La realidad indígena trastoca el proyecto social de nación: INI

Entrevista con Javier Sandoval García *

Por: Gina Domínguez Colío

La prioridad para el Instituto Nacional Indigenista (INI) es res­ponder a los problemas de los indígenas en lo político, lo social y lo económico. Para este fin los recursos son limitados y las carencias aumentan al propio ritmo de la población, que si en las ciudades es alto, en las comunidades y zonas indígenas es mucho mayor.

En entrevista, el delegado estatal de esa dependencia, Javier Sandoval García, afirma que si bien se han logrado ciertos avances, éstos no se han reflejado en índices estadísticos porque no se alcanza todavía a extender y planificar la dotación de servicios en las comu­nidades. No obstante, se ha fortalecido la coordinación con las auto­ridades de la entidad y se promovió la transferencia de facultades a los municipios, con lo cual aumentó la capacidad de respuesta a las demandas y necesidades de los pueblos indios veracruzanos.

Transición.- ¿Cuál es la circunstancia de la cuestión indígena en Veracruz?

Javier Sandoval.- El reciente proceso polí­tico que vivimos en Veracruz funcionó, por un lado, como atenuante, pues las visitas de los candidatos a diputados y a gobernador se dieron como espacios de canalización de de­mandas y de atenciones, lo cual permitió dis­minuir la presión de los servicios que como dependencia se nos presentan de manera co­tidiana. Además, nos otorgó un espacio de re­flexión y reacomodo al interior de la institu­ción para -conjuntamente con otras instan­cias de gobierno- poder dar respuesta con la nueva circunstancia de gobierno.

El contexto de los pueblos y las comunida­des indígenas de Veracruz en este momento creo que es muy importante, incluso algo ha­lagüeño. Considero que con su real y justa dimensión existen avances importantes, no los que se quisieran y todavía no los necesarios, pero de manera global tenemos un contexto de avance en las regiones indígenas.

Un factor importante que ha hecho posible este empuje y esta revitalización del trabajo con las comunidades indígenas ha sido el tras­lado del manejo de los recursos a los ayuntamientos, porque eso le ha dado una mayor fluidez a las demandas e incrementó la capa­cidad de respuesta. Y permite además recom­poner las estructuras comunitarias en proce­sos regionales, municipales-regionales, lo cual ayuda al trabajo institucional en una política general de atención a los pueblos y a las co­munidades.

Entonces, observo una circunstancia favo­rable que, desde mi muy particular punto de vista, habrá que fortalecer e impulsar porque es una de las principales demandas. A lo me­jor no llegamos todavía al esfuerzo de planeación-participación comunitaria, pero ya alcanzamos un primer nivel importante que es el municipal.

En el aspecto social no veo problemas que pudieran alterar o poner en peligro la estabi­lidad social de Veracruz; problemas existen en todos lados, pero la cuestión social se ha canalizado a través de la vida municipal. En este sentido la autonomía municipal se está dando, y no es que el municipio asuma res­ponsabilidades de otras instancias, sino que hoy retoma su papel y su función.

En cuanto a lo económico la situación es muy difícil. Este año hubo una sequía muy larga, muchas siembras se retrasaron y hubo pérdidas para el 95 por ciento de la pobla­ción económicamente activa en las zonas in­dígenas, cuya ocupación está en el sector pri­mario: la agricultura, la ganadería y la explo­tación forestal. Debemos responder de mane­ra inmediata a los problemas de la población indígena en lo político, lo social y lo económi­co, pero lo más preocupante es lo económico.

Cuando se habla de indígenas en este país nos referimos a carencias y marginación. ¿Cuáles son las caren­cias esenciales de los pueblos indios de Veracruz?

Cuando relacionamos pobreza y marginación se da un sentimiento de lástima, que a nivel social lo asociamos con los indíge­nas. Esa actitud debemos cambiarla porque si bien hay pobreza y situaciones difíciles en las zonas indígenas, en los cinturones de mi­seria de las ciudades existe a veces un proble­ma mayor. No obstante, el hecho de vivir en la ciudad nos libera de relacionar nuestro en­torno urbano con carencias, pobreza o marginación.

Entonces, bajo ese primer principio, los pro­blemas de las comunidades indígenas en tér­minos de carencias se reflejan en cuanto a los servicios de infraestructura social básica: agua, drenaje, vivienda digna, electrificación y ca­minos. Estos son, creo, los cinco grandes pun­tos donde se dan las carencias.

Los números son engañosos: tenemos datos de 1992 y de 1995, y en ese lapso se efectua­ron acciones importantes para abatir los rezagos, pero los datos del conteo del 95, en términos de servicios, señalan que un 90 por ciento de las viviendas en las zonas indígenas no cuenta con sistemas de drenaje y 80 por ciento tiene piso de tierra y no cuenta con agua entubada.

Al comparar tales situaciones con las de una localidad urbana, la diferencia es más que elo­cuente. Sin embargo, estos son porcentajes -insisto- derivados del conteo del 95, y de­bemos tomar en cuenta que los porcentajes se derivan en función del número de localida­des. En este sentido, la propia vida de los pue­blos indígenas hace que tengan una tasa de reproducción importante y que año con año se establezcan nuevos caseríos y nuevas co­munidades.

Entonces, el avance que logramos durante cinco años en las comunidades presentes dis­minuye por el crecimiento en términos de caseríos y de población, de tal manera que además de abatir el rezago actual, debemos extender la cobertura para alcanzar esos ni­veles de repoblación.

Además, llevar un servicio básico a las co­munidades es muy difícil y costoso por la pro­pia topografía y la distribución de los pueblos: no se trata de asentamientos donde en torno a un solo centro común se distribuyan todas las casas y a partir de ese lugar las conexiones al servicio se facilitan en un radio determina­do. Aquí el problema es la amplia dispersión de las casas, incluso en los asentamientos poblacionales grandes.

Como mucha gente construye su casa en su parcela y llevar hasta allá la electricidad o el agua se encarece muchísimo, lo que se hace, en el caso del agua, es colocar tomas comu­nes en lugares estratégicos que permitan com­partir el servicio a un grupo de 6 ó 7 casas dispersas en algún punto cardinal del pueblo.

Este tipo de carencias, si bien forman parte de una responsabilidad y una deuda con los indígenas que las instituciones mexicanas no hemos podido cumplir, se agravan también por esta situación particular.

El factor económico y la dispersión de las propias comunidades son un obstáculo para la atención a los pue­blos indios, ¿hay otros obstáculos, ya de carácter cultural o de otro tipo, para cumplir con esta tarea esencial de por lo menos dignificar sus niveles de vida?

No, los únicos obstáculos son el económico; influye también el grado de dispersión, y el más importante es el gran rezago en la dota­ción de servicios básicos. Es un rezago histó­rico contra el cual tenemos que luchar en dos sentidos: abatirlas carencias actuales y alcan­zar los niveles de repoblación de las comuni­dades.

La repoblación, la creación de nue­vas localidades indígenas y la alta tasa de reproducción de las comunidades, ¿es lo que hace más ardua la tarea de integrarlos al desarrollo y que la marginación parezca crecer en lugar de disminuir?

Efectivamente, ese es el efecto que se da cuando intentamos abatir estos índices en tér­minos numéricos, porque la suma de luz, agua, drenaje y vivienda conforma un indi­cador para establecer niveles o índices de marginalidad, esos índices no se pueden disminuir porque la población está creciendo año con año. En resumen, estamos atacando un grave problema, pero no se refleja en números y de ello se concluye que los niveles de marginación no se atienden.

¿Cuál es la tasa de reproducción en las zonas indígenas y cuál es el tipo de familia que predomina?

Si la composición de la familia es de cuatro personas en las áreas urbanas, en las zonas indígenas no es menor de siete: hablamos de cinco hijos de la pareja, pero también el abuelo o la abuela, o el tío o la tía que ya no se casa forma parte de esa familia. Entonces, para fi­nes de programación y cálculo tenemos siete en promedio por cada familia indígena.

