Los retos del desarrollo y la reforma del Estado

Por Emilio Cárdenas Escobosa (*)

Es ya un lugar común afirmar que México se encuentra en un proceso de "Transición a la Democracia", expresión que nos habla del conjunto de cambios en nuestras relaciones políticas e institucionales que en mayor o menor grado hemos experimentado en los años recientes. Transformaciones que se han derivado de la necesidad de construir mayores espacios de participación y nuevos canales de interlocución entre gobernantes y gobernados, a fin de reformar el Estado para dotarlo de la capacidad de responder a las aspiraciones de la colectividad para avanzar en la conformación de un orden político, económico y social más justo y equitativo, a partir del compromiso de los diversos actores sociales con los valores del diálogo, la tolerancia y el consenso.

Debe reconocerse que nuestra reforma muestra avances importantes en el establecimiento de esquemas de competencia electoral más certeros que nos permiten acercarnos a la realización de comicios que sean fuente de legitimidad y no de conflicto; en la presencia de un ánimo democrático de las organizaciones sociales y políticas que privilegia la negociación sobre el enfrentamiento; en la consolidación de un sistema de partidos políticos más fuerte y que atrae a un elevado número de votantes en cada proceso electoral; en un proceso de descentralización y desconentración de funciones que revitaliza a los gobiernos estatales y municipales; y, de manera especial, en el paulatino paso de un sistema excesivamente presidencialista a un esquema en el que los poderes Legislativo y Judicial gozan de mayor autonomía en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales.

Sin embargo, no menos cierto es que tenemos importantes pendientes, especialmente en materia económica y social, en la agenda de los cambios necesarios para transitar al ideal democrático que congrega al gobierno y los partidos políticos: la reforma del Estado no puede circunscribirse exclusivamente al establecimiento de reglas para la renovación del poder público y a la edificación de un marco jurídico y de relaciones políticas acorde a esta nueva institucionalidad, sino que debe atender con igual énfasis la necesidad de consolidar un modelo de desarrollo que asegure la justicia social y la capacidad de respuesta efectiva de los distintos niveles de gobierno a las demandas de empleo e ingreso, de salud, de educación, de mejores condiciones de vida de la población. Estas son, sin duda, algunos de los renglones fundamentales que deben consolidarse al hacer la relación de nuestros má graves desafíos y de los retos mas urgentes que debemos superar.

Con la crisis ecnómica y la emergencia de nuevos actores y fuerzas sociales que buscan espacio en el tejido de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, a fin de incidir en la redefinición del modelo de desarrollo y acceder a la formulación de mecanismos redistributivos y de reasignación del gasto orientados a asegurar la recuperación de sus niveles de ingreso, se hace indispensable revisar las estructuras y el funcionamiento del Estado en ese sensible aspecto.

Debemos recordar que a partir de la década de los ochenta se experimenta en México una crisis del patrón de política social seguido desde 1930, caracterizado por una evolución más o menos constante de los índices de bienestar apoyados en un gasto estatal creciente acorde al modelo del Estado de Bienestar en boga en esos años. De esta manera, al entrar nuestro país al ciclo de las crisis económicas sexenales asistimos a un deterioro generalizado de los indicadores del nivel de vida de la población y de la posposición o cancelación de las expectativas de ascenso social que durante más de cincuenta años dotaron de una importante capacidad de maniobra al régimen para sortear con éxito las movilizaciones y presiones de los diferentes grupos sociales.

Esta pronunciada estabilidad del sistema fue producto de la existencia de una clara articulación entre el modelo económico y los espacios de participación y concertación política, que se explicaba por la esencia corporativa del Estado y por la legitimidad que ella le brindaba. De esta manera, ante una sociedad menos diversificada que la actual resultaba relativamente sencillo procesar los conflictos y hacer uso de la capacidad de incorporación de los actores y organizaciones sociales a la lógica estatal del desarrollo.

