuotas calculadas sobre la base de dicho salario integrado.

Precisamente por ese motivo, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social excluye de la determinación del salario base de cotización «dada su naturaleza»; tal expresión «dada su naturaleza» no puede referirse más que a la circunstancia que ya hemos apuntado, de que si ya el trabajador recibe directamente del patrón los beneficios que había de recibir del Instituto Mexicano del Seguro Social, significa que el patrón se ha adelantado al Estado, al Organismo de la Seguridad Social y directamente otorga a sus trabajadores estas prestaciones.

De manera que, sin esperar al pago de las cuotas y la integración de un fondo con cargo al cual se financiará el otorgamiento de estas prestaciones; el patrón revirtiendo el proceso de sustitución del Estado en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley Federal del Trabajo le imponen, se insiste, revirtiendo este proceso en que el patrón incurre en una nueva sustitución y se adelanta al Estado en el otorgamiento de todas estas prestaciones.

Y si ya el patrón está satisfaciendo directamente las necesidades que el Estado pretende cubrir con el otorgamiento de las prestaciones sociales, no puede menos que reconocerse que ya no existe causa legítima para exigir al patrón el pago de una cuota de seguridad social para el otorgamiento de esas prestaciones, mucho menos aún el pretender que dichas prestaciones, en su significación económica, a su vez sean objeto de gravamen.

Visto desde otro ángulo, esto podría dar lugar incluso a una posibilidad de reversión de las cuotas a favor del patrón como sucede en algunas de las ramas del Régimen del Seguro Social Obligatorio, particularmente el de enfermedades generales y maternidad, cuando el patrón presta directamente a sus trabajadores los servicios de atención médica y como consecuencia, el Seguro Social le revierte el monto de las cuotas causadas o pagadas por este concepto. De esta misma manera, incluso podría pensarse en una reversión de cuotas al patrón por estar adelantándose ya en el cumplimiento del otorgamiento de las prestaciones de previsión social a que nos hemos venido refiriendo.

Pero en todo caso, aun sin llegar a esos extremos y considerando que el otorgamiento por parte del patrón de las prestaciones de previsión social cabe dentro de la consideración de prestaciones otorgadas en exceso o en cantidad superior a las marcadas por la Ley, de una u otra manera no existe ninguna justificación legal para considerar que el valor de tales prestaciones deba formar parte integrante del salario base para el cálculo de las cuotas a cargo de trabajadores y patrones en el Régimen del Seguro Social obligatorio.

Naturaleza de las prestaciones de los planes de previsión social

A) Las diversas prestaciones que se otorgan a los empleados de las Empresas bajo la denominación genérica de Plan de Previsión Social, caen dentro de categoría típica de prestaciones de previsión social por las siguientes consideraciones:

En primer lugar, todas ellas se refieren a los renglones fundamentales de la seguridad social, a saber: programas de fomento cultural, deportivo y de mantenimiento y protección de salud de los trabajadores. Efectivamente, analizando el catálogo de prestaciones, encontramos que ellas se refieren básicamente a los siguientes rubros:

El fomento de actividades culturales, a través del pago de cuotas de inscripción o de colegiaturas a diversos cursos y actividades culturales, así como el pago de libros y material escolar. Estas actividades culturales incluyen clases de baile, música o pintura, el pago de periódicos o revistas o de adquisición de libros de carácter técnico o en general de tipo cultural, el pago de boletos o abonos para la asistencia a representaciones de tipo teatral o conciertos, eventos musicales o bien la compra de los materiales necesarios para el desarrollo de actividades de carácter cultural como instrumentos musicales o los materiales necesarios para la práctica de baile, actividades pictóricas, así como la compra de cámaras fotográficas y las películas necesarias, además de discos de música.

Por otra parte, dentro del rubro de actividades deportivas se incluye el pago de inscripciones y cuotas para asistencia a clubes o asociaciones deportivas, así como la compra de todo tipo de material y equipo para la práctica de deportes como raqueta, pelotas, guantes, bicicletas, artículos de pesca, tiendas de campaña, balones, etc., etc., el pago de boletos para asistencia a eventos deportivos y las clases para la práctica o aprendizaje de muy diversos tipos de deportes, nuevamente, por el valor de éstos equipos o materiales como por la magnitud económica misma del valor individual de cada uno de los artículos cuyo costo sea absorbido por la empresa para el beneficio de sus trabajadores, no aparece ningún gasto exagerado ni por renglón ni por tipo de artículo deportivo.

Otro renglón de mayor importancia se refiere a gastos médicos, ya sea a través de su reembolso directo a través del pago de primas o cuotas de seguros de gastos médicos mayores o de seguros de vida y de gastos médicos, cuyas primas son pagadas por la empresa a sus empleados.

De manera que podemos concluir válidamente que por el tipo de prestaciones en sí mismas consideradas, todas caerían dentro de la categoría de prestaciones de previsión social tanto en términos doctrinarios como dentro de las calificaciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Pues como ya ha quedado dicho, todas las prestaciones tienden a la protección de la salud de los trabajadores y de sus familiares, a la elevación de su nivel cultural o bien a la preservación de su condición física mediante la práctica de deportes.

B) Aleatoriedad de su pago

Por lo que hace al monto de la prestación que cada persona tiene derecho a recibir en aplicación del Plan de Previsión Social, el mismo se encuentra indeterminado y solamente está sujeto a una cantidad tope equivalente a un porcentaje de su salario mensual nominal, de manera que no existe una cantidad fija mensual a recibir por cada empleado beneficiario del plan sino que esto se encuentra determinado por su mayor o menor actividad deportiva o cultural y por su mayor o menor necesidad de seguros, de gastos médicos o bien por el mayor o menor reembolso de dichos gastos médicos al actualizarse enfermedades o accidentes que requieran dicho tratamiento.

Sin que por otra parte la totalidad de dichos gastos puedan ser absorbidos por la prestación que otorga el plan, ya que ésta se encuentra limitada, como hemos señalado, por cada empleado beneficiario- de manera que podemos concluir válidamente que la cantidad mensual es variable e indeterminada para cada beneficiario y lo único que existe como punto cierto de referencia es la existencia de un tope máximo al beneficio posible para cada empleado.

C) Exclusión del hecho generador de las aportaciones de seguridad social y consecuentemente de la base de salario para determinación del monto de las cuotas

Ya hemos señalado que las prestaciones de previsión social no pueden formar parte del hecho generador ni de la base gravable para el pago de las cuotas de seguridad social, en este caso se encuentran las prestaciones del Plan de Previsión Social.

Las razones para determinar la exclusión del monto de las prestaciones de Previsión Social, para el cálculo de la base de cotización son las siguientes:

1.- En primer lugar, porque el otorgamiento de dichas prestaciones constituye el cumplimiento de una obligación voluntariamente asumida por las empresas para otorgar a sus empleados toda la gama de prestaciones de previsión social a que se ha venido haciendo referencia, de manera que nos encontramos en el supuesto típico, el patrón que sustituye al Estado, al organismo creado para el servicio público de la seguridad social, es decir el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el otorgamiento provendría precisamente del pago de las cuotas para seguridad social.

De manera que si las empresas se han adelantado ya al Instituto Mexicano del Seguro Social en el otorgamiento de estas prestaciones, ninguna causa legítima puede haber para exigir a tales empresas en su calidad de patrones el pago de las cuotas necesarias al otorgamiento de unas prestaciones que ya las empresas se han adelantado a otorgar a sus empleados. Valen aquí los argumentos del vicio lógico de petición de principio y de incluir el objeto a definir dentro de la definición, si se pretendiese que tales prestaciones formaran parte del salario base para determinar el pago de las cuotas obrero-patronales.

2.- De donde pasamos al siguiente punto de la cuestión, las prestaciones de previsión social que otorgan las empresas a sus empleados no pueden tener la doble calidad de objeto o destino final de las cuotas de seguridad social, con cargo a cuya recaudación se financie del otorgamiento a tales prestaciones y al mismo tiempo constituir la causa o motivo, vía su inclusión en el salario base de cotización, pues con ello se encontrarían dentro de dos categorías o calificaciones que resultan contradictorias y excluyentes en términos lógicos y jurídicos.

