Editorial

Crimen y castigo

La seguridad pública la correcta procuración e impartición de justicia son reclamos sociales rebasados por la realidad cotidiana; el delito es parte ya del paisaje social, prohijado por una crisis económica recurrente que ha cancelado las expectativas de vida de muchos ciudadanos, aunado a una creciente ineficiencia y corrupción de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el patrimonio de los habitantes de cada región de este país y Estado.

Existen ejemplos nacionales que reflejan la gravedad de la seguridad pública en el país. La capital -México- está convertida en rehén de la delincuencia organizada, sin opciones para resolver la crisis del crimen.

En Veracruz vivimos una realidad menos dramática pero no por ello menos preocupante; en promedio, existe un policía por cada 700 habitantes, buena parte de los integrantes de los cuerpos policíacos del Estado no cubren el perfil de vocación, preparación y aptitudes para ser garantes de la vida y patrimonio de los veracruzanos.

Los bajos salarios y la ausencia de vocación de servicio son campo fértil para que la corrupción aflore entre las instituciones responsables de la seguridad, la impartición y la procuración de justicia.

Las instituciones han sido rebasadas por el crimen, aceptan especialistas en la materia; juristas, legisladores y analistas coinciden en señalar en que el endurecimiento de la Ley no conlleva a una disminución de los índices de criminalidad. En este sentido, se requiere de una nueva cultura de respeto a la Ley, de honestidad y eficiencia entre las instituciones responsables de aplicarla.

El crimen está presente entre nosotros, es convidado cotidiano en la vida de los veracruzanos; como sociedad hemos sido incapaces de hacerle frente; asimismo, la readaptación social del delincuente es una utopía. Las cárceles de este país son, en realidad, universidades del crimen que no cumplen con su función de rehabilitar al delincuente.

Es momento de revisar a fondo los esquemas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. En Veracruz vivimos una situación privilegiada en relación a otras regiones del país, en lo que a niveles de delincuencia se refiere; sin embargo, en nuestros sistemas legales y de seguridad padecemos indolencia, corrupción e ineficiencia, y ello es el principal reto que la administración actual debe enfrentar.