Por diferentes motivos y en diversos momentos, las élites político-empresariales mexicanas se han negado a reglamentar el derecho constitucional a la información. Esa ausencia, permite sostener una conducta informativa parcial e interesada que en mucho obstruye el avance de la sociedad mexicana a la democracia.

Derecho a la información, garantía sin reglamentar

José Luis Cerdán Díaz *

Todos los estudios sobre el impacto político de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas, de una u otra forma, poniendo énfasis en uno u otro aspecto del problema, concluyen que constituyen una presencia ineludible, importante o definitiva para la configuración de las estructuras de poder.

No obstante las diferencias de énfasis, otra conclusión generalizada es que los medios reproducen, en su quehacer y en su propia realidad institucional-empresarial, las circunstancias del entorno socioeconómico y político en que se ubican, es decir, son el resultado de un sistema a cuya estabilidad y permanencia, de diferentes formas, contribuyen en gran medida. Son producto y factor, paradójicamente.

Para México, con una historia mediática claramente autoritaria, estas conclusiones se aplican fielmente: los medios contemporáneos son, igual que el resto de la sociedad, espacios de lucha, de ajuste de cuentas, de disputa del poder y de medición de fuerzas.

Lo que se denomina proceso de transición, que identifica un periodo que algunos analistas ubican de 1968 a la fecha, se reconoce, entre otros muchos aspectos esenciales, por la apertura de espacios de discusión y crítica, coincidentes con la ratificación de viejas formas de control político-ideológico que sobreviven como la prueba fiel de la resistencia al cambio que, pese a todo, mantienen una buena parte del stablishment.

Coexisten, por tanto, medios abiertos, críticos y profesionalizados, junto a rémoras autoritarias, entreguistas, propagandistas y carentes de los más elementales principios ético-profesionales, lo cual nos lleva a concluir que -como en el resto del proceso de transición- el trayecto por recorrer todavía es muy largo.

A esta situación contribuye de manera importante un hueco legal que, por diferentes motivos y en diversos momentos, las élites político-empresariales mexicanas se han negado a llenar: Me refiero, por supuesto, a la reglamentación del derecho constitucional a la información.

Esa ausencia de reglas claras y universales para garantizar ala sociedad el acceso a la información pertinente para su toma racional de decisiones, permite a diversos medios sostener una conducta informativa no objetiva, interesada y carente de principios éticos, mientras que a los sectores de poder les ofrece la oportunidad para ocultar información sobre su actividad, para mentir o para sesgar la perspectiva que socialmente se puede tener sobre los asuntos públicos.

Aún así, en la creciente complejización de nuestro sistema político tienen cabida también los medios que se esfuerzan por investigar, generar y comunicar la información que consideran pertinente para la sociedad en general. Pese a los obstáculos que todavía se atraviesan en su camino, estos medios han puesto en la palestra de la discusión los grandes temas que ahora ocupan a los mexicanos y que, de otra manera, se hubieran obviado, ocultado o entrampado, de acuerdo a los cánones periodísticos que durante muchos decenios estuvieron vigentes en México.

Todavía, por lo mismo, no podemos calcular el verdadero impacto de los medios en el proceso de transición, pues si bien en unos casos han contribuido al aireamiento de muchas cuestiones importantes, también es cierto que, en otros, siguen maquinando el opacamiento de la realidad nacional.

La gran diferencia sigue radicando en los medios electrónicos (radio y, sobre todo, televisión), porque en el ámbito de los medios impresos la pluralidad es un hecho incontrovertible, pero en la mayoría de los espacios periodísticos, radiofónicos y televisivos (más en éstos que en aquéllos) todavía se pueden verificar los viejos vicios de la censura y el control, aunque también existen atisbos de pluralidad, si bien incipientes y totalmente insuficientes. En los periódicos y revistas mexicanos tenemos pruebas claras y consolidadas de periodismo crítico y valiente, con una trayectoria que ya no deja lugar a dudas sobre la permanencia de esos proyectos y sobre su importancia para el desarrollo político nacional. No ocurre lo mismo en los medios electrónicos, en los que el régimen de concesiones impide -en muchos casos- una apertura real, porque la tutela que ejercen los grupos poderosos desde el sector gubernamental (pero también desde las cúpulas empresariales) inhibe o de plano cancela los proyectos periodísticos críticos y objetivos.

En éstos radica el gran déficit de los medios de comunicación mexicanos en términos de su aporte al proceso de transición. Por eso podemos considerar que la tarea a futuro sigue siendo enorme y difícil, pues si bien la experiencia de los últimos años nos permite asegurar que ese proceso no tiene reversa (al menos no bajo las reglas del sistema priísta), también podemos prever que, en la medida que los medios avancen (y en este caso los que mayor responsabilidad tendrán son, obviamente, los electrónicos) ese proceso será menos traumático para el país y más corto. Al contrario: si los medios de comunicación mantienen cerrados sus espacios a la realidad plural mexicana, ese proceso se verá complicado y, quizá, derivará en conflictos de difícil resolución.

La gran tarea, entonces, radica en la necesidad de disponer las reglas fundamentales para que los medios, con o sin voluntad, incorporen a sus prácticas cotidianas las normas de actualización que convienen a la democratización del país. Reglas que tendrán que establecer, sin asomo de dudas y sin ,posibilidades de que un grupo pequeño los controle, los mecanismos de asignación y ratificación de las concesiones para medios electrónicos, las bases legales para garantizar al ciudadano común el acceso a la información relacionada con los asuntos públicos ); entre otros muchos, los principios de carácter ético exigibles mínimamente a todos los que integran esos medios, en calidad de dueños o de trabajadores.

Esa tarea ha sido obstaculizada una y otra vez por los grupos que actualmente controlan los principales órganos de gobierno y que, por integración o por coincidencia, también ejercen control sobre los principales medios de comunicación (una vez más: principalmente los electrónicos). Esos grupos y sus aliados han impedido el crecimiento de los proyectos legislativos en torno del derecho a la información, tornando como falsa bandera la libertad de expresión, como si fuera contradictoria con aquel derecho.

En la confusión generada a propósito de la necesidad de reglamentar este derecho, se ha intentado mezclar una cuestión indiscutible y de alta sensibilidad social (la libertad de expresión) con un derecho cuyo ejercicio implicaría, entre otras muchas cosas, la obligación gubernamental de dar cuenta fiel de los asuntos públicos. De esa forma, el derecho de marras no sólo no se opone a la libertad de expresión, sino que la complementa dándole sustento en el terreno de la política y las acciones gubernamentales, pues garantiza a todo ciudadano el derecho a contar con la información necesaria y suficiente para tomar decisiones racionales en su vida cotidiana.

Mientras en México ese derecho permanezca a expensas de la voluntad de los gobernantes y de los dueños de los medios de comunicación; mientras los mexicanos no tengamos mecanismos legales para exigir a gobierno y medios información fidedigna, objetiva, clara, oportuna y completa, el proceso de transición a la democracia adolecerá de insuficiencias, pues ninguna sociedad puede pretender una democratización plena sin el concurso de uno de sus elementos fundamentales: la información al alcance de todos y cada uno de los integrantes de esa sociedad.

Prolongar más la discusión y seguir posponiendo la necesaria reglamentación sobre ese derecho fundamental para los mexicanos, no hará sino retardar más el desarrollo de la democracia plena en México. En ese asunto, como en todos los demás relacionados con el proceso de transición que vivimos, los medios son, como dije al principio de este artículo, producto y factor del sistema. Ya es hora, en consecuencia, que activen para que su peso específico contribuya como factor, a cambiar el entorno del sistema en el que, como producto, se mantienen atados a unas reglas de funcionamiento que dejaron de ser útiles hace tiempo y que sólo sirven para retardar y entorpecer innecesariamente el desarrollo nacional.

Artículo 6° Constitucional

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 7° Constitucional

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

* Licenciado en ciencias y técnicas de la comunicación por la UV con maestría en Sociología (UNAM) y especialidad en Investigación y Planeación de Proyectos de Comunicación (CIESPAL). Actualmente es secretario académico y maestro de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana.