Sin duda alguna, el sindicato industrial mexicano más influyente en el manejo de una industria ha sido el de los trabajadores petroleros, organización cuyo devenir ha sido determinado por la postura que el estado asume desde su política de desarrollo, ante el carácter estratégico de la producción de hidrocarburos en el país.

Evolución política del sindicato petrolero: 1935-1990

Sergio Abdías Altamirano Herrera *

Constituido el 15 de agosto de 1935, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) asume un perfil social y político propio de las circunstancias históricas e institucionales que lo ven nacer, las cuales determinarán, en gran medida, su comportamiento inmediato y futuro.

En efecto, el de los petroleros es uno más de los sindicatos de industria que surgen en el ámbito nacional como resultado de la crisis de 1929, vivida por el sistema capitalista mundial qué obligó a grandes movilizaciones populares en los años Treinta; movilizaciones vinculadas a un proceso unificador de los trabajadores iniciado desde 1913, y que dieron origen a la fundación de los sindicatos nacionales de industria y su afiliación a las grandes centrales obreras.

En su nuevo carácter como organización nacional, el nuevo y único organismo sindical petrolero estará en mejores condiciones para negociar sus demandas económicas ante sus patrones extranjeros, por haber obtenido el control sobre toda una rama de la actividad productiva. En este sentido, el STPRM representó para el gobierno cardenista y su política de fortalecimiento estatal por medio de las organizaciones de masas, un aliado político fundamental frente a uno de los sectores más poderosos del capital internacional.

La alianza con el Estado

Estado cardenista y sindicato petrolero se asocian entonces para fortalecerse mutuamente y enfrentar con éxito al enemigo histórico común: las compañías petroleras extranjeras. Las armas ideológico-políticas utilizadas contra estas últimas son el antiimperialismo y el nacionalismo.

Pero esta combinación de alianza con el estado y ejercicio ideológico del nacionalismo, que en su origen alimentó la beligerancia política del sindicato, al mismo tiempo limitó su poder negociador porque su aliado circunstancial, el estado, será en el futuro su nuevo patrón, y frente a éste tendrá que sacrificar sus intereses económicos y contener su enorme poder negociador, ya que ahora está en juego el "interés patrio".

Son entonces la combatividad política y la subordinación al poder del estado las contradictorias características definitorias del perfil del sindicato petrolero, las cuales orientarán su posterior comportamiento.

Durante su primera convención realizada en julio de 1936, el STPRM acuerda la firma de un contrato colectivo de trabajo. Ante la negativa de los patrones, el sindicato dio prueba del radicalismo laboral -que no abandonó hasta 1952- comenzando una huelga el 31 de mayo de 1937 para suspenderla el 9 de julio, debido a la promesa de las autoridades de realizar un estudio económico de las empresas, las cuales alegaban incapacidad financiera para dar debido cumplimiento a las demandas obreras.

El proceso legal termina en el histórico acto expropiatorio de los bienes de las compañías extranjeras el 18 de marzo de 1938, suprimiendo así la exigente petición sindical de cancelación de las concesiones.

Protagonista de primer orden en la historia cívica contemporánea de México, el sindicato petrolero comparte con el general Lázaro Cárdenas, desde entonces, los créditos del proceso expropiatorio y los méritos patrios de la mayor epopeya nacionalista vivida por los mexicanos. Sin embargo, la demanda laboral que originó el movimiento expropiatorio se cumplió hasta el 15 de mayo de 1942, cuando se firmó el Contrato Colectivo de Trabajo.

No obstante el retraso en la consecución de la firma del Contrato Colectivo de Trabajo, el sindicato petrolero disfrutó de autonomía e independencia organizacional en la etapa de la administración cardenista, lo que permitió a su interior el ejercicio de una democracia sindical donde los trabajadores, sin coacción gubernamental alguna, elegían a sus representantes y éstos a su vez, a lo largo y ancho del país, vigilaban el cumplimiento de las prerrogativas económicas establecidas en el Contrato.

Por otra parte, el severo boicot de las potencias extranjeras afectadas en contra de la naciente industria petrolera mexicana, propició la intervención directa y exitosa de los trabajadores, en los procesos de trabajo, quienes demostraron con ello suficiente capacidad técnica y administrativa para conducir la industria.

Tal intervención, conjugada con el protagonismo de la epopeya nacionalista, generó en los trabajadores un marcado y definido interés por apropiarse de la industria. Actitud cultivada inicialmente en el corto periodo de la llamada administración obrera, y sostenida durante largo tiempo por los dirigentes petroleros, quienes finalmente llegaron a formar parte minoritaria del órgano de dirección de Petróleos Mexicanos: el Consejo de Administración.