Efectivamente, por un lado formar parte integrante del salario base de cotización para la determinación de cuotas obrero-patronales y por otro lado constituir el fin o destino de dichas cuotas por tratarse de prestaciones de previsión social para cuyo otorgamiento se requiere precisamente la recaudación de tales cuotas y poder financiar así el gasto a erogar en el otorgamiento de tales prestaciones.

Hemos de insistir aquí en la imposibilidad lógica y jurídica aplicable a todo tipo de contribuciones especiales para que se pueda considerar como parte de la base para el cálculo del gravamen, el valor mismo de las obras o de las prestaciones que habrán de otorgarse con el rendimiento obtenido por la recaudación de la contribución de que se trate.

Para poner un ejemplo de naturaleza similar a las cuotas del Seguro Social, podemos referirnos a las cuotas de cooperación para obras públicas donde los ciudadanos estuviesen obligados a financiar el valor de una obra pública en proporción a sus propiedades inmuebles, cuyo monto será calculado precisamente en atención al valor del inmueble de cada ciudadano y al beneficio directo supuestamente recibido a través de la realización de la obra en cada uno de los inmuebles integrantes del patrimonio de los contribuyentes. Si se diera el caso que parte de la obra, por ejemplo, la pavimentación de una calle hubiese sido efectuada ya por el contribuyente en la parte correspondiente al frente de su casa por donde fuere a llevarse a cabo la obra, no habría ya alguna causa o justificación para exigir el pago de la contribución, puesto que si tal tributo se destinará precisamente a financiar el monto de la obra, malamente puede exigirse a un ciudadano una contribución para la ejecución de una obra que él ya se ha adelantado en ejecutar.

De la misma manera, cuando las prestaciones de la seguridad social son proporcionadas por los patrones quienes se sustituyen al Instituto Mexicano del Seguro Social en su otorgamiento, no solamente quedan liberados del pago de cuotas por ese motivo, sino que el Instituto Mexicano del Seguro Social les revierte la parte proporcional de las cuotas correspondientes a tal gasto, como sucede a través de la celebración de convenios de reversión de cuotas, particularmente en el renglón de gastos médicos y hospitalización.

Por todas las razones apuntadas, no pueden las prestaciones de previsión social formar parte de la base gravable constituida por el salario base de cotización para la determinación y pago de las cuotas del Seguro Social.

3.- Finalmente, refuerza este criterio la circunstancia de que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, excluyó expresamente del salario base de cotización «dada su naturaleza» «las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales» dentro áe las cuales quedan incluidas sin lugar a duda las prestaciones de previsión social tanto por su naturaleza misma y la consideración que la doctrina de la seguridad social hace de todo este tipo de prestaciones, cuanto porque la propia Ley en su Título II Capítulo VII, del Ramo de las Prestaciones Sociales, las define en el artículo 209 como aquellas que «tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población».

Precisamente a la obtención de estos fines están encaminadas todas y cada una de las prestaciones que integran el Plan de Previsión Social que las empresas otorgan a sus empleados. Pero más aún, el artículo 210 que señala algunos renglones de manera enunciativa mas no limitativa de tales prestaciones sociales, se refiere precisamente en sus fracciones a las prestaciones de tipo cultural, deportivo y de asistencia médica que integran el catálogo de prestaciones del Plan de Previsión Social que se ha venido analizando.

Inconstitucionalidad de la inclusión de las prestaciones de previsión social en la base gravable de los impuestos sobre la nómina como erogaciones de los patrones.

Por otro lado, resulta paradójica, por decir lo menos, la reforma propuesta en el ámbito Federal a la Ley del Impuesto sobre la Renta para gravar las prestaciones de previsión social cuando la tendencia reciente de las legislaciones locales ha sido precisamente la contraria: dé excluir de la base de los impuestos a la nómina que se han venido estableciendo en las entidades federativas tales prestaciones de previsión social. Siendo los ejemplos más recientes, la adición de un artículo 178-A al Código Financiero del Distrito Federal para excluir de la base del Impuesto del 2% a la Nómina dichas prestaciones.

Y el Código Fiscal del Estado de Veracruz, recientemente aprobado, que introduce un nuevo Impuesto a la Nómina del 2%, mismo que ha sido objeto de fuertes controversias entre autoridades fiscales y cámaras y agrupaciones de contribuyentes; pero que excluye expresamente de la aplicación del impuesto a las mencionadas prestaciones de previsión social en su artículo 110. Y no podría ser de otra manera, precisamente por las razones antes anotadas que en obvio de repeticiones nos abstenemos de reproducir en esta apartado.

Inconstitucionalidad de las reformas a los artículos 74, 77 y demás relativos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el nuevo artículo 108, al considerar gravadas las prestaciones de previsión social otorgadas por las empresas a sus trabajadores

A pesar de que el proyecto de Reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta es omiso en la expresión de las razones por las cuales niega el beneficio de exención a las prestaciones de previsión social otorgadas por las empresas a sus trabajadores y que consecuentemente las considera dentro de los conceptos gravados con el Impuesto Sobre la Renta aplicados a los salarios y demás prestaciones de trabajo, a continuación se dan las razones y fundamentos por los que se deben considerar exentas las prestaciones de previsión social pagadas por la parte actora a sus trabajadores, so pena de incurrir en flagrante violación al artículo 123 de nuestra Carta Magna:

Las prestaciones de previsión social no pueden formar parte del hecho generador ni de la base gravable para el pago del Impuesto Sobre Productos del Trabajo. Las razones para determinar la exclusión del monto de las prestaciones para el cálculo de la base :del impuesto son las mismas expresadas anteriormente para considerar tales prestaciones excluidas de la base para el cálculo de las cuotas de seguridad social.

En obvio de repeticiones, sólo hemos de insistir aquí en la imposibilidad lógica y jurídica aplicable a todo tipo de contribuciones para que se pueda considerar como parte de la base para el cálculo del gravamen, el valor mismo de las prestaciones que habrán de otorgarse con el rendimiento obtenido por la recaudación de la contribución de que se trate.

Por las mismas razones apuntadas, no pueden las prestaciones de previsión social formar parte de la base gravable constituida por el salario base de cotización para la determinación y pago del Impuesto Sobre Productos del Trabajo.

A manera de ejemplo solamente, de las abundantes Tesis de Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación sobre esta cuestión, se transcribe a continuación una de las más recientes por resumir el criterio constante, firme y definido al respecto.

Impuesto Sobre La Renta. Despensas Familiares. Gasto De Previsión Social

Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 26, fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor en 1975, en relación con el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, debe estimarse que la cantidad equivalente al 20% que absorbe la empresa quejosa sobre los precios de costos de las despensas familiares que son entregadas mensualmente a cada uno de sus trabajadores y que consisten en artículos de primera necesidad, constituye un gasto de previsión social, ya que dicho gasto de la empresa agraviada, que se traduce en una prestación en favor de sus trabajadores, de sus familiares o dependientes, sí es de naturaleza análoga a los que se refiere el citado artículo 26, fracción VII de la Ley de que se trata, ya que es claro que tiene por objeto elevar el nivel económico de los mencionados trabajadores y de sus familiares o dependientes; además de que la prestación aludida tiene el carácter de general y obligatoria y están determinados los sectores de beneficio aplicables. Por otra parte, de no admitirse como deducible el gasto de previsión social a que se ha hecho referencia, posiblemente se originaría .un perjuicio a los trabajadores, ya que de no quedar comprendida la referida prestación en el concepto indicado, constituiría un incremento al salario de los trabajadores y, por tanto, formaría parte de su base gravable para efectos del impuesto al ingreso de personas físicas, por constituir un ingreso en efectivo o en especie que perciben los repetidos trabajadores como remuneración del trabajo personal, lo cual haría nugatorio el beneficio consignado en el contrato colectivo de trabajo exhibido en autos».

