Pese al notable aumento en la productividad del campo cañero y de los ingenios, la industria azucarera mexicana enfrenta una situación de incertidumbre permanente, la cual es considerada por el investigador universitario como resultado del proceso de privatización del sector que impulsó, en perjuicio de obreros y campesinos, el gobierno salinista a partir de 1991.

Un panorama de la agroindustria azucarera en Veracruz

Lauro A. Trujillo Anaya *

La agroindustria azucarera ocupa un lugar prominente en la economía de Veracruz. Sus 22 ingenios colocan al Estado como el principal productor del país. En la zafra pasada (97-98), se molieron más de 19 millones de toneladas de caña que produjeron 2 millones 90 mil toneladas de azúcar, cantidad que representó más del 40 por ciento de la producción nacional.

La superficie cultivada en la entidad rebasa las 230 mil hectáreas, ocupando directa e indirectamente a 145 mil trabajadores en el campo y 22 mil en los ingenios, que suman 167 mil empleos. Se ha calculado que aproximadamente 1 millón de personas dependen de esta actividad económica.

La productividad en fábrica (azúcar producida-caña molida) se ha incrementado permanentemente en los últimos años, pasando del 10.33 por ciento en la zafra 92-93 a 10.91 por ciento en la de 97-98.

Sin embargo, subsisten viejos y nuevos problemas que ponen en duda la viabilidad y el futuro de la agroindustria: las dificultades de liquidación oportuna a los productores agrícolas que cotidianamente registra la prensa; el desgaste de las tierras de cultivo por falta de mantenimiento y rotación; el desmantelamiento del Contrato Ley que ha afectado a los obreros de la fábrica, la falta de democracia en el Sindicato Azucarero (CTM); el endeudamiento crónico de los ingenios que se enfrentan a la enésima reestructuración de su cartera vencida; la importación masiva de alta fructosa (jarabe dulce de maíz) que tiende a desplazar a la producción de azúcar de caña; la restricción -a pesar del Tratado de Libre Comercio (TLC)- a las exportaciones de azúcar mexicana a Estados Unidos, manteniéndose en una cuota simbólica de sólo 25 mil toneladas anuales. Por todo lo anterior, no es exagerado afirmar que el sector azucarero se mueve en un marco de incertidumbre permanente.

La situación actual es resultado directo de la reprivatización de ingenios que impulsó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; ese proceso que culminó en 1991 fue aprovechado por los viejos y los nuevos empresarios de la industria para desarticular las relaciones laborales de los ingenios plasmadas en el Contrato Ley mediante varias acciones: en primer lugar, el despido masivo de alrededor de 8 mil obreros a nivel nacional, casi la cuarta parte de la base sindicalizada, bajo el chantaje de que era la única manera de no cerrar las fuentes de trabajo. En segundo lugar, además de valerse de los topes salariales impuestos por los sucesivos Pactos de Austeridad, los empresarios, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), unilateralmente dejaron de cubrir fuertes cantidades por concepto de prestaciones y que se manejaban mediante fideicomisos. Los renglones afectados fueron tiendas sindicales, deportes, fondos de ahorro; desarrollo rural, turismo, empresas sindicales, jubilaciones, becas de estudio para los hijos de los obreros, servicios médicos de la clínica azucarera, ayuda para la construcción de casas, capacitación para el trabajo, etcétera. Algunos programas desaparecieron, los que quedaron -mencionados al final- a partir de las jubilaciones funcionan con rezagos y dificultades crónicas por la falta de liquidez de las empresas.

