Las prácticas del pasado nos dañaron mucho; hoy el fraude electoral ha sido erradicado

Encargado del IFE en Veracruz desde principios de 1993 -razón por la cual le ha tocado protagonizar los comicios presidenciales de agosto de 1994 y posteriormente organizar la elección extraordinaria de abril de 1995 en el distrito electoral de San Andrés Tuxtla-, Jorge Santos Azamar, recién ratificado como consejero electoral presidente, dice, categórico, que "simple y sencillamente no cabe la menor posibilidad de que se pueda cometer algún fraude" en las votaciones del 6 de julio próximo y, más aún, a contrapelo de las encuestas cuyos resultados recientemente dio a conocer la firma Indemerc Louis Harris, en las cuales se pronosticaba de acuerdo a los sondeos aplicados tres meses atrás una desahogada ventaja del PRI en 21 de los 23 distritos electorales de la entidad, Santos Azamar expresa que "nosotros, basados en los análisis que hemos realizado, esperamos un proceso electoral muy competido, con márgenes no muy amplios en relación con los resultados finales".

Cuestionada severamente su imparcialidad por sus antecedentes de funcionario priísta y sobre todo por sus fuertes vínculos con los principales miembros del gobierno estatal -pues su último cargo en la administración pública federal fue justamente el de delegado de la SEDUE en el estado de Puebla, el cual desempeñó entre 1989 y 1992, cuando dicha Secretaría estaba a cargo del ahora gobernador Patricio Chirinos-, Jorge Santos sale en su propia defensa y argumenta "que más allá de antecedentes, de aspectos curriculares, lo que debe contar es la actuación", y, en ese sentido, se enorgullece de formar parte de una estructura profesional cuya enorme responsabilidad es la de ofrecerle a la ciudadanía la seguridad absoluta de que su voto será respetado.

Entrevista de Gina Domínguez a Jorge Santos Azamar

Estamos ya a escasos días de que culmine el proceso electoral federal para la renovación del Congreso de la Unión. Nosotros Queremos conocer, a estas alturas, ¿cuál es su perspectiva de este proceso en Veracruz, cómo se ha desarrollado y, en resumen, cuáles son las nuevas circunstancias en las que se inscribe este proceso en nuestra entidad?.

Bueno, el proceso electoral de 1997, particularmente en el estado de Veracruz, se ha venido desarrollando dentro de un clima de absoluta tranquilidad, con una amplísima participación de los partidos políticos y fundamentalmente con una innovación que significó la participación directa en todas y cada una de las etapas del proceso de los consejeros electorales. Este ha sido uno de los avances de la reforma electoral: la ciudadanización de los órganos electorales, y sobre todo aquí en nuestra entidad ha rendido excelentes resultados, desde la nominación en la cual se fijaron en gente que realmente tiene presencia, gentes honestas, con arraigo en la comunidad y cuya designación merecía el reconocimiento -como es de ustedes conocido- de todos los actores políticos del procesos electoral en el estado, que son los partidos políticos.

La participación de los consejeros ciudadanos ha sido fundamental, ellos han estado recorriendo los 23 distritos electorales, han sido testigos fehacientes del trabajo que ha venido desarrollando el Instituto Federal Electoral. Incluso, cuando se han presentado algunas situaciones motivadas por la mala interpretación a veces de las disposiciones del Código -y particularmente me refiero a las acciones de campaña que vienen realizando los partidos políticos-, ellos han estado muy pendientes y vigilantes de que se vayan resolviendo todos estos problemas. Que bueno, de cierta manera cuando forman parte de la serie de actividades que realizan los partidos políticos, también es cierto que en muchas ocasiones se rebasa la propia esfera de lo que nos señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Bajo toda esta tesitura, el proceso electoral en Veracruz se ha desarrollado en una absoluta tranquilidad; es, creo, un síntoma inequívoco de que vamos avanzando en la democracia, que vamos fortaleciendo el espíritu y la formación de los veracruzanos -que tienen una amplísima vocación democrática-, y fundamentalmente que la ciudadanía misma se ha venido dando cuenta de que el Instituto Federal Electoral lo que está haciendo es refrendar la confianza y avanzar en la credibilidad de los procesos electorales.

