La indolencia ante el medio ambiente es una característica del afán de progreso que asumen las autoridades y los grupos de poder económico de manera cada vez más ajena a la sociedad, asunto que entre más de ejemplos, se ilustra a partir de un suceso de la realidad estatal.

Ampliación del puerto de Veracruz: crimen ecológico

Luis Martínez Wolf *

En el ámbito nacional se cometen infinidad de delitos, que van desde faltas menores hasta delitos graves. Considero que al margen de la calificación jurídica que emiten los jueces competentes, la falta o delito que mayor trascendencia tiene es el que cometen las autoridades por omisión o evasión de su responsabilidad, causando ello grave lesión a la institución republicana, a la economía del país y a las relaciones entre gobierno y gobernados.

Las cuestiones ambientales revisten un carácter que hasta la fecha no es comprendido o entendido a plenitud por los funcionarios públicos y el pueblo. Invariablemente se piensa que lo que pasa a otros y no me afecta directamente, permite soslayar o evadir mi directa participación para colaborar en la preservación del medio ambiente sano. ¡Craso error e irresponsable actuar de los gobernantes el no atender con estricto cuidado lo que sucede a nuestro entorno ambiental! Los talamontes arrasan sin control alguno lo poco que queda de nuestras selvas tropicales y bosques de altura; los cazadores, furtivos y autorizados, matan toda especie animal que esté al alcance de sus escopetazos o trampas, empobreciendo el medio al romper drásticamente la cadena trófica derivada de la biodiversidad y equilibrio natural de las especies, la secretaría encargada de vigilar los impactos ambientales que se producen en contra de la naturaleza, sobre todo los antropogénicos -es decir, creados o provocados por el ser humano- no son atendidos oportunamente, acumulándose barios que están dejando al medio ambiente al borde de la aniquilación, del holocausto universal.

El afán de lucro impide al género humano comprender cabalmente que el inmoderado consumo de combustibles fósiles o petrolíferos está elevando peligrosamente en la atmósfera el contenido de bióxido de carbono y otros gases letales; la interacción de una serie de efectos o acciones antropogénicas, ha conducido a la eliminación de la capa de ozono que filtraba o moderaba los rayos cósmicos ultravioletas, radiación que al pasar libremente e incidir sobre la tierra y los océanos, afecta directamente al hombre provocándole cánceres en la piel, pero la mayor agresión se da en las capas superficiales del océano al afectar nociva y directamente al fitoplancton o plancton vegetal, organismo viviente que a través del proceso de fotosíntesis genera más del 50 por ciento del oxígeno atmosférico que respirarnos todos los seres vivientes superiores, entre otros el hombre.

En cambio, si cuidamos el habitat de nuestra casa, de nuestra manzana, de nuestro pueblo o ciudad, estaremos actuando en concordancia con la norma ética ambientalista, que observada universalmente nos permitirá sobrevivir.

Historia de un atentado

Los grupos ecologistas del puerto de Veracruz protestaron airadamente desde el momento en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició las obras de ampliación del puerto de Veracruz. El pueblo en lo general sintió que con el plan maestro de ampliación del puerto de Veracruz se estaba cometiendo un flagrante delito que afectaba directamente el medio ambiente veracruzano y la salud de los habitantes del puerto. No nos espanta el actuar de la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER) -directa agresora del medio- sino la tolerancia de los organismos gubernamentales encargados de mantener sano al medio ambiente: Semarnap, Profepa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concertaron, sin pacto oficial, una alianza en detrimento de la salud de los veracruzanos.

Nadie ha hecho caso, es más, los responsables de impartir justicia o procurarla se han coludido para desatender las quejas interpuestas formalmente por los grupos ambientalistas. La participación y presencia de altos funcionarios como el Procurador General de Protección al Medio Ambiente, maestro Antonio Azuela de la Cueva, sólo ha servido para dar imagen a estos funcionarios, quienes han fingido actuar para tapar el ya consumado delito ambiental.

El grupo Vida Plena, Ecología, Controlada, A.C., denunció a Profepa y Semarnap ante la CNDH. Después de muchas pláticas, alegatos y argumentaciones de cargo y descargo, la CNDH concluyó que el asunto había sido atendido por Profepa y por tanto declaraba concluido el asunto, negándose a reabrir el expediente CNDH/ 122/97/VER/8055, considerando que ya no existen elementos que modifiquen las circunstancias que originaron, en su momento, la conclusión del mismo. La CNDH declaró que había sido atendida la queja interpuesta por ecologistas el 6 de mayo de 1998, y la Profepa emitió hasta el 17 de septiembre de 1998 un dictamen en que sentenciaba a APIVER al pago de una multa por haber conculcado los términos y condiciones previstos por la Resolución 516 otorgada por el Instituto Nacional de Ecología, a través de la cual se autoriza la realización de las obras de ampliación del puerto de Veracruz.

¡Pura vacilada lo de Profepa! Burla al pueblo que denunció desde 1995 el daño que APIVER infería al medio ambiente con sus obras de ampliación. Después de muchos alegatos y con el daño ya consumado, la procuraduría ambiental sale con la burlona acción de que aplica una multa a APIVER, multa que además puede ser reconsiderada o no aplicada al iniciarse el farragoso procedimiento administrativo de ejecución.

Profepa debe ser formalmente reconvenida y en alguna forma sancionada, pues con estos hechos no está ejecutando el procedimiento de aplicación de la justicia tal y como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su apartado relativo a Delitos Ambientales, que considera una penalidad de prisión hasta por 9 años aplicable a quienes provocaron el daño al medio ambiente en una zona urbana.

En grave entredicho ha quedado la CNDH, pues desde noviembre de 1996 se le pidió formalmente que en atención a las facultades que le concede el Artículo 40 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, suspendiera las obras o que tomara las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas y reclamadas, las cuales produjeron daños de difícil reparación a los afectados, en este caso al pueblo de Veracruz.

En su oportunidad, la CNDH siguió el procedimiento burocrático de "hacer como que hacía" sin hacer nada. Por culpa de su inacción se derribó el área forestal del norte del puerto de Veracruz, se arrasó la capa vegetal que fijaba las dunas y se rellenó la Bahía de Vergara, creando un microclima en toda la parte norte de la ciudad y puerto de Veracruz: una atmósfera saturada de microorganismos patógenos y elevado contenido de monóxido de carbono, aire poluto que sustituyó el antes saludable elemento que se respiraba en la playa por la gran cantidad de árboles con dunas afirmadas por las plantas rastreras.

Los veracruzanos que conocemos el daño causado por APIVER estamos indignados, los que no saben qué está pasando lo intuyen pues padecen los efectos de insalubridad ambiental. Lo grave, oprobiosamente grave y vergonzoso, es que las autoridades responsables no hacen nada y se justifican diciendo que lo que han hecho o permitido que se haga redundará en beneficio económico de la población.

La familia veracruzana está afligida y desesperada pues los trabajadores portuarios, antes dinámicos consumidores por estar empleados y ganar un decoroso salario, hoy engrosan las filas de desempleados, muertos de hambre o en el mejor de los casos de vendedores ambulantes o "mil usos", que hacen lo que se puede. ¡Cuidado!, la lucha del pueblo contra el gobierno siempre termina mal.

* Ingeniero mecánico naval, presidente del grupo Vida Plena, Ecología Controlada, A. C. y colaborador de Greenpeace México.