El reto del progreso económico en países como México no sólo debe perseguir la prosperidad social, también implica proteger adecuadamente los recursos naturales y al mismo tiempo preservar los ecosistemas naturales que existen en el país, pues ambas precauciones son indispensables para el bienestar y la salud de la población.

El costo ambiental del desarrollo

Mardocheo Aguilar Zavaleta *

El impacto ambiental implica la modificación del ambiente en cuanto se alteran relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que lo conforman, lo cual afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y los seres vivos. Dentro del impacto ambiental es que se debe considerar el riesgo para la salud humana como consecuencia de cualquier desequilibrio ecológico.

Durante décadas no se consideró que la industrialización, además de propiciar el bienestar de la población, producía también una degradación de los sistemas naturales, degradación que finalmente alteraría el anhelado bienestar.

Actualmente, es impresionante el hecho de que el consumo mundial de energía ha provocado la acumulación de toneladas de gases en la atmósfera. Esta acumulación actúa produciendo el efecto invernadero, causa por la cual se pronostica que aumentará -de manera catastrófica y a corto plazo- la temperatura de la tierra.

El impacto ambiental producido por los energéticos comprende los efectos de todas y cada una de las fases de un ciclo energético: la exploración, la extracción, el refinamiento o el enriquecimiento, el transporte, el almacenamiento, el consumo y la producción de desechos. Cabe mencionar que el carbón, el petróleo y el gas natural son los llamados combustibles de origen fósil, los cuales proveen el 90 por ciento de la demanda mundial de energía; de estos energéticos, el petróleo es el de mayor consumo. Por lo tanto, para analizar las estrategias de desarrollo a seguir en cada país es necesaria la evaluación objetiva de los riesgos que presentan las fuentes de energía.

En los últimos años ha comenzado a cobrar peso el punto de vista según el cual el desarrollo económico debe satisfacer las necesidades actuales sin comprometer por ello el futuro, únicamente un desarrollo de este tipo puede ser llamado sostenido en un sentido amplio. Bajo las perspectivas económicas actuales, el tema ambiental se convierte en prioritario no sólo porque es la base del desarrollo, sino porque se impone como condicionante para la liberación del comercio.

Hoy día, los países en vías de desarrollo se enfrentan al reto de progresar económicamente y, al mismo tiempo, de conservar sus recursos y sistemas naturales que son necesarios para el bienestar y la salud de sus poblaciones.

Es de esperarse que en los próximos años la contribución relativa de los países en desarrollo a la contaminación global vaya en aumento. Esto debe ser considerado especialmente cierto para aquellos estados nacionales cuya política de expansión económica no esté basada en la idea de un desarrollo sostenido o sustentable, es decir, que se traduzca en el aprovechamiento de los recursos y sistemas naturales, sin afectaciones hacia las generaciones futuras.

De esta forma, los países que se desarrollen de esta manera provocarán el agravamiento de problemas que superan con mucho lo regional; es de esperar que dichas naciones aumenten su contribución, por ejemplo, a la acumulación global de gases modificadores de la capa de ozono y de los gases que propician el efecto invernadero.

En la actualidad, no existe fuente energética alguna que no implique un costo ambiental. Por su parte, los combustibles fósiles continúan siendo con mucho la principal fuente de energía utilizada en los procesos industriales. Es por tanto necesario tomar en cuenta el costo ambiental que la explotación de cada una de las fuentes de energía implica, al momento de diseñar una política de desarrollo sostenido. Es necesario recordar, además, que el costo ambiental lleva implícito un costo sobre el bienestar humano.

Sin embargo, el método más socorrido para controlar el impacto ambiental del uso de energéticos, es la regulación administrativa, que generalmente impone costos desiguales de control entre los contaminadores, los usuarios y los afectados.

En particular, es inevitable el aumento del costo de cualquier servicio o producto cuando se le somete a un control de impacto ambiental. En efecto, la tendencia nacional e internacional es la de proteger cada vez más el ambiente, mediante la adopción de medidas que resultan muy costosas. En el fondo existe una exigencia social para que la industria y quienes explotan los recursos naturales carguen con los costos de la reparación del deterioro ambiental que ocasionan con sus actividades.

Está visto que el control de la contaminación tiene un alto costo social y una baja ganancia en materia de prevención y control de la contaminación. En tal sentido, podemos considerar que es mejor reducir la producción de subproductos o desechos contaminantes, que el desarrollo de una tecnología costosa que controle la emisión de tales subproductos, o el llevar a cabo programas de limpieza de medios ya degradados.

Por otra parte, los instrumentos legales y administrativos vigentes, en distintos países -México es uno de ellos- tiene todo un carácter provisional y aproximativo, debido a que es imposible contar en la actualidad con información confiable sobre los daños presentes y probables que la contaminación pueda acarrear al medio ambiente. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuáles son las repercusiones que las exposiciones múltiples a las diversas mezclas de varios contaminantes puedan tener sobre la salud humana.

Al respecto, en los países desarrollados se han llevado a cabo políticas conservadoras y cautelosas en lo concerniente al control de la contaminación; en tales países, la sobreestimación de los riesgos y la sobre regulación han sido la pauta, especialmente en lo concerniente a las repercusiones sobre la salud humana. Esto ha traído consigo, en algunos casos, la aplicación de medidas muy rigurosas sin que existieran evidencias científicas concluyentes que las apoyaran, y sin que se hubiesen calculado las repercusiones económico-sociales de dichas medidas.

Aunado a lo anterior, los altos costos para mantener o mejorar la calidad del medio ambiente, especialmente para una sociedad con bajo crecimiento económico, ponen en duda la conveniencia de aplicar las políticas de protección ambiental, vigentes en los países desarrollados.

Debemos además señalar que en México debe adoptarse en forma inmediata el "principio legal de responsabilidad ambiental", basado éste en el hecho de que los contaminadores sean claramente responsables por los daños y efectos nocivos que provoquen al ambiente y que corresponda a ellos demostrar que sus emisiones no resultan riesgosas para el ambiente o para la salud humana. O en su defecto, cumplir con las normas establecidas, trasladando al poder público la carga de la prueba.

Al respecto, debe hacerse notar que en general se obtienen mejores resultados cuando se solicita a una industria su cooperación para alcanzar las metas establecidas, que cuando, por el contrario, son los posibles afectados los que deben probar que una industria particular les afecta de alguna manera; en estos últimos casos es muy frecuente que las empresas o compañías industriales, se resistan a admitir daño alguno.

* Licenciado en derecho. Asesor y gestor ambiental. Ha participado en distintos Foros relacionados con el tema de la Protección al ambiente.