Por un comité ciudadano de seguridad pública

José Alfredo Zavaleta Betancourt *

Una de las demandas actuales de la sociedad es la democratización de las instancias de decisión del Estado, lo cual en algunos sentidos se ha cumplido en Veracruz. No obstante, para las elites gobernantes la seguridad pública no ha sido un asunto de estado susceptible de negociarse con los gobernados, par ello puede preverse que la actitud proverbial de estos cuerpos continuará pese al cambio de gobierno, aunque cabe la posibilidad -y la esperanza- de un manejo inteligente, civil y civilizado del problema.

"A dos días de que el periódico La Jornada publicara una nota en la cual menciona que en el desalojo que tuvo lugar en Chicontepec se registró un saldo de 100 heridos y 40 desaparecidos... vía telefónica Rafael Carvajal informó que en el operativo, además de la policía de Seguridad Pública del Estado, también participaron elementos del Ejército Mexicano, quienes desde los helicópteros disparaban a la gente..." (Guadalupe López Espinoza. "Desde dos helicópteros disparaban... " Diario Política, 18 de julio de 1998).

Por una añeja costumbre sentimos que la instalación de una nueva fracción política de las elites estatales permitirá que "nuestros gobernantes" hagan lo que la anterior fracción no hizo; sobre todo, deseamos que los últimos "gobernantes" se marchen pronto y que los días que llenan el ciclo de transición institucional, en el cual tenemos de hecho dos gobernadores, pasen tan rápido como un nuevo sueño sustituye a una pesadilla.

En estos casos, cuando el "gobernador" saliente se despide, y el recién electo forma su gabinete y diseña su Plan Estatal de Desarrollo, más de uno quisiera saber dónde se ubica el bunker de los "grandes pensadores" priístas, únicamente para pedirles, con los planes de desarrollo anteriores en mano, recuperen la sensatez y redacten un "nuevo plan", de tal manera que no se "avergüencen por los años pasados en vano" y nosotros dejemos de sentir hartazgo de ellos, una vez que leamos lo que escribieron o comparemos sus planes con lo que hacen.

De todos los problemas que dicen preocuparles, el de la inseguridad pública tendrá que ser discutido con mayor inteligencia porque hasta ahora, por lo menos en los últimos cuatro años, han preferido minimizarlo, mediante sus propias estadísticas -a veces contradichas por las estadísticas federales- en lugar de asumirlo como uno de los principales temas de la agenda de una reforma del Estado regional; por lo menos, esperamos, dejen a un lado la pereza intelectual y la afanosa costumbre de autoprotección y, por vez primera, piensen en una solución diferente, aparte de la lógica militarista que se desarrolla en el país, con la incorporación de los militares a las "funciones estatales de seguridad pública".

Al contrario de la propuesta poco realista de una Secretaría Estatal de Seguridad Pública, hecha hace una semana por un periodista (1), el discurso de campaña del actual gobernador insistía en "reforzar las acciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública para impulsar la carrera policial, la capacitación y la profesionalización de los cuerpos de seguridad, en correspondencia con un incremento de las percepciones económicas y prestaciones de seguridad social de los elementos policíacos" (2). Una vez más... lo mismo, como si hasta ahora hubiese funcionado.

En verdad, no me sorprende esta obsesión discursiva, me estoy acostumbrando a leerla como me acostumbro a la existencia de los "gobernantes exitosos" y los "grandes pensadores sexenales"; sin embargo, no pierdo la esperanza de que, después de un siglo de proponer lo mismo -valdría la pena estudiar un poco la historia del Estado regional- se cansen y asuman la participación civil, no subordinada y profesional, en lugar de pedirnos que participemos sujetos en la implementación de la vigilancia policíaca, comandada militarmente.

Si en realidad están dispuestos a que la "cruzada nacional contra la delincuencia" se impulse en estas tierras, tendrán que pensar, "cimentar", una corresponsabilidad de proyectos -no una corresponsabilidad de ineficiencias- apresurándonos a "echar el segundo piso del Estado regional" mediante una perspectiva menos militar y policíaca de la policía, orientada a garantizar que comencemos por desbordar la democratización electoral, para problematizar la democratización liberal de la división de los poderes regionales. Así, los más suspicaces ciudadanos dejaremos de pensar en que las reformas electorales y las alternancias municipales son pírricas y quizá, los ciudadanos no tan suspicaces, se sientan y estén un poco más seguros que ahora.

