Las complejas relaciones entre los medios de información y los diferentes órdenes de gobierno en Veracruz, hacen necesario un acuerdo amplio para normar el ejercicio periodístico en la entidad; no obstante, el conflicto de intereses entre los sectores involucrados propicia el desacuerdo sobre el cómo garantizar a los veracruzanos su derecho a informarse de la vida pública estatal.

Una visión de lo que puede ser la relación prensa-gobierno

Marco Antonio Aguirre Rodríguez *

El estado de Veracruz durante mucho tiempo se distinguió por ser progenie de grandes periodistas y, por lo mismo, de estar a la vanguardia en esta disciplina de las ciencias sociales.

Hoy estamos ante la realización de una serie de "Foros de Consulta y Participación Ciudadana", enmarcados en la aparente recepción de propuestas para la conformación del Plan Veracruzano de Desarrollo.

La Guía temática de esos foros para el área de la comunicación nos da una idea de lo que se quiere: validar las prácticas ya definidas de comunicación gubernamental y las que se quieren implementar.

¡Vaya!, dicho en otras palabras, lo que se quiere es hacer una imposición simulada, de un "manejo moderno" (entendido como manipulación) de los medios de difusión.

"Participación ciudadana y comunicación social". Aquí, debe suponerse, se busca sustentar que los medios de comunicación tienen que darle espacio a la difusión de la participación ciudadana, obviamente a la participación que se haga con y para el gobierno, sobre todo si es el estatal.

En "Publicidad Institucional" puede ser que se busque revivir el viejo tema de cómo debe distribuirse la publicidad de las instituciones gubernamentales. El tema vale la pena ser discutido, sobre todo cuando se está ante un esquema de entrega desmedida de los recursos de ese tipo a un solo emisor, la televisión privada en donde se encuentran los intereses del Gobernador: Televisa.

En "Medios de Comunicación", tal vez se tiene preparado el justificante para desaparecer los únicos medios de difusión que dependen de instituciones oficiales. Si TV Más y Radio Universidad les resultan pesados para operarlos, pásenlos con todo y recursos a la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana. Es una adhesión a las otras propuestas que en este sentido existen desde hace mucho tiempo.

Aunque aquí la tendencia puede ir en sentido inverso y pretender que toda la comunicación oficial salga única y exclusivamente por estos canales y otros que se pretendan crear.

La dirección final, el tiempo nos la dirá. Aunque también, por la amplitud del tema, puede caber cualquier cosa relacionada con los "medios de comunicación".

En cuanto al otro tema, "Difusión del arte, cultura, tradiciones y turismo de Veracruz", tal vez lo que quiere la posición gubernamental es validar que en los medios de difusión deben existir espacios para esto, como obligación.

Pero, la Guía temática no contempla ningún compromiso (entendidos como obligaciones, no como componendas) del Gobierno del Estado hacia los medios de difusión. Ésto también debe ser discutido.

El derecho a la información

Para comenzar y para ir a tono con la consultitis que habrá, para las reformas a la Constitución local, en la Carta Magna del Estado de Veracruz debe existir un artículo que diga: "El Gobierno del Estado debe ser garante del libre ejercicio periodístico en la entidad, con todas las implicaciones que esto conlleva, incluyendo el que los manejos editoriales sean contrarios a sus intereses o a los de sus funcionarios, así como a los de particulares".

Es propuesta.

Y vamos a discutirla.

El Gobierno del Estado, como un ente autónomo de la Federación, debe incluir un artículo de ese tipo en la Constitución y además aprobar una ley reglamentaria.

Las intenciones manejadas por el Gobernador de volver a Veracruz un estado de vanguardia dentro de las nuevas condiciones en que se desenvuelve nuestro país pueden ir muy bien en este sentido, sobre todo si se toma en cuenta que en la capital del país todavía no existe consenso en torno al Derecho a la Información.

Como elemento implícito de esto debe estar la obligación del Gobierno del Estado, así como de los ayuntamientos y de la Legislatura del Estado, a proporcionar a la prensa las declaraciones patrimoniales de los demás funcionarios cuando esto se les requiera.

Ésto permitirá a la prensa veracruzana cumplir con mayor precisión su contenido de garante del buen manejo del gobierno público.

Pero además se debe establecer un órgano fiscalizador, manejado y presidido por periodistas, que tenga capacidad de aplicar sanciones a quienes incumplan estos mandatos.

Miguel Alemán y su gobierno dicen querer una relación transparente, limpia y honesta con la prensa veracruzana.

Bien se puede comenzar por aquí, sobre todo si es real que el gobernador planea quedarse en la entidad los seis años que dura su mandato.

Manejo de recursos y publicidad institucional

Como ya se dijo, una de las mesas de trabajo es Publicidad Institucional.

El pasado reciente nos muestra cómo el Gobierno del Estado tuvo preferencias en la distribución de sus recursos publicitarios, sobre todo a los medios que le era afines, dejando de lado aquellos que no iban de acuerdo a los intereses de quienes detentaban el poder.

La entrega de publicidad, se ha dicho muchas veces, es una forma de coerción hacia los medios por parte del gobierno y sus instituciones.

La entrega de publicidad a los medios no debe verse tampoco como una graciosa concesión. El gobierno en sus diferentes niveles necesita difundir sus obras y acciones. Los medios de información privados son los que tienen los canales para esto. Los medios gubernamentales ya demostraron su incapacidad para cumplir con este cometido.

Pero además los medios de información deben considerarse como entes de interés público, por la función que cumplen.

Así pues, la publicidad debe distribuirse de una manera equitativa entre los medios de difusión.

Pero tampoco es posible tratar como iguales a los desiguales.

La publicidad se debe manejar de manera proporcional al tiraje y amplitud que tienen los medios a través de sus espacios dedicados a la información de interés general.

Al igual que entre los partidos políticos que tienen derecho a las prerrogativas, la distribución de la publicidad institucional debe tomar en cuenta un mínimo tiraje o penetración entre el público.

Los periódicos, revistas y semanarios que aspiren a tener publicidad institucional deben ser editados en la entidad, con la característica de ser principalmente para difusión de información de interés general generada en el Estado y no reproductores de medios informativos de fuera de la entidad, bien sea en otros puntos de la República o fuera del país; deberán tener y demostrar una circulación mínima del 2 por ciento del total de la que alcancen todos los medios impresos que se editan en la entidad; deben tener un manejo objetivo e imparcial de la información generada en el Estado.

Para diarios, revistas y otros semanarios de nueva circulación, éstos deben demostrar tener los elementos que garanticen su permanencia, un proyecto editorial que demuestre que su tendencia será un manejo objetivo e imparcial de información generada principalmente en el Estado y no como un reproductor de medios informativos elaborados fuera de la entidad, bien sea en otros puntos de la República o fuera del país.

El manejo de la publicidad institucional debe hacerse principalmente hacia los medios de información que se producen y distribuyen en la entidad.

Dentro de este panorama se debe considerar que la mitad de la publicidad que se genere y entregue a los medios de información debe destinarse a los medios impresos, mientras que la otra mitad se destinará a los medios electrónicos, para con los cuales igualmente se utilizará la medición de que deben tener una audiencia mínima en sus programas informativos de un dos por ciento del total de la entidad.

La entrega de la publicidad institucional a los medios de difusión tendrá además otros condicionantes:

1. Los representantes de los medios a los que se les distribuyan estos recursos se comprometerán a que los mismos se aplicarán en primera instancia al pago de nóminas.
2. Los representantes de los medios a los que se les entregue publicidad institucional deberán comprometerse a pagar a los trabajadores de la información por lo menos lo correspondiente a dos salarios mínimos profesionales, sin pretexto alguno.
3. Los propietarios y representantes de los medios de difusión se comprometerán a promover la capacitación constante de su personal, cumpliendo, por lo menos, con los requerimientos mínimos que la Ley Federal del Trabajo marca en este sentido.

Para evitar que se den favoritismos en la distribución de la publicidad institucional, así como para supervisar que se cumpla con lo demás marcado en esta propuesta se debe crear un órgano fiscalizador, manejado y presidido por periodistas, que tengan capacidad de aplicar sanciones a quienes incumplan estos mandatos.

De la relación del Gobierno con los periodistas

Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, entre sus pronunciamientos sobre la prensa en el mundo asientan que los gobiernos tienen la obligación de facilitar los medios para el buen ejercicio de la misma.

Aquí, hablar de esto es hacerlo de la relación que los gobiernos deben tener con los periodistas, los propietarios de los medios y hasta con las instituciones formadoras de los profesionales de la comunicación.

Esto debe ir más allá de apoyar o validar la propuesta de crear oficinas regionales de la Coordinación de Comunicación Social y que las mismas estén equipadas con lo, ahora, necesario para el buen y rápido desarrollo de la redacción y transmisión del material informativo: computadoras con acceso a Internet y escáner para la transmisión de fotograbas además de los ya típicos faxes.

El apoyo que el Gobierno del Estado dice estar dispuesto a dar a los propietarios de los medios de difusión debe hacerlo extensivo a los trabajadores de la información. Una forma de hacerlo es promover que los mismos cubran menos impuestos.

La reducción del pago de impuestos también puede hacerse efectiva para las empresas periodísticas.

Un trabajador de la información, por la misma naturaleza de su desempeño, tiene más gastos que un empleado de otro tipo, por las necesidades de andar con vestimenta presentable, tomar y pagar durante el día múltiples servicios de taxi para poderse mover con rapidez, comer en la calle, trabajar más de ocho horas.

El apoyo a los trabajadores de la información debe ser mucho más amplio, para que sean menos susceptibles de caer en las tentaciones económicas.

En este ramo, el Gobierno del Estado igualmente debe comprometerse y apoyar a, por lo menos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación en su trabajo de formación de periodistas y comunicadores, dándole mayores equipos técnicos y promoviendo estímulos especiales para los catedráticos con presencia en el ámbito periodístico.

De hecho, la propuesta es que el gobierno estatal destine el 0.5 por ciento de su publicidad institucional a apoyar la formación de periodistas, tanto nuevos como la especialización de quienes se encuentran en activo, lo cual se puede hacer, preferentemente, por medio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana.

El organismo fiscalizador hasta ahora mencionado puede actuar aquí también como promotor de este tipo de subvenciones. Entonces ya no sería un órgano fiscalizador.

Consejo Coordinador de Actividades Periodísticas

La propuesta realizada hasta ahora de integrar un órgano fiscalizador con diversas funciones puede concretarse en la integración de un "Consejo Coordinador de Actividades Periodísticas", el cual estaría manejado y presidido por periodistas, con capacidad de intervenir para que se cumpla el Derecho a la Información que debe establecerse; con atribuciones suficientes para poder vigilar que el manejo de la publicidad institucional se haga de acuerdo a las nuevas reglas que se proponen; con facultades para vigilar que las empresas que reciban la publicidad institucional cumplan con las obligaciones a que se comprometen con los trabajadores de la información.

Este Consejo puede tener igualmente atribuciones para dirimir diferencias que se presenten entre propietarios y directivos de medios de información con trabajadores de éstos o con las instancias de gobierno, tanto del Estado como municipales.

Igualmente puede ser promotor de las subvenciones a los periodistas y medios de difusión así como de la mejora de los periodistas y los medios.

En este Consejo, que debe estar integrado en su mayoría por periodistas, puede integrarse también un representante del Gobierno del Estado así como otro de los propietarios de los medios de comunicación y un académico por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Atender ésto, como mínimo, nos puede llevar, ahora sí, a integrar la modernización de las relaciones entre el estado y la prensa en Veracruz.

Después de cubierto ésto, se puede hablar de otras cosas.

* Licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Veracruzana, y columnista político.