La elección municipal: certeza y civilidad

Muy aparte del saldo elector que arrojaron los comicios municipales recientes en base al cual se ha configurado un estado más plural, cuya correlación de fuerzas políticas ha marcado nuevos equilibrios en la redistribución inédita de los 210 municipios -103 para el partido oficial y 107 para la oposición en su conjunto (PRD 59, PAN 39, PT 6, PVEM 2 y PPS 1)-, lo que ahora sería oportuno y conveniente hacer es una reflexión serena y mesurada del proceso electoral que debe incluir -por supuesto- la actuación de todos los actores políticos en su conjunto, así como la revisión a fondo de la vigencia, lagunas o limitaciones de las normas jurídicas para avanzar hacia elecciones más justas, creíbles y transparentes.

Si bien es cierto que ha sido respetado y reconocido legalmente el triunfo de la oposición en más de la mitad de los municipios veracruzanos, sin embargo, ello no implica que el proceso se hubiere caracterizado por su absoluta equidad, limpieza, imparcialidad y legalidad.

Hubo, por ejemplo, denuncias oportunas y sustentadas en contra de algunos candidatos del partido oficial que rebasaron en más del cien por ciento el tope legal de sus gastos de campaña. La guerra sucia desatada en los medios de comunicación -bajo control gubernamental- en contra de dirigentes y candidatos de la oposición, así como la movilización del aparato burocrático en apoyo de las campañas del partido en el gobierno, el dispendio de recursos oficiales y la coacción e inducción del voto el mero día de la votación, fueron acusaciones no sólo reiteradas a lo largo del proceso electoral sino algunas formalmente presentadas en el seno del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral e inclusive ante el Ministerio Público.

No ha sido fortuito, pues, que ahora más que nunca algunas voces de la disidencia hayan empezado a insistir en la inaplazable creación de una Fiscalía Especial para Delitos Electorales, cuya propuesta no fue posible integrarla en las dos reformas electorales promovidas en este sexenio.

Pese a todo, sería francamente injusto dejar de reconocer la buena disposición y apertura que finalmente mostraron las autoridades del estado y la dirigencia estatal de su partido para acatar el mandato plural inequívoco que el pueblo veracruzano manifestó en las urnas.

No menos ejemplar ha sido la actitud prudente y civilizada de los partidos políticos de oposición y su militancia, que salvo algunos casos muy aislados -particularmente en el municipio de Hueyapan de Ocampo, donde fue quemada la sede de la Comisión Municipal Electoral, sin que este hecho afectara el cómputo de la votación-, en la inmensa mayoría del territorio veracruzano acataron las cifras oficiales de la elección a pesar del estrecho margen que se dio en el número de votos obtenidos entre uno y otros candidatos.

El proceso no ha concluido ciertamente. Ahora corresponde al Tribunal Estatal Electoral desahogar jurídicamente todas las impugnaciones que los diversos partidos políticos han hecho en lo particular de la elección. Pero este apego y respeto cada vez más creciente a la legalidad, es síntoma claro de la nueva cultura democrática que hemos empezado a construir pacíficamente los veracruzanos. Factor importante de esta nueva actitud ha sido, sin lugar a dudas, la confianza que las instituciones encargadas de organizar y sancionar la elección han despertado en los ciudadanos.

De la certeza, que de ahora en adelante, siga teniendo la ciudadanía de que su voto cuenta y es contado bien, dependerá el grado de civilidad y participación en futuros procesos electorales.

En este sentido, los resultados de los comicios municipales de este 19 de octubre son bastante satisfactorios.