En las ciudades, la edad promedio para ser madre ya rebasó incluso los 18 años y cada vez se va retardando más; pero en las zonas indígenas efectivamente -no es la generalidad- hay madres de 12 y 13 años, y por lo regular las parejas tienen sus primeros hijos a los 15 años de edad promedio, 14 la mujer, 16 el varón. Por esta razón no se puede dar la mis­ma proyección y la misma planeación de ser­vicios y de atención en las áreas zonas urba­nas que en las zonas indígenas.

De acuerdo con datos del INEGI -aunque no tan recientes: el censo del 90 y su actualización parcial del 95-, Veracruz tiene algunos de los munici­pios indígenas más pobres del país y Tehuipango se manejaba hace algún tiempo como el de más alta margi­nalidad, superando incluso a los mu­nicipios indígenas de Oaxaca. ¿Cuán­tos municipios de alta marginación existen en el Estado y cuáles son las ca­racterísticas para que tengan ésta ca­tegoría?

Tehuipango, Soledad Atzompa, Mixtla, San Juan Texhuacán, Ilamatlán y Texcatepec son los municipios mencionados, aunque no ne­cesariamente en ese orden.

Conapo, que es la instancia oficial para de­terminar esto, toma en cuenta precisamente los mínimos de bienestar que requiere una población. En ese sentido, las deficiencias de agua entubada en las viviendas, de drenaje, de carreteras, de niveles de ingreso, todo esto forma parte de una fórmula para establecer el índice de marginalidad.

La Secretaría de Salud maneja índices de vulnerabilidad, derivados de elementos simi­lares a los de la fórmula para distribuir los recursos del ramo 033 o del ramo 026. Sin embargo, también existen municipios en otros estados y regiones del país que presentan con­diciones incluso más difíciles que las del pro­pio Tehuipango.

Esa información que ubicó en Veracruz al municipio más pobre del país dio una sacudi­da a toda la estructura estatal. Nosotros tene­mos 25 años trabajando en la Sierra de Zongolica, pero a partir de que esto se dio a conocer mucha gente se sumó a los esfuerzos y se incorporó al trabajo. Hoy, salvo el pro­blema muy seno y muy grave de deforestación que tiene Tehuipango, la actividad económi­ca pudo regenerarse allí por su cercanía con Puebla, a través de un camino hacia San Juan Texhuacán, y es un municipio que ya ha re­basado con creces esa condición.

Incluso en municipios como Ilamatlán y Texcatepec, por los problemas de comunica­ción que tienen y el grado de dispersión de sus habitantes, sería aún más difícil rescatar su calidad de vida que en el propio Tehui­pango.

¿Cuáles son los avances en materia indígena, considerando lo importante que es la coordinación entre la Federación y el Estado, durante el sexenio del gobernador Patricio Chirinos?

El gobierno estatal por concluir tuvo una característica importante: si bien no ha cons­truido grandes obras, sí desarrolló un trabajo importantísimo. Hay acciones muy fuertes en materia de electrificación, en construcción de sistemas de agua para las comunidades, en materia de salud y de educación.

En cuanto al sector salud, con el programa de ampliación de cobertura, de 1996 a la fe­cha puede verse en cualquier región indígena que operan las casas del programa donde se da el servicio de salud y también las unidades móviles. Es un buen trabajo coordinado para acercar los servicios de salud a la población de las zonas indígenas veracruzanas, y fácil­mente el 95 por ciento de esas comunidades tiene hoy acceso a algún servicio de salud.

Si esto lo ligamos con la estrategia Progre­sa, tenemos una situación única en todo el país: los servicios de salud a la familia beneficiada con Progresa no se quedan en la atención de primer nivel y si alguno de los familiares o el propio beneficiario tiene problemas de salud con necesidades de segundo o tercer nivel, hay una instrucción del Gobernador para que se le atienda en los hospitales de la Secretaría de Salud y sin costo alguno. Esto está abatiendo el problema de salud y se ve, por ejemplo, en la disminución de enfermedades intestinales o de la piel por aguas contaminadas.

También observamos que en las obras financiadas a través de los ramos 033 y 026, tienen prioridad los sistemas de agua entubada y los caminos; después viene la construcción de un aula, la pavimentación de una calle, la reparación de drenajes, pero los recursos des­uñados a este ramo se dirigen a esas dos ac­ciones.

De esto se deduce que hay una política es­tatal de salud muy importante, pues los niños necesitan tener salud para cursar su educa­ción. Hay que atacar primero el problema de salud en las comunidades, y se actúa en cuan­to al agua, aunque también hay un progra­ma muy fuerte de letrinas secas o letrinas ecológicas, cuyas bondades son que no contaminan el manto freático y acumulan mate­rias que pueden utilizarse como abono. In­cluso nos llamaron la atención porque no es­tábamos tratando el agua, sólo se entubaba del venero y la llevábamos a la comunidad, pero ahora debemos cumplir algunos requisi­tos.

No ponemos plantas potabilizadoras por­que no tenemos los recursos, pero sí promo­vemos cuestiones muy prácticas: tratamien­tos a base de cobre en las vasijas donde la gente almacena su agua, la práctica del her­vido, en fin. Esto tiene que ver mucho con la salud, pues no se trata tanto el abatir el índice de que no tienen el agua potable, sino que la promoción de la higiene está ligada a una política de salud e influye en la política edu­cativa.

En este sentido, considerando la dis­persión de las comunidades y la falta de recursos, pero también reconocien­do que con todo ha habido avances en lo que va de este gobierno, ¿faltaría algo por hacer como una política ge­neral que ataque ciertos problemas propios de las comunidades?

Más que diseñar algo nuevo lo importante es afianzar aún más la política de transferen­cia de recursos a los municipios porque de alguna manera, y con todas las críticas habi­das y por haber, esto es un detonador impor­tante para responder de manera inmediata a los problemas, ya que puede atenderlos el municipio con los recursos que recibe.

Entonces, lo necesario es democratizar más los consejos de desarrollo municipal, darle un poco más de participación a la propia socie­dad y a las comunidades, y a partir de eso entrar en la corresponsabilidad entre las pro­pias comunidades, colonias y todo lo que tie­ne que ver en la composición del municipio y sus autoridades.

En este momento, el tema del indigenismo y de los pueblos indios está en la mesa de debates nacional, pero una política integradora federal o estatal hacia las comunidades indí­genas, ¿existe como tal o sólo puede ser viable?

Hay una política social, y la política indi­genista tiene que ver con esa política social cuya parte integradora es el municipio. Nues­tra política social, en ese sentido, consiste en sumarnos alas acciones y a los esfuerzos mu­nicipales.

Llevamos tres años en este ejercicio, un pri­mer año de adaptación de las dependencias y de los propios alcaldes, porque los alcaldes que se capacitaron con el modelo anterior, de lle­var sus recursos y establecer su concepto de desarrollo, ya se fueron. Tenemos una nueva generación de alcaldes que está aprendiendo el proceso, ya les tocó vivirlo como parte de los consejos o de sus propias comunidades y ahora les toca a ellos conducirlos.

Entonces, la nuestra es una política social más que integradora, y su sentido es que pu­diese haber una institución para aglutinar, dirigir y ordenar esa política con el fin de for­talecer el trabajo del municipio porque está en marcha el proceso de federalización.

¿Podemos decir que los niveles de organización social de las comunida­des indígenas son incipientes aún?

Tiene tres años, es incipiente, y la organiza­ción social y económica de los pueblos indios es ancestral. Los compañeros amoldan esa estructura organizativa interna de la comuni­dad en función de la política que está apli­cando el gobierno en ese momento.

Eso es muy importante porque en las de­pendencias hemos trastocado muy fuerte los esquemas de organización y de participación comunitaria; por ejemplo: si la política que implementa hoy el gobierno obliga a que los compañeros se agrupen como comités loca­les para recibir un financiamiento, pues se agrupan como comités locales; si llega el INI y dice: "No, tienen que ser fondos regionales", entonces hacen su fondo regional; y si ahora llega Fonae y requiere cajas solidarias, los compañeros se amoldan a ese esquema.

