La violencia, respuesta a la miseria y marginación

Entrevista con S.J. David Fernández *

En las sierras veracruzanas prevalece una situación semejante a la de las comunidades indígenas de Chiapas. Una situación de gran pobreza, de altos índices de marginalidad y mientras no haya una política social que reivindique la justicia para esas zonas y las dote de la capacidad de autogobernarse sin fracturar el pacto federal, el riesgo de la violencia existe, expuso el padre jesuita David Fernández, director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" A.C.

Entrevistado en esta ciudad, después de haber dado una conferencia sobre Chiapas, David Fernández propuso que se eleve el gasto social para las zonas indígenas, que se instrumente una política de educación, de salud, de desarrollo municipal que tome en cuenta la autodeterminación de las etnias originarias.

El jesuita, defensor de los derechos humanos y fundador en Veracruz del Movimiento de Apoyo a los Niños Trabajadores de la Calle Matraca A.C. alerta sobre el riesgo de que en nuestro estado se presente un fenómeno similar al que ocurre en Chiapas; las circunstancias de marginalidad, miseria y represión en las zonas indígenas "son semejantes"; menciona que el mayor reto que el próximo gobierno de Veracruz "sea del partido que sea" será el combate a la pobreza, por un lado, el desarrollo de las comunidades indígenas y en una segunda vertiente la democratización del Estado, que implique una mayor participación ciudadana en las diferentes instancias de gobierno; David Fernández se duele también que en Veracruz entre los legisladores no haya habido, a la fecha, sensibilidad para dar paso a la propuesta que desde 1993 viene impulsando Matraca y que significaría establecer una ley en favor de los niños; critica la indolencia y el privilegiar siempre los aspectos materiales por sobre los derechos de aquellos que en unos años constituirán el presente de nuestro estado y nuestro país.

En el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" A.C., vemos una situación de conflicto muy seria en Chiapas que amenaza con extenderse en el momento en que haya una confrontación entre el Ejército mexicano y el EZLN. Por esto estamos empeñados en detener ahora la guerra, nos parece que esa es la tarea fundamental de la sociedad en México: Ya ni siquiera avanzar en el proceso de pacificación, sino evitar que la guerra se reanude en ese estado de la República.

En nuestra opinión, el hecho de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas obedece a una estrategia de contención social, muy cercana a la estrategia de guerra de baja intensidad, que busca legitimar la entrada del Ejército (mexicano) como fuerza pacificadora, pero que en realidad oculta lo que se está dando, que es una guerra del Gobierno mexicano en contra de las comunidades indígenas disídentes y organizadas en torno del EZLN o en torno de otros organismos pacíficos como Abuxó, que fueron los asesinados en Acteal, o Xinich u otros organismos que ya existen.

Lo que vemos en Chiapas no es una guerra fraticida, no es una guerra entre indígenas, como se ha hecho creer a la población en la versión oficial, sino repitouna guerra del Gobierno de México en contra de los grupos disidentes a su política y que amenaza con extenderse, no sólo al estado de Chiapas, sino que puede tener consecuencias graves en otras entidades de la República en la medida en que el conflicto en Chiapas es expresión de las demandas indígenas en todo el país.

Se dan cambios en el gabinete y se exige el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. ¿Qué es lo que falla entonces?

Nos parece que mientras no haya un cambio de fondo en la estrategia y en la política hacia Chiapas, los cambios en las personas que ha habido hasta este momento, tanto del secretario de Gobernación como del gobernador en Chiapas o del delegado para la paz en Chiapas de parte del Gobierno, son sólo cambios superficiales que no tocan de fondo la problemática real.

Hasta ahorita la apuesta gubernamental tiene dos pies: uno, no acepta la autonomía indígena que se firmó en San Andrés y en segundo lugar, seguir apostando a que lo central de la estrategia para enfrentar el conflicto es de índole militar y no política.

Lo que la sociedad está reclamando en México es que se cambie esta política de fondo, no sólo a las personas que la han llevado adelante.

¿De qué manera, según su punto de vista, puede participar la sociedad civil para esta situación?

Creo que lo principal en este momento es, como dije, detener la guerra; para detener la guerra hay múltiples modos en que se puede participar. Uno es que personalidades destacadas del medio artístico, intelectual o académico, se puedan trasladar al estado de Chiapas a formar cordones civiles por la paz que eviten el enfrentamiento entre el Ejército Federal y las fuerzas del EZLN.

Por otro lado, creo que todos los ciudadanos nos podemos manifestar de múltiples formas, en los sitios donde vivimos, saliendo a la calle con un cartel, con un moño negro, en favor de la paz. Y en favor de la paz quiere decir en favor del esclarecimiento de la masacre de Acteal, de la disolución de los grupos paramilitares, del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, del alto a las incursiones militares en zona zapatista, de la desmilitarización de Chiapas sin que el Ejército abandone el Estado, pero sí que se repliegue a las posiciones que tenía antes del 5 de febrero.

Todas éstas son exigencias que el común de los ciudadanos podemos hacer en manifestaciones, en artículos en la prensa, en cartas a los medios, carteles, dibujos... Creo que cada vez es mayor el clamor nacional y el clamor de la comunidad internacional en favor de una solución pacífica y negociada en Chiapas que detenga la posibilidad de la guerra, y esa es la tarea central.

Y aquí, en Veracruz, ¿cuál es la situación en las sierras veracruzanas?

Bueno, en las sierras veracruzanas, como se ha comentado reiteradamente, existe una situación semejante a la que se vive en las comunidades indígenas de Chiapas, es decir, una situación de gran pobreza, de marginalidad. De los municipios con más alta marginalidad en el país, algunos están en el estado de Veracruz, y mientras no haya una política social que reivindique la justicia paya ida comunidadesindígenas, les dote de la capacidad de autogobernarse sin fracturar el pacto federal, creo que el riesgo de la violencia existe también en el estado de Veracruz.

Urgen medidas que eleven el gasto social para las zonas más marginadas, en las zonas indígenas, una política de educación, de salud, de desarrollo municipal que tome en cuenta la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro del marco del pacto federal.

¿Qué opina usted de que la comunidad extranjera esté analizando el caso de Chiapas?

Desde que se firma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948, la preocupación por los derechos humanos es una preocupación internacional. En ese momento, México, como Estado parte de la Declaración Universal y con todos los acuerdos que han venido después, aceptó el compromiso de vigilar el respeto a los derechos humanos en otros países y al mismo tiempo aceptó que los derechos humanos fueran vigilados por la comunidad internacional en suelo patrio, de manera que los derechos humanos son una preocupación de toda la comunidad internacional.

En este sentido, creemos que es legí­timo que la comunidad internacional ob­serve, se preocupe e inste al gobierno mexicano a solucionar los problemas de viola­ción grave a los derechos humanos en nuestro territorio. Y que esto no es inje­rencia indebida, sino correspondencia en el compromiso internacional que ha toma­do México con otros estados miembros.

Por lo que argüir la soberanía y el res­peto a la soberanía en materia de derechos humanos, a nosotros nos parece sólo un pretexto para solapar y perpetuar injusti­cias y violaciones graves a los derechos humanos y esto no se vale. Esa es nuestra opinión.

Hace unos días el historiador Enri­que Semo decía que el conflicto de Chiapas significaba una confrontación entre dos intereses que eran el de los grandes caciques y el de los indígenas; decía que el problema era preguntarse de qué lado está el gobierno. En México, ¿de qué lado está el gobierno frente a este tipo de situaciones que no solamen­te son privativas de Chiapas?

Bueno, hasta ahora, poniendo esta disyuntiva es claro que el Gobierno Fede­ral ha respaldado los intereses caciquiles y de los grupos políticos presentes en el estado de Chiapas. Hasta ahorita no han sido tocados los intereses de los terrate­nientes o de los finqueros ni de los grupos paramilitares que han sido azuzados y ar­mados por estas gentes.

Pero creo que la confrontación en Chiapas también es otra confrontación más amplia que atañe a todo el pueblo de Méxi­co, que es la confrontación entre los intereses de los indígenas en todo el país que han propugnado y han propuesto la posi­bilidad de gobernarse de manera autóno­ma dentro del pacto federal, insisto, sien­do parte del estado mexicano, y que el go­bierno, hasta este momento, no ha queri­do avalar, aceptar, respaldar estas deman­das y se ha puesto más bien del lado de la defensa de los intereses, probablemente de los grandes capitales transnacionales y de la iniciativa privada que ve en la autono­mía indígena una dificultad para la explo­tación de recursos naturales y para la in­versión extranjera.

Me parece que lo ven así de manera equivocada, y que la autonomía indígena en ningún momento es un obstáculo para el desarrollo nacional ni para la inversión extranjera, sólo convierte a los pueblos in­dios en los protagonistas de su propio des­tino.

Veracruz está por cambiar de gobier­no este año. Hay un proceso electivo el 2 de agosto. ¿Qué reto va a tener el próximo gobierno sea cual sea el partido que gane?

Sea cual sea, me parece que el reto mayor es el combate a la pobreza, por un lado, el desarrollo en las comunidades indígenas, y por otro lado la mayor democra­tización del Estado que significa la crea­ción de organismos civiles, de mayor parti­cipación ciudadana en el gobierno de la entidad.

Creo que justicia social y democracia han sido las dos demandas centrales que han dado origen al conflicto en Chiapas, que todo el pueblo de México está requi­riendo y que el estado de Veracruz no es ajeno, pues, a estas dinámicas y a estas demandas también.

¿La presencia militar en las zonas indígenas de Veracruz y otras partes del país son violatorias a los derechos humanos de las comunidades indígenas?

La presencia militar, en sí misma, violenta la vida de las comunidades, es decir, destruye el tejido social. ¿Por qué? porque las mujeres, al tener un campamento instalado en la población ya no pueden salir a bañarse, ya no pueden llevar el alimento a los esposos, a los hijos que están trabajando en el campo, porque hay elementos extraños, porque tienen temor. Por otro lado, se suelen establecer retenes, horarios de entradas y salidas, los campamentos militares suelen enturbiar el agua que bebe la comunidad o de la que disfruta, suele elevar la intranquilidad. Entonces, en sí misma es una violación al derecho que tenemos todos los seres humanos de vivir sin miedo.

Por otro lado, también hemos constatado que, con la presencia de los militares, aumenta el alcoholismo, aumenta la prostitución; fenómenos poco conocidos de las comunidades indígenas, por lo menos este último de la prostitución, y que entonces altera el modo de vida y la propia cultura.

Pero aparte hay violaciones concretas a los derechos humanos, quiero decir, que cometen elementos militares como violación de mujeres que se han reportado en diversas partes, no sólo en Chiapas, sino en el país. Al mismo tiempo, abusos de autoridad, detenciones ilegales, cateos ilegales, el uso de listas negras sin proceso judicial, que nos hacen afirmar que el fenómeno de la militarización trae aparejadas violaciones a los derechos humanos.

¿Cuál sería el diagnóstico que usted haría de Veracruz en cuanto a derechos humanos?

Veracruz está como en sexto o séptimo lugar en violaciones a los derechos humanos según nuestros reportes: está después de Chiapas, Oaxaca, Guerrero Distrito Federal, Morelos, luego probablemente sigue Veracruz y después Puebla. Las violaciones más recurrentes en el estado de Veracruz son detenciones ilegales, abuso de autoridad, uso de fuerza, negación de la procuración de justicia, arbitrariedad de los cuerpos policiacos.

De manera que nos parece que la geografia de la pobreza coincide con la geografia de la violación a los derechos humanos y que teniendo zonas muy desarrolladas y muy importantes en el estado de Veracruz, como Coatzacoalcos, Minatitlán, Xalapa, el puerto de Veracruz coexisten con zonas de alto atraso como la sierra de Zongolica o la sierra de Santa Marta o el Totonacapan, en donde los pueblos indígenas son realmente avasallados y violentados por los grupos caciquiles y por autoridades y fuerzas públicas aliadas con ellos.

¿Las comisiones de derechos humanos realmente son una alternativa, son una solución al problema de la violación a los derechos humanos?

Las comisiones públicas han funcionado muy desigualmente. Nosotros podemos decir que han funcionado de una manera satisfactoria y han contribuido a frenar estas arbitrariedades las comisiones, por ejemplo, del Distrito Federal o de Jalisco, la de Sonora. Hay otras comisiones con funcionamiento regular, entre las que situaría a la del estado de Veracruz y otras francamente malas como las de Oaxaca, Chiapas o Tabasco, en donde hay un condicionamiento total al gobernador en turno y una carencia de recursos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, igualmente, ha venido de menos a más, ha intentado mejorar su funcionamiento, nosotros se lo reconocemos. Pero globalmente me parece que todas, incluidas las privadas como la nuestra o las civiles, han sido insuficientes para frenar el deterioro creciente que estamos observando en materia de derechos humanos en el país.

¿Es necesario crear una cultura de respeto los derechos humanos?

Eso es clave, la cuestión de la cultura es fundamental. Creemos que han aumentado en los últimos tres años las violaciones a los derechos humanos en el país. Que tenemos grandes retos como pueblo que enfrentar en materia de cultura, es decir, una cultura que tenemos de no respeto a la ley, por ejemplo, o de presunta supremacía del varón sobre la mujer o de naturalización de las desigualdades sociales o de discriminación por motivo de raza, que atentan contra el respeto a los derechos humanos y que tenemos que remontar toda la sociedad en un esfuerzo siempre continuado por reconocer la dignidad del otro que es distinto a mi y que es igualmente valioso.

¿El gobierno de Patricio Chirinos podría ser considerado como un gobierno represor?

Han habido hechos de represión muy importantes en el estado de Veracruz. Sí. Y le digo, ocupa hoy el sexto lugar en materia de violación a los derechos humanos en el país, de manera que sí, es de los estados en donde hay mayor violación a los derechos humanos.

Hay derechos que tampoco se respetan. Usted fue uno de los promotores en Veracruz de la famosa Ley Matraca, que hasta la fecha sigue en el congelador legislativo. ¿Qué opinión le merece esto, que no haya una legislación formal de protección a los niños?

A mí me parece lamentable, sobre todo porque contamos en aquel momento -en el 92-93- con el visto bueno de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y -sabíamos- ­con el visto bueno del gobernador Chirinos. ¿Qué hizo dar marcha atrás en la promulgación de una ley que pudiera haber sido pionera en el territorio nacional? Me parece que fue un asunto de índole fundamentalmente económica, es decir, de nuevo se subordinó la política de atención a los ciudadanos y a los ciudadanos más vulnerables como los niños de la calle, a los intereses económicos y al modelo económico que está llevando adelante el gobierno mexicano.

Es lamentable, digo, porque hoy nos encontramos que el fenómeno de los niños de la calle, no sólo en Veracruz, sino en todo el territorio nacional, ha crecido y no hay políticas efectivas de protección, como las que pudiera haber facilitado una ley como la Ley Matraca.

¿También aquí juega un papel la indiferencia gubernamental?

Creo que hay una cierta dosis de indolencia frente a las realidades sociales. Es decir, se han privilegiado las cuestiones económicas y en ese sentido sí hay un pasar por alto las cuestiones más lacerantes y poner por encima otros intereses de los grandes capitales o de las inversiones económicas.

* David Fernández, jesuita y licenciado en Teología, Filosofía y Ciencias Sociales, es actualmente director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" A.C.