Por otro lado, algunos analistas han señalado que los neo empresarios descapitalizaron a la industria, manteniéndola en niveles de subsistencia al transferir recursos económicos allí generados a otros negocios. Un ejemplo de aquellos años lo tenemos en el ingenio de San Cristóbal, adquirido por el empresario Enrique Molina Sobrino, del Grupo Escorpión, ligado a la. embotelladora "Pepsi". Inicialmente, Molina Sobrino entregó un pago de 7 millones de pesos de un total de 47, pues el resto lo cubriría en varios años. Lo primero que hizo al tomar posesión del ingenio fue vender la chatarra en 40 millones de pesos y cobró la cartera vencida de los productores por un total de 16 millones; en resumen, un negocio redondo porque además el precio de ese y los demás ingenios estaba por debajo de su valor real.

A lo largo de estos años ha quedado claro que las corporaciones refresqueras son las que determinan el dinamismo del mercado del azúcar en nuestro país. En 1994 esa industria vendió 9 mil millones de pesos (mil 500 millones de rejas de refrescos, con un crecimiento del 9 por ciento anual y absorbiendo un poco menos del 50 por ciento de la producción del dulce. ,

Los problemas anteriores a ese año (importación legal de mascabado y azúcar a bajo precio y de baja calidad, más el contrabando que entraba de Centroamérica) fueron sustituidos por la importación indiscriminada de alta fructosa y otros edulcorantes por las embotelladoras de refrescos, como una medida para reducir sus costos e impulsarlos precios del azúcar a la baja: una tonelada de alta fructosa cuesta 100 dólares y una de azúcar refinada 540. En el régimen de libre mercado, al parecer no hay correctivos posibles para detener las estrategias de las corporaciones transnacionales. Un vocero del sindicato azucarero estimó que en el primer semestre de 1998 ingresaron a México 600 mil toneladas de alta fructosa, pero la SECOFI señaló que sólo fueron 400 mil en todo el año.

Por si esto fuera poco, recientemente se autorizó el uso de otro producto químico 200 veces más dulce que el azúcar, el acesulfame de potasio o ACE-K. Mientras, existen en bodegas un millón de toneladas de azúcar sin comercializar.

A la fecha no se han visto resultados del compromiso del gobernador Miguel Alemán Velazco antes de tomar posesión, para tratar de modificar esta situación y recuperar el mercado para el azúcar de caña, a pesar de que junto con los industriales y la SECOFI se impulsó un acuerdo para que las refresqueras restringieran su consumo de alta fructosa: la respuesta fue una demanda de Estados Unidos en las comisiones del TLC que busca restablecer la situación anterior y sancionar a México "por prácticas desleales de comercio".

El panorama presentado se completa con la deuda de los industriales por la compra de los ingenios, que a la fecha asciende a 2 mil millones de dólares y que de seguro serán rescatados con fondos públicos, al estilo de los bancos y las supercarreteras; la escasa investigación asociada al sector (a diferencia de Cuba, Estados Unidos o Brasil); la inexistencia de programas para fabricar subproductos, desde melazas y alcoholes hasta fibras aglomeradas; el robo de tráilers llenos de azúcar por bandas organizadas de delincuentes; el aumenta de precio para los consumidores domésticos: de 1.70 pesos el kilo a casi 6.00 pesos en la actualidad y con tendencia a seguir subiendo; el caciquismo y corporativismo de los dirigentes que impiden una cabal defensa de los derechos de obreros y campesinos.

Dentro de todos los datos negativos que hemos apuntado, contrasta el aumento de la productividad del trabajo tanto agrícola como industrial: los rendimientos y el volumen de la producción se han elevado a pesar de la reducción de tierras de cultivo y de personal empleado por los ingenios. Sin embargo, es de prever que nuevamente se reducirá la superficie dedicada a sembrar la gramínea, se cerrarán las fábricas más desorganizadas, se fortalecerá el éxodo de emigrantes, aumentarán la incertidumbre y la desesperanza. Este escenario podría derivar en la inestabilidad social de las zonas azucareras, de por sí extensas en el Estado y que encierran una carga cultural que impregna el paisaje de muchas localidades por fuera de las paredes de los ingenios.

* Licenciado en sociología por la UNAM, actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Veracruzana.