La trascendencia del 6 de julio. ¿Se reglamentará ahora sí el Derecho a la Información?

Por Arturo Reyes Isidoro (*)

La trascendencia de los históricos resultados de las elecciones del 6 de julio se habrá de reflejar en las consecuencias que acarreará para la vida del país, el hecho de que por primera vez en su historia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no tendrá más el predominio mayoritario que le permitió la aprobación de leyes cuando quiso o le convino -o que igualmente frenó intentos de reformas constitucionales o la aprobación de iniciativas promovidas- por los partidos de oposición.

Desde su fundación en 1929, es decir, en 68 años, el PRI había perdido sólo 175 diputaciones federales. El 6 de julio de 1997, en un solo día, la oposición le arrebató 261 curules: 125 el PRD, 122 el PAN, 8 el PVEM y 6 el PT. México, pues, quedó instalado en el tripartidismo que seguramente permitirá el equilibrio de fuerzas representativas de la población mexicana y que se traducirá en leyes más justas, que consoliden la vida democrática que se ha iniciado en el país.

En muchos campos se abren nuevas expectativas. Una asignatura pendiente, que tal vez por fin se verá materializada, es la de la reglamentación del Derecho a la Información. Se abren esperanzas, porque no obstante el reclamo cada vez más generalizado de la sociedad mexicana para que se norme ese precepto constitucional, el interés de la mayoría de los periodistas porque así se haga, los intentos de la (hasta ahora) oposición de que el asunto tome cuerpo legal e incluso el interés favorable para llenar esa laguna jurídica pendiente desde hace ochenta años, de los presidentes priístas José López Portillo y Ernesto Zedillo Ponce de León, los legisladores del PRI, amparados en la mayoría que tenían (que tienen todavía) en la Cámara de Diputados, sistemáticamente se opusieron.

Todas las legislaciones que ha tenido el país, desde la Constitución de Cádiz de 1812, hasta la Carta Magna (once documentos fundamentales en total) han garantizado la libertad de expresión así como el derecho a la información. Fue el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, Venustiano Carranza, quien promulgó la Ley de Imprenta el 9 de abril de 1917, resaltando el hecho de que expidió ese ordenamiento "en virtud de las facultades de que me encuentro investido y entretanto el Congreso de la Unión reglamenta (subrayados nuestros) los artículos 6° y 7° de la Constitución General de la República".

Esa tarea permanece pendiente luego de ochenta años, lapso en el que sólo ha habido don intentos serios por cumplirla: en el sexenio de José López Portillo (1976-1982) y en el que corre, de Ernesto Zedillo.

Apoyado en el genio del ideólogo veracruzano Jesús Reyes Heroles, López Portillo anunció en su Plan Básico de Gobierno 1976-1982 un reordenamiento del derecho a la información: "El derecho a la información significa superar la concepción exclusivamente mercantilista de los medios de comunicación; significa renovar la idea tradicional, que entiende el derecho de información como equivalente a la libertad de expresión, es decir, libertad para el que produce y emite, pero que se reduciría si ignora el derecho que tienen los hombres como receptores de información". La información la consideraba un instrumento de desarrollo político y social, una "fórmula" por medio de la cual se pueda respetar el pluralismo ideológico.

Al tomar posesión el 1 de diciembre de 1976 avanzó en su definición: "En el caso de la información, no basta con abrir la oportunidad legal y libre para que haya información y comunicación. En una economía mixta en la que los procesos mercantiles también se garantizan, menester es garantizar que quienes por la fortuna no tienen medios, tengan sí la seguridad de informar y ser informados".

De las palabras se pasó a los hechos. Se promovieron y realizaron audiencias públicas en 1977 siendo registradas 140 ponencias, de las que sólo 22 se manifestaron en contra de la reglamentación del derecho a la información. Más tarde, el 18 de septiembre de 1979 se convocó a debates en la Cámara de Diputados, los que se realizaron entre el 21 de febrero y el 26 de julio de 1980. Ahí participaron partidos políticos, asociaciones profesionales, periodistas, medios de comunicación, organizaciones sindicales, universidades, investigadores y ciudadanos en general, quedando plenamente demostrado el interés y la importancia del tema.