Inconstitucionalidad de la inclusión en la base del Impuesto sobre Productos del Trabajo, del propio impuesto pagado por la empresa actora a sus trabajadores

Efectivamente, constituye un sofisma la pretensión de las reformas proyectadas para incluir dentro del salario base del Impuesto Sobre Productos del Trabajo, el monto del propio impuesto correspondiente a los funcionarios y trabajadores absorbido por las empresas, como algunas prestaciones de los mismos, puesto que el hecho generador del impuesto está constituido de la relación de trabajo en los términos del artículo 78 de la Ley de la Materia, sin que puedan interpretarse de manera externa los preceptos donde se describe el hecho generador en lo dispuesto por los artículos 78, 78-A, 78-B y 79 de la Ley de la Materia para considerar como ingresos gravados percibidos por los trabajadores los montos por el Impuesto Sobre Productos del Trabajo que la empresa paga sin deducir del salario de los trabajadores.

En primer lugar, se caería en un vicio lógico que nos llevaría precisamente a un sofisma al tener que incrementar continuamente la base del impuesto que resulta de sumar el monto del salario en una ocasión y el monto del impuesto pagado por la empresa; para que este incremento diera una base mayor tendría que hacerse un segundo cálculo del impuesto, considerando el salario ya incrementado con el monto del impuesto previamente pagado para obtener un segundo monto del impuesto que a su vez tendría que volverse a sumar a la base gravable previamente determinada, lo que exigiría un nuevo cálculo del impuesto, y un nuevo incremento a la base.

Y así sucesivamente hasta el infinito. Sin que jamás se pudiese dar por terminado ese cálculo precisamente porque se trata de un sofisma contrario a todo razonamiento lógico y jurídico. De manera que en este punto particular del Impuesto Sobre Productos del Trabajo pagado por las empresas a sus trabajadores, existe otro motivo de inconstitucionalidad en agravio de las empresas patrones.

Inconstitucionalidad de la modificación del subsidio establecido en los artículos 80-A y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta por indebida consideración de las prestaciones de previsión social otorgadas por las empresas a sus trabajadores

Surge otra causal de inconstitucionalidad, por la injusta consecuencia resultante a sus trabajadores al disminuirse considerablemente el subsidio establecido por los artículos 80-A y 141-A de la Ley de la Materia, resultando de la ilegítima consideración hecha en las reformas proyectadas, de las prestaciones de previsión social otorgadas por las empresas a sus trabajadores. Ya que por un lado las reformas exigen que se excluyan de los conceptos exentos y por lo tanto se aumente el impuesto a cargo de los trabajadores. Y por el otro lado, el concepto de dichas prestaciones de previsión social otorgadas por las empresas a sus trabajadores, trae como consecuencia la injusta reducción del subsidio establecido en los preceptos citados en la Ley de la Materia, con lo que resienten un doble perjuicio al ver incrementado el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo a su cargo y por el otro disminuido el subsidio respectivo. De modo que también, por este motivo, surge otro motivo de inconstitucionalidad de las reformas proyectadas materia de esta ponencia.

Inconstitucional reducción del crédito al salario, como consecuencia de la inconstitucional inclusión de las prestaciones de previsión social otorgada por la actora a sus trabajadores como afectas al Impuesto sobre la Renta.

De igual manera, resultan inconstitucionalmente afectados los trabajadores de las empresas y ellas mismas al reducirse considerablemente el monto del crédito al salario establecido en los artículos 80-B y 141-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como consecuencia del inconstitucional incremento del salario base para la aplicación del Impuesto Sobre Productos del Trabajo.

En efecto, además de la injusta e inconstitucional reducción del subsidió a favor de los trabajadores, mismo que al igual que el crédito al salario la empresa actora distribuyó entre sus trabajadores calculándolos correctamente sobre la base de su salario gravable sin incluir las prestaciones de previsión social otorgadas por la empresa a sus trabajadores.

Como consecuencia de la reforma proyectada, se tendría que hacer un nuevo cálculo tanto del salario como del crédito al salario y reducirlos drásticamente para determinar un nuevo monto de impuesto a su cargo y pagar las diferencias resultantes a su cargo, sin que la empresa pueda recuperar dichas diferencias tanto por las limitaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo para efectuar descuentos a sus trabajadores como la imposibilidad práctica y material de hacerlo en ese momento, sin provocar un grave conflicto con los trabajadores y el Sindicato que los agrupa y el fuerte impacto que sobre su salario repercutiría. De manera que también por este motivo resulta flagrantemente inconstitucional la reforma proyectada.

Consideraciones sociales

Finalmente, debemos atender a las circunstancias económicas y sobre todo, sociales en las que surge la propuesta del ejecutivo federal para gravar las prestaciones de previsión social de los trabajadores. Por un lado, aún no se han repuesto los trabajadores de la drástica reducción de sus salarios como consecuencia de la devaluación de 1995 y la crisis económica que hemos venido padeciendo en el país desde entonces. Por lo que una nueva reducción a sus emolumentos, vía la aplicación de un impuesto que sería aplicado por sus patrones al momento de efectuar el pago de los salarios, vendría a hacer aún más precaria su situación económica; lo que paradójicamente sucederá cuando se inicia un nuevo gobierno cuya bandera electoral fue el cambio benéfico para todos los mexicanos, incluidos los trabajadores.

Pero contrariamente a lo sostenido en la propaganda electoral, lo que se producirá es un enfrentamiento generalizado entre la clase patronal y la clase obrera, que no alcanzará a distinguir entre la acción del fisco y la de sus patrones; para quienes la única realidad será la disminución de sus salarios. Al recibir una cantidad menor como consecuencia de las retenciones del Impuesto sobre Productos del Trabajo, sin que valgan las explicaciones patronales sobre tal aplicación del impuesto, ante la realidad de la reducción de los salarios.

Como ya sucedió hace unos días en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde los trabajadores del Grupo Rivetex-Confitaba desconocieron a su dirigencia sindical por haber pactado con la empresa una reducción en sus salarios y prestaciones, sin haberlos consultado previamente ni haberles explicado las razones para tal reducción. Desgraciadamente las autoridades municipales y locales, decidieron usar la fuerza pública en contra de las trabajadoras con el consiguiente saldo de heridos y detenidos.

Lo anterior debiera ser más que suficiente para advertir sobre el riesgo de gravar las prestaciones de previsión social, como lo pretende el proyecto de reformas del ejecutivo federal a la Ley del Impuesto sobre la Renta; pues ya es demasiada. coincidencia que se trate de una empresa textil la que haya tenido el problema, misma actividad de las empresas de Río Blanco en este Estado de Veracruz, donde se produjeron hechos similares como preludio de la gesta revolucionaria de hace un siglo.

Según estimaciones de jefes de personal y abogados de empresa, las prestaciones de previsión social pactadas en los contratos colectivos de trabajo, representan un 50% más de los salarios por jornada diaria; de modo que al agregarse a la base del impuesto sobre sus salarios, la tasa progresiva se incrementaría no solamente en ese 50% sino en una proporción mayor, pudiendo llegar a duplicarse por efecto de la progresividad de la tarifa, aún con la exención proyectada de la cantidad de $ 50,000.00, misma que al estar plasmada en la Ley en pesos y no en múltiplos del salario mínimo, muy pronto se verá superada por efecto de la inflación o de una nueva devaluación que todo mundo está anticipando ya desde ahora.

Es sorprendente que esta reforma haya pasado inadvertida para los jefes de personal y los profesionales dedicados a la atención de las cuestiones fiscales; cuando su aplicación provocará un mayor daño económico a los trabajadores que la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a los alimentos y medicinas, pues mientras este gravamen encarecerá su compra; con la aplicación del Impuesto a sus prestaciones de previsión social ni siquiera tendrán con que comprar unas y otros.

En promedio, la aplicación del nuevo impuesto sobre las prestaciones de previsión social, representará como mínimo, un 16% al año en el monto de la carga fiscal de los trabajadores lo que equivale a entregarle al gobierno el monto de su salario por todo el año 2001 a cambio de dudosos o inciertos beneficios por los cinco años restantes del sexenio.

CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS

Se nos podrá refutar con argumentos de supuestos beneficios a distribuirse a los trabajadores con el producto de la recaudación o con estadísticas optimistas acerca de un impacto menor en sus prestaciones y salarios. A ellos me anticipo a contestar que cualesquiera beneficios provenientes del presupuesto público, simplemente constituirán la aplicación natural del fondo común de impuestos y particularmente de los beneficios de previsión social a los que nos hemos referido a lo largo de esta ponencia.