Obviamente, el principal problema de los procesos electorales en México, desde hace muchos años, ha sido la falta de credibilidad en éstos. La ciudadanización de los órganos electorales se maneja como una de las garantías, sin embargo, últimamente se ha venido dando un debate, ahora sí, sobre quién garantiza o qué garantiza la imparcialidad de los consejeros ciudadanos. En este momento, ¿cómo considera usted que se está construyendo dicha credibilidad en este proceso?

Bueno, la verdad es que tenemos que reconocer que motivados por algunas prácticas del pasado, ha costado mucho esfuerzo y muchos recursos ganar la confianza y la credibilidad en los órganos electorales. Como ustedes saben, en 1994 se hicieron enormes esfuerzos, creo que la ciudadanía se dio cabal cuenta de que fue un proceso electoral realmente imparcial, no equitativo pero sí imparcial, y que uno de los reclamos de los partidos -yo diría que prácticamente el único- fue el aspecto del financiamiento y los aspectos de equidad. La reforma electoral de 1996 fue encaminada a cubrir esos aspectos, lamentablemente no se logró un consenso pleno de todos estos temas, pero es indudable que se lograron importantísimos avances. El hecho de que el Poder Ejecutivo esté fuera de los órganos electorales habla por sí solo de los avances logrados. El hecho de que la esfera que dirime las controversias electorales forme parte ahora de la Suprema Corte de Justicia, creo que es otro avance substancial fundamental. Yo siento que la credibilidad de los procesos electorales no está tan sólo en manos de los órganos electorales; yo creo que la credibilidad tiene que formar parte de todos porque el órgano electoral, como ustedes se han dado cuenta, ha venido haciendo todo lo necesario obviamente dentro del instrumento que tenemos como guía por apegarnos estrictamente al principio de legalidad, que en este caso es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la propia Constitución General de la República. Todas las acciones que hemos realizado, las hemos realizado apegados a la ley, hemos estado cumpliendo en tiempo y forma con cada una de las etapas del proceso electoral y fundamentalmente le hemos dado la oportunidad a que los partidos políticos y los consejeros ciudadanos se hayan metido más en las decisiones del proceso electoral de 1997, en la propia organización del proceso del 97. Yo creo que el hecho de quienes presencian una sesión del Consejo local o distrital y las comparan en relación con procesos como 91 o 94, no nos van a dejar mentir. Sin embargo, se hace muy necesario que los partidos políticos y la ciudadanía asuman su responsabilidad. Los partidos políticos desde el punto de vista que permite motivar la participación de la ciudadanía. ¿A través de qué? Pues a través de las ofertas políticas, a través de esquemas de trabajo que busquen lograr la mayor participación de la ciudadanía. Y el ciudadano común y corriente tiene la responsabilidad no nada más de cumplir con un deber cívico sino de ser vigilante y actor esencial en el proceso electoral con la simple presencia y el depósito del sufragio para el proceso electoral. En la medida en que tengamos mayor participación, en la medida en que la ciudadanía se interese más en los procesos electorales, creo que iremos avanzando más en la credibilidad a la que tanto estamos aspirando no tan sólo el órgano electoral sino creo que toda la sociedad mexicana.

La palabra fraude, por muchos años, ha sido un elemento que ha acompañado a los procesos electorales. Ahora se dice que con el nuevo marco legal, con la nueva estructura de los organismos electorales, esta posibilidad es cada vez menor. Sin embargo, también se ha manejado y si mal no recuerdo José Woldenberg llegó a manejar el término de los residuos oficialistas que de una u otra manera quedan todavía de la estructura electoral en todo el país. ¿Usted cómo visualiza esto? ¿Habría posibilidad o definitivamente está erradicada la posibilidad de un fraude electoral?

Bueno, son dos cosas diferentes. De entrada le digo que está erradicada la posibilidad de un fraude electoral. Cualquier gente que analice -ni siquiera con demasiado detenimiento- los candados que tiene la ley en la organización del proceso electoral, se dará cuenta de ello. Recuerden. ustedes que en el proceso del 94 fue muy cuestionado el padrón electoral; pero eso fue realmente en 93, porque ya para la fecha de la elección del 21 de agosto de 1994 como que el aspecto del padrón electoral había quedado a un lado. Tenemos un padrón electoral que ha soportado todas las auditorías habidas y por haber de parte de organismos oficiales, privados, de empresas incluso extranjeras y que, paradójicamente, ese ejemplo se le busca en muchas países por el otro grado de confiabilidad que el padrón tiene. Y, en este aspecto, nos remontamos a países como Estados Unidos que tiene un padrón electoral aproximadamente de un 80% de sus ciudadanos en edad de votar, mientras que aquí nosotros andamos sobre el 95 ó 96 por ciento. En Francia sólo se tiene enlistado al 70% de los ciudadanos en edad de sufragar. Pero en fin, detalles como éste. Ahora, en la medida en que nosotros vamos analizando todos los pasos que viene realizando el Instituto Federal Electoral, pues la verdad es que simple y sencillamente no cabe la menor posibilidad de que se pueda cometer algún fraude.

