Ante las necesidades productivas del México actual es importante adecuar el Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo vigente, aunque esa reforma debe contar con el consenso de los actores del ámbito productivo, afirma el director de Trabajo y Previsión Social en Veracruz, dado que la sociedad está muy sensible al tema y le corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión hacer reformas o legislar en materia laboral.

La reforma laboral por consenso

Entrevista con Fernando Charleston Salinas

Director de Trabajo y Previsión Social de Veracruz

Rosa Contreras Pérez

Transición.- ¿Cuál es su opinión respecto al interés gubernamental para adecuar las leyes laborales a la nueva realidad nacional?

Fernando Charleston Salinas.- Quiero ser muy preciso y muy claro: más que un interés gubernamental, es un interés de la sociedad, del país, de grupos políticos y académicos: ante el umbral del siglo XXI y la globalización de las economías es muy importante adecuar la Ley Federal del Trabajo.

Hoy se aplica una Ley cuya vigencia data de 1970, aunque tuvo una ligera reforma en 1980 en cuanto al procedimiento; no obstante podemos afirmar que se está trabajando con una Ley de hace treinta años. Desde entonces, es obvio, México ha cambiado mucho: el México de 1999 no es siquiera semejante al México de 1995.

Al respecto hay posturas muy importantes. El PAN presentó en 1988 una iniciativa de ley completa ante el Senado de la República; el PRD presentó una iniciativa en 1998, muy completa también, la publicó pero no la ha presentado ante ninguna. de las dos cámaras legislativas. Los empresarios presentaron un esbozo de cosas que se podrían cambiar pero todos sabemos que le corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión hacer reformas o legislar en materia laboral.

Más que una modificación, es importantísima una adecuación a la Ley Federal del Trabajo. El tema se ha discutido a través de las mesas sobre, la nueva cultura laboral efectuadas en la ciudad de México, pero entre empresarios y trabajadores se discute a diario, y también en las aulas universitarias a través de la disertación que dan los maestros sobre la importancia de adecuar la Ley a efecto de estar acordes a los grandes movimientos y cambios tecnológicos por los que atraviesa el mundo.

Ahora bien: una transformación tan sentida como es la adecuación de la Ley Federal del Trabajo. sólo podrá llevarse a cabo mediante el consenso de todos los actores que participan en el ámbito productivo; esto sin renunciar al principio esencial de la defensa de los derechos de los trabajadores, los cuales deben permanecer a salvo de cualquier modificación o adecuación. Hay que sentarse a la mesa a platicar cómo hacer más claras las reglas en la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que trabajadores y patrones sean más competitivos, más productivos y ambos obtengan mayores ingresos.

Consensos aparte, ¿cómo deberían quedar, tanto el Artículo 123 como la Ley Federal del Trabajo, después de la reforma?

Insisto: decir yo cómo deberían quedar sería tanto como influir en una decisión que es necesario tomar por consenso. Hay propuestas del PRD, del PAN, del sector empresarial a través de COPARMEX y CANACINTRA, las cuales pueden discutirse. No obstante, pienso que esa legislación debe quedar moderna, acorde al nuevo milenio y sobre todo debe conservar el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores.

Dada su calidad de árbitro entre los empresarios y los trabajadores veracruzanos, ¿considera que hay condiciones para una reforma?

Siento que las condiciones sí están dadas. Por primera vez en México se sientan a platicar por ejemplo las dirigencias de la UNT y las representadas por Hernández Juárez, Juárez Blancas y Rodríguez Alcaine, después de que tenían más de un lustro que no lo hacían, así como los empresarios. Es decir las condiciones están dadas para el próximo periodo legislativo, aunque -aclaro- no actualmente.

El próximo periodo legislativo los partidos políticos, diputados y senadores, pero sobre todo empresarios y trabajadores, tendrán que sentarse a debatir con responsabilidad para llegar a un consenso sobre la adecuación de la Ley Federal del Trabajo y del Artículo 123.

Se dice que no se respeta el Artículo 123 Constitucional ni la actual Ley Federal del Trabajo, ¿hasta que punto esto es cierto?

Se respetan -¡cómo no!- y en demasía, por eso precisamente se pretende que hagamos más flexible la Ley Federal del Trabajo. Ambos ordenamientos se respetan total y absolutamente porque no pueden quedar al arbitrio administrativo de una autoridad; son leyes que tienen vigencia, coercividad, y nadie, ninguna autoridad, puede determinar sobre una disposición de carácter jurídico-legal que contemplen la Ley Federal del Trabajo y el Artículo 123.

¿Quiénes son más difíciles de conciliar, los sindicatos independientes o los tradicionales?

Todas las controversias jurídico-laborales son difíciles por el antagonismo entre los trabajadores que tienen una idea particular y los patrones que tienen otra. Sin embargo, a pesar de sus características opuestas hay una gran disposición por parte de ambos grupos por privilegiar la conciliación, y en cuanto a los trabajadores hablo de todos los sindicatos en general, por eso podemos afirmar que en un 100 por ciento dirimen sus diferencias mediante el diálogo y la concertación.

¿Cuántos sindicatos hay en el estado de Veracruz?

Registrados hay varios. No tengo la cantidad exacta, pero estimo que son más de 2000 los sindicatos registrados en Veracruz, incluyendo los independientes.

¿Cómo se está dando la reconversión productiva en Veracruz?

Hay generación de empleos, es obvio, y lo ha manifestado la Secretaría de Desarrollo Económico, instancia que tiene y maneja los datos. Desde aquí observo ese proceso de una manera muy especial: cada día hay más contratos colectivos depositados en materia local. Por supuesto, en lo que me corresponde, se depositan más contratos colectivos; eso quiere decir que se están generando más empresas pues a cada empresa nueva le corresponde una firma de contrato colectivo.

Algunos especialistas en materia laboral aseguran que sólo el 20 ó 25 por ciento de los asalariados trabajan bajo contrato colectivo...

Es posible, pero las empresas que no tienen contrato colectivo corren el grave riesgo de ser emplazadas a huelga por ello, de manera que casi todas las empresas prefieren acordar con los sindicatos y firmar un contrato colectivo para evitar situaciones de otro orden. El dato que mencionó usted es una estadística muy respetable, pero yo quiero decir que si yo, como patrón, puedo evitar emplazamientos a huelga por firma de contrato, lo que haría es firmar ese contrato colectivo con un sindicato que me garantice productividad, tranquilidad y paz social.

¿La modernización de las empresas ha implicado el despido de trabajadores?

No en materia local. Aquí quiero ser muy exacto, muy honesto: se dan los despidos que normalmente ocurren, los que se aplican a los trabajadores y se denuncian en esta Dirección en materia individual. Incluso podemos hablar de un promedio anual de despidos: el año pasado hubo 5 mil demandas entre despidos injustificados, solicitudes de pagos de tiempo extra, en fin, todo lo que marca la ley en materia individual, y creo que este año tendrá el mismo parámetro, pero despidos brutales, fuertes, no existen en materia laboral.

Se dice que por la crisis del corporativismo, el estado hace un creciente uso de su capacidad de control a través de la Secretaría del Trabajo y direcciones como la del Trabajo y Previsión Social. ¿Es cierto esto?

La crisis del corporativismo es una cuestión histórica, sucede normalmente en el mundo. Ahora que si hablamos del corporativismo en el sentido de organización, no creo que exista porque las confederaciones se dedican cada vez más a la defensa de sus intereses como organismos laborales. En lo que el corporativismo no funciona ya -de ello tengo plena certeza- es en la cuota de votos. El primero de mayo vimos a los trabajadores: desfilan todos bajo sus siglas, vienen a sus análisis bajo sus siglas, marchan y vienen a la defensa de sus intereses cuando hay emplazamientos, con sus organizaciones: CROC, CROM, CTM.

Sí es cierto, y por ello no diría que hay crisis sino más bien madurez política, que en la actualidad ningún dirigente puede asegurar que los 10, 15 ó 20 mil apremiados que representa vayan a votar por un determinado candidato de algún partido político. Si así es como entendemos el corporativismo pues ya aprendimos que el voto es secreto, individual, universal y cada quien vota por quien quiere.

