Inmoralidad del poder

Sergio A. Altamirano Herrera *

El apoyo al régimen se ha trasladado de las organizaciones partidarias de base, que garantizaron por muchos años el voto corporativo, a las elites financieras, que hicieron posible su continuidad. Consecuencias de ello, que se reflejan en el caso FOBAPROA, son la pérdida de credibilidad en la figura presidencial, la incertidumbre social y económica de la sociedad y la emergencia de organizaciones políticas opositoras al PRI.

El Poder Ejecutivo en el sistema político mexicano se encuentra más desacreditado que nunca. Por lo menos su actual representante, el presidente de la República, arrastra el desprestigio de la duda por la sospechosa manera en que obtuvo el triunfo en las elecciones de 1994. Su legitimidad está siendo duramente cuestionada por los hallazgos políticos del caso FOBAPROA que, en una de sus vertientes, apunta al ilegal financiamiento de su campaña electoral por grandes empresarios, banqueros y ejecutivos de entidades paraestatales, beneficiarios de los fondos del FOBAPROA y -con la aplicación de tales recursos- generosos concesionarios del éxito de Ernesto Zedillo Ponce de León y su no menos desacreditado partido.

Desde 1988 este país comenzó su tránsito hacia la democracia. Paradójicamente, con una derrota del partido y la candidatura que mejor representaba los intereses de la mayoría de los mexicanos en lucha contra el proyecto privatizador, el cual fue abanderado e impulsado desde dentro por el "Caballo de Troya", el grupo neoliberal en el poder. Más tarde sabríamos que el fraude cibernético desvió el cauce cívico natural de ese momento electoral.

La aplicación inclemente del proyecto neoliberal durante el sexenio salinista, pleno de destructores efectos en la planta productiva nacional y en la estructura del empleo, acabaron de convencer a propios y extraños de la necesidad de llevar a la Presidencia de la República a un partido más identificado con los intereses de la Nación. La oportunidad la tuvimos en julio de 1994 y, sin embargo, los deseos de cambio no brotaron a la superficie porque una vez más el PRI ganó -inexplicablemente- la contienda electoral.

Cuatro años después, los mexicanos tenemos la explicación de tal contradicción cívica: la radiografía política obtenida a partir de la ventilación del asunto FOBAPROA nos permite descubrir el "virus" financiero de amplio alcance que empujó atrás la rueda de la historia democrática en México.

Si antes las centrales obreras, con sus formas corporativas de generar el voto, eran las garantes de los triunfos electorales del PRI; hoy, en tiempos en que el Estado corporativo ha desaparecido y parte de su otrora fortaleza económica se ha trasladado al sector privado, los métodos electorales eficientes son discreta competencia de banqueros y empresarios quienes, en complicidad con miembros de la minoría poderosa -y con dinero ajeno proveniente del FOBAPROA-, aportan grandes recursos a la contienda electoral, creando allí un "mercado negro" paralelo que determina -al margen de la voluntad de la mayoría ciudadana- las impredecibles victorias del partido oficial.

Como podemos apreciar, existen obstáculos reales a la democratización de la sociedad mexicana. En nuestro país ya existen partidos políticos verdaderos, funcionan instituciones y leyes electorales equitativas y -especialmente- se manifiesta una ciudadanía de carne y hueso, real, cierta y participativa, la cual acude a sus compromisos electorales para expresar su voluntad.

Tales circunstancias son condiciones mínimas que le permiten a México y a cualquier nación avanzar hacia la democracia. Para que así sea necesitamos cultivar el respeto a las instituciones y leyes electorales; mas no podremos hacerlo si la elite tecnócrata en el poder asociada con miembros de las camarillas financieras y empresariales, cobijadas con el manto protector de la impunidad y bajo una moral propia de mafiosos, estimula el ejercicio de la ilegalidad mediante la compra de eventos electorales a través de inversiones cuantiosas en obra pública, derrama de recursos en los sectores más necesitados, el abuso en los medios de comunicación y los excesos en los gastos de campaña; factores que en su conjunto propician la creación de condiciones artificiales que inducen al votante a favorecer al partido oficial.

Bajo estas nuevas circunstancias apareció el "affaire FOBAPROA" y con ello se destapó la cloaca presidencial, cuando los mexicanos nos enteramos en marzo de las pretensiones del presidente Ernesto Zedillo para liberar a banqueros y grandes empresarios de elevadas deudas crediticias.

Para empezar, las fracciones parlamentarias de oposición en el Congreso rechazaron tajantemente la iniciativa presidencial, en base al enorme monto de la deuda motivo de la discusión. Más tarde conoceríamos los razonamientos técnicos y legales de la fracción parlamentaria del PRD, los cuales apuntaban a señalar las violaciones a la Constitución cometidas por el Presidente de 1a república al hacer uso del dinero de la Nación para destinarlo a proyectos ajenos a los requerimientos normativos.