Y por lo que hace a los cálculos optimistas sobre un impacto mínimo o insignificante sobre los salarios y prestaciones de los trabajadores, me limito a contestar que si tal fuera el resultado final de la aplicación del nuevo impuesto, ningún sentido tiene seguir adelante con la propuesta, pues será mucho mayor el daño social que se causará a la nación con la perturbación de la paz social motivada por él enfrentamiento de trabajadores y patrones, por lo que será mejor olvidarse del proyecto atentatorio contra la. ya lastimada economía de los trabajadores.

Conclusiones:

PRIMERA.- Las prestaciones del Plan de Previsión Social que otorgan las empresas a sus empleados, son prestaciones típicamente consideradas como de previsión social tanto por la doctrina laboral y de seguridad social como en el derecho positivo, particularmente de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 fracción XXV y de los artículos antes mencionados de la Ley del Seguro Social:

SEGUNDA.- Siendo prestaciones de seguridad social y constituyendo parte del destino expresamente señalado en Ley para la aplicación y gasto de lo recaudado por concepto de cuotas del Seguro Social, no pueden formar parte del hecho generador de pagar dichas cuotas, pues se estaría incurriendo en un vicio lógico y jurídico, de considerarlas al mismo tiempo causa y destino de la misma obligación de pagar las contribuciones de seguridad social.

TERCERA.- No pueden formar parte de la base gravable para el cálculo de las cuotas de seguridad social, por estarse reiterando de igual manera el vicio lógico y jurídico de incluirlas como parte del cálculo para la determinación de las cuotas de seguridad social y por otro lado estar destinado el rendimiento de dichas cuotas para el otorgamiento de las mismas prestaciones de seguridad social, cuyo beneficio y recepción por el trabajador pretende gravarse al incluirla dentro del cálculo del salario base de cotización.

CUARTA.- En última instancia, todas las prestaciones que se han venido mencionando, estarían incluidas dentro del supuesto de los artículos 209 y 210 de la Ley del Seguro Social por constituir precisamente el otorgamiento o asignación de cantidades destinadas a fines sociales, pues ésta y no otra consideración es la que corresponde típicamente a las prestaciones de previsión social, consecuentemente gozan de la exención para el pago del Impuesto Sobre Productos del Trabajo.

QUINTA.- Por las mismas razones, tampoco pueden estar gravadas las prestaciones de previsión social, por ninguna otra contribución o Impuesto ya sea bajo la forma de Impuestos al Ingreso de los trabajadores o de Impuestos a la Nómina a cargo de las empresas otorgantes de las prestaciones citadas ni mucho menos como contribuciones o aportaciones para la Vivienda o Fondos de Pensiones.

SEXTA.- La reforma inaplazable a la ley del Impuesto sobre la Renta, deberá hacerse a la tarifa aplicable a los salarios de los trabajadores, misma que deberá estructurarse en múltiplos del salario mínimo y no en pesos por el consiguiente perjuicio a los trabajadores como consecuencia de las subsecuentes devaluaciones de los últimos 25 años. Solamente así se protegerá al salario de los devastadores efectos de la tarifa progresiva.

SEPTIMA.- Adopción de las propuestas emanadas de la Cuarta Convención Nacional Fiscal, contenidas en la Declaración de Xalapa, para una Reforma Fiscal Integral, Estatal y Municipal, que se presenta a la nación como vía hacia un Nuevo Federalismo Fiscal para el Siglo XXI.

* Ponencia presentada en el XIV Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, celebrado los días 26, 27 y 28 de abril del 2001 en Boca del Río Veracruz.

** Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C.

De mujeres y democracia. Las mujeres en el sureste

De mujeres y democracia

Las mujeres socialistas en el siglo 20 *

Las mujeres en el Sureste

Ana Victoria Jiménez Álvarez y Francisco Reyes Castellanos

Del 13 al 16 de enero de 1916, en el teatro Peón Contreras de Mérida, Yucatán, se reunió el Primer Congreso Feminista, convocado por el gobernador y comandante militar del Estado, general Salvador Alvarado. A este congreso asistieron 700 delegadas.

En los momentos en que en casi todo el país las fuerzas constitucionalistas triunfaban y con ello el Constitucionalismo empezaba a consolidarse, fuerzas opuestas a Carranza se rebelaban en 1915 en Yucatán. El general Salvador Alvarado (1915-1918) lograba aplastar ese movimiento e iniciar así su programa de gobierno. En ese año de 1916 se fundaba el Partido Socialista Obrero, que en julio de 1917 se transformaría en Partido Socialista de Yucatán y más adelante en Partido Socialista del Sureste.

Desde el 13 de octubre de 1915 se iniciaron los preparativos del Congreso. Se integró una comisión de trabajo y organización. La convocatoria y el reglamento interior definitivos se dieron a conocer el 25 de diciembre de 1915.

Algunas de las mujeres que integraban el comité organizador eran, la presidenta de la directiva, Consuelo Zavala C; vicepresidenta, Dominga Canto Pastrana; secretarias, Adriana Vadillo Rivas y Rosina Magaña; prosecretarias, Amalia Gómez F. de Aguilar y Gregoria Montero de Alonzo; tesorera, Adolfina V de Avila; todas las demás componentes de la directiva eran vocales.

Muchas fueron las resoluciones aprobadas por el Congreso, pero entre otras se decía que para "manumitir a las mujeres del yugo de las tradiciones, se diera a conocer a las mujeres todas las facultades que poseen y cómo aplicarlas para desempeñar actividades que hasta ese momento eran realizadas sólo por el hombre". Se pedía la modificación de la legislación civil para otorgar a las mujeres más libertad para que pudieran llevar a cabo sus aspiraciones; que la mujer tuviera una profesión o un oficio que le permitiera ganarse el sustento, educar a la mujer intelectualmente y abrirle todos los campos de acción de los que únicamente participaba el hombre; fomentar el estudio de la mujer en nuevas profesiones tales. como la medicina y la farmacia, así como fomentar las aficiones a la literatura y escritura sobre higiene y artes.

En cuanto a las resoluciones quedaron varias cosas en el tintero. Lo relativo a la educación racionalista y el derecho al voto femenino no lograron pasar. Indudablemente que ese congreso tuvo importancia en el camino de la organización de las mujeres de Yucatán y de todo el país, para la defensa de sus derechos políticos y sociales. Puede decirse que en los eventos estatales estuvieron presentes las mujeres y en sus resoluciones se las incluía. Las impulsoras eran, fundamentalmente, las maestras socialistas.

En Mérida, del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1916 se llevó a cabo el Segundo Congreso Feminista, al que asistieron 234 delegadas, que al parecer era el sector feminista radical del congreso de enero. Ahí se aprobó otorgar el voto a la mujer en las elecciones municipales y se denegó la posibilidad de ser electa a cargos municipales con el respectivo descontento de las feministas radicales socialistas como Elvia Carrillo Puerto.

Con el gobierno del general Salvador Alvarado se llevaron a cabo en el estado acciones en beneficio de la mujer, medidas contra la desigualdad entre hombres y mujeres y contra el sometimiento ala religión. Se hicieron intentos por abolir la prostitución y se legisló a favor de las empleadas domésticas; igualmente se defendió el derecho de las mujeres al divorcio, a la participación política y a su admisión a empleos en la administración pública.

Del 29 al 31 de marzo de 1918 se realizó el Congreso Agrícola de Motul con el objeto de discutir y resolver cómo mejorar la situación de los trabajadores. Entre los delegados se encontraban solamente dos mujeres, una era María Elena Torres, maestra de 20 años que se había significado en el movimiento socialista, delegada de la Liga Central de Resistencia de Mérida.

En el tema sexto se hablaba de la "Aceptación de la mujer obrera en el seno de las Ligas de Resistencia, cobrándoles la mitad de las cuotas fijadas para los hombres y votar por ella para los puestos consejiles después de transcurrido un año de pertenecer a la Liga". Y en la resolución VII de ese mismo tema se planteaba "Elevar un ocurso a la H. Cámara del Estado para que decrete que la mujer yucateca tiene derecho de votar y ser votada en las elecciones populares...". La comisión que preparó el dictamen estaba formada por tres hombres y una mujer, Elena Torres. (CEHSMO, 1977:74-75).

Tanto en los congresos como en la actividad política cotidiana se expresaban las posiciones respecto al sufragio, muchas mujeres eran contrarias a esa lucha por muy diversos argumentos. Quienes planteaban la lucha por el sufragio preferentemente se incorporaban al Partido Socialista del Sureste, donde veían una vinculación mayor con la lucha política general. Se creaba un movimiento de mujeres ligado o dependiente del partido y que sería, en adelante, el modelo para el desenvolvimiento de un movimiento femenino partidista en todo el país. En la península de Yucatán, el feminismo había avanzado, tanto dentro del Partido Socialista Yucateco como entre la población a través de las Ligas de Resistencia.

Las Ligas de Resistencia se formaban de acuerdo con los oficios y actividades de las personas y por poblados, eran los grupos locales del Partido. Elvia Carrillo Puerto fue fundadora y coordinadora de las Ligas Feministas, integradas fundamentalmente por mujeres campesinas, que al fundarse el Partido Socialista Obrero se denominarían Ligas de Resistencia; las había mixtas y también exclusivamente de mujeres, que eran la Ligas de Resistencia Feministas Campesinas que mayor auge cobraron durante el corto gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1922-1924).

Las principales acciones que llevaban a cabo las Ligas Feministas eran relativas a la educación de adultos, la creación de escuelas, cursos de alfabetización principalmente a mujeres campesinas, e higiene, entre otras. También las Ligas tenían un papel fundamental en 1a lucha contra el alcoholismo, por la creación de cooperativas y la desfanatización. La organización de las mujeres en ligas femeniles fue apoyada por el estado con la finalidad de que se lograra el objetivo de luchar contra los vicios que afectaban a la sociedad. Las ligas feministas organizaron a las vendedoras callejeras, a las obras y a las campesinas por la reivindicación general de sus derechos como mujeres y trabajadoras. Para 1923 se habían organizado 45 Ligas Feministas en Yucatán. La Liga "Rita Cetina Gutiérrez" agrupó a 5,500 trabajadoras.

Pese al auge del feminismo las mujeres no recibían el reconocimiento a su actividad. El Segundo Congreso Obrero se celebró en Izamal del 15 al 20 de agosto de 1921. La comisión revisora de credenciales planteó para su estudio las expedidas a favor de Elvia Carrillo de Barroso y de Rosa Torre como delegadas de la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, de la ciudad de Mérida. La comisión resolvió que dichas credenciales no cumplían con los requisitos de la convocatoria expedida por la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste, por lo que: "no es de aceptarse dichas credenciales por lo antes expuesto. Izamal,16 de agosto de 1921. La comisión: Samuel O. Yúdico y Luis Torregrosa.

La asamblea rechazó el dictamen anterior y por mayoría de votos se aceptaba como delegadas fraternales sin derecho al voto a la señora Elvia Carrillo de Barroso y a la señorita Rosa Torre; asimismo a las señoritas Aurora Abán y Rita Maojeda, por la Libra Obrera Feminista de México (CEHSMO, 1977:33-34). Finalmente, las delegadas Elvia Carrillo y Rosa Torre lanzaron una iniciativa para el mejoramiento intelectual de las mujeres, mediante la creación de escuelas nocturnas para obreras y la organización de bibliotecas para las mujeres. La iniciativa fue aprobada por el congreso (ibid.,90:97).

Carrillo Puerto continuó los programas para las mujeres iniciados por Alvarado y en algunos casos fue más radical, aunque el parecer más radical que ambos era Elvia, quien influía sobre la aprobación y puesta en marcha de las diversas iniciativas, tales como la del divorcio (31 de enero de 1923) y el establecimiento de la campaña de contracepción, repartiendo la traducción de un artículo y un folleto de Margaret Sanger, directora de la American Birth Control League, de Nueva York (Lemaitre, 1998:80-88), pese a la oposición de los sectores conservadores que finalmente lograron que el programa de control natal fuera cerrado (Fem, Vol. VIII, núm. 3, oct.-nov., 1983).

La premisa de que las mujeres podían ocupar puestos políticos al igual que los hombres formó parte fundamental en su programa de gobierno y fue así como en 1922, la profesora Rosa Torre G. Fue electa presidenta municipal de Mérida. En 1923, durante las elecciones a las legislaturas locales, el Partido Socialista propuso a tres mujeres como candidatas a diputadas y una para suplente: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Dzib y Guadalupe Lara que triunfaron en los distritos donde se presentaron. Elvia Carrillo Puerto aceptó figurar como candidata a diputada por el distrito de Motul. La victoria fue efímera, ya que al perder Carrillo Puerto el control político, las mujeres fueron destituidas y durante el resto de la década no volvió a hacerse referencia a la inclusión de la mujer en política (Derechos de la Mujer Mexicana, 1969).

Carrillo Puerto creía que para lograr la plena integración de la mujer a la sociedad era fundamental que se la liberara de la esclavitud de la vida doméstica; para ello, su incorporación al mundo del trabajo resultaría en una mayor participación política y económica. "Las mujeres que trabajaban lo hacían dentro del sector terciario (maestras, enfermeras, burócratas), en donde se les exigía una dedicación total y se les daba un salario menor que a sus compañeros.

(...) Con el asesinato de Carrillo Puerto, en 1924, desapareció su programa y los avances logrados fueron olvidados. Para las mujeres, la promesa de liberación, aunque momentánea, sirvió de detonador para la subsecuente organización de grupos y organizaciones que, desde el interior del Estado o al margen de él, se constituyeron en apoyo a demandas inmediatas para su sexo, con la conciencia de que con la unión de todas ellas sería posible alcanzar mejoras a su situación" (Ana Lau, 1991:33-34).

* Del libro Sembradoras de Futuros. Memoria de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, A.C. l° Edición, pp 9-13, 2000.

Cultura en Transición. El noble oficio del ensayo

Cultura en Transición

"Pero conceder a lo obvio la máxima atención, ya para revocarlo a duda o para resignarse a aceptarlo, es prenda de probidad mental, es método de asepsia siempre aconsejable por lo mucho equívoco que tras de lo obvio se solapa y es la base de que han partido, en horas de desconcierto, los filósofos Robinsones". Alfonso Reyes.

El noble oficio del ensayo

Ricardo Coronado Velasco

En el afán de precisar el ensayo, Emiliano M. Aguilera, en su estudio prologal a los ensayos de Montaigne, señala que ensayar sobre algo es "analizarlo, medirlo, aquilatarlo; atribuirle ley". Definición justa, impecable. Por otro lado, estoy persuadido, con Montaigne, de que "el juicio es cosa útil a todos los temas y en todos interviene. (...) Si trato de cosa que no entiendo, con más razón ensayo el juicio, sondeando el vado a prudente distancia". Sin lugar a dudas, ensayar es uno de los más nobles y robustecedores ejercicios del espíritu y la inteligencia.

Dentro de la espléndida clasificación que José Luis Martínez hizo del ensayo, no hay registro que no haya cultivado Alfonso Reyes. Sin embargo, algunos autores cuestionan la naturaleza ensayística de ciertos textos del regiomontano universal. Alfonso Ruiz Soto, por ejemplo, en su lúcido estudio Revisión del Anáhuac, afirma que Visión de Anáhuac no es ensayo, sino poema en prosa.

Convencido de que la duda es inherente al ejercicio de ensayar, someteré a cata Palinodia del polvo': ¿Es verdaderamente un ensayo, o se trata de un poema en prosa? Me acojo a la duda metódica cartesiana. Más por procedimiento expositivo que por su dialéctica de granito (la mía es "la loca de la casa"). Al fin y al cabo, al igual que Montaigne, me someto a mis "incertidumbres y a mi soberana maestra, que es la ignorancia".