De este modo se arraiga todavía más el pro­ceso de federalización, pues a partir de ahí, si mi esquema de organización comunitaria y de participación es tal, pues ya no tengo que ir al INI ni a las demás dependencias, porque la instancia en términos de dirección de las políticas es el municipio y en él se define cómo serán los mecanismos de participación comu­nitaria.

¿Qué tanto caemos en los prejuicios cuando aplicamos conceptos de socie­dad urbana a las comunidades indíge­nas en el tema de la vulnerabilidad de los derechos humanos? Pues se habla mucho de derechos humanos, pero ¿cuál es el diagnóstico sobre esta rea­lidad particular?

Nosotros iniciamos una acción que hoy es uno de los ejes más importantes del trabajo institucional: la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indios. Pero los dere­chos de los pueblos indios no son únicamente los derechos humanos: hay derechos sociales, políticos, económicos, culturales y obviamen­te derechos humanos que tienen que ver con la integridad física del individuo.

En ese contexto es que trabajamos: impul­sando y promoviendo el derecho cultural, político, económico, social y el trabajo de ¡os derechos humanos. Y como institución evita­mos jugar un papel protagonice) para no ser juez y parte. Yo no sé qué otra dependencia lo haga, pero año con año el INI emite una convocatoria a nivel nacional para que orga­nizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, universidades y grupos de académicos presenten proyectos sobre defensa y promo­ción de los derechos humanos.

En ese sentido, el Instituto ha trasladado la ejecución y la operación del proyecto en esta área importante de la sociedad civil, aunque no la responsabilidad. Lo que hacemos es ges­tionar el financiamiento de un proyecto, y después únicamente acompañar a quien lo aplicará.

Los compañeros de las asociaciones civiles están en Huayacocotla, Chicontepec, Papantla, Otontepec, Zongolica, Huixila, Sochiapa, Acayucan y en el Uxpanapa. Ade­más, en todo lo largo y lo ancho del Estado hay asociaciones civiles que no las financia el Instituto, pues aquí sólo financiarnos el pro­yecto que se presenta. Estos organismos di­rectamente representan los casos y cuando hay necesidad le trasladarnos el recurso para el pago de una fianza, pero la relación es entre la organización y el preso, de tal suerte que ellos establecen el mecanismo de recuperación y mediante ello nos regresan el monto para que después podamos volver a utilizarlo.

En este momento, ¿cuántos indígenas estarían presos en las cárceles veracruzanas?

Desde hace cuatro años hacemos un "censo penitenciario". Lo actualizábamos hasta el año pasado cada tres meses, pero tuvimos re­ajustes de personal y eso nos ha dificultado la actualización. Tenemos un promedio de 322 expedientes individuales, es decir: se han visi­tado ya todos los penales del Estado, se ha establecido contacto con cada uno de esos compañeros para hacer su expediente, revi­sar su causa penal e iniciar los trámites para ver si pueden obtener una libertad anticipada.

Traíamos arrastrando una cifra de 790 a 810 reclusos, a partir del 95 liberamos un pro­medio de 450 al año, pero cuando actualiza­mos el censo volvimos a encontrar los 790, los 810. El último dato es que en Veracruz tenemos 651 reclusos indígenas.

¿Y cuál el delito más recurrente?

Lesiones y daños a terceros, afortunadamen­te los delitos de tipo federal o por homicidio, que también se dan, son los menos.

¿Esto se da por invasiones o por tie­rras en disputa?

O por broncas entre ellos. Además el alco­holismo es grave.

A raíz del levantamiento armado del 94 en Chiapas, la presencia militar si bien era lógica y natural en las comu­nidades, se incrementa substancialmente. En Veracruz, con una pobla­ción indígena importante, ¿qué reper­cusiones ha traído, si es que ocurre, la presencia de militares en las zonas in­dígenas?

En principio, más que una agresión, es una cuestión de lo que impone el uniforme. Los compañeros se asustan y se preocupan, aun­que por la costumbre de verlos se ha vuelto una situación casi normal. En el caso de la Huasteca, los destacamentos ahí están, patru­llan, regresan y no hemos tenido nosotros queja de que los soldados hayan cometido atropellos.

¿Tiene usted un registro de cuántos militares hay destacados a la zona?

No sé. Nosotros hemos cuidado no caer en ese tipo de investigaciones porque resulta contraproducente para donde quiera que uno se mueva, pero además no es nuestra función. Si hubiese una demanda de un compañero de que se metieron a su parcela, le tumbaron el maíz o la cerca, y solicita un abogado, en­tonces se lo mandamos.

¿Hay un impacto real o conocimien­to del movimiento armado en Chiapas en las zonas indígenas de Veracruz?

Sí lo hay. Uno de los primeros documentos que difundimos que fueron los Acuerdos de San Andrés, y por la radio que tenemos en Zongolica transmitimos las noticias que apa­recen todos los días en los periódicos. Y esto tiene que ver con los derechos: quienes vivi­mos en la ciudad podemos leer todos los días los periódicos, revisar la información de Internet y contar con todos esos servicios, pero los compañeros no, yeso lo considero injusto. De modo que una de nuestras funciones es precisamente mantener informado al compa­ñero de la situación y los problemas que está viviendo este país.

¿Y cuál ha sido el impacto entre la gente, desde un punto de vista diferen­te?

Por principio de cuentas lo que dice la gen­te es "gracias, porque sino no trae la informa­ción no nos enteramos". Hemos tenido mu­chísimas reuniones con ellos, no en cuanto a determinar si el movimiento está bien o no porque además tampoco nos toca juzgarlo, sino sencillamente estos fueron los plantea­mientos, éste ha sido el desarrollo de los tra­bajos, éstas han sido las propuestas.

Los compañeros tienen el documento de la COCOPA, la propuesta del Presidente, la propuesta del PAN y el intento de propuesta que hizo el Partido Verde Ecologista; creo que son todos.

¿Cuál es el interés de las comunida­des en dar seguimiento a este tema, del que también son protagonistas?

Nos lo exigen. Nos reunimos cada mes con las asambleas de delegados de los fondos re­gionales y un punto que ellos nos piden tra­tar es qué ha pasado, cómo va el proceso de negociación, qué sigue. Sí, la población está informada y se interesa sobre todo en el desa­rrollo de los acuerdos.

Los especialistas del tema afirman que en México se desarrolla un proce­so de globalización, pero el país reac­ciona, como muchas naciones del mundo, con la rehabilitación de las diferen­cias étnicas. ¿La autoafirmación de los indígenas es consecuencia de las cir­cunstancias en que se da este proceso en México?

De este proceso cabe destacar dos aspectos: Uno tiene mucho que ver con la opinión de un gran bloque de intelectuales del indigenismo, pero donde está la gran disputa y el gran entrampe es el debate en términos jurídicos.

No obstante, no es que estén revitalizando sus diferencias, pues la identidad y la pertenencia de ellos a su pueblo está y se da, se defiende y se honra. Pero ciertamente a par­tir del movimiento del 94, como que dijeron: "Sí, efectivamente nosotros somos indios, y qué bueno porque hay otros que también lo son", y así como ha existido la organización comu­nitaria, la cuestión de identidad existe y ahí está.

A veces se habla de autonomía y de autodeterminación, pero desde la perspectiva de los pueblos indios, ¿ellos desean ejercerlas o qué es lo que demandan?

En principio no creo que sea esa la perspec­tiva de los pueblos indios, pero mi respuesta sería institucional porque es muy difícil y muy complejo discutir este tipo de conceptos. Ha sido muy difícil tratar estas cuestiones con ellos, ya que es necesario explicar qué quiere decir autonomía o autodeterminación, y se necesi­ta de todo un proceso educativo formal.

Creo que autonomía es un concepto más amplio que autodeterminación. Incluso el concepto de autodeterminación en forma práctica yo lo veía como parte de la autono­mía, es decir: la autonomía lo es todo, quere­mos regirnos y normarnos bajo nuestras pro­pias leyes sin contrapuntearnos con la Consti­tución, el Pacto Federal y la soberanía nacio­nal. Pero la autodeterminación tiene que ver con el uso de algunas facultades que da la autonomía: la autodeterminación para elegir cómo serán los órganos de representación al interior de la comunidad y quienes los inte­gran, es una facultad que otorga el propio consejo de autonomía.

Ante el entrampe de la resolución del indigenismo en México, tomando como punto de partida el conflicto en Chiapas, ¿queremos imponer criterios o conceptos que nada tienen que ver con la realidad indígena?

Siempre hemos procurado que la asamblea, como órgano máximo de autoridad en las comunidades, sea la que defina y determine lo que se exige y se reclama. A partir de ello llevarnos los conceptos de autonomía, de te­rritorio, de pueblo, a la asamblea de cada comunidad; pero debemos atacar primero el problema educativo y a partir de ahí cons­truir la discusión.

Esto no quiere decir que no hayamos lleva­do los conceptos. Los llevamos, los hemos tra­tado con los compañeros con quienes traba­jamos que de algún modo son los represen­tantes. Es frecuente que éstos representantes se distingan en su organización o en la comu­nidad por sus estudios, lecturas o porque han recibido capacitación, y en esa medida tienen cualidades de liderazgo.

En Veracruz se dio una consulta pú­blica que entre otros temas trató la cuestión de los derechos indígenas. ¿Hubo algún beneficio concreto para las comunidades indígenas a partir de esta consulta o se quedó nada más en un buen intento, en una buena intención?

Creo que fue una buena intención, y los re­sultados de esta consulta estatal sirvieron a la gran consulta nacional para poder estructurar la propuesta de reforma constitucional en­viada por el Presidente. Los efectos de esta consulta se verán una vez que el Congreso determine, en su momento, qué pasará con las propuestas de reforma constitucional que existen.

¿Cuál es el reto esencial que hacia el nuevo siglo tenemos frente a los indí­genas mexicanos y especialmente de Veracruz?

Primero es necesario cambiar nuestra acti­tud, es decir: quitarnos de la cabeza ideas preconcebidas porque al mezclar el sentimien­to con la objetividad se distorsionan las cosas. Somos un país diverso, cuya riqueza está pre­cisamente en su diversidad, así tenemos que aceptarnos pues no debemos ver a la socie­dad y a los pueblos indios a partir de prejui­cios paternalistas en términos de "pobrecitos".

Asimismo, en lugar de ver en los indígenas únicamente folklore, veámoslos como seres humanos que son, que están en una condi­ción de inequidad respecto de quienes vivi­mos en las ciudades. Al parecer, queremos que se resuelva todo con una varita mágica, pero sin trastocar, sin mover y sin cambiar patro­nes de conducta y actitud en las grandes ciu­dades.

La realidad indígena implica al proyecto de nación, y por ello tenemos que cambiar cosas acá para poder presentarnos con esa frente en alto. Ellos ahí están, ellos ahí estaban y es­tarán cuando nosotros ya no estemos, porque es una raza muy fuerte y muy inteligente, con unas raíces de lo más profundas y arraigadas imaginables.

Entonces, el reto fundamental que tenemos con los pueblos indios es abatir ese rezago his­tórico y cumplir con esa gran demanda de atención. Las acciones van caminando y creo que pueden darse al fortalecer el trabajo mu­nicipal, pues a partir de ahí democratizare­mos todavía más los procesos de adjudicación y selección de obra.

Por otro lado, quienes trabajamos en las dependencias también debemos cambiar nuestra actitud protagónica, para considerar­los sujetos de atención en lugar de objetos de desarrollo, porque ellos son precisamente los actores más importantes de un proceso que les compete, pero todos los demás nos damos golpes de pecho y nos persignamos con nada más que las buenas intenciones.

Hay que brincar esa barrera para sumarnos a un proyecto que tiene que ver con 11 millones de compañeros que ahí están y esperan que la sociedad actúe conjuntamente con el gobierno para poder darle respuesta a sus demandas y a una deuda histórica que tenemos con ellos.

* Javier Sandoval García tiene estudios de ingenie­ría y actualmente es titular de la delegación Veracruz del Instituto Nacional Indigenista.