¿Qué ha perdido la figura presidencial?

1. Credibilidad. El desempeño irresponsable en cuanto al FOBAPROA, tanto del representante del Poder Ejecutivo como de sus principales colaboradores en materia financiera, tales como el Secretario de Hacienda, los miembros de la Comisión Nacional Bancaria y el titular del Banco de México -en suma, la ineptitud mostrada-, ha ocasionado la desconfianza del ciudadano común hacia su Gobierno.
2. Honorabilidad. Cuando el manejo de los Fondos se hizo público, nos enteramos de que empresarios y banqueros se convirtieron en beneficiarios de los préstamos del Fondo sin cumplir con las garantías marcadas por la Ley, aunque en realidad sirvieron como intermediarios de los recursos entregados de forma ¡lícita al partido oficial y sus candidatos, entre quienes se encontraría el mismísimo hoy Titular del Poder Ejecutivo.

¿Qué nos revela este comportamiento? La existencia de una red clandestina de complicidades y vasos comunicantes entre las instituciones bancarias, las cúpulas empresariales y los aparatos políticos del sistema, porque al parecer, el agotamiento de las minas del voto corporativo ha llevado a los miembros de la elite tecnocrática a pensar en fuentes subterráneas de financiamiento. Su rango académico -egresados de Harvard- no les permite bajar del pedestal doctoral para entrar en acuerdos y negociaciones con sus interlocutores históricos: los dirigentes de las diversas centrales obreras y campesinas.

Existe además un condicionamiento estructural vinculado al proceso privatizados de la economía, impulsor de una reestructuración de la clase política mexicana -"dinosaurios" contra "bebesaurios"-, donde los integrantes de la camarilla tecnócrata y creadores del proyecto neoliberal, se colocan en la cima de la elite dirigente y, a tono con su aristocrático desempeño político, buscan el impulso con los nuevos concesionarios del éxito: los señores del dinero, es decir, banqueros y empresarios.

Los miembros de esta nueva elite estuvieron colocados oportunamente en diferentes y estratégicos puestos -Nacional Financiera, bancos y empresas paraestatales- y desde esos lugares cumplieron con eficiencia los roles asignados. La camarilla ha sabido recompensar a sus miembros: muchos de ellos siguen ascendiendo dentro del escalafón de la administración pública, algunos más gozaron y siguen disfrutando de la impunidad del poder, en tanto otros salieron del país con las maletas llenas de dinero ajeno.

¿Qué le exigen banqueros y empresarios al Poder Ejecutivo? El pago de la factura: "Nosotros te apoyamos, ahora apóyanos". Ante la presencia de una Presidencia débil frente a un Poder Legislativo de mayoría opositora, y en el particular contexto de un sistema político presidencial en decadencia, neobanqueros y miembros de las cúspide empresarial esperaron la conversión mecánica de los pasivos privados del FOBAPROA en deuda colectiva, o deuda pública.

La respuesta la sabemos: legisladores de todos los colores políticos, reprueban la iniciativa presidencial. Hacen la contrapropuesta correspondiente y algunos de ellos -luchando contra sus propias inclinaciones políticas-tienen que decirle "no" al Presidente.

El caso FOBAPROA ha puesto en evidencia el axioma del poder gubernamental relativo a "gobernar para todos". Si algo se ha convertido en un foco de atención para la opinión pública ha sido el carácter preferencial del gobierno zedillista, quien ha medido los beneficios a los empresarios nacionales, en términos de facilidades crediticias y de pago, con dos varas: la más larga ha sido para los grandes empresarios, la más corta la ha aplicado con los pequeños y medianos empresarios. Para éstos últimos va todo el peso de la política económica en su variante financiera y bancaria, quienes no han podido pagar, atrapados entre las redes de la devaluación de 1994, la elevación de las tasas de interés y el cobro de intereses de los intereses.

Pequeños y medianos empresarios de los diversos sectores económicos, así como deudores hipotecarios, son desprotegidos y abandonados por parte del Gobierno; mientras neobanqueros y grandes empresarios fueron subidos al barco del FOBAPROA. Pequeños y medianos empresarios siguen agobiados por las exigencias de pago con saldos de quiebras colectivas y pérdidas de patrimonios familiares y, en los peores casos, pérdidas de vidas humanas de quienes no han soportado el doble peso del estigma de deudor y la ruina de su patrimonio.

Acaso para llegar al umbral del Primer Mundo y acceder a la modernidad nuestro país necesita pagar tan alto precio? La cuota de sacrificio moral e institucional es tan grande como el monto de la deuda del FOBAPROA. Nos queda una esperanza: los resultados de la controversia legislativa y la aplicación de la auditoria al FOBAPROA.

De aquí se desprenderán medidas legales que pondrán a cada quien dentro de la estatura moral que les corresponda.

* Sergio A. Altamirano Herrera, sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador del Centro de Estudios para la Transición Democrática.