I. Lo primero que llama mi atención es el título: ¿Qué significa Palinodia del polvo?

El diccionario proporciona dos acepciones para el término palinodia: una, proveniente de Pálino -Palin, prefijo derivado del griego palunoo, que significa esparcir-. En este sentido, el texto de Reyes es un canto a la diseminación del polvo: el polvo como metáfora de la naturaleza esparcida del universo; una onda a la constitución elemental del cosmos.

La otra definición viene del griego palinoodia, que quiere decir repetición del canto, o canto de retractación. Retractar es revocar lo que se ha dicho, desdecirse. En el texto que analizamos se manifiesta de dos formas:

a) En el texto mismo, a través de la yuxtaposición de imágenes contradictorias: comienza con una visión desoladora del polvo y luego la transforma en su antítesis.

b) Como una rectificación a ciertas imágenes de otro texto del mismo autor: Visión de Anáhuac.

En suma, hay tres vertientes simbólicas, tres palinodias en una: un canto a la composición "pulverulenta " del cosmos; una configuración del texto a partir de imágenes y ritmos constantes; y un canto contestatario a Visión de Anáhuac.

II. Palinodia del polvo se constituye por nueve párrafos, divididos en dos secciones por espacios en blanco (típicos de la estructura estrófica del poema en prosa).

Ahora bien, este texto, como canto de retractación a Visión de Anáhuac (una de las tres palinodias) abarca los tres párrafos iniciales. En el primero, fluyen las imágenes contrastantes:

Visión (p.9): "...la región más transparente del aire ".

Palinodia (p.166): "¿Es ésta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho, entonces, de mi alto valle metafisico? ".

Visión (p.12): "La visión más propia de nuestra naturaleza está en las regiones de la mesa central: allí la vegetación arisca y heráldica; el paisaje organizado... ".

Palinodia (p. 166): "... átomos en sublevación y en despecho contra toda corma organizada... ".

Visión (p.12): "La extraña reverberación de los rayos solares en la masa montañosa de la altiplanicie central, en donde el aire se purifica".

Palinodia (p. 166)): "Caen sobre él !os mantos de sepia, que roban profundidad al paisaje y precipitan en un solo plano espectral lejanías y cercanías..."

Visión (pp. 11-13): "donde el aire brilla como espejo (..) la atmósfera le extrema nitidez (..) el éter luminoso (..) aquel fulgurar del aire y en su general frescura y placidez..."

Palinodia (p.166): "¿Por qué se empaña, por qué se amarillece?".

Visión (p. 12): "...la atmósfera de extremada nitidez, en que los colores mismos se ahogan -compensándolo la armonía general del dibujo... ".

Palinodia (p. 166): "... dando a sus rasgos y colores la irrealidad de una calcomanía grotesca... ".

Por otro lado, a propósito de la composición de Palinodia del polvo, como ;1 contraste de imágenes (otra de las palinodias), fijémonos en el segundo párrafo: la tensión en la estructura del texto aumenta, basada en una irradiación ,copiosa de imágenes devastadoras del )polvo: "lenta dinamita microbiana ", "último estado de la materia", "disgregación diminuta de todo lo que existe ", "aniquilamiento sin gloria ", "desmoronamiento de inercia ", "lo más viejo del mundo ", "lo más bajo ¡el mundo "... Sin embargo, en la frase "energía supernumeraria de la creación resentida de saberse inútil ", hay una redención maravillosa: energía; a pesar de todo, el polvo es energía, elemento, creador.

Los párrafos tercero, cuarto y quinto abundan en ecos y reverberaciones de Visión de Anáhuac y Descanso dominical:2

Visión (p. 10): "La tierra del Anáhuac apenas reviste feracidad a la vecindad de los lagos. Pero, a través de los siglos, el hombre conseguirá desecar sus aguas, trabajando como castor; los colonos devastarán los bosques que rodean la morada humana, devolviendo al valle su carácter propio y terrible... ".

Palinodia (p. 166): "¡Oh desecadores de lagos, taladores de bosques! ¡Cercenadores de pulmones, rompedores de espejos mágicos! ".

Visión (p.13): "...los hombres de Cortés (..) se asomaron sobre aquel (...) espacioso circo de montañas".

Palinodia (p. 166): "Y cuando las montañas de andesita se vengan abajo, en el derrumbe paulatino del circo que nos guarece y ampara... ".

Visión (p.11): "Semejante al espíritu de sus desastres, el agua vengativa espiaba de cerca de la ciudad; turbaba los sueños de aquel pueblo gracioso y cruel, barriendo sus piedras florecidas; acechaba, con ojo azul, sus torres valiente".

Palinodia (p. 166): "Cansado el desierto de la injuria de las ciudades; cansado de la planta humana que urbaniza por donde pasa, apretando el polvo contra el suelo; cansado de esperar por siglos de siglos, he aquí: arroja contra las graciosas flores de piedra, contra las moradas y las calles, contra los jardines y las torres, las nefastas caballerías de Atila... ".

Visión (p. 11): "Cuando los creadores del desierto acaban su obra, irrumpe el espanto social".

Palinodia (p. 167): "¡Porvenir menguado! ¡Polvo y sopor! No te engañes, gente que funda en subsuelo blando, donde las casas se hunden, se cuartean los muros y se desecan las fachadas. Ríndense uno a uno tus monumentos. Tu vate, hecho polvo, no podrá sonar su clarín. Tus iglesias, barcos en resaca, la plomada perdida, enseñan ladeadas las cruces. ¡Oh valle, eres mar de parsimonioso vaivén!

Palinodia (p. 167): "Y cuando ya seamos hormigas -el Estado perfecto- ¡discurriremos por las avenidas de conos hechos de briznas y de tamos (..) incapaces de unidad, sumandos huérfanos de la suma (..) incapaces del individuo ".

Descanso dominical (pp. 174-175):

"...estos antiguos amos que se volvieron pequeñitos a fuerza de perfección social, no estiman en mucho al individuo: en su exacta ciudad utópica no hay estatuas para los héroes, y a menudo se les ha visto tender puentes sobre el agua con los cadáveres inmolados de sus propios guerreros (..) Pasan las hormigas a paso redoblado, cápsulas de energía, fuerza concentrada, sacrificio a la comunidad... ".

Más de pronto la concepción pesimista da un giro de ciento ochenta grados. Ya no se trata de la "venganza y venganza del polvo "; ya no es un "ataque artero y sin defensa". Emerge la duda: es posible, después de todo, una "ética del polvo": "En el polvo se nace, en él se muere. El polvo es el alfa y el omega" (p. 167).

Surge entonces la pregunta esperanzadora: ¿Y si fuera el verdadero Dios? ". La recuperación del polvo, la expiación y el perdón (principio, además, de un sendero circular que retornará al punto de partida): ahora ya no es "camino de la nada "; sí "el tiempo mismo". Tampoco se trata de un "aniquilamiento sin gloria "; es el "sustentáculo de la conciencia". Queda atrás la ingrata labor de "desmoronamiento de inercias "; evoluciona en portentosos "átomos ganchudos" identificados con "aquella aritmética biológica" de que habla Charles Henry. La antes "energía supernumeraria de la creación resentida de saberse inútil " se ha convertido milagrosamente en `foco energético, fenómeno, átomo (..), herida cósmica que acaso aumenta las ideas... ".

El polvo, por lo tanto, debe ser reivindicado: "En sus cuadros provisionales, la ciencia no ha concedido aún la dignidad que le corresponde al estado pulverulento, junto al gaseoso, al líquido y al sólido" (p. 169).

Y detenta -al igual que estos estados- cualidades con qué responder: "Tiene, sin duda, propiedades características, como su aptitud para los sistemas dispersos o coloidales -donde acaso nace la vida-, y como también -tal vez por despliegue de superficie- su disposición para la catálisis, esta influencia de la materia que tanto se parece ya a la guardia vigilante de un espíritu ordenador" (p. 169).

Y nuevamente la frase salvadora:

"Será que el polvo pretende, además, ser espíritu?". El camino circular concluye: "¿Y si fuera el verdadero Dios?".

III. E. M. Forster dice que la novela muestra cierta configuración -que él llama estructura- relacionada con la composición estética de la obra en su conjunto. Recurre, para explicarla, a la imagen pictórica. El mismo concepto puede aplicarse al género del ensayo.

