Autonomía: materia y procedimientos

Este texto fue leído por el autor en noviembre de 1996 en la presentación del libro Universidad Veracruzana. Las cuestiones de la Autonomía, cuyo coordinador fue el investigador de la UV, Ragueb Chaín.

Por José González Sierra (*)

Considero un gran acierto el que Ragueb Chain haya recopilado y publicado estos materiales, ya que la relevancia de los mismos indudablemente ayudará a centrar la discusión en que en estos momentos se encuentra inmersa la comunidad universitaria de Veracruz. Son trabajos que por lo general quedarían al alcance únicamente de quienes desde una perspectiva profesional se dedican a la investigación educativa; su publicación oportuna, en nuestro contexto, ayudará a que el actual debate sobre la autonomía universitaria se centre en sus aspectos sustantivos y se rebasen definitivamente aquellos abordajes simplistas y arcaicos que se reducen a hacer citas sobre la polémica Caso-Lombardo o a insistir hasta la saciedad de que extraterritorialidad y autonomía no son conceptos sinónimos.

En estos textos están planteados con lucidez y sencillez a un tiempo los parámetros y especificidades en que se enmarca un concepto moderno de autonomía universitaria, los elementos básicos para un debate actualizado sobre tan interesante problemática. A través de estas páginas vamos a tener oportunidad de valorar análisis y propuestas de sumo interés. Baste mencionar como ejemplos de ello la argumentación que Miguel Casillas elabora en torno a lo que el define como "orientación a distancia" para caracterizar las relaciones entre Estado y Universidad y que se refiere a las modernas maneras en que el financiamiento público y las estructuras de evaluación suprainstitucionales permiten orientar los desarrollos universitarios sin la necesidad de la antigua red de mediaciones que caracterizó a esa relación hasta hace unos pocos años. O bien la clara distinción de las diferentes libertades en que se desglosan las dimensiones constitutivas de la autonomía que nos plantea el maestro Wietse de Vries, así como la imprescindible precisión que postula al diferenciar la autonomía sustantiva de la procedimental. Asimismo, de la mayor relevancia es el enfoque de la autonomía hacia el interior de la universidad, que hace el mencionado investigador, cuando afirma que la autonomía tiene que ver con el status de grupos académicos autogobernantes dentro de las instituciones, llamando poderosamente la atención sobre el hecho de que el gobierno universitario no sólo es compuesto por el Rector y la burocracia central, sino que también forman parte de él los directores y lo diferentes consejos, desde el universitario hasta los de escuelas, departamentos o facultades. En suma, considero que la afortunada selección de los materiales que aquí se presentan nos permite acceder de lleno a un debate de nivel sobre la autonomía y a una problematización puntual de lo que significa, o debe significar, el que accedamos al rango de una universidad autónoma.

Quisiera, sin embargo, elaborar unos comentarios que nos permitan ubicar la coyuntura política específica en que los miembros de esta comunidad, la única Universidad pública mexicana que aún no es autónoma, nos hemos visto involucrados en este debate que preludia nuestra inminente autonomía.

A principios de este año (1996), un grupo de universitarios fuimos designados como integrantes del Consejo Consultivo de la Consulta Pública para la Reforma Democrática del Estado de Veracruz. Por las dimensiones y heterogeneidad de ese órgano, así como por la falta de mecanismos operacionales para su desempeño, nos vimos en la necesidad de funcionar como un pequeño grupo que informalmente se reunía con cierta periodicidad a discutir lo que considerábamos una agenda mínima de temas básicos de la reforma política del estado. Se puede decir que las coincidencias fundamentales en nuestras discusiones eran en, primer lugar, el hecho de considerar la reforma del Estado como un proyecto equivalente a lo que en el debate nacional se conoce como transición a la democracia. Por otro lado, considerar que las exageradas atribuciones de carácter presidencialista, tanto constitucionales como meta-constitucionales, constituyen en el México de hoy uno de los principales obstáculos para transitar plenamente a un sistema cabalmente democrático. En consecuencia, que resulta fundamental llevar a efecto los diseños institucionales pertinentes que permitan fortalecer los poderes legislativo y judicial, acotando las funciones y atribuciones que durante mucho tiempo han permitido la exagerada preeminencia de! ejecutivo.

Analizando esta problemática en el texto constitucional veracruzano caímos en cuenta, con sorpresa debida a la ignorancia, que la facultad del ejecutivo para nombrar al rector de la universidad quedaba establecida, y mal redactada por cierto, en una fracción subordinada y casi perdida en la Constitución del estado. De inmediato surgió la idea de proponer en los foros pertinentes que esa facultad quedara anulada, para de esa manera romper con esa arcaica subordinación política en que la universidad ha estado frente al titular del poder ejecutivo. La primera versión de esa propuesta fue redactada por el Dr. Chain, firmada por et resto del grupo y presentada en un foro donde se discutió la reforma al poder ejecutivo, en esta ciudad capital en el mes de julio. Cabe señalar, de pasada, que algunos distinguidos colegas fueron renuentes a estampar su firma avalando tal documento. Quisiera enfatizar que dicha propuesta la considero como una de tantas reformas institucionales que es necesario llevar a cabo para pavimentar el camino de nuestra transición a la democracia. Por relevante que sea el obtener un estatuto autónomo para la universidad, como medida aislada en la reforma general del estado representa tan solo una gota de agua en el océano de la agenda democrática.

Ahora bien, otro antecedente que no hay que soslayar es que en el plan institucional de desarrollo de la universidad, que la actual administración ha venido elaborando desde hace algún tiempo, aparece una mención aislada a la autonomía universitaria que sólo fue percibida por aquellos que leyeron detenidamente ei documento. Cuando la comunidad de nuestro Instituto discutió el mencionado texto con una comisión de autoridades de la Universidad, un funcionario externó que la cuidadosa y marginal mención a la autonomía de alguna manera llevaba e! objeto de pulsar la reacción de la comunidad sobre el tema, de medir reacciones frente a la posibilidad de ser autónomos.

Ahora bien, estos son los antecedentes inmediatos al discurso que el Lie. Patricio Chírinos hizo al inaugurar el periodo ordinario de sesiones de la Legislatura del estado hace unas semanas y en la cual se comprometió a mandar una iniciativa de ley que elevara a rango constitucional la autonomía universitaria.

De inmediato el tema pasó a ser materia de discusión en los medios de comunicación, desgraciadamente el tono y nivel de la mayoría de las opiniones vertidas al respecto rayan en un criticismo que nada tiene de propositivo, intentando descalificar a quienes previamente nos habíamos manifestado públicamente, calificándonos de marionetas en una especie de conspiración vertical y acuñando el coloquial término de "autonomía a güevo", como si en la realidad la comunidad universitaria estuviera en contra de ella. Si bien es posible afirmar que calificar a la autonomía como una de las demandas más trascendentes y sentidas de la comunidad es un leve exceso retórico, por otro lado es imposible sostener que no se quiere la autonomía, es imposible pensar el futuro de la Universidad Veracruzana sin dejar atrás ese rasgo pre-moderno de su subordinación política al titular del ejecutivo.

La autonomía para la U.V. parece ser un hecho irreversible. Ahora lo que debemos discutir es la forma y procedimientos específicos en que ésta se llevará a cabo.

Los textos que aquí se presentan son invaluables para analizar y discutir a fondo los significados y potencialidades que un estatuto autónomo puede proporcionar a nuestra Casa de Estudio. Este es un debate que debe ampliarse al mayor número de universitarios y ese es el objeto preciso de publicarlos en este momento, pero los tiempos políticos tienen su propia lógica y a ellos debemos ceñirnos. En otras palabras, la realidad es que antes de que termine este otoñal año del 96, la iniciativa que el gobernador envíe a la Legislatura será aprobada, creo que sin cambios substanciales, y quedará definida la forma especifica de nuestra autonomía.

En la actualidad es difícil que alguien pueda seguir manteniendo, con un mínimo de seriedad, las tesis de la universidad-fábrica o de la universidad-república. Por otro lado accederemos a la autonomía no debido al impulso de masas radicalizadas o de asambleas exigentes, sino como producto de un diseño institucional pensado y ejecutado desde las cúpulas del poder político. En consecuencia creo que ésta es la oportunidad para públicamente explicitar nuestra postura frente a este inminente proceso.

Creo que sin lugar a dudas al esquema que se va a llegar es el de instituir una Junta de Gobierno como máximo órgano de la Universidad, a la cual competa como función sustantiva el nombramiento del Rector (y no olvidemos) de los vicerectores, así como de los funcionarios de mayor jerarquía. El problema político inmediato es, en consecuencia, cómo se va a designar a los integrantes de la primera Junta de Gobierno. ¿Cómo garantizar que esa Junta de Gobierno originaria se mantenga alejada de las presiones de los grupos de interés, de los partidos políticos y de las influencias gubernamentales? ¿Cómo lograr que sus componentes no tengan más compromisos que el mejoramiento académico? ¿Cómo hacer entonces que la autonomía, válgase la expresión, inicie como verdaderamente autónoma?

Se ha tenido conocimiento de que existe por ahí una propuesta en el sentido de que el ejecutivo proponga listas a ser votadas en el seno del Consejo Universitario. Creo que este procedimiento sería funesto para el inicio de una vida universitaria autónoma, porque dejaría la imborrable duda de las intenciones de trascendencia trensexenal. Convertiría, de llevarse a efecto, la designación de la Junta en una soterrada lucha de parte de los grupos de interés por incluir a alguno de sus miembros en las listas palomeadas al exterior de la propia institución. Sería una especie de proceso electoral cerrado y controlado desde fuera. Es por ello que en lo personal me adhiero plenamente a la propuesta que el Dr. Chain hace en su texto incluido en este libro y que en uno de sus artículos transitorios propone que, en forma similar a como se designó la primer junta de gobierno de la UNAM, sean los rectores y directores de las más importantes instituciones educativas del país quienes propongan académicos de intachable imparcialidad como los integrantes de nuestra primera junta autónoma de gobierno.

De hacerse así no quedaran sospecha y duda alguna de que la decisión política de hacer autónoma a la Universidad está dictada por consideraciones exclusivamente académicas y pasará a la historia como un diseño institucional, necesario, pulcro, desinteresado e imparcial.

* José González Sierra. Miembro del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV; fue comisionado ciudadano ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral durante el proceso electoral municipal de 1994. Actualmente es consejero ciudadano ante la Junta Local del IFE.