Autonomía universitaria: los intelectuales y el poder

Por Jaime Fisher (*)

1.- La primera y más evidente característica de la autonomía otorgada a la Universidad Veracruzana es su obligatoriedad, es decir, su inapelabilidad. En la medida en que no responde a, ni es el resultado de una demanda particularmente sentida por la sociedad o la comunidad universitaria en Veracruz, se presenta como una autonomía diseñada, definida y cuidadosamente suministrada desde la cúspide del poder político en atención a las necesidades formales de homoge-neizar el sistema de educación superior en el país.

La segunda característica, aunque no necesariamente la segunda en importancia, es su sentido de simulación: se trata de una autonomía solamente nominal que no refleja, por tanto, las condiciones reales en que la universidad y sus decisiones presentes y futuras se relacionan con el poder constituido.

En tal sentido el otorgar la gracia autonómica corresponde consistente y funcionalmente a los usos, costumbres y necesidades de la política a la mexicana. ¿Qué implicaciones tiene esto para el desenvolvimiento del trabajo académico, y cuál es el papel que los universitarios desempeñan y podrán desempeñar en él? En lo que sigue se apuntan unas breves consideraciones al respecto.

2.- La autonomía universitaria consiste en el deslinde legal-formal, por parte del gobierno, respecto a cualquier responsabilidad con los procesos, mecanismos, productos y resultados del trabajo universitario y, simultáneamente, en mantener bajo control gubernamental absoluto los mecanismos para la designación de las autoridades universitarias, y por tanto, para la definición y orientación de sus actividades fundamentales. La autonomía es así un ejemplo fehaciente de la simulación que caracteriza al ejercicio de la política en México.

En la exposición de motivos hecha por el Ejecutivo del Estado, al someter la iniciativa de ley a la consideración de la Legislatura local, se plantea: "¿Cuál es el perfil de la Universidad que se requiere en un mundo marcado por la velocidad del cambio y la competencia, donde la excelencia no es opcional, sino una condición ineludible de viabilidad institucional y de acceso a los mercados de trabajo? ¿Cómo acometer el reto formidable de conciliar la libertad de pensamiento, reflexión y cátedra, con la indispensable disciplina académica y el rigor científico?", preguntas sin duda axiales y complejas, cuyas respuestas el propio Ejecutivo afirma: "a nadie más corresponde formularlas que a la propia comunidad universitaria".

De aquí se sigue lógicamente la necesidad de otorgar la autonomía para que la "comunidad universitaria" formule sus propias respuestas a los retos que plantea esa complejidad finisecular. Sin embargo, pese a otorgársele la autonomía, no se le otorga la facultad de elegir a sus autoridades ni de darse sus propios reglamentos: el Rector será elegido por una Junta de Gobierno cuyos integrantes, a su vez, serán elegidos por el Consejo Universitario a propuestas hechas por el Gobernador, la Legislatura y el actual Rector; como éste es un empleado del Gobernador, y la inmensa mayoría de los diputados locales también lo son, es inevitable que los "propuestos" integrantes de la Junta de Gobierno serán en última instancia indicados por el Ejecutivo del Estado.

Si la comunidad universitaria -cualquier cosa que eso signifique- hubiera de ser responsable del trabajo universitario y sus resultados, tendría que ser responsable, primero, de la designación de sus autoridades. Pero como ninguno de los presuntos miembros de esa comunidad tiene posibilidades, ya no digamos de elegir a sus autoridades, sino ni siquiera de sugerir candidatos ¿qué responsabilidad puede tener entonces sobre las decisiones que afecten al trabajo académico, científico y artístico?

Surge entonces la pregunta: ¿qué tan autónoma es una institución que lo es por efecto de un vertical decreto que ha sido determinado al margen de su voluntad, conciencia y decisión? Esta pregunta aún espera una respuesta por parte de la inteligencia veracruzana, misma que, según se presume, habita precisamente los espacios universitarios.

3.- Los motivos gubernamentales para otorgar la autonomía son racionales -diría Max Weber- con atención a los objetivos políticos. Pero la universidad tiene objetivos formalmente académicos y científicos. ¿Son compatibles los primeros y sus instrumentos con los segundos y sus necesidades? La respuesta es, desde luego, negativa; pues la inevitable y entendible sobredeterminación de los objetivos académicos por los políticos constituye un obstáculo estructural y funcional insalvable para la excelencia discursivamente perseguida en la exposición de motivos del gobernador.

Bajo esas condiciones la autonomía otorgada no sólo no puede conducir a la excelencia académica, al desarrollo del espíritu crítico y a la consolidación institucional de la universidad como reservorio de la independencia de criterio y la inteligencia, sino que, por el contrario, permitirá eficazmente que la Universidad Veracruzana siga desempeñando exactamente el mismo papel que hasta ahora ha cumplido: ser solamente fuente de lucimiento para el poder estatal y trampolín político para sus autoridades.

4.- Llamar autonomía al fenómeno aquí descrito -como llamar democrático al ejercicio del poder en México- implica un problema grave para el ejercicio de pensar, labor que hipotéticamente tiene encomendada la universidad. Cuando las palabras dejan de tener relación con la realidad que nombran, enfrentan un proceso de erosión semántica de funestas consecuencias para la corrección lógica del lenguaje, para la comunicación a la que se presume sirven y, sobre todo, para la claridad y certeza de las ideas que han de producir. Entonces, pensar la autonomía, al menos para los universitarios, debería pasar centralmente por desentrañar en primer lugar hasta qué punto el nombre describe a la realidad -si es que la describe- y, consecuentemente, actuar en concordancia al hecho y sus implicaciones políticas y académicas.

Pero en la Universidad Veracruzana el ejercicio de pensar, por lo menos en el caso de la autonomía, ha sido suspendido como criterio a partir del cual establecer juicios, tomar decisiones y definir conductas. El ejemplo más conspicuo de este ayuno mental fue, entre otros, la realización del Festival por la Autonomía.

5.- El acriticismo babeante implícito en esa actitud celebratoria de la "comunidad universitaria" permite definir un futuro nada promisorio para los pretendidos objetivos de excelencia académica marcados por la autonomía. Si bien las masas son aficionadas a las actitudes de relumbrón, y por ello es entendible que los políticos actúen en ese tenor, no parece pertinente que las mismas actitudes se reproduzcan en el ámbito de una universidad que pretende ser crítica, inteligente y excelente.

Los valores de la política y la ciencia son claramente distintos y, cuando se mezclan en un sólo ámbito, el poder (valor político) suele pesar más que la verdad (valor científico), entre otras causas porque el poder y la dominación son más eficaces a través de la simulación y la apariencia, actitudes díametralmente opuestas a la búsqueda de la verdad.

El efecto más siniestro y perverso de la mixtura señalada supra es la sumisión del intelectual frente al político, misma que se manifiesta precisamente en la suspensión del espíritu crítico ante el ejercicio del poder. Un ejemplo patético de esto es la propuesta zascandil, enarbolada por un grupo de "universitarios", para otorgar el doctorado honoris causa al Gobernador del Estado en agradecimiento por haber éste impuesto la autonomía. La abyección, desproporción y absurdo de tal propuesta no deja más opción que la risa y el olvido, pues, según se sabe, el pesimismo y las visiones catastrofistas no son bien vistos en este país.

* Jaime Fisher. Economista egresado de la U. V. Maestro en Economía en el CIDE. Ha sido profesor en las Universidades de Michoacán y de Quintana Roo. Actualmente es profesor en la U. V.