En la otra pregunta -es que son aspectos diferentes- ha hablado de alguna actitud oficialista por parte incluso de gentes de la estructura. ¡Nada más alejado de la realidad!. Yo creo que esto es un tema que ha despertado el interés de algunos columnistas, gentes que escriben en algún medio de difusión, pero lo que sí es importante es la actitud profesional de la estructura con que el IFE organiza los procesos electorales. Eso está fuera de toda duda. Me remonto de nuevo al 94: la estructura del 94 nunca fue cuestionada y los resultados ahí están. Recientemente se presentaron algunas otras situaciones que yo las siento más que nada como estrategias de partidos políticos. Lo que es cierto y lo que pedimos la gente que estamos en la estructura, es que más allá de antecedentes, de aspectos curriculares, lo que debe contar es la actuación. Para hablar de autonomía, para hablar de que las cosas se deben de hacer apegadas a un principio elemental de imparcialidad que nos debe regir en este caso a los que pertenecemos al servicio profesional del IFE, hemos partido de un avance fundamental que debe llamarse ser justos. La actitud es fundamental. No puedes hablar de autonomía de un órgano si las actitudes de los miembros -por muy estrictas que sean las disposiciones- son contrarias al espíritu y a la esencia de las disposiciones. La actitud es fundamental en esto. Y nosotros lo que pedimos, una vez más -lo pedimos en el 94 y lo comprobamos, y lo pedimos ahora en el proceso del 97 y lo vamos a refrendar-, es que seamos una estructura profesional; somos una estructura que tenemos una enorme responsabilidad de brindarle y darle a la ciudadanía la seguridad de que su voto será respetado, que su voto contará y que será fundamental. La única vía posible de alcanzar los estratos, los niveles de bienestar que requiere la sociedad mexicana tendrá que ser a través de las elecciones; nadie que piense positivamente podrá encontrar otra solución a la serie de problemas que tenemos los mexicanos. Y el proceso del 97 se enmarca en un contexto de acciones en donde será un parteaguas para la sociedad mexicana; en este sentido estamos nosotros muy conscientes de nuestra responsabilidad y nuestras acciones están apegadas estrictamente a la ley y con alto sentido de responsabilidad para hacer unos comicios electorales transparentes, limpios y pulcros que refrenden la confianza de la ciudadanía; que avancemos en la credibilidad y sobre todo un proceso electoral con una actitud de los funcionarios del Instituto totalmente imparcial.

En este proceso, obviamente, uno de los actores fundamentales son los partidos políticos. A su juicio, ¿cuál es la responsabilidad y la actitud que los partidos deben asumir?. Háganos una valoración de cómo están trabajando los partidos.

Bueno, los partidos políticos son los actores fundamentales de los procesos electorales. Afortunadamente en Veracruz tenemos partidos políticos maduros. Nosotros, basados en los análisis que hemos realizado, esperamos un proceso electoral muy competido, con márgenes no muy amplios -en ese sentido o en otro- en relación con los resultados finales. Ellos han venido realizando Intensas campañas de trabajo que se han acentuado más en los últimos días, y, salvo algunos detalles que son de sobra conocidos -en donde se empleaban algunos lenguajes no muy adecuados, y que por cierto nos sentimos muy satisfechos porque los llamados que estuvimos haciendo, recurriendo a la madurez para que cambiaran esa actitud, creo que ha dado resultado-, estamos viendo campañas intensas, campañas propositivas. estamos viendo realmente una actitud más madura de los partidos políticos. En Veracruz, lo hemos comentado en muchas ocasiones, los partidos políticos son partidos maduros, son partidos serios. La prueba está en que la contienda electoral ha sido totalmente tranquila, y a lo que aspiramos -como lo ha dicho el maestro (José) Woldenberg-, es que al día siguiente de las elecciones se reconozcan vencedores y vencidos. El único ganador, con un proceso electoral como el que está organizando el Instituto, tiene que ser a fuerza el pueblo de México, nada más.