El quiebre de este esquema de interrelación entre crecimiento económico y estabilidad política fue producto del agotamiento del pacto social posrevolucionario y la irrupción de grupos de presión y fuerzas de la más diversa naturaleza que reclamaban representación en el escenario político e institucional, lo que se tradujo en el desbordamiento de las reglas del juego vigentes hasta entonces e introdujo importantes contradicciones en el modelo. Ello obligó a abrir los espacios de participación y a buscar nuevas fórmulas económicas para responder a ese complejo conjunto de expresiones sociales y, sobre todo, a preservar la cohesión y hegemonía del sistema político.

Por ello, al ponerse en marcha el actual modelo de desarrollo, sustentado en un esquema de libre mercado y del redimensionamiento del Estado que se vincula a la tendencias a la globalización y al establecimiento de los bloques económicos a nivel mundial, se hace patente la necesidad insoslayable de reforzar el papel del Estado en cuanto a su responsabilidad de ofrecer a la sociedad alternativas viables de crecimiento y de atención a sus demandas, especialmente de los sectores más desprotegidos.

En ese contexto, los esfuerzos deben orientarse al diseño de una política social que vaya más allá de las acciones asistenciales. Se precisa superar cualquier vestigio de relaciones clientelares y paternalistas entre el gobierno y los ciudadanos. La sociedad muestra hoy signos de un importante grado de madurez y politización. Reclama la recuperación de su poder adquisitivo, mayores oportunidades de empleo productivo y un ingreso que le permita satisfacer cabalmente sus necesidades básicas. Desea participar en la definición del contenido y alcances de la política económica, para que ésta tome en cuenta sus intereses con la misma puntualidad con que se atienden nuestros compromisos con el exterior.

En consecuencia, la reforma del Estado hoy en marcha debe retomar estas preocupaciones si queremos que las transformaciones en materia política tengan su correlato en los aspectos económicos y sociales.

Así, la reforma en marcha sólo llegará a buen puerto en la medida en que la forma de gobierno que de ella habrá de desprenderse, y que no es otra cosa que la consolidación de la democracia en todos los órdenes de la vida nacional, tenga la plena aceptación de la colectividad, esto es, que cuente con un alto grado de consenso social. Pues esa legitimidad de las nuevas reglas del juego democrático también descansa en la respuesta que ese arreglo dé a las demandas de la sociedad en el terreno económico, en el espacio de la vida cotidiana en que se aprecia con toda precisión, a nivel de las familias, las comunidades, los municipios o las regiones del país, las bondades o distorsiones del modelo de desarrollo que, por definición, debería asegurar equidad y justicia para todos los grupos de la población, objetivo que es, al final de cuentas, uno de los elementos claves de la gobernabilidad.

De ahí la trascendencia de que el proceso de reforma no se agote en la negociación de espacios de participación política y de cuotas de poder, ni que se limite a cambiar las reglas de la competencia electoral. Se deben discutir y confrontar los diversos enfoques sobre la política de desarrollo, debatir acerca de la orientación y viabilidad del rumbo económico que sigue nuestro país, para encontrar juntos las mejores opciones y los caminos que permitan atender con prontitud y eficiencia las difíciles circunstancias que vivimos, alcanzando los puntos de coincidencia en torno al perfil de nación que queremos: un México más soberano y fuerte, con un marco jurídico e instituciones vinculados al sentir de la sociedad, con oportunidades para todos y con certidumbre en el futuro.

* Emilio Cárdenas Escobosa. (México, D.F., 20 de octubre de 1962). Es licenciado en Economía (UV) con estudios de Doctorado en Derecho Público y Ciencia Política (Universidad Autónoma de Madrid). Ha sido coordinador general de proyectos del Centro Estatal de Desarrollo Municipal y del COPLADEVER; coordinador de capacitación municipal del INAP-Veracruz; vocal de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral; coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno y, en la actualidad, es el coordinador técnico del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de la Consulta Pública para la Reforma Democrática.