En su peor crisis, la justicia y la seguridad

Texto leído por el Procurador General de Justicia del Estado, Rodolfo Duarte Rivas, en el acto celebrado con motivo del primer informe rendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública celebrado en el patio central de Palacio de Gobierno el día 27 de enero de 1997.

Por Rodolfo Duarte Rivas

El concepto que introdujo en su reforma la Constitución de la República para disponer la obligación del Estado de velar por la seguridad pública, plantea un solemne compromiso para nuestras instituciones.

La reforma no tiene por objeto sólo distribuir la carga de la seguridad pública entre la Federación, estados y municipios, pues de alguna manera así venía rigiendo, sino de elevar a la superlegalidad constitucional un deber primado del Estado para con los gobernados, al encomendarle la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los individuos, la tranquilidad y la paz pública, así como velar, mediante la acción de la justicia, por los equilibrios de la sociedad.

Siempre fueron éstas funciones nucleares del Estado, pero al pronunciarse en favor de ellas el Constituyente Permanente vino a enfatizar su valor y primacía y a recobrar en el poder superior de la ley suprema, como decisión fundamental, el carácter sustantivo de la seguridad pública para la vigencia del estado de derecho.

La reforma estatuye una norma organizadora, creadora de un sistema nacional, pero, a la vez, al ser suprema, fundamental, viene a dar una dimensión que aquilata el valor primario de la seguridad y la justicia.

La adición al artículo 21 no fue gratuita y ociosa, sino que parte del reconocimiento de que la seguridad y la justicia, al acumularse sobre ellas un rezago ancestral, viven su peor crisis, como parte de la crisis generalizada que hoy confronta el país, pero, también, por su propia razón y circunstancia.

Nos resistimos a considerar que los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que deben regir la actuación de las corporaciones policiales, de acuerdo con la reforma, sean esa especie de declaraciones programáticas que abundan en nuestra Ley Fundamental y que expresan un desiderátum, un propósito, un compromiso histórico del Estado como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, no dirimibles por la jurisdicción, válidas en cuanto declaraciones que enmarcan al nuestro como un estado social de derecho.

Los principios a que se alude constituyen algo más que un proyecto, por muy amplia que pueda ser su alcance y envergadura, sino regulaciones con un alto grado de concreción, que el legislador constitucional quiso darles positividad y ser reclamables por la sociedad y el Estado, en tanto no se cumplan en la realidad.

De esta manera el Estado incumpliría la norma que aprobó para sí mismo si los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez no alcanzan un mínimo satisfactorio en las materias de seguridad y de justicia, si no se crean las condiciones que aseguren a los individuos la debida protección de su integridad física y patrimonial y que permiten combatir de manera frontal y eficiente, con éxito razonable, embates de una delincuencia cada vez más agresiva y desbordada.

En tanto la procuración de justicia no mejore su perfil para hacer del ministerio público, de la policía judicial y los servicios periciales portadores del interés social y en su ejercicio no domine plenamente un comportamiento ético; mientras el aparato judicial no materialice cabalmente la legalidad, haga posible el acceso para todos a la jurisdicción, realice la justicia, resarza el derecho violado y la readaptación social siga siendo una quimera, el Estado tendrá un déficit respecto de un deber que la Constitución le adjudica.

El texto de nuestra Ley Suprema otorga a la seguridad pública un concepto integral que va más allá de la sola actividad policial preventiva. Comprende lo que es investigación y persecución del delito, atención a la víctima, actividad de los tribunales al impartir justicia, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor. No podría ser de otra manera: los objetivos que encarnan dichas tareas no se logran sin un proyecto articulado e integral, que trascienda los afanes esporádicos y las micropolíticas espasmódicas y se concrete en acciones inmediatas, dada la gravedad del problema que se confronta, conforme a un programa de mediano y largo plazo que rebase vaivenes sexenales.

Cuando se sufren las consecuencias de rezagos históricos como los de la seguridad y la justicia, las respuestas deben ser categóricas e inequívocas y la voluntad de transformar las instituciones que las tienen a su cargo debe traducirse en hechos que la hagan perceptible, de otra manera sólo se transmiten buenos deseos y simples intenciones.

A pesar de la crítica de que acostumbramos acometer los grandes problemas a base de planes, reformas legales y de cambios a la administración pública, queremos sentir en la reforma del artículo 21 constitucional y en la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el inicio de un proceso de acciones concretas que, ahora sí, supere los rezagos, elimine vicios y vaya creando el entorno para que la seguridad y la justicia cumplan el rol tan trascendente para el México de nuestros días.

El dinero, o mejor dicho, su carencia o insuficiencia, tuvo un impacto fundamental en las contrahechuras que nos afligen. Hoy estamos viviendo las consecuencias de una política incomprensible que por muchos años negó o regateó los fondos indispensables para la seguridad y la justicia. Los presupuestos que en su momento dejaron de aplicarse hacía las instituciones respectivas y a la atención de sus problemas no significaron ahorro. No tenemos manera de medirlo, pero la inseguridad pública y el daño causado por la delincuencia podría corresponder económicamente a muchos puntos que se pierden del producto interno bruto nacional.

Por eso llama la atención y es plausible el anuncio de destinar por el resto de la actual gestión federal una cantidad global para resolver mínimamente las necesidades de las instituciones y corporaciones responsables de la materia. No son todavía los fondos que requiere una sólida política tendiente a referenciar al país en la vigencia plena de los valores del auténtico estado de derecho, pero constituye una inversión que refleja intenciones claras para hacer una prioridad de la seguridad y la justicia.

Hay que considerar que la presente crisis ha frenado recursos para cuestiones de tanta importancia como la salud, la alimentación, la educación y la creación de empleos y afecta, también, la canalización de recursos para la atención integral de la seguridad pública, pero no siempre ha sido así. En épocas que pudieron considerarse de auge no mejoraron los presupuestos de instituciones y corporaciones que pudieron haber frenado su deterioro y otorgado a la sociedad las bases de una defensa efectiva contra la violencia social y la delincuencia y llevado a la justicia al nivel que nunca debió haber perdido. Los petrodólares de la abundancia nunca beneficiaron a la seguridad y a la justicia.

En lo que se refiere a la procuración de justicia en todo el país, los múltiples rezagos que se viven influyen negativamente sobre los equilibrios sociales y fomentan la impunidad. El perfil del Ministerio Público y sus auxiliares, la policía judicial y íos servicios periciales, no es, de ninguna manera, el que requiere la efectiva investigación de los delitos y su persecución, realizadas, además, con cabal apego a la legalidad y a un compromiso ético. No podremos avanzar sin un mínimo de autocrítica, cuando menos en la Institución de que formamos parte. En las agencias del Ministerio Público el ciudadano recibe, a veces, una agresión mayor que la que motiva su comparecencia para demandar justicia. Es doble víctima: del acto injusto por el que se querella y de la ineficacia y negligencia de un entorno burocrático y de la maraña de intereses en que el servidor de la Procuraduría puede ser el menos responsable.

La corrupción es lamentable y, si han existido avances en su combate, no se ha llegado a abatir. Pero la corrupción al primero que lesiona es al servidor de la justicia probo, el que se capacitó para servir, el que aguarda el ascenso valido sólo en su formación profesional y hoja de servicios. Aunque extrañe, estos servidores son mayoría y están dispuestos a defender su desempeño y su dignidad personal, frente a las lamentables generalizaciones de una opinión pública que descalifica a todos por la conducta de unos pocos.

El agente, el policía, el perito, vienen a ser víctimas de un esquema que entrelazó el funcionamiento de las instituciones con los intereses creados cuya mano larga proviene de fuera de las mismas. En la misma sociedad que los señala con fiereza, y les niega reconocimiento, surgen las presiones y las ofertas que tienden a corromper. El beneficiario de la desviación del derecho suele ser el más escandaloso reclamante de probidad.

Son víctimas de una política, o mejor dicho de una falta de política, que remunere decorosamente su función, su entrega y los riesgos que enfrentan cotidianamente. No se merecen el medio en que prestan sus servicios, con cuyas perversiones se niegan a condescender y a renunciar a los principios que han adoptado para su ejercicio profesional. Se les exige mucho rendimiento pese a que laboran en locales infectos, sin los elementos materiales indispensables, apostrofados todos los días por una clientela de litigantes y de agraviados, de comunicadores que reclaman lo que, en muchas ocasiones, carecen de razón, que insensatamente aguardan de ellos virtudes y vocaciones que no exigirían a ningún otro miembro de la sociedad.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia con anticipación a la reforma Constitucional y a que surgiera el Consejo Nacional de Seguridad Pública, avanzó en la solución de diversos problemas y obtuvo resultados positivos. Ha sido una instancia que ha abordado las necesidades y las insuficiencias de la procuración de justicia con certeza y con una actitud positiva, pero que, sobre todo, generó un espíritu de colaboración y sentó bases de cooperación y coordinación, así como apoyo recíproco en el combate a la delincuencia. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia privilegiada de coordinación, encuentra en la Conferencia de Procuradores una referencia importante para seguir abordando los muchos problemas que subsisten y seguir construyendo los mecanismos, las fórmulas y los esquemas que hacen falta.

He planteado brevemente diversas apreciaciones en torno a la procuración de justicia del país. Procede hacer una valoración del estado que ella guarda en Veracruz. Tenemos, en mayor o menor medida, los requerimientos y necesidades, pero también las deficiencias que en otras entidades federativas se padecen, Sin embargo, hemos contado con la compresión y apoyo del titular del Ejecutivo del Estado. De ninguna manera somos una dependencia relegada y la atención que se nos muestra revela un reconocimiento para la importancia de las atribuciones que ella ejerce.

Presupuestalmente y pese a la restricción general de recursos, en estos cuatro años anteriores, la Procuraduría ha recibido un apoyo sin precedente, Si aún no hemos resuelto diversos problemas ingentes, no ha sido falta de voluntad del Ejecutivo sino explicable a la luz de las limitaciones económicas que todo el país confronta, pero, de igual manera, porque el regazo en esta área era de tal dimensión que muchas soluciones tendrán que ser graduales.

En una ocasión, analizando la atención percibida por la Procuraduría en la presente administración, reflexionábamos que en la historia reciente de Veracruz el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios principales habían sido abogados de profesión y varios de ellos previamente transitado en instituciones como ésta. Sin embargo, es ahora, cuando el Gobernador del Estado pese a ser titular de una distinta profesión, la Procuraduría tiene un rol que no desmerece ante las demás dependencias estatales y encamina la acción del gobierno una decidida vocación por los supuestos del estado de derecho.

La explicación que encontramos radica en haber entendido que la tendencia a la primacía del orden jurídico y al fortalecimiento de las instituciones de la justicia es propia del hombre de Estado, por encima de profesiones y disciplinas.

Por eso no resulta inusitado que un distinguido especialista en la ciencia económica como es el actual Presidente de la República tenga la proclividad manifiesta para fortalecer la vida institucional de México y hacer prevalecer la legalidad, sin relativizarla y sin supeditarla a necesidades de circunstancia y haber intuido que el logro de la justicia, en sus modalidades de procuración e impartición y el florecimiento de un orden que salvaguarde la integridad de las personas y la paz social, resultan inherentes para hacer viable un proyecto nacional y conducir el país hacia mejores niveles de desarrollo y de un bienestar compartido.