Congruencia, esfuerzo y responsabilidad

Por Rafael Arias Hernández (*)

Antes que todo, mi agradecimiento porque, como militante de otro partido, se me ha dado la oportunidad de participar en un diálogo y debate públicos, sobre un tema que interesa a todos, todo el tiempo. De manera particular en una nueva publicación que se propone fortalecer la vida democrática de Veracruz.

Del proceso de democratización reciente.

Ningún cambio político trascendente se da al margen de la historia. En cualquier circunstancia, tanto el esfuerzo presente y la perseverancia futura como las referencias y experiencias del pasado resultan ser fundamentales para entender que está sucediendo. En esta perspectiva, se puede decir que en Veracruz el proceso democratizador tiene antecedentes remotos y recientes.

De entre éstos últimos, sin ser exhaustivos, podemos identificar y considerar los más relevantes a partir de la intensa participación que han tenido los veracruzanos durante los últimos años en un contexto nacional que, a su vez, también se ha caracterizado por ser de un creciente activismo político.

Así, identificables, como momentos de intensa actividad y amplia participación son:

• Los de la campaña política para elegir Gobernador del Estado, en 1992.
• Las reuniones y la recopilación de propuestas de la Sociedad Civil para integrar el programa de gobierno, a través de los trabajos de 21 comisiones, mismas que se dieron a conocer al gobernador electo en ese mismo año.
• La Consulta que llevó a promover la reforma de 1994, en la que se sustrajo al Poder Ejecutivo del proceso de elecciones, se avanzó en la autonomía de la Comisión Estatal Electoral y el Tribunal Electoral Estatal se convirtió en el máximo órgano en la materia. Esta reforma actualizó instituciones y procedimientos que fueron la base de las experiencias electorales de 1995 durante la renovación de los 207 Ayuntamientos para el periodo 1995-1998, y la de diputados locales, para integrar la LVII Legislatura del Estado.
• La agenda democrática, propuesta en 1995 por el gobernador Patricio Chirinos, recogió el sentir de la sociedad, y que se resumió en los siguientes puntos:
  1. Impulsar una activa participación de Veracruz en el nuevo federalismo;
  2. profundizar en la Reforma Electoral;
  3. profundizar en la reforma y el equilibrio de los poderes públicos;
  4. impulsar una reforma integral del municipio libre y los ayuntamientos;
  5. ampliar y fortalecer las garantías de los derechos individuales y sociales, especialmente de los grupos indígenas; y
  6. consolidar y extender las posibilidades y mecanismos de participación ciudadana en la vida pública.

  Para efecto de lo anterior, se emitió la Convocatoria para la Reforma Democrática de Veracruz cuya iniciativa dio lugar al Decreto aprobado por la H. Legislatura que crea un amplio, plural y representativo Consejo Estatal de Consulta Pública para dicha Reforma.

• Un último momento significativo, es el de los cambios que están consolidando la iniciativa reciente, en la que el ejecutivo estatal, ante el cúmulo de propuestas recogidas por la Consulta, consideró oportuno convertir consensos en normas, que regulen diversos aspectos de la vida veracruzana. Así, al iniciarse el segundo periodo de sesiones de la LVII Legislatura del Estado, en 1996, el gobernador Patricio Chirinos, con base en los resultados de dicha consulta presentó una iniciativa de reformas, a la Constitución (incluso de cómo puede ésta ahora ser modificada) y a sus leyes reglamentarias, que contemplan:
  1. La ampliación de las posibilidades de promover reformas por otras instancias y órganos de representantes de la sociedad;
  2. la transferencia al Poder Legislativo de la facultad para designar a los ciudadanos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
  3. someter el nombramiento de! C. Procurador General de Justicia del Estado a la ratificación de la Legislatura Estatal;
  4. dar carácter obligatorio a la comparecencia de los secretarios de despacho y del Procurador de Justicia;
  5. disminuir a 18 años de edad el requisito para ser diputado;
  6. crear tres nuevos municipios;
  7. otorgar la autonomía a la Universidad Veracruzana.

De esta forma, aspectos más, aspectos menos, en la revisión reciente del proceso de democratización en Veracruz, es posible localizar momentos en los cuales se han fijado posiciones, se han consensado propuestas, se han tomado decisiones y, consecuentemente, a partir de todo lo anterior, se han realizado transformaciones institucionales que pretenden consolidar dicho proceso. También es posible localizar claramente el esfuerzo ciudadano, de la sociedad, de los partidos políticos y del gobierno para promover los cambios necesarios por la vía pacífica e institucional.

Del balance y las perspectivas.

Haciendo a un lado las posiciones dedicadas a la apología o la descalificación a ultranza, hay que decir que la experiencia política y las enseñanzas derivadas del proceso de democratización reciente, son inherentes a su propia condición: se trata de un proceso continuo y permanente que, como toda manifestación social, exige actualizaciones, modificaciones o sustituciones.