De darse una reforma de manera que no sea obligatorio pertenecer a un partido o a una central obrera, ¿cree que esto podría debilitar a las grandes organizaciones como la CTM?

Si se hace una reforma, una adecuación a la Ley Federal del Trabajo, llevaría consigo beneficios para el trabajador en términos generales y para el sistema productivo de México; sería muy temerario adivinar las consecuencias posteriores. A nadie -ni a los empresarios, ni al gobierno, ni a los trabajadores- le conviene un liderazgo débil. Eso obligará a los líderes sindicales a estar más pendientes de los trabajadores y de sus demandas.

Actualmente cada empresa tiene libertad. para tratar con quien quiera. El problema es que las reglas no están precisamente definidas, claras, lo cual hace que una empresa, apenas se instala en un territorio, ya tenga cuatro emplazamientos por firma de contrato colectivo. Eso nos obliga como autoridad a ser más concertadores, a ver quién tiene el interés profesional, quién tiene trabajadores en primer lugar y en seguida quién tiene el interés jurídico profesional de acuerdo a su registro de sindicato. Es decir: a mí no me va a emplazar en la construcción de una carretera un sindicato de envasadores, sino un sindicato de constructores y albañiles.

¿Qué opina respecto a la propuesta de eliminar cambiar las juntas de Conciliación y Arbitraje y que en su lugar se designen jueces de lo social y del trabajo?

En ese aspecto coinciden las propuestas del PRD y del PAN. No obstante, los sectores organizados como los obreros no quieren que las juntas se supriman, porque éstas son autoridades tripartitas: un representante del Gobierno Federal, un representante patronal y un representante de los trabajadores, éstos dos últimos electos cada 6 años y fungen tanto en materia federal como en materia local.

Ahora bien, el PAN y el PRD en efecto proponen que desaparezcan las juntas de Conciliación y Arbitraje; para que sus responsabilidades sean asumidas por el Poder judicial, tanto de la federación como de los estados. ¡Pero "ojo" con las juntas federales! Si bien es cierto que dependen del Ejecutivo, administrativamente también son un tribunal autónomo que, incluso, la verdad absoluta de lo que se condensa a través de las laudos -las sentencias en materia laboral- estos son atacables mediante el juicio de amparo directo e indirecto, cuando los casos de resolución son de las propias juntas. Ahí no creo que hubiera un cambio de fondo sino de forma. porque finalmente esas instancias están sujetas a la jurisdicción del Poder Judicial Federal.

¿Cuáles actividades desarrolla en el estado de Veracruz la Dirección de Trabajo y Previsión Social?

Tratamos de implementar una modernización tecnológica a través del impulso con los escasos recursos que podamos tener, ala concertación de acuerdos para que no se quede al arbitrio la aplicación del derecho.

Desafortunadamente nosotros tenemos criterios muy distintos, por ejemplo: el juzgado de distrito de Tuxpan actúa muy distinto a como lo hace el juez de distrito de Xalapa o el juez de distrito que nos corresponde en los tribunales colegiados en Villahermosa, quien atiende las resoluciones que van a las juntas en Coatzacoalcos.

Tenemos 10 juntas especiales de Conciliación y Arbitraje, con autonomía propia, integradas debidamente por representantes patronal, de trabajadores y del gobierno.

Lo que queremos es hacer más uniformes los criterios de las juntas. más sólidos y tratar de abatir el rezago, el cual no es alarmante pero siempre he creído que una justicia laboral retardada es una justicia denegada. Tenernos que ser más agresivos y estar más alertos a las juntas especiales. a efecto de resolver en corto tiempo las controversias jurídico-laborales.

Ese rezago algunas veces es imputable, por las pruebas que presentan. a los propios abogados litigantes que hacen difícil el desahogo de las mismas, pero dentro de la normalidad se están llevando a cabo las resoluciones, en apego estricto a lo que la Ley señala.