La infancia en México *

Alfredo Castillo Romero

"Nuestra vida es tal, que un niño apenas puede correr un poco y distinguir otro tanto del mundo que lo rodea, ya debe ganarse la vida como un adulto; las zonas en que por razones económicas debemos vivir dispersos son demasiado extensas, nuestros enemigos son demasiados, los peligros que nos acechan, incalculables, no podemos alejar a los niños de la lucha por la existencia, hacerlo significaría para ellos una muerte prematura". Franz Kafka, Josefina La Cantora.

Una historia de dolor, sufrimiento y esperanza

En 1989, durante los trabajos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definía al niño de la siguiente manera: un niño es un ser humano que tiene pocos años, inexperto, irreflexivo. Es un afortunado que recibe trato afectivo, sin importar su raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, si es rico o pobre, si tiene o no padres o impedimentos físicos o mentales. Los niños -para la ONU- son primero y están por encima de cualquier otra consideración.

En México, hablar de la infancia es hablar de historias de dolor, sufrimiento, pobreza, abandono, injusticia, miseria, humillación y desprecio. Es hablar de miles de menores que viven en las calles luchando por sobrevivir. Es hablar de niños acusados, señalados, estigmatizados, reprimidos, marginados, torturados y encerrados injustamente. Es hablar de leyes arbitrarias, prepotentes, represivas, injustas y contrarias a derecho. Es hablar de niños a quienes se les ha negado el derecho a la dignidad, al juego, a la justicia, a la libertad. Es hablar de niños golpeados, maltratados, extorsionados, violados, explotados. Es hablar de niños que abandonan la escuela porque tienen que trabajar. Es hablar de niños que duermen en las calles, que se drogan, roban y se prostituyen. Es hablar de niños que tienen hambre, están desnutridos y enfermos, con pocas probabilidades de tener un desarrollo físico, intelectual, afectivo y emocional adecuado. Es hablar de niños condenados al fracaso y a sobrevivir con serias desventajas y limitaciones para enfrentar su vida como adultos.

Hablar de México es hablar de un estado que no piensa en sus niños, que no quiere ni le interesa hacer nada por ellos; de autoridades irresponsables e insensibles frente al sufrimiento de miles de menores. También es hablar de una sociedad que olvida y margina a los niños que ella misma produce, y con cuyo silencio y contemplación se vuelve cómplice de la injusticia en la que los menores viven.

El año 1994: un contexto necesario

Con el levantamiento indígena en Chiapas desde enero de 1994, en México se vive una nueva época. El saldo del proyecto económico impulsado por Salinas de Gortari quedó al descubierto y quedó en evidencia cómo la mayoría de la población de México se ha hundido en un situación de pobreza no recordada desde hace mucho tiempo.

En 1994 los datos oficiales ya nos hacían ver que el panorama económico estaba lejos de ser como lo quería pintar el gobierno. La balanza comercial era deficitaria, la deuda externa se incrementaba en gran medida al tiempo que el poder adquisitivo del trabajador mexicano mermaba y correspondía apenas a una tercera parte de lo que había sido hace diez años.

Esta caída brutal del ingreso económico familiar obligó a que más miembros de cada familia se dedicaran a actividades remunerativas, de manera que el número promedio de personas ocupadas pasó de 1.59 personas en 1984 a 1.63 personas en 1992. A pesar de esta mayor contribución en cada familia al ingreso familiar, datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) muestran que para agosto de 1993 el 73 por ciento de la población mexicana era pobre. De esa población, 17 millones vivían en extrema pobreza y 36 millones apenas lograban cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

La política neoliberal adoptada durante estos últimos años ha provocado una sociedad con desigualdades abismales. Veinticuatro mexicanos son poseedores de 44.100 millones de dólares -una tercera parte del total de la deuda externa- mientras que la mayoría de los mexicanos vive en una situación económica y social cada vez más degradante.

El incremento de la pobreza ha dejado huellas profundas en la población infantil. Los niños que han sufrido las consecuencias han sido gravemente afectados en su desarrollo. De 1988 a 1994 las estadísticas oficiales daban cuenta de las profundas carencias de recursos y atención hacia el sector infantil. Por ejemplo, en 1990 los datos oficiales hablan de casi 460 mil niños trabajando en el país. En cuanto a la educación, de los 10.8 millones de niños entre 6 y 14 años que existen en el país, sólo el 10.5 por ciento logra terminar la pri­maria. El 75 por ciento queda sin instruc­ción alguna o con la primaria incompleta (1).

Algunos datos sobre la infancia en México

En México existen más de 31 millones de niños. Por lo menos 40 por ciento de ellos tienen que trabajar y dejar de lado las condiciones de salud y educación que todo niño debe tener para desarrollarse plena­mente.

Durante los tres primeros meses de 1994, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2) expidió más de mil 629 permisos de trabajo a menores de edad. Sin embar­go, según datos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), tan sólo en el Distrito Federal el número de niños que trabajan en las calles rebasa el millón. Estos niños, a una muy temprana edad -cuando tienen menos de nueve años- se ven en la necesidad de apoyar el ingreso familiar con su trabajo.

Por otra parte, en un estudio realizado en 1993 por el INEGI, dependencia oficial encargada de recopilar datos, se señala que en el país había entonces por lo menos 459 mil menores entre 12 y 14 años que se dedicaban a algún tipo de actividad remunerativa. Esa cifra, precisa el INEGI, se duplicó en 1994. Con todo, vale señalar que el trabajo infantil suele ser clandestino, por lo que las cifras oficiales no podrían ser confiables en este renglón.

Los datos estadísticos, por muy fríos que puedan parecer, nos muestran sin embargo un panorama sombrío y preocupante sobre la situación de la infancia en México; no sólo por el hecho de que los niños tengan que trabajar, sino por las condiciones en las que se lleva a cabo el trabajo. Estas condiciones son la mayoría de las veces injustas, y existen en ellas claros signos de explotación.

Los ingresos que reciben los niños trabajadores son mínimos si es que logran que se les pague por sus actividades. Se sabe por lo pronto que el 29.4 por ciento de los niños y el 7.5 por ciento de las niñas que laboran lo hacen sin percibir sueldo alguno. Otro 35 por ciento de los niños y 52 por ciento de niñas cuya edad oscila entre 12 y 14 años ganan menos de un salario mínimo, mientras que sólo 23.5 por ciento de niños y 29 por ciento de niñas perciben entre uno y dos salarios mínimos (3).

Otro aspecto que resulta alarmante es el crecimiento del número de menores que tiene que recurrir a la prostitución como único medio de sobrevivencia. Según cifras del Centro Mexicano para la Defensa de la Infancia (CEMEDIN) un millar de niñas y jovencitas, cuyas edades fluctúan entre 14 y 16 años, se prostituyen en la ciudad de México a cambio de cantidades de dinero que oscilan entre los 15 y 25 dólares. La mayoría de los menores que se inician en este tipo de actividad lo hacen porque las opciones para su subsistencia son pocas. Y la prostitución les permite obtener ingresos ligeramente superiores a los de un vendedor de dulces callejero o al de una empleada doméstica. El fenómeno de la porstitución infantil se agrava aún más en aquellas ciudades en donde existen menos alternativas de trabajo y estudio, para los menores. El hecho de que no exista un reglamento federal que prohiba expresamente la prostitución de menores empeora la situación, ya que de los treinta y dos estados de la República sólo trece cuentan con una reglamentación al respecto.

El trabajo infantil -tanto formal como informal- ­priva a los niños de las condiciones normales para un desarrollo pleno, es decir, les impide gozar de la salud, la educación y el juego. A esto se añade el hecho de que en sus diferentes trabajos los niños están expuestos a peligros, accidentes y enfermedades inherentes al mismo.

Los niños tienen que trabajar porque la realidad no les ha dejado otra alternativa. Los niños trabajan porque son parte indispensable para el sostenimiento de toda una familia. La situación de extrema pobreza, de injusticia y falta de alternativas, así como la falta de voluntad política del gobierno es lo que impide que los menores lleven una vida digna, en la que puedan desarrollarse normalmente como todo niño debiera.

La existencia de leyes que no toman en cuenta la realidad, la situación de pobreza extrema en la que vive la mayoría de los menores y el estado físico y emocional de los niños hacen que la legislación vigente sea obsoleta. Lo único que han logrado es obligar a los menores a realizar trabajos en condiciones de clandestinidad.

La salud y alimentación de los niños

El reconocimiento que la OCDE otorgó a México como la novena economía más fuerte del mundo y el ingreso al libre mercado con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), supondría que el país es capaz de satisfacer las demandas básicas de la población, incluyendo alimentación, educación, vivienda, etcétera. Sin embargo la realidad es completamente distinta.

Según informes del Instituto Nacional de Nutrición, la desnutrición afecta al 40 por ciento de los niños mexicanos. Los mayores índices de desnutrición crónica se registran en los estados sureños de Quintana Roo (96.4 por ciento), Yucatán (96.3 por ciento), Chiapas (88.6 por ciento), Campeche (94.4 por ciento), Oaxaca (89.4 por ciento) y Guerrero (90.2 por ciento). Vale la pena observar que la desnutrición es más aguda entre los niños indígenas de todo el país porque la dieta que consumen consiste escasamente en productos del maíz, como tortilla y atole. Los niños mueren al poco tiempo debido a enfermadades que irónicamente son perfectamente curables.

En la actualidad son 2.6 millones de niños los que presentan síntomas de desnutrición. La mitad de estos tienen problemas de peso y de talla. Los menores que logren sobrevivir a la desnutrición sufrirán irreversiblemente un deterioro físico, mental y emocional y serán suceptibles a múltiples enfermedades e infecciones.

De acuerdo con los datos proporcionados por UNICEF, México ocupa el decimocuarto lugar entre los países con mayor índice de mortalidad infantil absoluta (menores de cinco años de edad). Cada año mueren en México un total de 183 mil niños menores de cinco años.

Algunas causas de mortalidad son las relativas a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal provocadas en la madre­principalmente por mala alimentación. El índice de mortalidad en relación con nacimientos es de 778 defunciones por cada 100 mil niños nacidos vivos. La tasa aumenta dramáticamente y alcanza 1,759 muertes por cada 100 mil niños durante los primeros meses de vida. Entre las otras causas principales de mortalidad, cuatro son de origen infecto contagioso y ocasionan tres de cada 10 muertes; se incluye entre ellas la neumonía, la influenza y la septicemia (4).

La educación y los niños

La deserción durante el periodo de educación básica alcanza el 46 por ciento; es notable el creciente porcentaje de niños que en edad escolar no son presentados por sus padres o tutores para su ingreso a la escuela primaria, obligatoria y gratuita. Tan sólo en la zona metropolitana de la ciudad de México, alrededor de 224,519 niños entre 5 y 14 años de edad no asisten a la escuela (5). Así, del total de la población comprendida entre seis y catorce años, por lo menos dos millones 300 mil niños no saben leer (6).

Los niños y la represión

El artículo 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia que firmó el gobierno mexicano protege ampliamente al niño frente a las injusticias de los adultos y principalmente frente a situaciones que violenten sus condiciones de vida. Sin embargo, en México los niños se han convertido en uno de los sectores más vulnerables a la violación de los derechos humanos. Los niños que viven y trabajan en las calles, por ejemplo, se han convertido en blanco para cometer abusos en su contra. Llama la atención el caso de El Jarochito, un menor de 12 años que trabajaba limpiando parabrisas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, quien fue encontrado muerto varios días después de que sus compañeros lo reportaron como perdido. El Jarochito fue hallado muerto y en estado de descomposición en un estacionamiento ubicado a unas cuantas cuadras de la "Casa de Todos". En su cuerpo se hallaron claros signos de tortura: las manos atadas con cables de luz, quemaduras de cigarrillo en varias partes del cuerpo e indicios de que fue violado sexualmente por sus agresores (7).

Aun cuando los agresores fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, el hecho no trascendió más allá de la detención, no hubo manifestación pública de repudio a tan brutal acto. El silencio y complicidad ante la violencia ejercida contra los menores dejan entrever a una sociedad adulta que se olvida de sus niños, que los ignora, los margina y les niega toda posibilidad de vivir con respeto y dignidad.

Las múltiples violaciones ejercidas contra los menores se dan por parte de todos los sectores de la población. Sin embargo, las alarmantes son aquellas cometidas por la policía y por el sistema carcelario. Estos, de una manera general, son conocidos por sus maneras brutales y represivas, principalmente con los menores infractores y callejeros: "La policía se mete a cada rato, nos corretean, nos palomean y nos acusan de todo; a mí una vez me agarraron y me golpearon, querían que confesara sobre un plan para asaltar un banco" dice uno de los menores que habita en la "Casa de Todos". Las agresiones físicas que ha sufrido tanto el inmueble como los habitantes de la "Casa de Todos" son muchas, durante los ocho años que tiene de hospedar a los niños que deambulan en la ciudad. Sin embargo, en fechas recientes los abusos policiacos, allanamiento y balaceras se han incrementado en contra de la "Casa de Todos" y sus habitantes.

Los menores que por diversas razones han tenido que vivir en la calle han sido víctimas de hostigamiento, vejación, golpes, extorsiones, detenciones arbitrarias y amenazas de los servidores públicos y de diversas corporaciones policiacas. Estas últimas se han caracterizado por una actitud persecutoria contra los niños durante su "rutina de vigilancia", al detener a los menores que deambulan por las calles de la ciudad acusándolos de cualquier delito; durante este "paseo", los policías extorsionan a los niños y bajo amenaza de trasladarlos a los consejos tutelares o de "desaparecerlos", obligan a los menores a darles sus escasas pertenencias. Existen, incluso, grupos policiacos que viven de la extorsión a menores, a quienes se les exige pagar una cuota para que puedan trabajar en los cruceros de la calle.

Vigilar y castigar: los consejos tutelares

Socorro Díaz, subsecretaria de Protección y Readaptación Social, señaló que tan sólo en la ciudad de México en 1993 ingresaron seis mil 66 menores, presuntos infractores, a la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores de la Secretaría de Gobernación, en tanto que en 1992 fueron dos mil 270 a nivel nacional. Los ingresos se concentraron en los estados de Nuevo León (15.45 por ciento), en Sonora (11.05 por ciento), en el estado de México (8.21 por ciento) y en Baja California (6.61 por ciento) (8).

Por otro lado, en el primer semestre de 1994 la Dirección General de Justicia del Ministerio Público en lo Familiar envió dos mil 210 menores al Consejo Tutelar, acusados de delitos contra la salud, lesiones y robos sin violencia. Se iniciaron también en este mismo periodo 1,967 indagatorias relacionadas con delitos menores y cometidos por adolescentes cuyas edades fluctúan entre 13 y 17 años.

Los consejos tutelares son verdaderas cárceles infantiles, a las que se lleva a los menores contra su voluntad. Ahí el niño queda solo, se le incomunica del mundo exterior, se le despoja de sus pertenencias, se le examina y maltrata. Su vida queda en manos de otros (tutores o consejeros) quienes deciden por él y sobre su futuro; su salida está condicionada a su buen comportamiento y a los trámites legales, idénticos a los de cualquier prisión para adulto. Generalmente en los consejos tutelares encontramos a menores que fueron detenidos por andar en la calle, estar sucios, por robar dinero, comida, una revista o una bicicleta. En estos lugares como en muchos otros se les masifica en espacios reducidos, incrementando así la violencia entre los internos. Sin embargo, lo que caracteriza a los consejos tutelares son las condiciones infrahumanas, de abandono y hacinamiento en las que tienen a los menores; en otros casos se dan excesos por parte de las autoridades, como fue el caso de la policía municipal de Orizaba, Veracruz, bajo el mando del inspector Carlos Barón de las Heras, quien toma "medidas disciplinarias" contra menores que no obedecen y los golpea y encierra en celdas de castigo al interior de la propia cárcel (9).

La negligencia e ineptitud con las que actúan las autoridades encargadas de los diversos centros de readaptación para menores contribuyen aún más a lesionar la ya violentada vida de los infantes. Pero llaman la atención aquellas medidas que atentan contra la vida de los menores. Ejemplos de ello abundan, pero aquí nos interesa mencionar la decisión que tomo la Lic. Patricia Smith, presidenta del Consejo Tutelar para Menores Infractores de Banderilla, en el estado de Veracruz (10). Al enterarse de que uno de los menores recluido en el Tutelar a su cargo era portador de VIH, decidió sin más resolver en definitiva su situación jurídica y entregarlo a la familia, mediante una acta administrativa en la que no previó ninguna atención médica y psicológica que la ausencia de salud requiere. Tal acción, además de ser contraria a derecho, transgrede las disposiciones expresas en la Ley de Adaptación Social de los Consejos Tutelares para Menores Infractores en el estado de Veracruz. Para la adaptación social del menor infractor, el artículo 71 señala que el Consejo podrá aplicar las siguientes medidas:

1. Colocación del menor en una institución médica o psiquiátrica, sea pública o privada.
2. En caso de que el Consejo Tutelar resuelva aplicar una libertad vigilada, el artículo 72 estipula que se seguirán observando sistemáticamente las condiciones de vida del menor y la orientación y ayuda a éste y a quienes lo tengan bajo su cuidado, considerando las modalidades del tratamiento consignadas en la resolución respectiva.

Al confrontar lo anterior con la decisión que tomaron las autoridades del Consejo Tutelar en el caso del menor contagiado de VIH, observamos negligencia en el cumplimiento de sus responsabilidades de las autoridades del Consejo Tutelar al igual que la violación a los derechos humanos del menor.

A manera de conclusión

Si bien no es suficiente mostrar datos que revelan la situación de dolor, sufrimiento y marginalidad en la que viven miles de niños en este país, ni lo es saber que muchos de ellos no cuentan con las condiciones mínimas para desarrollarse adecuadamente, creemos que difundir esta información podría poner en alerta a ciudadanos, especialistas, organizaciones civiles y autoridades.

No debemos olvidarlo: hablar de la infancia es tambien abrir la posibilidad de que las cosas puedan cambiar, con la convicción de que en los niños se juega el destino de México.

Notas:

1. ESPAZ, Material de apoyo para periodistas, Mimeo, México, s/f.
2. El Sol de México, 3 de enero, 1994.
3. El Financiero, 20 de abril, 1994.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. La Jornada, 21 de abril, 1994.
8. Uno más Uno, 12 de marzo, 1994.
9. El Universal, 20 de marzo, 1994.
10. Denuncia hecha por el equipo de educadores del proyecto de atención a niños trabajadores y de la calle, (MATRACA) en Xalapa, Veracruz.

* Tomado del libro "Los derechos humanos en México durante la transición sexenal", Fernández, David, compilador. Universidad Iberoamericana. México D.F.