Habría que apuntar también que la Reforma ha significado avances y logros, pero no olvidar que enfrenta retos en su aplicación; que ha servido como punto de negociaciones políticas constructivas, pero también de enfrentamientos e, incluso, de participaciones condicionadas o que se excluyen oportunistamente, como forma de presión y hasta de chantaje.

A pesar de todo, las limitaciones de la reforma, que las tiene, habrá que analizarlas con objetividad, es decir, tratando de identificar las causas profundas que la condicionan o posibilitan. Para superarlas y resolverlas, habría que señalar que hay un problema de cultura política para algunos, cuando se confunde Reforma Democrática con Reforma del Estado y ésta, a su vez, con la Reforma Electoral; cuando se equivoca ciudadanización con designación de consejeros ciudadanos; y, por si fuera poco, cuando se confunde la participación en la Consulta pare la Reforma con el activismo individual, de grupo o partidista, en favor de demandas específicas, quizá legítimas pero sin relación clara y precisa con el objetivo de la consulta.

La democracia es un proceso continuo. Cualquier reforma es sólo una etapa más. Para seguir avanzando hacia otras etapas superiores, habrá que fomentar el desarrollo de una nueva cultura política de la participación que evite caer en la partidocracia; una cultura de la legalidad que nos obligue a cumplir y a hacer cumplir la norma, y evite el voluntarismo y la componenda; una cultura de la competencia con claridad y firmeza en los planteamientos de los contendientes y en el respeto de los resultados; una cultura de la comunicación con una creciente responsabilidad de lectores, medios, partidos políticos y el gobierno; y con una cultura de la tolerancia, en constante mejoramiento en su capacidad de análisis, de diálogo, discusión y suscripción de acuerdos.

Después de todo, no debemos olvidar que la reforma es una forma constructiva de la crítica propositiva y ha de darse en un clima de comunicación democrática, debate público, acuerdos y cambios institucionales. Todo ello a partir del respeto y la colaboración de las fuerzas políticas y los ciudadanos, unidos en lo esencial: los fines supremos de la nación.

Debemos tener presente que la reforma estatal está contextualizada por la reforma a nivel nacional que, de muchas maneras, la limita y determina; y, como en cualquier parte, además de limitaciones y problemas propios que resolver enfrenta, sin duda, enemigos, situaciones y actitudes adversas, como la ignorancia, la simulación, el inmovilismo, el desinterés, etc.

De igual forma, habrá que reconocer que el esfuerzo de apertura y de cambio responsable debe sostenerse, particularmente por el gobierno, y que tal actitud compromete la participación, también responsable, de todos los partidos políticos y de los ciudadanos. En otras palabras, se trata de un reto de la democracia, de su capacidad para reflejar el consenso que convertirá la consulta en iniciativa de reforma y posteriormente en ley, y también se trata de tener presente que el proceso democrático no se concreta sólo a la fase electoral; además de otros aspectos fundamentales, implica también la responsabilidad de asegurar las fases posteriores, como la que requiere la gobernabilidad necesaria para la convivencia humana; o aquella que propicia y facilita el desarrollo político de un pueblo.

Para que los cambios formales se traduzcan en avance democrático consolidado es absolutamente imprescindible que todo este proceso de diálogo, negociación y construcción institucional se convierta en ley y trascienda a la esfera de la conducta diaria y de las expectativas. No debemos perder de vista lo que la experiencia nos ha enseñado: el cambio formal en la ley no garantiza por sí mismo un cambio en el comportamiento cotidiano de ciudadanos, grupos, partidos y gobierno. Es decir, en una nueva cultura política que refleje, en los hechos, el esfuerzo permanente de todos.

Finalmente, habría que tener siempre presente que el esfuerzo de los veracruzanos y su gobierno nos remite a uno de los ideales de los mexicanos, causa de innumerables luchas y de indiscutibles avances, como el que define a la democracia en su acepción más amplia, como una forma de vida. Ideal que expresado desde los Sentimientos de la Nación de Morelos, hasta el texto constitucional de 1917 señala que: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

* Rafael Arias Hernández, economista (1966-1970, UV); maestría en Economía con especializacion en Desarrollo Regional y subespecia-iización en Historia del Pensamiento Económico (Salt Lake, City, U.S.A.); ha cursado estudios de actualización sobre el Derecho Electoral en México (División de Estudios Superiores, Facultad de Derecho, UNAM); y entre los cargos públicos desempeñados destacan los de secretario general de la U.V., director general de Industria y Comercio, delegado estatal de la SECOFI, director de Apoyo a la Evaluación de Programas Regionales, de la Coordinación General de Delegaciones Regionales de la SPP; jefe de Prensa y Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz; director del CEPES del CDE del PRI; presidente de la Comisión Estatal de Modernización, y presidente de Cambio XXI, Fundación Veracruz, A. C. Desde 1994 se desempeña como director del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC).