FOBAPROA y la economía de casino

Lauro Trujillo Anaya *

La solución a la actual crisis bancaria de México depende hoy de acuerdos frágiles, del éxito en las negociaciones políticas y de que prevalezca el interés de la Nación en las decisiones que se tomen al respecto. Sin embargo, por muy difícil que pueda parecer lo anterior, todo eso no será suficiente para financiar el desarrollo si los factores que generan la incertidumbre continúan ubicándonos en una "economía de casino"; la cual parece ser parte medular del proceso de globalización que enfrenta el país.

Los bancos son mucho más que simples intermediarios en un moderno sistema de pagos: son corporaciones preponderantes en el mercado de dinero y de capitales. En México, después de su reprivatización se enfrascaron en la, vorágine de los autopréstamos, los préstamos para proyectos sin viabilidad o con bienes públicos como garantía, todo ello aderezado con el alza de las tasas de interés (que en 1994 alcanzaron en promedio el 80 por ciento), lo cual fue uno de los corolarios económicos del asesinato de Colosio y castigó severamente a miles de pequeños y medianos acreditados de la banca que irremisiblemente vieron perder su patrimonio, viviendas o empresas.

A últimas fechas sea conocieron datos sobre la triangulación de grandes cantidades para financiar la campaña del partido oficial en las elecciones presidenciales de 1994, por cuenta del Banco Unión del prófugo Cabal Peniche (13 millones de pesos), de Ángel Isidoro Rodríguez, "El Divino", quien dio amplios detalles a una comisión de diputados (2 millones de dólares), y de Gerardo de Prevoisin, ex director de Aeroméxico (8 millones de dólares). Ante la sospecha -porque la información no ha fluido libremente- de que esos y otros recursos hayan ido a parar al FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), el PRD solicitó que se investigue y el IFE tuvo que dar curso a la queja, a pesar de que el PRI intentó minimizar el asunto y considerarlo como "cosa juzgada".

En el actual sexenio, el FOBAPROA, instrumento creado supuestamente para salvaguardar los intereses de los ahorradores e inversionistas, fue absorbiendo pasivos, deudas muchas de ellas impagables, que ahora el gobierno federal pretende convertirlas en deuda pública, por un monto de 552 mil millones de pesos, lo cual impactaría negativamente el gasto social durante muchos años. Ante esto, resultan absurdas las declaraciones emitidas por la Secretaría de Gobernación en el sentido de que "no es el pueblo quien va a pagar esta deuda, sólo los contribuyentes" (Luis del Valle, La Jornada 3-IX-98).

El nuevo escenario en la Cámara de Diputados impide al PRI ejercer la mayoría "automática" de otros tiempos. En tanto, el PRD realizó una consulta nacional el 30 de agosto a la que asistieron más de 3 millones de ciudadanos, 95 por ciento de los cuales rechazaron la propuesta del Gobierno. El PAN la declaró igualmente inconstitucional apelando al Artículo 73 de la Constitución que a la letra dice: "Es facultad del Congreso reconocer, aprobar y mandar pagar la deuda nacional

La arrogancia tecnocrática que pretende apoyare en una razón técnica ajena a la política, se vio obligada a reconocer que su proyecto será objeto de negociación y cambios, que se tendrá que auditar la cartera vencida e iniciar procesos judiciales allí donde se encuentren fraudes. El interés de la Nación está por encima del "secreto bancario", que por lo demás es cotidianamente violado por los bancos con el cruce de información sobre los clientes. La lista de deudores (incompleta y tal vez no actualizada) que publicó el PRD incluye a grandes consorcios y connotados miembros de las elites empresariales, quienes tendrían que demostrar que realmente no pueden pagar.

Por lo pronto, la Cámara de Diputados contrató al consultor canadiense Michael McKey para auditar al FOBAPROA, con la obligación de mantener la confidencialidad: sólo el comité camaral tendrá acceso a los documentos generados. Sin embargo, considero que deberá prevalecer el criterio de no aceptar que se maneje como información privada lo que se pretende endosar como deuda pública.

Por eso es de esperar que en el futuro los fraudes con el FOBAPROA sigan ocupando las primeras planas de los periódicos. A este respecto, el procurador fiscal de la Federación, Ismael Gómez Gordillo, informó que en breve se darán a conocer los nombres de 198 funcionarios de alto nivel (¿de los bancos o del gobierno?) involucrados en 100 procesos legales y que otra lista se podría conocer el abril de 1999, después de las auditorias (La Jornada 17IX-98).

