La Transición no es patrimonio de un partido ni de un grupo de notables: Domingo Alberto Martínez Resendiz

Para Domingo Alberto Martínez Resendiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, no hay duda: por la reforma de instituciones que se ha emprendido y el ambiente de incertidumbre que permea en la vida pública del país —dos rasgos característicos citados por los teóricos de la transición—, el tránsito a la democracia en México ya inició y es un proceso de cambio irreversible cuya agenda reformista, que por lo menos requerirá de un lapso de quince años, al final tendrá que desembocar en una nueva institucionalidad y en otro orden constitucional.

Nativo de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el dirigente estatal perredista, de escasos 42 años de edad, licenciado en Psicología y con Maestría en Ciencias Administrativas, advierte de las resistencias de poderosos grupos de interés, privilegiados durante más de sesenta años por el ejercicio monopartidista del poder, que consciente o inconscientemente se muestran reacios a la transición y "que cada vez más obstaculizan el cambio", buscando generar confusión y apatía entre la sociedad.

Criticado severamente por su fuerte apoyo a la Consulta Estatal para la Reforma Democrática que el gobierno estatal ha promovido en la entidad, Martínez Resendiz declara que "nosotros no estamos como actores políticos convalidando actos de simulación, porque irían en contra de nuestros propios principios". Y revira que quienes se oponen al cambio son aquellos que están empeñados en mantener las mismas políticas del autoritarismo, de la complicidad, de la corrupción y del tejido de los grupos de presión.

El dirigente estatal del partido del sol azteca acusa que lo que esos grupos acostumbrados a los privilegios del poder no quieren entender, es que el sistema político mexicano, para evitar su estrepitoso desmoronamiento, necesita refuncionalizarse. Porque a final de cuentas, precisa, la transición no se reduce al simple cambio de gobernantes, de personajes, sino que es todo un proceso de cultura política que plantea un cambio profundamente estructural: la democracia como una forma de vida.

Martínez Resendiz ha sido docente en la Universidad Veracruzana y funcionario de la SEP. A partir de 1988 se integró al gran movimiento ciudadano que se dio en torno a la candidatura del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente fue miembro fundador del PRD y encargado de las Finanzas de la Comisión Coordinadora Estatal, durante el periodo 1988-1990. Resultó electo Consejero durante el Primer Congreso Estatal del PRD y Secretario de Finanzas y Administrador del Comité Ejecutivo Estatal de 1990 a 1992. En el trienio 1991-1994 fue diputado federal a la LV Legislatura del Congreso de la Unión. En 1992 fundó, junto con otros compañeros, la corriente política e ideológica del PRD en Veracruz, Propuesta Democrática.

Entrevista de Raymundo Jiménez

¿Cuál es su concepto de transición a la democracia? ¿Qué tanto puede ser un mero mito, qué tan cerca puede estar de la realidad o simplemente culminar en un acto de simulación, de escenografía propagandística para el grupo en el poder? Si la transición democrática es un proceso sumamente complejo, ¿por dónde habría que iniciar prioritariamente ese tránsito hacia la democracia?

La transición democrática, conceptualmente hablando, es un proceso mediante el cual una sociedad plantea el cambio de una forma de organización a otra. En la manera más ortodoxa, se habla de transición cuando se cambia de un régimen a otro. Prácticamente, cuando va de la dictadura a un sistema más democrático. En el caso de México, se ha planteado que el término transición no es el más adecuado. Sin embargo, nosotros sostenemos que hemos iniciado una transición y empezamos a ubicarla con mayor nitidez, defendiendo sus orígenes a partir de 1988. La transición democrática que hoy pretendemos llevar a cabo en nuestro país, fundamentalmente consiste en el cambio de un régimen autoritario presidencialista por un régimen de mayor participación social, es decir, ir hacia un régimen más democrático, donde haya equilibrio de poderes y una mejor representación de los espacios de la sociedad que requieren estar en la toma de decisiones. Esta transición a la democracia es el camino que hemos empezado a construir desde muchos ámbitos, no es patrimonio exclusivo de un Partido o de un grupo de ciudadanos; es una necesidad que tenemos todos, absolutamente todos: los actores políticos, los actores sociales y los agentes económicos. Requerimos transitar hacia una nueva forma de organización que nos permita reactivar la conducción política, social y económica del país. Es por ello que hablamos de ese tránsito, porque transición quiere decir tránsito.

Ahora bien, ¿cómo vamos hacia ese cambio? ¿Vamos por la vía armada o vamos por una vía pacífica, constitucional y además pactada? Nosotros creemos que debe ser la segunda opción, mediante el diálogo con todos los actores, incluido el propio gobierno. Debemos ir revisando las instituciones en este país, porque todas ellas están faltas de credibilidad. Entonces tenemos que hacer una revisión estructural de las instituciones y utilizar la ingeniería del diseño constitucional para construir o para reformar las instituciones que nos permitan avanzar un trecho, más o menos largo, regular —yo me atrevería a pensar en un periodo de quince años—, con el propósito de que en ese lapso, se puedan dar aquellas reformas que posibiliten que todos los actores que tienen que pactar la transición estén en condiciones similares, o sea de equidad, para poder ser interlocutores válidos.

Estamos convencidos que el final de la transición será un nuevo orden constitucional. En este sentido hay dos aspectos fundamentales que se deben recalcar. Por un lado hay sectores que manifiestan su escepticismo total a que la transición sea realmente un hecho concreto. Sin embargo, esos sectores, tal vez de manera consciente o inconscientemente, se vuelven reacios a un cambio. Nosotros estamos convencidos plenamente de que la transición ya comenzó a avanzar.

La transición se caracteriza, según los teóricos, por dos aspectos fundamentales: la reforma de las instituciones y la incertidumbre en la vida pública. Esas dos cosas están pasando en nuestro país. Sin embargo, es muy difícil todavía que los actores políticos, las instituciones, los partidos, la sociedad, puedan asumirse como expresiones políticas con una acentuada vocación reformista, porque el término, en el sentido que le daba la vieja izquierda histórica en nuestro país y en el mundo, era que los reformistas estaban fuera de foco. Sin embargo, hoy el asunto de las reformas solamente son, en su momento, los mecanismos que están propiciando que empiecen a darse relaciones entre todos los actores políticos. Porque ni el gobierno, ni los partidos que pretenden ser gobierno, pueden, en un proceso de transición, plantearse gobernar excluyendo a los otros. Si bien hay una lucha política electoral, también es cierto que quien gobierna tiene que gobernar con el consenso de los demás. Ya no es posible sostener una política autoritaria y excluyente, como es la política que propició el gobierno y su partido, en donde con el 30 por ciento de la votación ganaban todo, aunque hubiese mayores representatividades. Nuestro país ya no es el mismo; cada vez se acerca más a la realidad y, hoy por hoy, nosotros no estamos como actores políticos convalidando actos de simulación, porque irían en contra de nuestros propios principios.

Sin que la transición sea un asunto fundamentalista, hoy estamos ante la eventualidad de lograr toda una serie de cambios en las reglas que permitan una mejor representación. ¿Por qué el acto más importante en el proceso de transición lo es la norma electoral? Porque a partir del proceso electoral los ciudadanos deciden quién debe conducir el gobierno y cómo se deben representar en los órganos de gobierno, de tal suerte que a partir de esas correlaciones que se dan, de esas representatividades que se dan en los órganos de gobierno, se puede incidir en la propuesta, en la construcción, en la aprobación y en la conducta de otro tipo de políticas. Hoy hemos encontrado que en los viejos órganos de gobierno, donde se da este tipo de representación, se puede dar ese cambio. Por ejemplo, el modelo económico no puede cambiar si no es aprobado por el Congreso de la Unión en México. Y eso constitucionalmente está establecido. Entonces, de ahí la importancia de la discusión de las reglas electorales, primero, para que se pueda propiciar el acceso a la representatividad y que todos aquellos sectores organizados puedan estar presentes en la toma de decisiones iniciando una nueva institucionalidad en el país.

¿Cuáles serían las principales y más arraigadas resistencias a vencer en este proceso de transición?

Creo que el proceso de transición puede ser ejemplificado en un hecho cotidiano, es como cuando decidimos mudarnos de casa. Cuando cambiamos de domicilio, resulta que hay que pensar en dónde está la escuela de los niños, por dónde pasa el camión del servicio urbano y si a lo mejor tenemos que levantarnos más temprano para ir al trabajo, en fin, que se encuentran muchas cosas que le dan a uno la posibilidad de empezar a rehacer. Yo ejemplifico así el proceso de transición democrática. Entonces, por un lado, hay una resistencia porque hay incertidumbre; porque este proceso no ha sido suficientemente difundido, aclarado, pensado, porque hay grupos de interés que no están dispuestos a participar en este proceso y no lo ven en función de cambiarse de casa, lo ven en función de que sus privilegios se van a ver afectados.

Nosotros creemos en el proceso de transición, y con el pacto de nuevas reglas, de reformas constitucionales, de reformas a las leyes secundarias, deberemos de vivir en un Estado de Derecho donde se acabará la impunidad, se combatirá la corrupción, se castigará a quien haga uso indebido de los recursos públicos. Estaremos propiciando nuevas relaciones, nuevas formas en la organización político-social. Obviamente que los grupos que han sido privilegiados por sesenta años de presidencialismo, de poder autoritario, no les parece en lo más mínimo y harán todo su esfuerzo por seguir manteniendo la política del autoritarismo, de la complicidad, de la corrupción, del tejido de intereses de los grupos de presión. Sin embargo, como esos mismos grupos son los concesionarios o dueños de los medios de comunicación, también expresan su punto de vista, que incide en la sociedad creando mayor incertidumbre. Y esa incertidumbre se refleja en una apatía por parte de los ciudadanos para interesarse en los procesos de cambio y transición.

Otro elemento fundamental tiene que ver con la ausencia de partidos políticos en México. Nunca ha habido un verdadero sistema de partidos, siempre ha habido un partido oficial que es el que ha decidido. La gente tiene la idea de que siempre gana el PRI, entonces ¿para qué ir a votar? Por otro lado, la vieja cultura política nos hace reproducir de manera automática esa pauta cultural. Hoy, ante la posibilidad de crear una nueva cultura, nuevos códigos de comportamiento, nuevas actitudes con respecto a la vida cotidiana —porque la democracia no es solamente que se respete el voto, sino que la democracia es una forma de vida, es una cultura que nos debe permitir elevar nuestros propios niveles de vida—, sin embargo esos grupos de que hoy se manifiestan por todos lados en este ambiente de incertidumbre característico de la transición, son los que estarían en contra de que esto pueda avanzar.

Actualmente, en la discusión de la ley electoral en el Congreso Federal, uno de los puntos centrales que se refiere a los topes en los gastos de campaña, sucede que después de un acuerdo de ir a dos pesos por elector, el partido oficial, el sector duro, plantea que sean veinte, o sea diez veces más, cuando eso es un atentado contra los acuerdos que ya se habían ido procesando. No obstante, pienso que en esos dos ámbitos, quienes estamos convencidos de este proceso de transición, creemos que es el único camino viable para que el país pueda superar toda su problemática. No creemos que sea a corto plazo, por eso hablamos de instituciones a quince años, con una nueva constitucionalidad que a la mejor dura más. Además, los que tenemos la convicción de que el diálogo, la confrontación de ideas, que no de personalidades, ni de cualidades, sino de ideas, es el camino que nos puede conducir a buscar los consensos que necesitamos para la integración de nuestra nación, pensamos que estamos obligados en todos los actos en donde interactuamos a explicar y difundir cuáles son estos postulados y cuales los planteamientos que realmente pueden impactar en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Hoy, más que nunca, tenemos que enfrentar con las armas de la razón, con las armas de la convicción, a todos aquellos sectores y grupos de interés que no están dispuestos a dejar que en México haya un verdadero cambio. A lo que tampoco estamos dispuestos es a que cada vez más obstaculicen el cambio.

El cambio es una cuestión inherente a todos los sistemas. El propio sistema requiere refuncionalizarse, por eso es que hablamos de reforma, o sea, queremos reformar las instituciones en este país, reformarlas en función de que puedan servir al desarrollo de la vida pública y de los ciudadanos, que tengan que ver con todas las áreas de interés social: en la economía, en lo social, en la política, en todos los ámbitos. Esta es una cuestión que debe ser bien conocida, interpretada y además asumida por todos los ciudadanos en su conjunto. Las políticas populistas, de confrontación ó de peticionalismo, en un proceso como éste, que hemos empezado, dejan de tener vigencia. Sin embargo, esos sectores que se resisten a tos cambios, harán todo el esfuerzo por detenerla, haciendo programas para el campo, alianzas con otros sectores, repartiendo infinidad de cosas, obra pública, todo lo posible con tal de detener ese cambio, porque el cambio no es de gobernantes sino de estructuras, no es de hombres o de mujeres, es un cambio estructural lo que plantea la transición, y la transición, insisto, es un proceso que tiene que ver con la vida cotidiana.

Entonces, definitivamente se requiere también de la voluntad política del gobernante para impedir que sigan permaneciendo toda esta clase de vicios estructurales...

Bueno, creemos que los gobernantes, todos, tienen su propio proyecto. Un proyecto con el cual llegan a ocupar un cargo en el viejo modelo. Sin embargo, esto no es asunto exclusivamente de su voluntad política. Ya no está en manos de los gobernantes hacer uso del autoritarismo o de la fuerza, porque el propio sistema al que sirven tiene que refuncionalizarse, tiene que abrir todos los canales necesarios para buscar nuevas formas de refuncionalización de las estructuras del Estado. Decía hace rato, que nosotros ya no podemos concebir el aplastamiento del más grande sobre el más pequeño, ya no puede ser así. Cada vez más nos vamos acercando a modelos de convivencia entre los actores políticos dentro de la gobernabilidad. Hoy, la oposición gobierna un buen número de municipios. Acción Nacional gobierna cuatro estados (Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco) y de una u otra manera ya son cambios que nunca habíamos visto. El PRI siempre había sido hegemónico. Yo no quiero decir que esto es lo ideal porque habría que analizar exactamente cuáles son las propuestas estructurales del PAN. No hemos visto ningún cambio en ese tipo de administraciones. Sin embargo, más allá de las diferencias, de disputas doctrinales o políticas partidarias, nosotros tenemos que pensar en cómo coadyuvar a la construcción o diseño de esas instituciones en el ámbito de un pais distinto con el que hemos soñado.

Nosotros creemos que es fundamental que la propia organización política y ciudadana sea pivote fundamental en esta reforma. Y aquí queremos reiterar: la transición, la reforma no es patrimonio de un Partido, no es patrimonio de un grupo de notables, sino que es patrimonio de todos los ciudadanos, que han venido participando desde su trinchera cotidianamente para buscar el cambio de este país.

En 1988 hubo un indicativo fundamental, algo cambió y nosotros creemos que sí cambió. Con Salinas pretendieron engañar a la población de que todo estaba resuelto, de que había sido una amarga pesadilla la del 88, pero que ahora vivíamos en un país que estaba arribando al Primer Mundo, sin embargo, hoy después de todo eso, aparte los críticos seis años en los cuales fuimos el movimiento político más reprimido, creo que lamentablemente, porque tuvimos un gran costo en vidas humanas. Sin embargo, hoy, insistimos por encima de nuestras participaciones doctrinales o partidarias: tenemos que pensar en espacios de diálogo y de negociación que nos permitan discutir las instituciones, no las posiciones políticas o los cargos que puedan tocarle a cada quien, sino que debemos plantearnos el cambio en las instituciones.

¿Cómo conducir al país? Porque es aquí donde nosotros nos planteamos como partido político que quiere dirigir un país renovado, un pais en donde sus instituciones realmente puedan cumplir con la función que nuestra Carta Magna les ha establecido, queremos un Poder Ejecutivo fuerte, capaz de conducir al país; pero necesitamos también un Legislativo independiente, con capacidad para tomar las decisiones que correspondan a la soberanía de los ciudadanos y queremos un Poder Judicial autónomo, capaz e independiente para poder establecer las controversias y darle la razón a quien la merezca sin excepciones. Para nosotros eso es fundamental y tiene que ver con la Constitución General de la República, pero además tiene que ver con las constituciones de los estados porque también va a normar la conducta ética de los gobernanantes.

Existe la impresión de que este proceso de transición evidentemente parte del centro hacia las regiones. ¿Podría darse un proceso inverso, en el que en algunas regiones de la República pudiera avanzarse hacia estudios superiores de democratización, por encima de los consensos que pudieran pactarse en la reforma federal?

Creemos que en este momento sería muy difícil, porque los actores políticos dependen en su mayoría de grupos preestablecidos y de partidos con un registro nacional. Sin embargo, diría que es difícil pero no imposible, que en algunos elementos que se manejan en los estados, pueda haber avances sustantivos en relación o en comparación con los acuerdos nacionales que se tengan. Sin embargo, el proceso de transición debiese partir, efectivamente, a la inversa: cada estado federado debiera tener su propio proceso, para que a partir de esos procesos haya una síntesis que permita el escenario nacional. Pero, en un país tan centralista, tan presidencialista, donde todo se concentra en la capital, entonces no nos debe extrañar que la puerta se haya abierto desde allá. Sin embargo, hoy nosotros estamos obligados a transitar por este camino, como un estado mas de la Federación.