El mandato del 2 de agosto

Echarle el segundo piso al Estado

Inocencio Yánez Vicencio *

La jornada electoral del 2 de agosto demostró una vez más que la práctica democrática es viable y tiene arraigo en Veracruz. Producto del acuerdo entre las principales fuerzas políticas de la Entidad cuyo resultado fue la Reforma del Estado, esta normalidad garantiza que los cambios de autoridades se den deforma pacífica.

No obstante, éste es apenas el primer paso para construir una verdadera democracia participativa. Para Inocencio Yáñez Vicencio, lo que faltaría por consolidar es la definición del estado que los veracruzanos queremos: liberal, en cuanto a la distribución orgánica del poder, y social, "porque no nos organizamos solamente para vivir, sino para vivir bien".

El pasado domingo 2 de agosto los veracruzanos acudimos a las urnas para elegir al próximo gobernador y a los miembros de la nueva Legislatura, en forma pacífica y sin incidentes graves que pudieran manchar las elecciones. Hoy la euforia de los triunfadores y la actitud de los perdedores que va del reconocimiento respetuoso de los panistas hasta las estridencias de los perredistas y coaligados, ocupan los primeros espacios de la información, como si siempre hubiésemos tenido comicios aceptados por todos y los resultados nunca antes hubieran sido rechazados hasta con violencia.

No cabe duda que siempre es difícil valorar las cosas cuando se tienen. En estos mismos momentos en muchas partes de la tierra se viven convulsiones sociales por no aceptar un método para resolver pacíficamente las diferencias. Los mexicanos, y en este caso los veracruzanos, hemos arraigado por fin el método democrático para renovar periódicamente a nuestras autoridades. Este es el resultado del acuerdo logrado por las principales fuerzas políticas de la entidad para producir la Reforma del Estado que nos ha permitido construir definitivamente la normalidad democrática. Era por las condiciones muy particulares, para luego proponernos la reforma del estado en la democracia.

Los futuros cambios en el plano político y electoral van a depender de la capacidad de los partidos políticos y los movimientos y organizaciones de la sociedad civil para consensuar sus propuestas. La sociedad civil debe jugar un papel importante en la construcción de los espacios públicos que permitan discutir y consensuar las demandas, pero es absurdo decir que ella pueda rebasar o sustituir a los partidos y al estado.

Cada una de estas entidades tiene su función. Los partidos tienen que articular y llevar las demandas al estado. El estado juridifica, institucionaliza y concretiza los consensos, mediante leyes, instituciones y políticas públicas. Todo traslape o yuxtaposición de esta triada conduce al caos. Sin partidos no puede funcionar la democracia participativa. La ciudadanización es un instrumento para reivindicar al individúo frente a las colectividades pero no para destruirlas. En todo caso los partidos políticos son resultado de la organización ciudadana frente a los intereses de las grandes corporaciones económicas, religiosas, etcétera, que buscan atomizar al individuo para debilitarlo y suplantar su voluntad.

La reforma en la democracia debe discutir por lo menos los siguientes temas: La reelección de los diputados; la responsabilidad de los miembros del gabinete ante el Congreso; la función de vigilar y controlar al gobierno y a la administración por parte del Legislativo; buscar conciliar el mandato libre y el mandato imperativo; el fortalecimiento de las comisiones del Congreso; la creación de una Contraloría Estatal Autónoma, en virtud de que ninguna comisión del Congreso podría tener ni los recursos técnicos ni profesionales para vigilar y hacer los seguimientos a la contabilidad y a la normatividad del gobierno y la administración en el manejo de recursos financieros, recursos humanos, licitaciones, auditorías, recepciones de obras, comprobación de especificaciones de cuantía y calidad, escalafones y promociones, etcétera; la plena vigencia del principio de división de poderes; la elección del titular de la Comisión de Derechos Humanos; la plena independencia del Procurador General de justicia; la reforma municipal; la segunda vuelta electoral; la normatividad interna de los órganos electorales; los contrapesos de todas las instituciones autónomas; la obligación de que transparenten el manejo de los recursos todas las instituciones públicas y rindan cuentas a la ciudadanía; un acuerdo que permita establecer elecciones primarias en todos los partidos; un acuerdo para limitar el transfuguismo que impide consolidar un sistema de partidos; introducir en el sistema escolar la asignatura de educación política en todos los niveles; una profunda reforma económica. Conciliando soberanía popular y derechos humanos podemos llegar muy lejos.

Es hora de estar concientes que si es cuestionable que desde afuera nos impongan códigos morales, mucho más cuestionable es querer imponerle un ideal a la sociedad, por noble que éste sea, sin su participación y mucho menos sin su decisión.

La discusión de cada tema debe comenzar al interior de cada partido, debe darse al interior del Congreso, pero no puede circunscribirse a sus muros. La realización de esta agenda no puede depender ni de élites ni de iluminados, debe estar en relación directa a los consensos producidos y nadie que se aísle, bajo cualquier pretexto, tendrá derecho a llamar la reforma alcanzada "porquería", con el único propósito de justificar berrinches o actitudes facciosas. La soberanía es inalienable, no se delega, y nuestros diputados deben saber que los actos de soberanía corresponden al pueblo, pues entre más participación haya, más libres seremos porque obedeceremos nuestra propia voluntad y no la de otros.

Una ley que se identifique con el interés común, no puede pretender complacer a todos, eso es imposible. Una ley bajo ningún sentido puede buscar suprimir las diferencias, al menos en una sociedad liberal y democrática, porque su misión es precisamente encauzar esas diferencias. El interés común no es la suma de todos los intereses individuales, porque eso sería neutralizar un mandato o una ley, sino lo que resulta de salvar extremismos, extremismos que querrán justificar su aislamiento negando validez al todo. La diferencia es la razón que justifica la existencia del estado. El estado tiene como principal función administrar la diferencia. Los estados totalitarios pretendieron por distintas vías suprimir las diferencias y lograr la uniformidad, lo cual solamente trajo intolerancia y exterminios y la aparición de estados que lo abarcaban todo.

Con Alessandro Passerín D' Entréves (La noción del Estado), haremos una equivalencia del interés común con el concepto de "bien común", si por este último entendemos "el bien o conjunto de bienes que el poder debe proponerse como fin", y siguiendo a este autor lo condicionamos históricamente y determinado por la voluntad popular.

Es necesario insistir en que los cambios jurídicos y políticos deben hacerse con el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales que conforman el abanico de la Nación. Hay que dejar atrás maximalismos y posturas propagandísticas. No podemos decirnos incluyentes y buscar imponer cambios facciosos. La política es la ciencia de la diversidad, no de la uniformidad. Buscamos una forma de convivencia, no de dominación.

Es urgente e inaplazable abrir un gran debate sobre el tipo de estado que queremos. En este gran debate no podemos seguir viendo al estado como una entelequia; pero si es muy negativo petrificar las teorías de los clásicos, mucho más lo es querer sustituirlo por el mercado. Si, Siempre ha sido de fatales consecuencias confundir los puntos de partida con los de llegada. Los estudios más acabados, lo más que nos pueden enseñar es hasta dónde habrá de llegar, porque es una cadena infinita. La escolástica hizo una monumental aportación al conocimiento político pero la degradan quienes la ven como la última palabra. Los clásicos y la escolástica serán más útiles en tanto más los tengamos como punto de partida pero no como el eslabón final de la cadena del conocimiento. Desde que la Ilustración hizo ver a los hombres la necesidad de rechazar todo determinismo y asumir como adultos la responsabilidad de sus actos y de su destino, no cabe más que en nombre de los ideales nos impongan leyes, conductas, gustos, consumos y valores.

Es bueno que conozcamos los fines que en cada momento de la historia le han atribuido los pensadores políticos a la organización que conocemos como Estado. Bien Común (Aristóteles, Santo Tomás), el aseguramiento de la vida (Hobbes), derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad (Locke), la libertad (Rousseau), el bienestar de la sociedad (Laski), todos o cualquiera (Kelsen), etcétera, para que nos demos cuenta de la importancia que han tenido como fórmulas de legitimación, pero lo difícil y algunas veces hasta imposible que resulta aceptar es que el estado tenga fines inherentes y más cuando se soslaya la intervención de la sociedad para determinarlos. Lo cierto es que la historia no conoce un solo caso donde los fines de un estado no estén determinados por hombres de carne y hueso. Por eso hay que preguntarse quién y cómo se han determinado esos fines.

Es cierto que la historia ha conocido casos en que el estado ha sometido a los movimientos y organizaciones de la sociedad civil, movimientos verdaderamente autónomos e independientes, como el facista que termina integrándose a la estructura del estado; pero también conoce casos donde las corporaciones han hecho del estado un simple convalidador y sancionador de la voluntad de los grupos económicos, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. No queremos ni estado sin sociedad ni sociedad sin estado. Queremos una sociedad con un mejor estado.

Como bien lo asienta el teórico del laborismo inglés, Harold J. Laski (El Estado en la Teoría y en la Práctica, Editorial Revista Derecho Privado, Madrid, 1936, pág. 16) el filósofo se contenta con construir una forma ideal de estado en tanto los ciudadanos se ocupan de los resultados de sus actividades que experimentan en la vida diaria, es decir: mientras los primeros juzgan un estado por sus intenciones, los ciudadanos lo hacen predominantemente por sus obras, por eso muchas veces no encontramos conexión entre teoría y práctica, sobre todo en aquellas teorías que pretenden detener el tiempo. Hay que "congelar" la realidad. No creemos que la ciencia política se debe ocupar de entelequias sino de nuestra realidad que tiene cómo centro al estado, pero también todo lo que hace posible la construcción de la voluntad de vivir en este tipo de organización política:

La ciencia política no se puede contentar con describir comportamientos y conductas, y menos con sólo verificarlos empíricamente, por lo que creemos que la parcelarización del conocimiento político no nos pueda proporcionar los frutos adecuados. Toda acción sin sentido es tan estéril como todo sentido sin acción. Cuando decimos que la ciencia política debe tener como centro al Estado, está claro que no nos referimos a una organización acabada y moldeada para siempre, sino a una forma de convivencia determinada por los propios ciudadanos y limitada por aquellos derechos que conocemos como derechos humanos, ni metafísicos ni clasistas: producto de nuestro aprendizaje (Habermas). Un estado liberal, en cuanto parta de la vertiente ética del liberalismo que tiene como coordenadas las distribución orgánica del poder (Locke, Montesquieu) y los derechos humanos para que la ciudadanía decida sus propias reglas y a sus representantes; social, porque no nos organizamos solamente para vivir, sino para vivir bien.

El equilibrio entre soberanía popular y derechos humanos nos debe impedir salvar los riesgos de la tiranía de la mayoría como que nos impongan voluntades en nombre de fines externos al pueblo.

Cuando determinemos el tipo de estado que queremos y en el cual nos encontremos todos, no habremos de seguir poniendo nuestra forma de convivencia al mejor postor y la lucha partidista se centrará exclusivamente en la disputa por la representación política y dejaremos de andar buscando provecho particular de los males nacionales.

* Presidente del Grupo Verdad, Veracruzanos por la Democracia A.C.