¿Cuál sería en este caso la responsabilidad del otro actor fundamental, que son los ciudadanos?

Acudir a las urnas. Con que los ciudadano acudan a las urnas, cumplan con su deber civil, atiendan la responsabilidad que tienen como entes activos de una sociedad dinámica como es la nuestra, creo que en esa medida están cumpliendo con México, están cumpliendo con el avance de la democracia. En la medida en que el ciudadano acuda a votar, creo que los márgenes de desconfianza irán disminuyendo. Creo que la credibilidad en los órganos electorales irá aumentando, serán ellos los únicos testigos vigilantes y garantes de que el Instituto está cumpliendo en tiempo y forma con lo que señala el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si nosotros tenemos -como lo esperamos- una copiosa votación, yo creo que habremos cumplido una etapa fundamental en la historia de este país, un país que tanto requiere de confianza, de credibilidad no tan sólo en los órganos electorales sino en las propias actuaciones de quienes han resultado electos a través de procesos electorales, a través de elecciones llámense municipales, locales o federales. La participación ciudadana es fundamental, siempre hemos dicho que el mejor vigilante y garante de un proceso electoral es el propio ciudadano. En la medida en que él participe depositando su sufragio, en esa medida creo que vamos cumpliendo con las metas que tiene el propio Instituto Federal Electoral de refrendar la confianza de la ciudadanía, de avanzar en la credibilidad para que sienta la sociedad mexicana que tiene un órgano confiable y que los procesos electorales se organizan apegados a la ley.

Otro actor fundamental que se ha retirado del proceso electoral, pero que sin embargo tiene una función esencial en el país, es el Estado. ¿Cuál sería la función en este proceso del Estado, el cual ha sido un punto que ha estado en el debate últimamente?

Bueno, fundamentalmente yo creo que el debate ha sido en función de la participación del gobierno. El Instituto Electoral es un órgano de Estado autónomo, y ha estado en el tapete de las discusiones la participación -en un sentido u otro- de los gobiernos. Yo creo que si nos ponemos a analizar detenidamente lo que viene sucediendo en el contexto nacional, la propia actitud de los gobiernos de los estados ha cambiado sustancialmente. Y si nos vamos al caso concreto de Veracruz, yo quiero decirle que en Veracruz hemos tenido un absoluto respeto por parte de las autoridades municipales y locales, fundamentalmente estatal. Eso a nosotros nos ha permitido realizar un proceso electoral -absolutamente- sin ningún problema; es más, yo diría que el propio clima de tranquilidad que se respira en Veracruz, el clima de trabajo, abona mucho, ha abonado mucho en la preparación del proceso electoral de 1997. Se cuestionó mucho un acuerdo que realizó el Instituto Federal Electoral en donde definitivamente era muy obvio que -donde el punto de vista jurídico- ante esto no podía proceder porque se estaban rebasando determinadas esferas. Lo que sí era cierto es que lo importante, tal vez, era haber hecho un llamado, ¿no?, de alguna otra forma para que se cumpliera con las disposiciones y, sobre todo, con las aspiraciones no tan sólo de partidos -sino también- de la propia ciudadanía de no darle ventaja a ninguno de los actores políticos. En el caso particular de Veracruz, nosotros nunca hemos visto una inclinación fehaciente en relación con programas de desarrollo social, con programas de gobierno. Yo creo que hemos tenido un absoluto respeto por parte de las autoridades del gobierno del estado.

Se ha hablado también de que la democracia en México se esta construyendo, de que la democracia es un proceso inacabado. En México, otro punto central del debate ha sido sobre si la alternancia en el poder es sinónimo de democracia. ¿Cuál es su opinión particular sobre este tema?

Bueno, hay quienes opinan que la alternancia es un sinónimo, es un elemento sustancial de la democracia. Yo digo que es muy relativo. Si hay procesos electorales, si existen actores políticos y si en un momento dado la preferencia electoral se mantiene sobre determinados esquemas de propuestas políticas, no por eso podemos decir que no existe democracia. Tal vez en un momento dado pudiera ser saludable que existan alternancias, pero eso no lo decido yo ni lo decide usted sino que lo decide la ciudadanía en general, el electorado, y eso no significa que vivamos en una sociedad democrática y que no hagamos -en este caso el órgano electoral- procesos realmente tendientes a fortalecer la democracia en nuestro país. Yo creo que la alternancia es un factor fundamental dentro del esquema y del contexto de la política en general, pero no necesariamente un ingrediente que signifique que sin alternancia no puede existir democracia.