Élite y corporativismo sindical

Durante el gobierno del general Ávila Camacho, el sindicato petrolero se caracterizó por sus constantes amenazas de paros y huelgas, algunas veces realizadas, siempre de manera seccional y como resultado del continuo relegamiento de sus demandas económicas básicas.

El sexenio de Miguel Alemán recogió la estafeta de industrialización acelerada del país de manos de la administración ávilacamachista, impulsora del modelo de sustitución de importaciones. La continuidad de tal proyecto industrializador en la época alemanista se realizó teniendo como pivote el crecimiento de la industria petrolera y su paz laboral a toda costa, tal y como lo ofreció desde el primer día de su mandato el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por ello, la política petrolera del presidente veracruzano tuvo como propósitos a) la: adecuación total de la planta e industria petrolera a las necesidades del mercado y la demanda interna, y b) la inserción definitiva de esta industria en la dinámica del proceso interno de acumulación privada.

En tales circunstancias, el STPRM fue sometido entre 1946 y 1949 a duras presiones gubernamentales, desde la pérdida de áreas estratégicas de trabajo -legalizada inmediatamente después en el Contrato Colectivo de Trabajo- a la pérdida de autonomía e independencia del organismo gremial, como resultado de una política laboral de férreo control gubernamental ejercida por la administración alemanista en contra de los sindicatos nacionales de industria en general y del sindicato petrolero en particular.

Las nuevas condiciones de contratación insertadas en el Contrato Colectivo de Trabajo de 1947 incluyeron la celebérrima cláusula 36, que legalizaba la intervención del capital privado, nacional y extranjero, en PEMEX. Daba legitimidad al STPRM como única entidad controladora de la fuerza de trabajo y establecía las condiciones jurídicas y económicas para inaugurar en la vida sindical petrolera la práctica de actividades empresariales. Con tales medidas se estaban construyendo las futuras bases de enriquecimiento de los miembros de la dirigencia sindical, quienes tuvieron la posibilidad de practicar la corrupción en gran escala desde 1958, cuando el dirigente nacional en turro, Pedro Vivanco García, negoció para el sindicato la entrega del 2 por ciento del valor total de las obras y servicios realizadas a PEMEX por contratistas.

Pero antes, en los anales del sindicalismo mexicano, diciembre de 1949 aparece como el momento histórico inicial en que el STPRM sufre una transformación cualitativa que acaba con su autonomía, independencia y poder político negociador frente al estado mexicano, como resultado del llamado "charrazo contra el sindicato petrolero", acción perpetrada por corrientes colaboracionistas apoyadas por la Secretaria del Trabajo.

Los reacomodos internos de los nuevos representantes sindicales al servicio del gobierno y la resistencia de los sobrevivientes del viejo sindicalismo democrático, exigirán el paso de tres años, hasta que en 1952 resurgió un STPRM cualitativamente diferente, pues desde entonces dejó de ser un organismo de lucha para convertirse en un instrumento de control de los propios trabajadores.

En adelante, el organismo obrero mexicano más representativo de las luchas nacionalistas, cederá espacios de trabajo estratégicos al sector privado y pospondrá la demanda original de intervenir en la dirección administrativa de la industria, a cambio de ejercer el monopolio absoluto de la fuerza de trabajo. Este monopolio tendrá una longeva vida administrativa y política, pues durará siete sexenios, desde Miguel Alemán en 1947 hasta el primer año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1989.

Desde entonces, el proyecto industrializador transexenal del alemanismo, adoptado sin reservas por Adolfo Ruiz Cortines,' fue impulsado sobre el carril de las corporaciones empresariales, obreras y campesinas; modelo corporativo dentro del cual, el organismo sindical petrolero encontró una veta política ofrecida por el gobierno, generadora de puestos de representación popular. Prebenda política que le permitió proyectar, desde 1952 -y en contra de disposiciones normativas internas- a los miembros de la élite sindical a presidencias municipales, diputaciones y senadurías.

La versión sindical del STPRM, durante los sexenios de Adolfo López Mateos -excepto el momento coyuntural de 1958, durante el relevo del presidente de la República, cuando surgieron fugaces brotes de rebeldía sindical que influyeron en el sindicato petrolero-, Gustavo Díaz Ordáz y Luis Echeverría, es la de un sindicato controlado y sometido dentro del engranaje corporativo. El nuevo sindicato, adherido en definitiva a la CTM desde 1952, es un organismo más que acudía cada 1° de mayo a enarbolar gigantescas mantas con el típico mensaje: "Gracias Señor Presidente", pues desde entonces estuvo más preocupado por la administración de sus ganancias como sindicato empresario y como agencia de empleos intermediaria entre PEMEX y las compañías privadas, así como por la recepción de las cuotas de poder que el sistema político le reservaba al gremio para las candidaturas a puestos de representación popular.

El sindicato empresario

Para 1971, bajo la creciente influencia del liderazgo ejercido por Joaquín Hernández Galicia, alias "La Quina", la faceta empresarial de la élite sindical se ve fortalecida por la inyección de recursos económicos destinados al proyecto "quinista" de instalar granjas avícolas, tiendas de consumo y cajas de ahorro. Con ello, el perfil empresarial sindical se acentuará y proliferarán las tiendas sindicales y los proyectos productivos ligados a la agricultura y la ganadería. Crecerán al mismo tiempo las fuentes de corrupción de la dirigencia sindical, así como también sus instrumentos de control de los obreros, quienes para hacer realidad sus derechos laborales tendrán que realizar jornadas gratuitas de trabajo en las recién instaladas empresas sindicales.

En "Modernización Industrial y Relaciones Laborales, 1983-1989", de Saúl Horacio Moreno Andrade, se afirma que en 1974 la industria petrolera sufre un cambio de orientación sustantivo: en adelante, la paraestatal se adecuará a las necesidades del mercado y la demanda externa.

A la vuelta de la esquina está el sexenio de José López Portillo y su proyecto de crecimiento económico en base a la exportación creciente de hidrocarburos. El sindicato también se preparó para la "administración de la abundancia" anunciada por el nuevo titular del Poder Ejecutivo, al incursionar en una nueva rama de actividad: la del transporte y la perforación marítima.

Son los años de la dolarización del circuito económico petrolero -vía préstamos- que penetra los conductos sindicales hasta llegar a los bolsillos de los miembros de la élite sindical, algunos de los cuales derrochaban sumas millonarias en dólares apostando en los casinos de Las Vegas.

La nueva orientación externa de PEMEX conllevó el inicio de un proceso de centralización del poder sindical que asimiló la zona norte, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sede de la Sección 1 y cuartel general de operaciones del grupo político encabezado por Joaquín Hernández Galicia. Grupo que consigue en 1980 ampliar el periodo de permanencia en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de 3 a 5 años y al mismo tiempo, apoderarse de las carteras claves por los cuantiosos recursos económicos que manejaban, para hacer obligatorio el impulso, en todas las secciones, de la nueva versión del proyecto quinista denominado "Revolución Obrera". En la obra citada se afirma que la hegemonía del grupo quinista es refrendada en 1984 cuando, rompiendo con la regla de la alternancia en la dirección nacional, impone en ésta a un trabajador de la Sección 1, en lugar de un representante de la Sección 10, a quien le correspondía. Es también en este año cuando el organismo sindical se autopercibió como "revolucionario", motivo por el cual desde entonces será conocido como Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es decir, SRTPRM.

El sexenio de Miguel de la Madrid se desenvolvió en el contexto de una baja de los precios internacionales del petróleo y su correlato nacional: una severa crisis económica en un país que desde la época echeverrista había apostado todo su modelo de crecimiento en base al endeudamiento externo para la producción acelerada del petróleo hacia el mercado internacional.

Moreno Andrade sostiene que tales circunstancias influyeron en el debilitamiento de las relaciones laborales entre PEMEX y el sindicato.

Bajo la fachada de un plan moralizador, la entidad sindical vivirá durante los años comprendidos entre 1983 y 1988 la época más asfixiante de sus historia, bajo la presión de un gobierno que pretende construir en México las bases de un nuevo proyecto modernizador de la economía en base a la privatización creciente de amplios sectores de la actividad económica, hasta ahora, en manos de estado.

La variante modernizadora y privatizadora de Petróleos Mexicanos es conocida como el proyecto NUEVO PEMEX y su aparición pública está precedida por declaraciones oficiales del nuevo director, quien diagnosticaba que el desprestigio nacional de la empresa era producto del dispendio corruptor protagonizado tanto por funcionarios de la paraestatal como por los líderes sindicales.

Joaquín Hernández Galicia, encarnación del poder sindical centralizado, al percibir el tamaño de las intenciones moralizadoras de los integrantes de la nueva administración, emprende en 1983 sus propias campañas anticorrupción al interior del sindicato que producen los primeros chivos expiatorios y una incipiente división en la cúpula sindical, que ya desde 1977 barruntaba purgas sindicales mortales, inauguradas con él asesinato de Heriberto Kehoe Vincent, secretario general del CEN, y continuadas años más tarde con la muerte de Oscar Torres Pancardo, ex dirigente nacional.

