Los partidos políticos y el Gobierno ante el Fobaproa

Los partidos políticos y el gobierno ante el Fobaproa

Con el objetivo de proteger los capitales bancarios mexicanos, la creación del fideicomiso FOBAPROA y su posterior quebranto han suscitado, además del grave problema económico, el cuestionamiento del sistema financiero nacional por parte de la opinión pública, los partidos políticos y la sociedad. Las consecuencias sociales de un posible error en la política económica en el corto plazo hacen necesaria la búsqueda de corresponsabilidad en la decisión que será tomada ante ello. Exponemos a continuación los hechos relativos al FOBAPROA y las propuestas de solución, tanto del gobierno como de los partidos políticos

Breve historia del FOBAPROA

El FOBAPROA es un fideicomiso constituido en el Banco de México en 1990, con aportaciones de los bancos que en ese entonces eran propiedad del estado. Cada institución de crédito debe aportar tres pesos por cada mil de captación.
De acuerdo con la ley que creó el FOBAPROA, el Banco de México actúa como fiduciario, los fideicomitentes son los bancos y el Ejecutivo Federal -a través de la Secretaría de Hacienda- y los fideicomisarios son el Banco de México y los bancos depositantes.
En su concepción original, el FOBAPROA funciona así: los bancos comerciales hacen aportaciones periódicas al fideicomiso. El FOBAPROA otorga un seguro que cubre totalmente a inversionistas y ahorradores. El seguro se hace efectivo en caso de insolvencia de una institución de crédito. En todos los casos, los accionistas de los bancos responden hasta por el 100 por ciento del capital de su institución.
Desde que fue creado y hasta septiembre de 1994, el FOBAPROA había recibido aportaciones de los bancos por 15 mil millones de pesos. Ese mes, el gobierno detectó un quebranto en los bancos Cremi y Unión, provocado por operaciones ilegales realizadas por su propietario Carlos Cabal Peniche, quien desde entonces es prófugo de la justicia mexicana.
El Gobierno Federal decreta en septiembre de 1994 la intervención gerencial de Unión y Cremi. El Estado está obligado por ley a garantizar el 100 por ciento de los depósitos del público ante un quebranto en cualquier institución del sistema financiero.
Los recursos aportados por los bancos al FOBAPROA hasta esa fecha son empleados en su totalidad para garantizar los depósitos y cubrir el quebranto provocado por la gestión de Cabal Peniche en Cremi y Unión.
El monto defraudado por Cabal Peniche supera los recursos depositados en el FOBAPROA. Entonces, el fideicomiso agotó sus fondos.
La devaluación de diciembre de 1994 y la crisis que vivió el país a partir de 1995 provocaron un incremento de las tasas de interés. El indicador líder del mercado, los réditos de los Cetes a 28 días, aumentaron de 8.81 por ciento anual en marzo de 1994 a 76.5 por ciento en el mismo mes de 1995.
Esta crisis se gestó el sexenio anterior con los elevadísimos déficit externos (100 mil millones de dólares entre 1990 y 1994) con el financiamiento insano de esos déficit con capitales especulativos, el sobreendeudamiento externo de bancos y empresas y con la sobrevaluación del peso.
Estalló en diciembre de 1994 con una devaluación descontrolada que, si bien debió ser de 30 por ciento, se fue a más de 100 por ciento, disparando la inflación y las tasas de interés y colocando en imposibilidad de pagar a una gran cantidad de deudores. La crisis se agravó con la política "estabilizadora que causó una recesión sin precedente contemporáneo por su magnitud y sus costos económico y social, así como por llevar a la quiebra a millones de personas, miles de empresas y al sistema financiero.
Como resultado del aumento de las tasas de interés, miles de deudores no pueden pagar sus créditos. Esto provoca que todos los bancos enfrenten problemas de capitalización. El Gobierno Federal decide apoyar a las instituciones para garantizar el ahorro del público, invertido en unas 16 millones de cuentas.
El vehículo paró hacer llegar el apoyo a los bancos es el FOBAPROA, dado que su objetivo es garantizar el ahorro de los depositantes. Pero como el fondo había agotado sus recursos con Cremi y Unión, el gobierno empleó recursos fiscales para avalar el rescate financiero.
El FOBAPROA asume dos pesos de cartera de crédito de los bancos por cada peso que los accionistas de las instituciones reinvierten con fines de capitalización.
En lugar de pagar el costo del rescate con recursos líquidos, el Gobierno Federal entrega a los bancos unos pagarés a 10 años de vencimiento. Estos pagarés del FOBAPROA forman parte del activo de los bancos y sustituyeron créditos morosos cedidos al gobierno a cambio de compromisos de capitalización.
El monto de esos pagarés asciende a 552 mil 300 millones de pesos, unos 65 mil millones de dólares. Según los banqueros, los pagarés y la reposición de capital por parte de los accionistas han permitido respaldar los depósitos. La Asociación de Banqueros de México afirma que el desconocimiento de los pagarés como deuda del Gobierno Federal tendría un impacto directo sobre el capital y la solvencia del sistema financiero.
En marzo de este año, el Gobierno Federal envió al Congreso un paquete de iniciativas de reformas al sistema financiero. La más polémica es la que pretende convertir en deuda pública los pasivos asumidos por el FOBAPROA.
Los partidos políticos opositores al PRI, que forman mayoría en la Cámara de Diputados, exigen al gobierno información detallada sobre el rescate bancario, como condición previa para discutir la reforma al FOBAPROA.
El Gobierno niega la información bajo el argumento de que el secreto bancario impide revelar los nombres de quienes recibieron los créditos que fueron transferidos al FOBAPROA.

Fuente: periódico "La Jornada"

Propuesta del Gobierno

Se convierten los 552 mil millones de pesos del FOBAPROA en deuda de todos los mexicanos.
Se entrega a los banqueros bonos que pueden vender en el mercado y recibir dinero.
Se entrega además, cada año; 32 mil millones de pesos a los dueños de esos bonos, como pago de intereses.
Se aumenta el pago de intereses de la deuda pública en la misma cantidad, que pagarán todos los mexicanos con sus impuestos.
Se disminuye el gasto social, el Gobierno gasta menos en salud, educación, vivienda o aumenta impuestos, como el IVA o los precios de la gasolina, el gas y la electricidad de los hogares.
Dentro de veinte años todos los mexicanos pagarán el valor de los bonos que se entregaron a los banqueros.
Se rematan los bienes incautados como garantía de los créditos de los deudores de la banca, al mejor postor.
Se crea un nuevo organismo de protección al ahorro, llamado FOGADE, para proteger los depósitos de pequeños y grandes ahorradores.
Se incorpora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Banco de México.
Se liberaliza la inversión extranjera en los bancos mexicanos para poder venderlos a grupos financieros transnacionales.

Propuesta sostenida hasta el 29 de septiembre.

Propuesta del PRD

Se rechaza convertir los 552 mil millones de pesos de FOBAPROA en deuda de todos los mexicanos, porque es ilegal y viola la Constitución y la Ley de Deuda Pública
Se castiga a todos los altos funcionarios públicos, banqueros y empresarios que causaron el descalabro bancario, para que paguen 1a responsabilidad penal, administrativa y política que les corresponde.
Se exige la entrega de toda la información sobre los negocios del FOBAPROA y se realizan las auditorias de los grandes créditos.
Se aplica un programa para resolver definitivamente el problema de los pequeños y medianos deudores, destinando los recursos necesarios.
Se exceptúan de este programa y de cualquier favoritismo a los créditos de los 500 grandes grupos económicos.
Se constituye un organismo de protección para los depósitos de los pequeños ahorradores.
Se sanea y reforma el sistema bancario de México, para que sirva al desarrollo nacional, y para que no haya más fraudes y corrupción.
Se sustituyen las Afores privadas por una Afore Nacional, para beneficiar el desarrollo del país y a los pensionados, en vez de enriquecer a los banqueros.
Se convierte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un organismo público descentralizado y autónomo, para garantizar la transparencia y honradez en el funcionamiento de los bancos.
Se mantienen las restricciones legales de inversión extranjera en los bancos.

La propuesta del PRD fue presentada el 15 de julio.

