Los inciertos pasos de la Transición

Por José González Sierra (*)

Los términos y conceptos, a base de un intenso uso, terminan por gastarse, por pervertir su significado, por vulgarizar su contenido. Esto es especialmente cierto para aquellas palabras de uso común en la política, que empiezan siendo una bandera o aspiración casi general y terminan por intensivo manoseo, en menciones rituales carentes de contenido, en fórmulas vacías y recurrentes. Lo anterior acomoda a la perfección cuando en el café, los discursos y la prensa surge al vuelo el binomio; transición democrática. ¿Qué significa para cada quien ese par de conceptos? ¿Qué usos y abusos se manifiestan cada vez que se pronuncian tales palabras? Parece conveniente, entonces, empezar por el empiezo y, como decía un ilustre maestro universitario, plantearse el ¿qué entiendes por entiendes?.

En ciertos ámbitos, no los gubernamentales por supuesto, hablar de transición democrática refiere de inmediato a un difuso programa político que nos permitiría, de lograrse, salir de este sistema político de corte autoritario que durante décadas ha sometido a la población a condiciones no sólo de arcaísmo democrático sino también de una profunda postración económica. Sin embargo, con esa capacidad de camaleón de que la clase política oficial hace gala, el concepto de transición quiere ser virado a una justificación demagógica más en el lenguaje de quienes detentan el poder y se resisten, bajo todos los medios, a aceptar un régimen plenamente democrático, lo cual constituye la aspiración fundamental de los mexicanos.

Transición democrática es, en términos llanos, un proceso que debe llevar gradual pero sostenidamente a profundos cambios en las formas de obtener, detentar y ejercer el poder político. Es sinónimo de reforma del Estado, esto es, que la transición, para que sea plena y civilizada, debe ser producto de una serie de arreglos y diseños institucionales que en su conjunto aceleren, en primera instancia, y consoliden en un segundo momento, la conversión a un sistema democrático que deje atrás el patrimonialismo, la discrecionalidad, la usurpación, la corrupción y la inmunidad que caracterizan al régimen político actual. Significa que el poder judicial se autonomice del ejecutivo, que el poder legislativo emerja de la sumisión tradicional en que se ha encontrado por largo tiempo, que al poder ejecutivo se le cercenen una serie de facultades, constitucionles y metaconstitucionales, que lo pervierten y lo convierten en el centro de nuestro atraso democrático. Para acceder a lo anterior es necesario que los actores políticos y sociales pacten vías específicas, reformas puntuales y diseños institucionales claros que en su conjunto se constituyan en la forma mexicana de transición a la democracia.

Un requisito fundamental para que el proceso de transición se efectúe de manera pacífica y consensada, es que la totalidad de actores políticos relevantes esté plenamente de acuerdo en que es necesario, urgente e irreversible. Es decir en que todos estén decididos a avanzar en ese sentido. Y aquí es donde encontramos que en nuestro país esta conciencia de cambio democrático no es compartida por todos, en especial, no es compartida por quienes detentan el poder, los núcleos duros y más atrasados del gobierno y su partido oficial, quienes se dedican a jugar el perverso juego de la simulación democrática, juego torpe en el que fingen querer reformar pero se dedican en realidad a torpedear los acuerdos que llevan a las reformas. El ejemplo más claro de ello es lo acontecido con el jaloneado proceso de reforma electoral, mismo que el ejecutivo en turno pretenciosamente quiso bautizar como definitiva. Primero se alargó artificiosamente por casi dos años, después, se eliminaron sistemáticamente las propuestas más avanzadas (referéndum, plebiscito, candidaturas independientes, etc.), luego se llevó mañosamente a una firma apresurada, se siguió con negociaciones marrulleras hasta el tiempo límite y de esa manera el designio gubernamental castró lo que pudo haber sido una palanca inicial y de peso para avanzar en la reforma del Estado. En público declaran su vocación al cambio, en privado elaboran candados y argucias legales. Hacía afuera proclaman su disposición reformadora, en sus oscuras oficinas diseñan la manera de abortar, condicionar y diluir los acuerdos. No aparentan darse cuenta de que esa hipocrecía política, esa moneda falsa que ofrecen a la sociedad, es un elemento de la más alta peligrosidad para la República. Hoy por hoy la transición democrática de México parece quedar entrampada en esa irresponsabilidad de los sectores duros y conservadores de la estructura oficial, ellos tendrán que asumir la responsabilidad histórica de su comportamiento.

* José González Sierra. Miembro del Instituto de Investigaciones Históríco-Sociaies de la U.V.; fue comisionado ciudadano ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral durante el proceso electoral municipal de 1994.