Ese anuncio ya implica una flexibilización de la posición gubernamental y se hizo después de la firma de un "acuerdo marco" (o carta de intención) entre las Secretarías de Gobernación y Hacienda y los 5 partidos el 14 de septiembre, para destrabar el asunto y tal vez dictaminarlo en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados.

Son dos las principales diferencias que incluso ponen el riesgo la permanencia del PRD en las comisiones creadas: una se refiere al monto del costo fiscal y la otra, que no es de simple procedimiento, si primero se aprueba el paquete o primero se depuran las operaciones fraudulentas. Dada la magnitud del problema y el carácter neurálgico del sistema bancario para la economía, es inevitable el crecimiento de la deuda pública interna. El mayor acuerdo, no suficientemente aclarado, implica apoyar a los deudores.

En el quiebre del sistema bancario se pueden distinguir dos grupos: la parte mayor que alcanza los 390 mil millones de pesos, corresponde a bancos quebrados, desaparecidos o intervenidos. Es probable que en este grupo se englobe el mayor costo fiscal (por determinar). Por otro lado están los bancos que siguen dirigidos por sus propietarios desde su reprivatización, cuya cartera vencida asciende a 160 mil millones de pesos, mientras que sus- activos totales alcanzan los 60 mil millones de pesos. En este grupo se encuentran BANAMEX, BANCOMER, SERFIN, BANORTE Y BITAL. En ellos son factibles ciertos márgenes de recuperación de las deudas e inclusive que parte de su "rescate" sea a cuenta de utilidades futuras, de tal manera que los propietarios de los bancos pudieran absorber aproximadamente un 25 por ciento de sus quebrantos. Hasta ahora todo está a discusión, los acuerdos son frágiles y las negociaciones lentas.

La triste historia de los pobres banqueros y sus deudores magnates contrasta con la reciente información divulgada por el Boletín de la Reserva Federal de Estados Unidos (La jornada 19-IX-98), según la cual existen mexicanos que tienen depositados 37 mil millones de dólares en bancos de aquel país, lo que equivale a casi el 58 por ciento de los pasivos del FOBAPROA y un 29 por ciento más que las reservas internacionales de divisas en poder del Banco de México hasta el 11 de septiembre de 1998. Además, esos depósitos han crecido permanentemente desde la crisis de 1994 en un 135 por ciento y un 10 por ciento si tomamos como referencia diciembre de 1997. Ante ese panorama, sería factible establecer una. fiscalización internacional para qué quienes puedan pagar lo hagan.

Mientras, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, ya anunció que el presupuesto del Gobierno Federal para 1999 se verá afectado por los bajos precios del petróleo y por los recursos que se destinarán al FOBAPROA. Los recortes se deberán cubrir con fondos de subsidios, bienes y servicios y con la descapitalización de PEMEX, CFE, menor infraestructura, etcétera.

Por último, la discusión de detalle obliga a separar a los grandes y los pequeños deudores. El PRD propone que se excluya de cualquier beneficio a los deudores con sumas mayores a 50 millones de pesos que corresponden a los 500 grupos empresariales más poderosos del país (cuántos de ellos tendrán grandes sumas de dólares en bancos de Estados Unidos?). El PAN se mostró a favor de que se beneficie a deudores hipotecarios hasta por 500 mil pesos y lo mismo para los sectores industrial, agropecuario y pesquero. El PRI se declaró a favor de que se amplíen los plazos de prescripción para los delitos "de cuello blanco", se ajuste la legislación para convertirlos en delitos graves y se reduzca la carga fiscal en un 30 por ciento. La Secretaría de Hacienda propone que los diputados asuman un compromiso presupuestal no menor a 35 mil millones de pesos anuales (¿por cuantos años?) y propone "quitas" (descuentos) variables a deudores con obligaciones menores a 500 mil pesos.

Los optimistas afirman que para fines de octubre estará listo el acuerdo para llevarlo al pleno de la Cámara de Diputados, el presidente Zedillo les pidió a éstos que se pongan a hacer su trabajo, pero no dijo que la información pertinente fue entregada apenas a principios de septiembre. El nivel errático de las tasas de interés, el anatocismo (cobrar intereses sobre intereses, sobre lo cual está pendiente una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), los altibajos en la Bolsa de Valores, la volatilidad de las inversiones extranjeras de corto plazo, la crisis asiática, la inflación, el riesgo del estancamiento económico y la subordinación de la economía real a los afanes especulativos, nos ubican en una especie de "economía de casino" que parece ser parte medular de la globalización económica.

La atenuación de la atonía mundial sólo podrá provenir de las potencias económicas agrupadas en el Grupo de los Siete. De ellas depende que el capitalismo no destruya al capitalismo.

* Catedrático de la Facultad de Sociología de la UV.