Con la reforma educativa de 1992, los sindicatos magisteriales enfrentan una nueva realidad laboral, cuya característica más notable es su incidencia en la democratización de las organizaciones gremiales de sector. Ello ha derivado en la necesidad de ampliar las demandas laborales tradicionales -salario, condiciones, etcétera- hacia la posibilidad efectiva de mejorar el desempeño cuantitativo y cualitativo del docente, y por ende, del sistema educativo nacional.

El sindicalismo en la educación pública

Ricardo Gómez Leyva *

La relación entre la educación y los sindicatos de las instituciones educativas se encuentra circunscrita dentro de la realidad nacional, condicionada por sus orígenes históricos y las actuales circunstancias políticas, económicas y educativas.

La educación constituye uno de los logros más importantes de la Revolución Mexicana. Durante mucho tiempo, la educación pública ha significado para la sociedad mexicana una de las más importantes aspiraciones en la búsqueda de un estado democrático sustentado en el impulso a las libertades. De igual manera, a la educación pública se le ha asignado una función de movilidad social, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y de condiciones, las cuales constituirían un factor decisivo en el mejoramiento de los niveles de vida y de bienestar de la población.

Nuevo entorno laboral

Un primer aspecto que es necesario resaltar es que no obstante la fuerte tradición centralista del estado mexicano, heredada del siglo XIX, consolidada con el caudillismo y continuada por la figura del presidente en turno, es que recién da inicio la descentralización de la educación.

Es a partir de la presente década que en algunos países latinoamericanos se aplican políticas descentralizadoras en el ámbito educativo. Muchas de estas experiencias se realizaron bajo diversos modelos, desde aquellos con un claro enfoque económico, cuya prioridad es el ahorro del gasto público, la distribución del gasto social o la simple transferencia a entidades comunitarias o privadas la conducción de la gestión educativa.

También encontramos la concepción tecnocrática, cuyo objetivo central es el control para hacer más eficiente el proceso de toma de decisiones, donde se delega la capacidad de ejecutar en base a criterios establecidos por las autoridades centrales. El modelo pedagógico busca en la descentralización un mecanismo de mejora de la calidad, perspectiva ausente en la mayoría de los casos. Finalmente, el modelo democrático / participativo, cuyo objetivo central es otorgar mayor autonomía de decisión, poder y recursos a las instancias locales o regionales, implica un proceso de aprendizaje para los actores y un ejercicio concreto de cultura democrática y de participación ciudadana.

Es desde estos modelos que es necesario revisar el caso mexicano. El proceso mexicano de descentralización da inicio a partir de 1992, diversos documentos oficiales marcan los aspectos medulares de la actual política educativa, así como sus objetivos, metas y estrategias.

El debate sobre el federalismo y la descentralización constituye actualmente una cuestión de suma importancia no sólo para los gobiernos estatales, sino también para los actores fundamentales: autoridades, docentes, sindicatos, padres de familia. Por ello, es imperativo que cada uno de éstos asuma la posición que le corresponde. Aquí cabría preguntar si la descentralización es un medio o un fin, y si ésta constituye una oportunidad o una amenaza.

Es elemental que los actores desarrollen nuevas capacidades a fin de redistribuir las responsabilidades de la enseñanza. Es de singular importancia que los actores asuman el traspaso de todos los establecimientos a la jurisdicción estatal, para que cada entidad federativa asuma con responsabilidad y logre consolidar un sistema educativo lo suficientemente capaz de responder a los requerimientos de la Nación y del entorno internacional.

Un segundo aspecto lo constituye la actualización del curriculum en cuanto a los conocimientos y saberes en el mundo globalizado de hoy, donde el papel de la educación ha experimentado una serie de cambios, destacando entre éstos el ser considerada hoy un elemento clave de la transformación de la sociedad y estratégico para el desarrollo de los pueblos.

Aunado a lo anterior, cambió incluso el concepto mismo de la educación, de ser considerada un gasto a entenderla como una inversión de alto rendimiento social. Es necesario agregar a esto la velocidad con se generan los nuevos saberes en las diversas áreas del conocimiento, el acelerado desarrollo de la tecnología y el avance de la ciencia de la educación.

Por ello, el cambio (cualitativo) depende de cómo concibamos la educación, pero sobre todo de la visión de conjunto sobre la coyuntura actual y sobre las posibilidades en el largo plazo; aunque las respuestas que tengamos de la sociedad y sus necesidades condicionarán el futuro de la educación, la función de los docentes y -específicamente- el papel de los sindicatos magisteriales.

Los actuales requerimientos educativos que hacen especial énfasis en la calidad -en los diferentes niveles y subsistemas-, insertan al docente en un conjunto de circunstancias relativamente nuevas en cuanto al papel, activo, respecto a los programas y planes de estudio y su aplicación desde los actuales enfoques.

No podemos olvidar que la calidad educativa es uno de los retos más importantes en todos los niveles, subsistemas y modalidades. El generar substancialmente la disminución de los índices de reprobación y deserción, aumentar la eficiencia terminal y sobre todo aumentar los índices de absorción de cada nivel educativo, serán elementos claves para alcanzarla.

Para los docentes, adecuarse a las nuevas circunstancias curriculares, generar una mayor capacidad de respuesta social, así como innovar y actualizarse, son requerimientos de índole fundamentalmente personal, no sólo institucionales.

El sindicalismo magisterial

Abordar el análisis de los sindicatos magisteriales conlleva a revisar básicamente tres aspectos medulares, en primer lugar es necesario enmarcar su origen histórico y sus características fundamentales. El nacimiento del mismo se encuentra ligado al partido gobernante: desde el gobierno de Lázaro Cárdenas este gremio pasa a convertirse en integrante de un "sector" del PNR; posteriormente, con la política de Manuel Ávila Camacho de "unidad a toda costa frente al fascismo europeo", se reafirma el control sobre los profesores, dando paso a lo que ciertos autores han denominado la política clientelar y corporativa del estado mexicano.

Es desde Cárdenas que los docentes son considerados trabajadores al servicio del estado (burócratas). La reglamentación misma por la cual se rigen condiciona en gran medida sus características: la inexistencia de un contrato colectivo, el regirse por las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), su permanencia dentro del apartado "B" de la Ley Federal del Trabajo y el no tener derecho a huelga.

Desde los años Cuarenta hasta hoy, los dirigentes de los sindicatos de la educación -con pocas excepciones- han formado parte y se han asumido como integrantes de la burocracia del estado, aunque con un doble papel: el de directivos o funcionarios, cuando pasan a cumplir funciones de dirección dentro de las administraciones estatales en el ámbito educativo o cuando pasan a ocupar posiciones políticas en los diferentes niveles de gobierno, ya sea a nivel del Ejecutivo o del Legislativo. Asimismo, cuando son parte de la dirección sindical, establecen una separación, aunque sólo formal, asumiéndose como dirigentes o como parte de la burocracia sindical. Esta característica los distingue del resto de los sindicatos. Al menos hasta 1989 en el SNTE, fecha en que se trastoca el dominio de Vanguardia Revolucionaria.

Tal es la historia del sindicalismo magisterial, corporativo y ligado al PRI, donde las presiones del interior así como las circunstancias nacionales jugaron un papel importante. Es hasta la presente década cuando se generan ciertas transformaciones al interior de los sindicatos magisteriales, las cuales se formalizarían estatutariamente con especial énfasis en la libertad de pertenencia a cualquier partido político, lo cual era un derecho ya considerado en la Constitución. Es decir, los Noventa significan el intento de pasar de un sindicato autoritario y vertical a un sindicato plural y tolerante.

Un segundo aspecto lo constituye la descentralización iniciada en 1992 misma que también impactó a los sindicatos, específicamente al SNTE que pasó a tener relaciones laborales con los diferentes gobiernos de los estados, pues los profesores pasaron a convertirse en empleados de estos gobiernos, dentro de un espectro muy heterogéneo de disposiciones jurídicas que regulan las relaciones con sus empleados, incluidos los maestros.

Estas disposiciones hacen necesario replantear la política sindical bajo una nueva estructura de negociación, así de sueldos como de condiciones de trabajo y asuntos profesionales, dado que hoy la superación y la capacitación implica una retribución mayor, en parsimonia con la responsabilidad asumida.

Los sindicatos magisteriales tienen que visualizar el nuevo entorno. Su adecuación a las nuevas circunstancias de la globalización, los cambios curriculares y la valorización actualizada, socio-profesional, de la labor docente y su función en la labor educativa es la razón de ser de los sindicatos de la educación.

Asimismo, el sindicalismo magisterial de hoy, el que se proyecta al futuro, exige la capacidad para articular entre micropolítica (escuela, realidad en el aula) y la macropolítica (la que hace el Estado nacional o los estados de la República).

Es menester de igual manera trascender tanto la aceptación pasiva de los lineamientos de la política educativa, como el simple denuesto, la fanfarria y el "show", para encontrar qué es lo que está mal en cada una de las situaciones y encontrar el camino para hacer lo mejor.

No podemos olvidar que la masificación que experimentó el sistema educativo a partir de los Setenta, no sólo afectó a los alumnos sino también a los docentes. Es necesario preguntar qué capacidades podemos fortalecer en nosotros mismos, y qué debemos exigir al estado y a los institutos de formación docente. Lo contrario es la certeza, falsa, de que no debemos tener las competencias y capacidades básicas para ejercer la enseñanza.

* Historiador, Maestro en Ciencias de la Educación e Investigador del Centro de Estudios para la Transición Democrática.