Aunque la industria azucarera significa para Veracruz una importante actividad económica, implica también una constante amenaza para el entorno donde ésta se desarrolla. Para el ex delegado de la PROFEPA en la entidad, las leyes ecológicas son precisas, pero hace falta promover una conciencia ambiental que exija, de todos, su cumplimiento estricto.

Azúcar: fuente de ingresos y contaminación

Dalos Ulises Rodríguez Vargas *

La azucarera constituye en la entidad veracruzana una de las más importantes industrias, tanto por el número de empleos directos e indirectos que de ella se derivan como por los ingresos económicos que significa. Lo anterior, porque la actividad se inicia desde la siembra de la caña de azúcar, que es el primer paso, hasta su comercialización en el mercado interno y exterior. Baste señalar que en todo el país operan 62 ingenios azucareros y de los cuales en el Estado operan 22, dato que nos sirve para dimensionar la importancia de la industria.

Aun cuando la industria azucarera es fuente considerable de ingresos económicos, también es una fuente importante de contaminación, dado que al utilizar una gran cantidad de agua para sus actividades industriales, es lógico que el volumen de descarga .de aguas residuales sea en la misma proporción lo que significa que la contaminación y menoscabo a la flora y fauna acuática es de las más graves ya que en ocasiones puede terminar con todo un ecosistema.

Debe sumarse a lo anterior la utilización de calderas, cuya operación implica impacto a la atmósfera debido a la quema de bagazo, aceite quemado y/o diesel y a las partículas suspendidas, con las consecuencias por todos conocidas en la salud, es decir, padecimientos en la vista, piel, problemas gastrointestinales y respiratorios.

Otro de los daños ambientales que causa es el impacto al suelo, debido a los aceites gastados, sosas, colas, cabezas, vinazas, cachazas, entre otros elementos químicos y combustibles que se utilizan en la industria azucarera, mismos que se convierten en residuos peligrosos que al no darles la disposición adecuada para desecharlos, son una amenaza latente para ecosistemas terrestres y acuáticos. Estos tipos de contaminación como son el que afecta al suelo y a los cuerpos de agua, dentro de las consecuencias más graves que generan está el desequilibrio ecológico, dado que las cadenas alimenticias se componen de diversas especies animales y vegetales y cuando una de ellas desaparece o muere se busca otra para que la cadena continúe. Sin embargo, esto se convierte en una depredación indiscriminada, cuando una especie desaparece a consecuencia de un daño causado por el hombre y no por la misma naturaleza.

Otra forma de contaminación que genera la industria azucarera es la consistente en ruido, vibraciones y malos olores que suelen rebasar los parámetros establecidos por distintas normas que al efecto existen.

Un renglón sumamente importante sin duda lo constituye el riesgo. Éste, derivado del manejo de grandes cantidades de alcohol, sosas, ácidos y combustibles, en muchas de las ocasiones contenidos en depósitos que presentan corrosión, en tomas que deben de remplazarse, sin muros de contención, diques, canaletas o trincheras para casos de derrames.

Debemos dejar claro que existe un marco jurídico que regula, precisamente, la operación del proceso de producción de todo tipo de industrias, incluida en éstas la de las factorías azucareras. Por ejemplo, la utilización del recurso agua: su tratamiento primario en plantas de tratamiento de aguas residuales; los parámetros que deben tener las descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua; la generación de residuos peligrosos, su clasificación, su confinamiento temporal, su transporte, su tratamiento y su disposición final.

Así como se señala un orden jurídico para el uso del agua que se encuentra establecido en las leyes y normas correspondientes como lo son, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, hay leyes y normas que regulan y marcan los parámetros permitidos de generación de contaminación. Otro punto importante que se debe tomar en cuenta es la elaboración de un estudio de impacto ambiental para la realización de una actividad riesgosa como lo es el manejo de materias inflamables y/o corrosivas (alcohol, ácidos, sosas y comburentes), para lo cual se requiere, por su cantidad de reporte, que la empresa presente oportunamente el estudio de riesgo correspondiente, para su estudio y aprobación.

(Queda comprendida la actividad que realiza la industria azucarera enmarcada en disposiciones jurídicas del ámbito federal, particularmente las que deben conocer en una primera instancia el órgano desconcentrado normativo de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semamap), denominado Instituto Nacional de Ecología y cuyo sustento se encuentra en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 32 Bis y las 42 fracciones que lo integran.

Lo anterior respecto del estudio y/o autorización del estudio de impacto ambiental y su estudio de riesgo, para efecto de otorgar la licencia de funcionamiento respectiva.

En la misma Ley se contemplan las restricciones y requisitos que se deben observar por la empresa y que deben ser fiscalizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Esta función fiscalizadora está encomendada al órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca denominada Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyo fundamento jurídico está establecido precisamente en el numeral 32 Bis fracción V.

Es de hacer notar que precisamente en la industria azucarera, le resulta competencia también a la Comisión Nacional del Agua, respecto de la administración del recurso agua y por cuanto hace a la carga contaminante de la descarga de agua residual.

Cabe destacar también que la problemática ambiental, independientemente de la observancia y aplicación de las disposiciones normativas de los tres niveles de gobierno, precisa de redoblar acciones en los programas educativos y de concientización para la ciudadanía en su conjunto.

* Licenciado en derecho. Se ha desempeñado como delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los estados de México y Veracruz. Actualmente es presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Xalapa, Veracruz.