Para tal efecto, si las "contralorías internas" de las policías estatales no han funcionado, si las comisiones legislativas sobre el problema ni siquiera se imaginan de lo que se trata, si se niegan a "autonomizar" y fortalecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, limitándola a sus "raquíticas" funciones, entonces: ¿No valdría la pena a conformación de un Comité Ciudadano de Seguridad Pública? ¿Para qué insistir en lo que no ha funcionado desde hace un siglo? ¿Por qué no se libera a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Por qué no imaginar un esquema de seguridad donde las policías también sean vigiladas y controladas civilmente, de una manera efectiva, mediante un programa de reconocimientos y castigos?

Para quienes pensamos que un Comité Ciudadano de Seguridad Pública, menos costoso que una Secretaría Estatal, podría estar formado por los profesionales y participantes de organizaciones no gubernamentales, al margen de las "redes estatales contra la violencia", la idea es simple. La sociedad veracruzana necesita protegerse, al margen del laberinto de la justicia, en el que cada vez confiamos menos, de sus propios policías, que de esta forma estarían sujetos a escrutinio ciudadano al mismo tiempo que podríamos reconocerles por su trabajo público. A un lado de la lógica militarista -impulsada federalmente, mediante una política centralizada de seguridad pública-, podríamos ensayar en defensa de la "soberanía estatal una "reingeniería" de la Seguridad Pública en Veracruz.

Por supuesto, aceptar una propuesta de este tipo implica que las elites estatales y algunas "contra elites" municipales, panistas y perredistas, acepten que este asunto no es solamente policíaca, sino que representa uno de los problemas públicos de una agenda de la reforma estatal en el país y en el Estado. ¿No les parece inquietante que ni a nivel federal ni a nivel estatal se haya planteado, junto con las propuestas de desregulación y privatización, reforma electoral y solidaridad estatal, la posibilidad de un debate público sobre la infraestructura militar y policíaca del Estado? ¿No ha sido acaso una reforma estatal discreta y autoritaria?

En verdad, en lugar de continuar el aumento del presupuesto (3), efectivos, armamento, programas "integrales" y en operativos conjuntos con el Ejército, asumamos el riesgo de una Política Ciudadana de Seguridad Pública Estatal, diseñada públicamente por profesionales, ciudadanos y "citadinos" para superar el monopolio estatal que expropia a estos últimos de la posibilidad de discutir racionalmente los programas que se implementan en el Estado, y participar de la supervisión de los vigilantes que pagamos, la mayoría de las veces con miedo y desgano.

De insistir en esa obsesiva política de autoprotección gubernamental, las elites y contraelites regionales, no sólo no recuperarán la confianza en los tribunales y la policía, tampoco harán nada diferente de lo que las elites federales hacen ahora, con magros resultados, para integrar autoritariamente, mediante el Ejército y la policía militarizada, a una sociedad mexicana cada vez más fragmentada; sobre todo a su piso bajo, cuya velocidad genera pobreza extrema y en algunos casos delincuencia común, movilización social y según algunos articulistas e investigadores, hasta guerrillas.

En fin, una vez que tengamos en manos el nuevo Plan Estatal de Desarrollo, sabremos -no pierdo la esperanza de que así sea- si las elites estatales están dispuestas a desarrollar su imaginación sociológica, para diseñar una política diferente de seguridad pública y aceptar una "supervisión civil" de ésta. Por supuesto, algunos ciudadanos suspicaces esperamos que el nuevo plan diga algo diferente de la retórica estatal sobre "la inmundicia de la delincuencia". Esperamos leer y observar algo distinto de lo que nos dijo la fracción de la elite saliente: "Atender esta prioridad implica, no sólo una genuina modernización de las instancias gubernamentales encargadas de impartir, administrar y procurar justicia; sino, de cara a la sociedad, hacer del respeto a la legalidad, conducta comunitaria, código cotidiano en el que todos los ciudadanos se reconozcan".

Notas:

1. Véase el articulo de Trujillo y Perdomo, "Seguridad Pública, ¿Secretaría?" en el periódico Política, 13 de octubre de 1998.
2. Tomado de Alemán Velasco, Miguel, "Compromisos con Veracruz"; reproducido por la revista "Transición"; No. 18, agosto de 1998, p.15.
3. El Gobierno Federal anunció que en este año, el estado de Veracruz Ejerce un presupuesto de, 120 millones decesos en seguridad pública, sólo superado por los asignados a Baja California Norte, Chiapas, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Jalisco y Nuevo León. Véase el artículo de Hugo Martínez Mc Naugth: "No más policías, mejores" en diario Reforma, 25 de agosto de 1998.

* Catedrático de la Facultad de Sociología de la UV y candidato a doctor por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.