Pero no obstante el interés presidencial y ciudadano, el intento fue frenado por la diputación priísta encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Luis M. Farías, con aquel lapidario epitafio de que no se le había "encontrado la cuadratura al círculo".

En el actual sexenio se retomó el tema. A instancias del PAN, el presidente Zedillo aceptó el compromiso para legislar en la Cámara de Diputados en torno al derecho a la información, para lo cual incluso se instaló la Comisión Especial de Comunicación Social el 28 de enero de 1995. Hubo nuevamente otra consulta, esta fue la Consulta Nacional sobre Medios y Derechos a la Información, que tuvo lugar entre el 8 de junio y el 11 de julio de 1995.

El 7 de junio de ese año, en la comida por el Día de la Libertad de Expresión, Zedillo había expresado su "disposición y convicción para precisar y reglamentar la responsabilidad gubernamental de informar amplia y puntualmente sobre todos aquellos aspectos bajo la esfera de su autoridad y de interés de la ciudadanía".

No obstante, luego de 10 foros regionales, 646 ponencias, 48 discursos y 2 mil 908 propuestas escritas en 5 mil 93 cuartillas, todo fue a parar al archivo muerto de la Cámara de Diputados, ya que el PRI se opuso argumentando, a través del diputado Víctor Samuel Palma César, que ellos nunca habían dicho que el resultado de la consulta debería ser la elaboración de una ley, sosteniendo que sería contraproducente legislar sobre medios y establecer regulaciones "precisamente en un momento donde la sociedad es beneficiaría de uno de los momentos de los momentos más abiertos y más críticos en el ejercicio de la libertad de expresión".

La ahora ex oposición ha insistido. Las fracciones del PAN, PRD y PT presentaron el pasado 22 de abril en la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas integrado por una Ley Federal de Comunicación Social, Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, y una recomendación a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

El pasado 6 de julio se pudo haber iniciado el fin de una asignatura pendiente desde hace ochenta años, si los partidos antes mencionados insisten en el tema y hacen valer su condición de mayoría. Si así ocurriera, será consecuencia directa de la decisión y la voluntad de cambio que los mexicanos expresaron en las urnas.

* Arturo Reyes Isidoro. Licenciado en Letras, actualmente cursa estudios de maestría en Comunicación en la Universidad Veracruzana, se desempeña como Coordinador General del semanario xalapeño Punto y Aparte. Colabora también en el departamento editorial y de publicaciones de la Universidad Veracruzana. Ha sido Secretario de Información y Propaganda del CDE del PRI y subjefe de prensa de Gobierno del Estado.

SEGMENTOS:

Las elecciones no bastaron

Carlos Ramírez

Cuando aún no cerraban las casillas el 21 de agosto, las cifras de grupos especializados indicaban un triunfo claro del PRI y una caída del PRD hasta el tercer lugar de la clasificación político-partidista. La reacción del gobierno salinista, del equipo zedillista y de la cúpula priística fue obvia: sentían que la pesadilla había terminado. Sin embargo, menos de cuarenta días después, la pesadilla reapareció con el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

Independientemente de los contradictorios informes policiacos sobre razones, móviles y primeras confesiones de los detenidos, el impacto del atentado hizo cuajar los intentos por parar en seco el comienzo de las conversaciones con la oposición para una reforma política amplia. Desde toda perspectiva, la muerte de quien se suponía iba a ser el líder del congreso demostró una sola realidad: que las elecciones no bastaron para detener los problemas políticos del país ni tranquilizarlo; ni sirvieron para reencauzar la dinámica política de la sociedad.

La muerte de Colosio fue la primera llamada, aunque el gobierno gastó su menguada credibilidad en apuntalar la hipótesis de un asesino solitario, que nadie creyó, comenzando por la familia y los amigos más cercanos del candidato. El asesinato de Ruiz Massieu fue la segunda llamada, aunque también quiso el gobierno distraer la atención acreditando el crimen a vendettas políticas poco verosímiles, con pistas que se pierden en la inmensidad del drenaje profundo del sistema político. El gobierno salinista mostró el miedo a la realidad, cuando la política se apoya en la realidad para modificarla.

El país necesita que el gobierno despeje las piedras que se atraviesan en el camino del desarrollo político. Nadie puede negar que los crímenes contra Colosio y Ruiz Massieu entorpecieron la vida política, y que las elecciones presidenciales y el reacomodo electoral de las fuerzas partidistas en 1994 tampoco satisficieron las expectativas de muchos grupos. El sentido de la persistencia de la crisis es para exigir mayor interés en la atención de los problemas que causan la desarticulación política del país.

Si el efecto más importante de los conflictos de 1994 fue dañar la estabilidad política, lo urgente es restaurar los espacios para la vida política estable; condición previa impostergable para seguir con los planes de ajuste y emergencia económica. No se pueden tapar con un dedo las grietas en las paredes del deteriorado edificio político nacional.

Las razones de la sinrazón

La crisis, en realidad, es del sistema político. No hay otra explicación. Antes, el sistema político fue la pieza central de la estabilidad social. De aquí que el debate nacional sobre los motivos y las salidas de la crisis política que estalló en 1994 deba comenzar con una pregunta concreta: ¿sirve el actual sistema para garantizar la estabilidad de la nación? Desde cualquier punto que se le vea, no; ya fue rebasado por las diferentes comentes que conforman la gran coalición priísta y por la búsqueda de una nueva correlación de fuerzas dentro del propio sistema que está pasando por una disputa sangrienta por el poder que ya lleva dos cadáveres ilustres.

La sociedad debe ser la primera interesada en tener una percepción clara de las razones políticas que estuvieron en el fondo de los asesinatos y los conflictos de 1994; y a partir de significados, contenidos y efectos, percatarse de que lo ocurrido reveló deficiencias de la vida política nacional:

a) El sistema político fue rebasado por las luchas entre los grupos. Los presidentes de la república y del PRI, las dos llaves que abrían o cerraban espacios políticos, se vieron en el centro de conflictos: el asesinato de Colosio fue una afrenta contra Salinas, y la muerte de Ruiz Massieu, un reto contra el PRI. El mensaje resultó inequívoco; ni Salinas ni el PRI garantizaron la estabilidad de la república; por el contrario, como destinatarios de los recados sangrientos , se transformaron en instancias de peligrosa inestabilidad social.

El nuevo sistema político debe tener otras esquemas para un funcionamiento político sin violencia. La clave puede encontrarse en un hecho inocultable; el sistema que generó la estabilidad tuvo la característica de haber sido incluyente; cuando se volvió excluyente, se precipitó la crisis.

b) El país perdió las características de seguridad política. Aunque pueda darse el caso de que e! PRI sea inocente de los conflictos que le imputan, la violencia se desbordó por la incapacidad de las priístas para contenerla o encauzarla. La política se convirtió en el oficio más peligroso. Para golpear al gobierno, debilitar instituciones y generar incertidumbre, la muerte de políticos será el camino más corto para llegar a esos fines.

c) La política debe recuperar su función de espacio por excelencia para dirimir la lucha por el poder. De golpe y porrazo el país regresó a los años veinte, cuando la política se arreglaba a balazos. Pero entonces no había terminado del todo la fase armada de la Revolución. La principal virtud del sistema político fue convertir a la política en el campo de batalla de disputas entre corrientes partidistas y de grupo: las purgas, el desempleo y el exilia sustituyeron a las muertes violentas. Por otra parte, los asesinatos de políticos contextualizaron el levantamiento en Chiapas, donde grupos de mexicanos concluyeron que la política a la mexicana no permitía el ejercicio de la política porque ésta se convirtió en propiedad de una pequeña casta gobernante.

La peor consecuencia que pueden dejar los acontecimientos de 1994 sería la del cinismo: ni los crímenes, ni el levantamiento en Chiapas, ni los secuestros deben olvidarse, ni aislarse sus efectos.

El desafío democrático

La solución a la crisis política debe asumirse en su dimensión global. El problema de México es general: de proyecto, de instituciones y de prácticas. La lección de la crisis política radica en el cruel mensaje de que las cosas ya no funcionan. Allí está la evidencia más concreta: México se encuentra en el umbral de cambias inevitables.

Si no fueron las elecciones, ¿cuál será el camino de recuperación de la estabilidad política, pilar fundamental que sostiene la estabilidad social y económica?

Por más vueltas que se le dé no hay más que un camino: el reconocimiento de que el actual sistema político es fuente de inestabilidad y de que es inevitable la construcción de un nuevo sistema político democrático. El reto no es sencillo -nunca lo fue la edificación de sistemas políticos-, pero México tiene la oportunidad -si se le quiere encontrar un sentido positivo a la crisis- por el grado de descomposición del sistema político actual y por el consenso social de que el país debe buscar otra estructura política que garantice la estabilidad.

El nuevo sistema debe atender:

a) La redefinición de un nuevo proyecto nacional de desarrollo. El viejo proyecto se erigió en función de un mundo cerrado, de un nacionalismo acentuado y de una revolución que derrocó a una dictadura y definió un programa social. El nuevo proyecto debe tener cuando menos tres objetivos básicos: la lucha contra la desigualdad social, la igualdad de oportunidades políticas y la salvaguarda de México como nación independiente y soberana. Lo de menos es qué partido gobierne, si el país pone candados a las definiciones básicas de la sociedad y, sobre todo, si el PRI quiere eternizarse en el poder porque dice representar un proyecto nacional que el mismo priísmo contribuyó a aniquilar. La obsolescencia del viejo proyecto no alcanzó a descartar lo que fue la clave para la estabilidad: la capacidad del Estado y del gobierno para impulsar reformas sociales y políticas. El nuevo proyecto nacional debe asumir la correlación histórica de las fuerzas sociales.

b) La república está urgida de nuevas instituciones políticas compatibles con el desarrollo abierto. Y la lista no es muy larga: de un lado, la Constitución, el gobierno, la presidencia de la república y el PRI deben ajustarse a los nuevos equilibrios de poder y a sus espacios reducidos de acción; de otro, a esas organizaciones se deben agregar nuevas instituciones que garanticen la democracia: un congreso independiente, una suprema corte autónoma, partidos de oposición involucrados con la sociedad, organizaciones empresariales activas y un sindicalismo defensor de los avances sociales de la nación. Este conjunto de instituciones tiene que vincularse recíprocamente con los perfiles social y político del nuevo proyecto nacional, a fin de articular ese nuevo sistema político que le regresaría la estabilidad a la república.

c) El nuevo proyecto nacional y las nuevas instituciones políticas tendrán que derivar en mejores prácticas políticas. Si el viejo proyecto de sistema regenteó el poder en nombre de diferentes grupos políticos hasta convertirlo en propiedad de uno solo, la disputa por el poder derivó en pugnas, purgas y violencia política. Las tradicionales prácticas políticas ordenaron el ejercicio del poder, pero dejaron de operar con eficiencia. La nueva estabilidad estaría fundamentada en prácticas políticas modernas que respondieran cuando menos a dos criterios: el relevo hacia el interior de los grupos priístas y la alternancia partidista, producto de la nueva competencia que tiene el PRI.

Los principales caminos para ejercer estas prácticas se plantearon en 1994: respeto irrestricto a la Constitución, autonomía de los organismos electorales, fin de la impunidad policiaca, autocontrol gubernamental y alternancia partidista.

En suma, se trata de cambiar la política en sus tres niveles: como proyecto, como institución y como práctica.

Si el gobierno se resiste a una reforma política que se ajuste a la nueva correlación de fuerzas sociales del país, los sobresaltos no tendrán fin y terminarán por hartar a la sociedad. Si el gobierno de Zedillo no atiende las campanadas de la crisis y decide repetir la experiencia salmista de privilegiar la modernización económica y productiva, la inestabilidad social se profundizará más rápido. Si no se acepta el reto de afrontar la crisis política, la agonía del actual sistema político será sangrienta.

Tomado del libro Cuando pudimos no quisimos, el decenio del derrumbe: la Transición y el caos. México. Editorial Océano. 1995.