Propuesta del PAN

Garantía de protección al ahorro y a los depósitos bancarios. Crear el Instituto público descentralizado para el Seguro de Depósitos Bancarios en México.
Programa de solución definitiva a la cartera de los pequeños deudores, haciendo descuentos de entre el 35 y hasta el 60 por ciento al monto de deuda en créditos hipotecarios.
Auditorias a fondo y castigo a los responsables en caso de ilícitos, ya sea que se trate de funcionarios, públicos, bancarios o clientes de los bancos, no sólo para que sean castigados sino para que devuelvan el dinero, y en su caso someterlos a acciones de juicio político.
Reformas legales que eviten el incumplimiento fraudulento por parte de los deudores que sí pueden pagar; se requieren reformas a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, a la legislación en materia de amparo y a la legislación penal, mercantil y civil sustantiva y adjetiva.
Asignación equitativa de los costos del problema con apego a derecho, que permitan una asignación equitativa y justa de los costos económicos del problema entre bancos, deudores y contribuyentes.
Reforma integral al sistema financiero, estableciendo un diseño institucional más sólido, equitativo y responsable, que permita verdaderamente financiar el desarrollo del país.

El Partido Acción Nacional presentó su propuesta a los medios de comunicación el 20 de agosto.

Propuesta del PRI

Reducir en por lo menos 30 por ciento (unos 165 mil millones de pesos) la deuda pública que se tendría que asumir derivada del FOBAPROA. Los banqueros tendrán que asumir como suya parte de esta reducción (unos 40 mil millones de pesos).
Hacer descuentos de hasta el 45 por ciento sobre el saldo de deudas a deudores hipotecarios cuyo crédito no exceda de un millón de pesos, buscando que el nuevo adeudo no sea superior al valor comercial de la casa o terreno familiar.
Hacer descuentos de hasta el 60 por ciento sobre pagos, anticipos o liquidaciones sobre los primeros 500 mil pesos, a deudores del sector agropecuario y pesquero acreditados antes del 30 de junio de 1996.
Hacer descuentos de hasta el 45 por ciento sobre los primeros 500 mil pesos de su saldo a empresas pequeñas, medianas, industriales y comerciales ,o de servicios y que hayan contratado crédito antes del 31 de julio de 1996.
Combatir con energía la impunidad. Una vez concluido el proceso de auditoria de la Cámara de Diputados respecto al "saneamiento financiero" cuidarán que se hagan públicos los resultados.
Restablecer la figura de la concesión para la prestación del servicio de banca y crédito.
Establecer en la ley que el seguro de depósito bancario sea hasta por un millón de pesos.
Establecer que los delincuentes "de cuello blanco" no tengan derecho a la libertad bajo fianza y se les castigue con mayor rigor.
Fortalecer la supervisión bancaria para evitar la recurrencia de las crisis financieras (aún no hay acuerdo en el PRI sobre si la CNBV deba ser autónoma o pertenecer al Banco de México).
Instaurar por mandato de ley la figura de Defensor de los Usuarios de los Bancos como una instancia pública responsable de prestar servicios de asistencia y defensa a ¡todos los interesados.

El Partido Revolucionando Institucional (PRI) presentó su propuesta el 23 de agosto.

Nueve compromisos sobre el FOBAPROA

Coordinadores parlamentarios y Gobierno acordaron los siguientes principios básicos de solución para la reforma del sistema financiero.

Dar certidumbre jurídica, proteger a la economía, al ahorro y sanear el sistema bancario mediante reformas que promuevan la inversión y el empleo.
Dar transparencia al manejo del FOBAPROA, no a la impunidad y castigo, con todo el peso de las normas vigentes, a los responsables.
Abatir el costo fiscal de la solución al quebranto bancario a través de la depuración de sus pasivos y de la recuperación, al máximo, de la venta de sus activos.
Apoyar a los pequeños y medianos deudores hipotecarios, así como a pequeñas y medianas empresas.
Venta, transparente y eficaz, de los bienes en poder del FOBAPROA.
Fortalecer las políticas financiera, cambiaria y monetaria, así como la regulación y supervisión bancaria.
Equidad en la distribución de los costos, en el marco de la sanción morar y legal, del rescate bancario.
Reformas para asegurar el mejor desarrollo de los negocios financieros.
Integrar una comisión plural (se formó de inmediato) que analice y contraste las posiciones sobre la constitucionalidad y legalidad de las operaciones del FOBAPROA, para evitar la quiebra del sistema bancario.

Fuente: Diario Reforma, 15 de septiembre de 1998.

Acuerdo de 13 puntos para destrabar al FOBAPROA

México, D.F., octubre 1, 1998.- Los secretarios de Hacienda, José Ángel Gurría Treviño; de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa y los legisladores del PRI, PAN, PT y PVEM, signaron el 30 de septiembre un acuerdo de 13 puntos para "destrabar" la discusión de la iniciativa del FOBAPROA, con el objetivo de presentar en octubre, un dictamen ante el pleno de la Cámara de Diputados. El acuerdo incluye los siguientes puntos:

Avanzar en soluciones consensuadas para lograr las reformas del sistema financiero a fin de proteger la economía y el ahorro.
Analizar la posibilidad de devolver a la banca no intervenida los créditos mayores a 5 millones de pesos absorbidos por el FOBAPROA y sustituirlos por créditos de pequeños deudores.
Diseñar un nuevo programa de apoyo a deudores.
Crear uno o dos organismos responsables de manejar un seguro de depósito limitado, y administrar y vender los activos del FOBAPROA.
Los pasivos a cargo del FOBAPROA no se consolidarán como deuda pública directa. Se pagarán vía la venta de los activos, recuperación de los créditos y de aportaciones de la propia banca.
No a la impunidad y castigos con apego a la Ley.
Entregar información sobre FOBAPROA.
Revisar el marco legal y constitucional para la contratación de deuda pública.
Reformar leyes de la CNBV y de BANXICO para consolidar el sistema financiero y reforzar su supervisión.
Crear organismo que defienda a usuarios de los bancos.
Revisar la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
Respetar los derechos de los involucrados, y
Exhortar a todos los partidos políticos a continuar en las negociaciones.

Bancos no intervenidos

Bancomer, Banamex, Bital, Serfin, y Banorte son los bancos que no están intervenidos por el Gobierno Federal, los cuales tienen una cartera que suma 160 mil millones de pesos, constituida en un 37 por ciento por créditos mayores a 5 millones de pesos.

La capitalización de intereses

El 7 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no existe simulación en el cobro de intereses que hacen instituciones bancarias en 500 mil contratos de crédito hipotecario. Sin embargo, explicó que el dictamen no es jurisprudencial y servirá en lo futuro para la orientación a los tribunales en probables juicios mercantiles o penales.

Los puntos acordados son:

No existe vocablo en el sistema jurídico mexicano de anatocismo.
En la apertura de crédito, es válida la capitalización de intereses pactada en el contrato.
La apertura adicional de crédito no oculta capitalización de intereses.
La inclusión del pago de intereses en el contrato dependerá de la voluntad unilateral del banco acreedor, pero es contraria al artículo 1797 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Las tasas de intereses de referencia alternativas en contratos de apertura de crédito, son disposiciones aplicables.
La comisión por parte de los bancos de realizar un estudio para el préstamo no puede ser reclamada por el acreditado por carecer de legitimación activa.
Finalmente, la SCJN señala que "serán los diferentes juzgados y tribunales del país los que deberán resolver cada caso en particular con estricto apego a las leyes que rigen en México".

Intervenciones bancarias

Entidad financiera intervenida y *operaciones

Banca Cremi

Intervenida el 24 de julio de 1994.

*Créditos otorgados por Banco Unión para la compra de acciones del propio Banco Unión y del Grupo Financiero Cremi.

Banpaís

Intervenido el 2 de marzo de 1995.

*En diciembre de 1994 el capital neto era de 1,995.6 millones y los faltantes y afectación eran de 1,667.4 millones de pesos.

Banco Interestatal

Intervenido el 13 de septiembre de 1995

*La SHCP determinó que no era aceptable la capitalización inicial de sus socios fundadores que utilizaron recursos de Nafin para financiarse.

Banco Capital

Intervenido el 14 de mayo de 1996.

*El capital social del banco se constituyó con recursos provenientes del mismo banco.

Maxival Banpaís

Intervenido el 7 de julio de 1995

*Las operaciones irregulares excedían a su capital contable, del monto global 267 millones correspondían a obligaciones subordinadas, emitidas por Banpaís; 148 millones a obligaciones forzosamente convertibles en acciones y 24 millones de pagarés emitidos por Arrendadora Plus.