Los golpes de Salinas

Es en 1984 cuando el sindicato recibe las primeras señales del proceso privatizador mediante un golpe dirigido al centro de la fuente económica del sindicato. El entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, les comunicaba la disposición legal que prohibía la adjudicación de contratas para obras a entidades públicas sin licitación previa. Posteriormente, en septiembre del mismo año, él CEN del SRTPRM se enteraba de la suspensión de la disposición que le permitía recibir millonarios recursos por concepto del 2 por ciento del valor total de las obras y servicios realizadas a PEMEX por compañías privadas. A partir de ese momento, Carlos Salinas de Gortari es declarado enemigo del gremio petrolero.

Sin embargo, el sindicato todavía conserva el poder necesario para obligar al Presidente de la República a cancelar estas medidas. El modelo laboral vigente desde 1949, todavía es inmodificable.

Será hasta el primer año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1989, cuando el proyecto modernizador de la economía mexicana comience a aplicarse en al ámbito de la base obrera, comenzando con la detención violenta del cacique regional del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, en el mes de enero. Eliminado su principal obstáculo, el plan modernizador en su vertiente petrolera consistió esencialmente en un desmantelamiento de las conquistas y concesiones históricas de los obreros petroleros por medio de la transformación cualitativa del Contrato Colectivo de Trabajo.

La firmeza y audacia de la medida adoptada contra el poderoso sindicato se alimentaba de la imperiosa necesidad de legitimidad del nuevo gobierno federal, así como también de la razón de estado de continuar un proyecto de modernización de la planta productiva nacional, derivado de los reclamos internacionales de ampliación y apertura de los mercados en un mundo cada vez más globalizado. Se nutría también de la necesidad de castigar al gremio petrolero, cuyos afiliados habían vivido, sin saberlo, el fin del corporativismo al votar "en libertad" y con criterio diferenciado, a favor de los candidatos a senadores y diputados del PRI, pero en contra del candidato a la presidencia de la República de ese mismo partido, es decir, de Carlos Salinas de Gortari, razón por la cual, en julio de 1988, el PRI perdía la elección presidencial en varios distritos petroleros.

El nuevo Contrato Colectivo de Trabajo aprobado para el bienio 1989-1990, según la caracterización del sociólogo Saúl Horacio Moreno Andrade, fue la expresión legal del proceso modernizador aplicado por los funcionarios tecnócratas del Gobierno Federal e iniciado desde el sexenio de Miguel de la Madrid, con el propósito de adecuar a PEMEX a las cambiantes condiciones del mercado petrolero internacional.

Las cláusulas principales, alrededor de las cuales se construyeron las nuevas relaciones entre sindicato y empresa, fueron la 22 y la 36. De acuerdo a las apreciaciones de Moreno Andrade, la primera cláusula liberó al patrón de la obligación que tenía de comprobar al sindicato los cambios organizacionales, pues en adelante éste otorgó a la empresa plena libertad para llevar a cabo la adecuación de sus estructuras administrativas, la introducción de sistemas modernos de información y el control de los procesos de trabajo.

Las modificaciones a la famosa cláusula 36 apuntaron en varios sentidos: engarzar las disposiciones a favor del capital extranjero en materia petrolera contenidas en el nuevo reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras; derrumbar el monopolio de la fuerza de trabajo del sindicato, y con ello eliminar su fuerza política como instrumento de control de las bases trabajadoras, y desaparecer las facultades que fortalecían económicamente al sindicato, prohibiéndole la constitución de empresas, así como la recepción del famoso 2 por ciento del valor total de las obras y servicios realizados a PEMEX por contratistas.

Los años Noventa son para el desprotegido gremio petrolero, los años de reajuste de la plantilla laboral. Conocen entonces de despidos, liquidaciones, indemnizaciones y jubilaciones anticipadas. No existe más el poderoso sindicato de antaño. Rotos los vínculos corporativos, el sindicato ha transformado el centralismo político de la era quinista en poderes seccionales territoriales bien localizados, donde algunas ciudades como Ciudad Madero, en Tamaulipas, Minatitlán y Coatzacoalcos, en Veracruz, son gobernadas por la oposición.

Sin embargo, el gremio petrolero como tal, conserva una dirección nacional subordinada al gobierno federal. El SRTPRM todavía aparece como un organismo miembro del Congreso del Trabajo. Al parecer, aun cuando han sido rotos los lazos corporativos con el estado, el sindicato todavía permanece ata al mismo a través de un lazo imaginario que les impide alzar la cabeza para ver las nuevas opciones del sindicalismo mexicano, o quizás aún no se recupera del fuerte golpe que le dio Salinas de Gortari.

* Licenciado en sociología por la UNAM e investigador del Centro de Estudios para la Transición Democrática, A.C. (CETRADE, A.C.).