Así, Palinodia del polvo forma una trayectoria espiral ascendente. Inicia con la idea de minucia pedernal, nadería terrena, hasta llegar a la imagen de elemento creador: de la tierra al cielo.

Principia con un impulso quejumbroso: "¿Es ésta la región más transparente del aire?" Si bien la pendiente es moderada; la subida, dificultosa. Pero al término del primer párrafo nos aceleramos en círculo. Una vuelta, dos, torbellino de imágenes... Lugar tangente: "venganza y venganza del polvo".

La energía del vértigo espiral fortalece la elevación; el declive yérguese amenazante -párrafos 4, 5 y 6-. "La imagen ahora al servicio de presagios desalentadores, de porvenires menguados". Y repentinamente: la vacilación metafísica: "¿Y si fuera el verdadero Dios?".

Nueva vereda orbicular. La fuente de inspiración es la visión cósmica del polvo, imagen de la constitución fraccionaria de la materia, del espacio y del tiempo. Del universo. "Acaso el corpúsculo material se confunda con el instante". Y si la partícula lo compone todo, ¿no será un "espíritu ordenador " del caos?"¿Será que el polvo pretende, además ser espíritu? ¿Y si fuera el verdadero Dios? ". Vuelve a cerrarse la curva.

IV El ensayo como expresión literaria oscila entre dos concepciones opuestas. Por un lado, la derivada de Montaigne -padre del ensayo moderno-: una meditación subjetiva, libre y caprichosa. Por el otro, originada en Bacon padrastro del ensayo-: reflexión en la que predomina el estilo expositivo, orgánico, impersonal. Bajo esta última perspectiva, el ensayo es "la ciencia menos la prueba explícita " -según afirma Ortega y Gasset-, donde la racionalidad, la estructura lógica y la escritura en tercera persona forman el cauce de las ideas. En cambio, desde el punto de vista a lo Montaigne, "la nobilísima función del ensayo consiste en poetizar en prosa el ejercicio pleno de la inteligencia y la fantasía del escritor".

Aquí la estructura y la exposición son lógicas, pero "donde la lógica se pone a cantar ", como lo explica Anderson Imbert.

Dos superficies a distinto nivel. Y entre ellas una gruesa capa de estratos. Mas las fronteras son vagas, imprecisas. Ensayos hay que se localizan en fajas claramente definidas. Otros, de capas más ambiguas, se forman en la vecindad promiscua de elementos cristalinos. El ensayista, como la hormiga, tiende sus galerías a través de este universo geológico; como el industrioso insecto, puede recorrer sólo ciertos parajes, o limitar su acción a reducidas grutas. Pocos son los que se atreven a cruzar de lado a lado: "vienen de lejos, van lejos... ", dice Reyes.

V. Me encuentro ya en condiciones de contestar la pregunta que me condujo a este ensayo:

  1. Palinodia del polvo es un discurso poético, en cuanto goza de una evocación rítmica de imágenes y metáforas. El ritmo y su tempo se manifiestan en la estructura explicada en el punto III.
  2. Es un ensayo en tanto qué una reflexión "subjetiva, libre y caprichosa" al estilo de Montaigne: aunque contiene cierta lógica expositiva, la lógica del autor reboza fantasía.
  3. Está muy distante del rigorismo racional que pide el ensayo al estilo Bacon, en donde se expone o defiende una tesis con base en ciertas hipótesis.

En conclusión, Palinodia del polvo es una exquisita pieza que bien cabe en la clasificación de creación literaria que José Luis Martínez dio a los textos que son, a un tiempo: invención, teoría y poema.

Notas

  1. Utilizo Visión de Anáhuac y otros ensayos, México: Fondo de Cultura Económica (Lecturas mexicanas, núm. 14). 1983.
  2. Alfonso Reyes. Quince presencias, Obras completas, XXIII, México: Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 174-175.

Lecturas en Transición

Lecturas en Transición

PRD: El rostro y la máscara

Marco Aurelio Sánchez. CEPCOM Y CETRADE. México, D.F. 2001.

Para el autor del texto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encuentra en una encrucijada: se institucionaliza superando así la fuerte crisis en la que está, o se mantiene como una suma de grupos donde el caudillo permanece por encima de la institución partidaria.

Profundizando las ideas planteadas en su obra anterior, El PRD: la élite en crisis, a partir de una investigación basada sustancialmente en fuentes hemerográficas, Marco Aurelio Sánchez aborda en cuatro capítulos el dilema planteado. En el primero de estos subraya el origen histórico de este partido, surgido en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. El peso del caudillo, señala, es harto influyente y poderosa, subyugando y sometiendo la vida interna de este partido.

En el segundo capítulo, denominado "Modelo para armar", profundiza y caracteriza las principales facciones: los chuchos, los amalios, Misol, la casta divina, los cívicos. Según el autor, las facciones perredistas constituyen un mecanismo político tremendamente obsoleto y defectuoso y no contribuyen en la reforma que requiere este partido para consolidarse como alternativa de gobierno.

Es en el tercer capítulo donde el autor plantea la necesidad de la institucionalización del PRD, la participación de la base, lo decisivo que es que el afiliado participe como ciudadano y no bajo mecanismos de tipo clientelar. De la misma manera, lo importante que son el programa y la línea política, el financiamiento, el pragmatismo electorero, el faccionalismo ideológico, la burocracia, la organización interna.

"En busca de la izquierda pérdida" se denomina el último capítulo y es además donde se hacen las consideraciones finales.

El mérito del libro radica no sólo en los aportes y el estudio que hace del Partido de la Revolución Democrática, sino también en que señala la actual importancia que tiene para la sociedad mexicana el estudio de los partidos políticos como instituciones de interés público; es también una fuente de investigación para futuros trabajos sobre este tipo de instituciones políticas.

La flexibilización de los derechos laborales en la recomposición del capitalismo.

Octavio Lóyzaga de la Cueva. Universidad Autónoma Metropolitana. México, D.F 1997.

Este libro tiene como propósito coadyuvar a desentrañar las razones y los intereses de carácter político y económico que han motivado las modificaciones legales y extra jurídicas en las relaciones entre el capital y el trabajo. El autor ahonda en la relación entre las políticas económicas inspiradas en el liberalismo y la flexibilización de los derechos laborales que habían persistido inalterables desde hacía muchas décadas. En ese sentido se examina el papel que ha jugado el Estado y los factores reales de poder en la recomposición de las relaciones entre el capital y el trabajo.

La investigación analiza también el proceso de flexibilización que en los hechos se está dando en México, investiga y examina los antecedentes así como su posible inserción en la legislación laboral. En tal sentido se describen y comparan las posturas de los diversos autores ante la reforma laboral, en especial la posición empresarial, la del sindicalismo independiente y la del sindicalismo corporativo.

Libertad sindical

José Alfonso Bouzas Ortiz et al. UNAM, UAM, FAT y AFL-CIO. México, D.F. 1999.

Los problemas de la libertad sindical parecen ser la clave que condiciona al conjunto de los derechos colectivos y que impide su ejercicio en México.

Se ha venido generando una agenda de obstáculos al ejercicio de la libertad y de la democracia sindicales que ha puesto al modelo laboral mexicano en el banquillo del ámbito internacional. Los trabajadores mexicanos no pueden acceder a registros libres, carecen de una vía eficaz para la elección de su representación. Se incrementan los obstáculos administrativos para el desahogo de los juicios de titularidad de contrato, las cuotas sindicales son propiedad de los líderes y la contratación colectiva, tanto en su inicio como en su revisión y terminación, se realiza al margen de la voluntad de los trabajadores.

Este trabajo da cuenta puntual de dicha agenda; es un acercamiento a la realidad cotidiana que impide a la mayoría de los trabajadores mexicanos representarse y defenderse legítimamente; y es una referencia obligada para los hombres y mujeres que buscan recuperar la dignidad del trabajo y la vigencia de un sindicalismo representativo.

Productividad. Distintas Experiencias

Enrique De la Garza y Carlos García. UAM y Fundación Friedrích Ebert. México, D. F. 1993.

Los procesos de globalización económica exigen, para el desarrollo de las empresas, una perfección gerencial con una orientación total hacia el personal, el diseño y ejecución de programas de motivación y comunicación; inspirar la creatividad y dirigir a la masa asalariada. Se necesita empresas con una organización más ágil que centre su atención no sólo en la base técnica sino que considere a los recursos humanos como un material adaptable al cambio. Actualmente, la producción en serie cede su lugar a formas de producción más flexibles y de acuerdo con ello, los equipos de trabajadores serán los encargados de analizar y resolver los problemas. Esta forma de organización del trabajo permite márgenes muy amplios de cooperación y la participación. Así pues, la eficacia de cada trabajador dependerá de la agilidad para detectar un problema y de la rapidez para resolverlo.

En este contexto de flexibilidad no puede ser aceptada una empresa con una estructura rígida y un exceso en niveles jerárquicos. El manejo de personal deberá tener una visión de conjunto y adoptar aquellos modelos de intervención de los trabajadores que más se adapten para la confrontación de los problemas que viven las empresas.

La importancia del trabajo, así como su impacto en la productividad y la calidad, adquieren un redimensionamiento a partir de la competencia.

En México, el tema de la productividad y la calidad han ocupado la agenda de los distintos actores del mundo laboral, La productividad se ha convertido en un concepto mágico que garantiza la supervivencia de las empresas y al mismo tiempo destaca la necesidad de crecimiento y desarrollo.

El libro es producto del seminario Productividad. Distintas experiencias, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Fundación Friedrich Ebert. Así, distintos autores abordan las experiencias de los telefonistas, los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los trabajadores del sector financiero, del sector bancario, la Volkswagen, Dina, los de la UNAM, UAM y MESA.

Trabajo y trabajadores en el México contemporáneo

Arturo Alcalde, Graciela Bensusán, Enrique De la Garza, Enrique Hernández Laos, Teresa Rendón y Carlos Salas, coordinadores. Miguel Angel Porrúa. México, D. F. 2000.

Desde la perspectiva del trabajo, analiza los resultados del modelo económico que se ha estado gestando en México durante las últimas décadas y evalúa su eficiencia en el mejoramiento del nivel de vida de la población. Utilizando las distintas fuentes estadísticas disponibles, los dos primeros capítulos examinan tres elementos estrechamente vinculados entre sí: el empleo, los ingresos y su distribución. La dinámica de estos elementos se aborda a partir dé la revisión de las instituciones y organizaciones que intervienen en el mercado de trabajo. Con dicho fin, en los tres siguientes capítulos se estudian las características principales del régimen jurídico del trabajo asalariado, la estructura del sindicalismo y la agremiación, así como los cambios experimentados en la contratación colectiva. A1 respecto, la interrogante principal se refiere a la capacidad de las instituciones y organizaciones para promover tanto la inclusión de los trabajadores entre los beneficiarios del desarrollo, como un reparto equitativo de los costos del cambio de modelo económico.

Para jóvenes... y no tanto. El Rock n Roll está muerto o al menos está en un sórdido coma

Para jóvenes... y no tanto

Octavio "tavo" Viveros

El Rock 'n Roll está muerto o al menos está en un sórdido coma

Al sondear la cosecha mensual de las producciones de los guitarristas, todo lo que se ve son discos pop flojos, y lo que es más repugnante, intentos insípidos de mezclas de `síguele la corriente' a Hootie & The Blowfish con dosis nocivas de la angustia de Michael Stipean.

"No existen guitarristas nuevos. Ni un genio cercano a la locura drogada columpiándose en el borde de la autodestrucción, ni altos decibles llamando al hedonismo u odas por conseguir `calor y suciedad' en el asiento trasero del coche de papá. En suma, ningún Rock `N' Roll que merezca llevar el nombre.

"Como el Rock está, al menos temporalmente, inactivo; ya que ha estado estático en un solo punto, donde está su propia conciencia, implorándose y sentenciando, se me ocurrió que la salvación pudo muy bien estar en el pasado -el glorioso pasado-. Así que te pido te me unas en la conmemoración de un par de discos -un par de discos grabados en vivo para ser precisos- los cuales, a pesar de tener dos {tres} Becadas de su realización inicial, nunca erraron el Rock de mi mundo. Performance Rockin' The Fillmore (Obra, Hazaña Rocanroleando en el Fillmore) del grupo Humble Pie y Live and dangerous (Vivos y Peligrosos) de Thin Lizzy, hervidos con el abandono del beodo drogado, del machismo turbo cargado y con sonidos entrecortados- proezas instrumentales que penosamente faltan en una actual `baratija india' atrofiada. No importa que esos discos hayan sido remasterizados, re-empaquetados y reenumerados, elegí escribir acerca de ellos únicamente porque me hicieron estallar el cerebro.

"Grabado en cuatro espectáculos completamente atestados a finales de mayo de 1971, Performance de Humble Pie fue un disco parteaguas para este supergrupo británico. Fundado por el ex guitarrista del grupo Herd, Peter Frampton y liderado por el incorregible Steve Marriot, perteneciente a los sensacionales Mods de los años 60, Small Faces; Pie había realizado ya cuatro discos esquizofrénicos para cuando lanzaron el Performance, cada uno de ellos, notable, pero presentaban una incomprensible yuxtaposición de fieros rocksblues junto a baladas acústicas. De hecho, Humble Pie tenía el hábito de comenzar sus conciertos con una sección `unplugged' extensa, una práctica que constantemente confundía a su audiencia.

"En contraste, Performance es un impecable empape de blues y hard rock ágil. De la poderosa `Four Day Creep' a la adrenalizada `I Don't Need No Doctor', alargada aquí a más de nueve minutos, Marriot trabaja a la multitud con sus altos y furiosos registros (imagínate la unión blasfema de James Brown y Robert Plant), Frampton se conecta las agujas a sus fluidos realizando excursiones modales instantáneamente reconocibles, junto a la atronadora sección rítmica del baterista Jerry Shirley y del bajista Greg Ridley que van anclando las inaguantables sucesiones de los rapidísimos `Riffs'. Este es el Rock eregido en su esplendor, Rock `N' Roll reducido a sus preciosos mejores elementos primarios.

"El líder y bajista Phil Lynnot de Thin Lizzy (nacido en Dublín), sentó el tono para Live and Dangerous, cuando preguntó a la violenta audiencia: `¿Hay aquí alguien que sea irlandés? ¿Hay alguna chica que sea más irlandesa que ellos?'.

"Y mientras la libido de Lynnot corre frenéticamente en todo el disco, el álbum es mucho más amoldado a la época que Performance. Las dualidades de líder ejecutadas por el equipo de Scott Gorham y Brian Downey son mortalmente precisas, que se sienten más con el acelerado ritmo de las canciones a como fueron originalmente grabadas en los discos de estudio. Pero aún así, si no están tan vivas como peligrosas, los trabajos en las guitarras de Gorham y Downey ejemplifican el asombroso poder que un guitarrista de hard rock podía alcanzar en la época antes de Van Halen. Con sus diestras armonías y sus rebuscados licks pentatónicos, más la sabiduría y no sólo el ejercicio ilimitado sin gusto, es fácil ver como los dos guitarristas ejercieron una gran influencia en otras bandas como Iron Maiden, Metallica o Corrotion of Conformity. Cualquier guitarrista que haya trabajado en una alineación de dos guitarras se debe dar tiempo para escuchar `The Boys are Back in Town', `Cowboy Song' y `Don't Believe a Word'.

"Desafortunadamente, tanto Lynnot como Marriot ya se fueron de `gira por los cielos'. Ellos vivieron rápido, murieron jóvenes y dejaron unos cadáveres no tan bellos (Marriot fue cremado por una gran pira que consumió su casa de campo en 1991, mientras Lynnót murió como resultado de una neumonía inducida por la heroína en 1986). También dejaron algo más preciado, algo que hoy en día producen sonrisas sosas en los bobalicones roqueros que son incapaces de comprender discos que realmente nos hacen estallar el cerebro".

Tom Beaujour. Guitar World, Septiembre de 1997. pp 85 Traducción: Octavio Viveros Hdz.

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