Dos preguntas finales: una sobre la equidad, que ha sido uno de los reclamos eternos de los partidos políticos en torno a los procesos electorales. ¿En este proceso podemos hablar que la equidad por fin se ha alcanzado?

No, no, no. Ha sido uno de los reclamos de los partidos políticos, fue el punto medular en donde no se alcanzó el consenso de los actores políticos cuando se estaba discutiendo la reforma electoral, pero lo que sí le podemos asegurar es que son reglas totalmente diferentes a las que imperaron hasta 1995. Si observamos los monitoreos que se han venido realizando, en cuanto a los tiempos manejados en los medios de difusión -llámese radio, televisión o medios impresos-, se nota que existe una mayor paridad en cuanto a los tiempos destinados para cada uno de los partidos políticos. Precisamente en una reunión que tuvimos en la ciudad de México se nos dieron a conocer algunos datos que son muy interesantes. Particularmente el estado de Veracruz es de los estados en donde se nota más la equidad en los tiempos otorgados y en los espacios de la propia prensa escrita, entre los actores políticos, partidos de mayor presencia en el estado y a nivel nacional. Es decir, no hemos alcanzado la equidad plena pero las reglas son totalmente diferentes y yo le diría que estamos a punto de alcanzarla. Si por el lado del financiamiento nos damos cuenta de que nunca como ahora los partidos políticos han tenido los recursos para realizar sus tareas normales o de campaña, y que este es un esfuerzo que ha hecho el Instituto buscando la manera de otorgar mayor facilidad a los actores políticos. Y eso no tiene que ver nada con los topes en los márgenes de gastos de campaña sino con el financiamiento que esta otorgando el Instituto Federal Electoral a los partidos políticos. Nunca como ahora ha sido tan fuerte la erogación de los apoyos que reciben los partidos políticos como para este proceso del 97.

La última pregunta: Jorge Santos Azamar, el consejero ciudadano, ¿qué le pediría o qué le diría a los veracruzanos y también que le ofrece él como consejero presidente al electorado veracruzano?

Bueno, yo les diría a los veracruzanos que participen activamente en los procesos electorales, que se interesen mucho en los procesos electorales. Hemos dicho que el mejor garante de la imparcialidad, de la transparencia de un proceso electoral es el ciudadano, y Jorge Santos como consejero presidente lo que ofrece es un trabajo limpio y transparente. No tan sólo Jorge Santos sino la propia estructura del Instituto Federal Electoral; la experiencia adquirida será base fundamental y la ponemos a disposición de la ciudadanía veracruzana. Será ella la que al fin del proceso electoral pueda emitir un veredicto sobre cómo ha actuado el órgano electoral y particularmente quienes pertenecemos al Instituto Federal Electoral.

SEGMENTOS:

Efecto político de la crisis

Carlos Pereyra

El agudo descenso de la credibilidad de los procesos electorales es otro efecto político significativo de la actual crisis. En México ha sido siempre muy restringido el papel de las elecciones como fuente de legitimación del poder político. En los primeros años del estado posrevolucionario, los fraudes electorales eran fenómeno común y corriente, pera tanto las víctimas del fraude como sus beneficiarios se reivindicaban por igual como agolpamientos inscritos en el gran cauce de la Revolución. Quienes obtenían el triunfo en las urnas, con frecuencia recurrían a maniobras en las que no era excepcional la violencia y el robo de boletas. En cualquier caso, se trataba de conflictos con alcance regional limitado va que la legitimidad del aparato gobernante provenía en lo fundamental de su origen revolucionario y del programa de reestructuración global de la sociedad en el que se encontraba empeñado. Cuando esta fuente de legitimidad empezó a perder vigor, las lecciones no se convirtieron tampoco en la matriz básica de la legitimidad gubernamental y está descansó, más bien, en el impetuoso crecimiento económico que la sociedad experimentó al amparo de los sucesivos gobiernos emanados de la Revolución. Si bien es tradicional en México la espeluznante desigualdad en la distribución de la riqueza, ese impetuoso crecimiento posibilitó alguna mejora en las condiciones de vida de la población toda. A últimas fechas, sin embargo, la legitimidad gubernamental ya no puede descansar en la fidelidad de la política oficial al programa original de la Revolución, así como tampoco puede fundarse en la sensación generalizada de que el país avanza por una vía que permite a los miembros de la sociedad satisfacer cada vez en mayor medida sus necesidades elementales.

Perdidas estas dos fuentes de legitimidad, pareció indispensable una reforma política capaz de conferirle a los procesos electorales alguna credibilidad. Esta necesidad se hizo sentir con máxima fuerza cuando en las elecciones presidenciales de 1976, los ciudadanos se quedaron sin opción de voto pues la candidatura priísta fue la única que se presentó. El sistema político mexicano había funcionado durante varios decenios a través de mecanismos en los que las lecciones desempeñaron un papel insignificante, hasta llegado el punto donde era preciso dar mayor sentido a los procesos electorales para encontrar formas alternativas de legitimación. La reforma política aprobada en 1977 amplió, en efecto, el espectro de partidos con presencia legal reconocida y estableció un marco más propicio para la democratización de las relaciones políticas en el país. A pesar de que la reforma dejó intocado el absoluto control gubernamental de los procesos electorales, fue un paso sustancial en la senda del respeto al pluralismo político y consolidó las condiciones para el ejercicio del pluralismo ideológico. Una reforma pensada para fortalecer el sistema de gobierno y confinar a la oposición en el rango de minoría perpetua, tenía, no obstante, la virtud de regularizar la confrontación política y, sobre todo, de colocar a los partidos de cara a la sociedad y, a la vez, poner frente a éste una diversidad de opciones.

El partido del Estado no corría mayores riesgos con la reforma política, no sólo por el estricto control que el gobierno ejerce en todo el proceso electoral, desde el empadronamiento de los ciudadanos hasta el recuento de los votos, sino también porque la integración de los organismos sociales en el partido oficial y las insuficiencias propias de una oposición (tanto en la derecha como en la izquierda) desplazada por el desarrollo histórico del país a una función meramente denunciatoria, garantizaban para el PRI el monopolio casi exclusivo de la acción política. En efecto, la reforma política no representó amenaza alguna para la sobrevivencia del corporativismo y, a la vez, haría falta un tiempo relativamente largo para que los partidos opositores pudieran formular una plataforma política propia y lograran articularse con el movimiento social. En el corto plazo, la ampliación de los espacios democráticos se concretaría en el acceso de más partidos a la Cámara de Diputados y en el eventual triunfo de la oposición en ciertas elecciones municipales. Así pues, todo parecía indicar que la vigorización del sistema político significaría más el fortalecimiento del sistema de gobierno que una fuente de peligro para la conservación del poder priísta.

Esta dinámica previsible se vio afectada muy pronto, sin embargo, por el estallido de la crisis. Si bien todavía las elecciones federales de 1982 arrojaron resultados muy favorables para el PRI (hasta donde las manipuladas cifras del recuento oficial permiten sostener tal afirmación), ya en las primeras elecciones estatales de 1983 se presentaron severas derrotas para el oficialismo en Chihuahua y en Durango. Después de esto, en casi todas las elecciones estatales subsiguientes, los triunfos del PRI -sobre todo en los centros urbanos- han sido con frecuencia producto de fraudes donde la dificultad de su documentación no reduce la certeza de que existieron. De esta manera, el lugar común de que en México "el PRI siempre gana" comienza a ser abandonado y empieza a generalizarse la impresión de que el PRI "siempre hace fraude". NO sólo hay varias evidencias de que en las principales ciudades donde se eligieron autoridades en 1983 el partido del Estado perdió los comicios, aunque las cifras oficiales digan lo contrario, sino que tales evidencias se refuerzan con los nuevos mecanismos legales aprobados en diversas entidades del país sin otra finalidad que impedir a la oposición su presencia en las urnas para vigilar el desarrollo de la votación. La sociedad mexicana se acerca a una nueva situación en la cual las elecciones continúan no siendo fuente de legitimación, pero con la novedad de que comienzan a ser instancias confirmatorias de la ilegalidad priísta. En 1983 la reforma política dio otro paso con la modificación constitucional tendiente a establecer la representación proporcional en los ayuntamientos, pero la crisis ha impuesto límites rígidos en la vigencia efectiva de la democracia electoral.

Tomado del libro Sobre la democracia. México, Editorial Cal y Arena, 1990.