La relación que los medios mantienen con el gobierno y la ciudadanía se caracteriza hoy día por la informalidad y la ausencia de reglas claras para el ejercicio informativo. Ello ha coadyuvado a una degradación sistemática de la opinión pública, situación que merece transformarse hoy, en aras de la democracia que construimos todos.

Participación democrática, esfera pública y medios de comunicación

Héctor Marcelo Ramírez Cahue *

A pesar de su heterogeneidad, la sociedad veracruzana ha incorporado su mercado interno a la economía mundial, al tiempo que se adhiere al proceso de democratización electoral que se ha desarrollado en el país durante las últimas décadas. En ese contexto, la instalación del nuevo gobierno ha generado más expectativas que ninguna otra de las administraciones recientes, respecto de la posibilidad de una democratización política.

En la actualidad, la sociedad veracruzana que aspira a un gobierno más transparente y justo, no ha observado cambios sustantivos en la función social de los medios de comunicación. Por el contrario, observa un peligroso desequilibrio entre algunos logros democráticos electorales y las características tradicionales del uso de los medios informativos, particularmente la prensa.

El proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno actual y su intención de incorporar las figuras jurídicas del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, necesita complementarse con una reforma de las relaciones entre el gobierno y la prensa, para estructurar una base que permita una discusión pública, racional y democrática, sobre la agenda gubernamental, así como de los acontecimientos más relevantes de la administración pública.

La relación entre gobierno, la prensa y los ciudadanos, se ha caracterizado hasta ahora por la informalidad y la desregulación, por un lado, pues no hay una normatividad precisa de algunas prácticas básicas del uso de la información oficial, de la asignación de los contratos de publicidad gubernamental, ni una relación transparente con los medios y los periodistas; por otro, en muchos casos no existe una información profesional, confiable, profunda, ni el impulso a una opinión pública democrática.

Por supuesto, estas distorsiones corporativas de las relaciones entre el gobierno y la prensa dañan los procesos democráticos que estamos construyendo, en la medida en que obscurecen los procesos públicos de toma de decisiones y multiplican las disputas locales y regionales por el control legal de los procesos electorales, la pertinencia de ciertos programas institucionales y el uso de los recursos públicos.

Por eso, la relación entre gobierno, prensa y ciudadanía constituye un asunto que debe ser discutido para su transformación. Incluso en la historia reciente de la sociedad veracruzana, existen casos en que estas distorsiones han posibilitado una degradación sistemática de la opinión pública por ocultamiento de información, subordinación gubernamental de los periódicos estatales y locales mediante la asignación de contratos y una inversión sistemática de algunos funcionarios en su imagen personal, incorporando al gasto corriente el salario de periodistas.

Asimismo existen casos de algunos periódicos que han asumido una función antigubernamental, como grupos de presión, tras, ser abandonados por los contratos publicitarios gubernamentales o desplazados de las élites regionales. En éstos, algunos periodistas han gozado de impunidad, exigiendo a los gobernantes lo que no se exigen a sí mismos: capacidad, transparencia y honestidad.

Una forma de transformar esas distorsiones de las relaciones entre el gobierno y la prensa es regular racionalmente, sin atentar nunca contra la libertad de expresión, las prácticas de comunicación social y la actividad periodística, para que los ciudadanos puedan saber, sin demoras ni distorsiones, qué, cómo, por qué, y para qué se toman ciertas decisiones en la administración pública.

Eso ayudaría a que los ciudadanos puedan estar informados sistemáticamente respecto de las tendencias de los procesos económicos y políticos, tales como: cuáles empresas y bancos ganan en los mercados locales y nacionales; qué tipo de relaciones establecen con los funcionarios públicos; cuáles funcionarios y bajo qué criterios asignan contratos de publicidad a los periódicos; cómo avanza el gobierno en la implementación de sus programas y políticas públicas, e incluso qué tipo de relaciones establecen con los dueños de los periódicos y algunos reporteros.

Una reglamentación de las prácticas de comunicación gubernamental implicaría que se publicara la información oficial con mayor amplitud y regularidad, y se hiciera efectivo para ciudadanos y periodistas el derecho a estar informado mediante la figura del derecho de petición, de tal forma. que sepamos cómo evolucionan la sociedad y el estado regional, sin tener que esperar los informes anuales de los presidentes municipales y del Gobernador, ni depender de las especulaciones públicas.

Asimismo, es preciso establecer criterios públicos respecto de la asignación de publicidad gubernamental y controlar legislativamente las fuentes de información política que el gobierno elabora sobre ciudadanos y periodistas, para que nunca más en el estado de Veracruz se produzcan casos de intimidación a quienes ejercen sus libertades públicas, particularmente a la libertad de expresión.

Una "autorregulación" de los medios de comunicación implicaría que los dueños de los periódicos, aun en periodos de crisis, garantizaran obligatoriamente salarios y prestaciones básicas, así como la profesionalización y actualización permanente de reporteros y periodistas, para que estén en condiciones de ejercer su profesión sin aceptar la subordinación empresarial o política.

Esto también hace posible que los periodistas asuman un código profesional, basado en el respeto por la verdad y el rechazo a cualquier tipo de distorsión de su profesión; al tiempo que desalienta la invasión a la vida privada de los ciudadanos y funcionarios si el suceso no representa un agravio público, la acusación ¡responsable de sospechosos, e incluso el manejo indiscriminado de datos y cifras con el fin de obscurecer más los procesos económicos y políticos regionales.

En este caso no existe razón alguna para negarse a la regulación de las relaciones del gobierno con la prensa. Los argumentos de que con ello se predetermina la orientación de la opinión pública; que no somos una sociedad suficientemente madura para reglamentar el uso racional de los periódicos, o que el gobierno puede utilizar esa ley para amordazar a los intelectuales y periodistas, caen por su propio peso. En la actualidad, el proceso de democratización electoral y la reforma constitucional nos exigen impulsar cambios sustantivos en las relaciones del gobierno con la prensa. De no hacerlo corremos el riesgo de infantilizar la opinión pública, mediante enredos y rumores, así como de contribuir a la vanalización de las figuras de democracia directa, del plebiscito, del referéndum y la iniciativa popular, que se ha dicho, formarán parte de la nueva Constitución estatal.

Por lo anterior, propongo:

1. Que se legisle acerca de las relaciones entre el gobierno y la prensa incorporando las ideas señaladas anteriormente.
2. Que se instituya un Consejo Ciudadano de Comunicación Pública que vigile el ejercicio de la libertad de prensa; que solucione conflictos entre funcionarios, periodistas y ciudadanos; que otorgue becas para la profesionalización y actualización de periodistas en cursos organizados bajo convenio con la Universidad Veracruzana y otras universidades de Veracruz, de México y del extranjero.
3. Que la prensa abra sin restricciones políticas ni ideológicas sus páginas a los ciudadanos.
4. Que los periodistas aprueben un nuevo código de ética profesional basado .en los principios del respeto de la verdad, del rechazo de cualquier distorsión de su profesión, de la autocrítica y la autocorrección de sus reportajes y notas, en aras de la exactitud informativa.
5. Que se instituya el derecho de réplica ciudadana en la prensa, de tal forma que el desequilibrio entre los procesos de transformación económica, social y política del estado de Veracruz, sea moderado mediante una discusión racional, sin distorsiones políticas ni económicas.

* Secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV).