El cambio de área de Pesca (de la SEMARNAP a la Secretaría de Agricultura), la posible creación de la Comisión Nacional de Bosques y el hecho de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) esté en manos de un industrial del agua embotellada ponen en alerta porque los objetivos que se diseñen para estas instituciones podrían ser bastante distintos y contemplados sólo a través de la lente de la rentabilidad y la productividad, dejando de lado los aspectos de conservación, no sólo del recurso, sino también del medio ambiente que lo genera.

Medio ambiente y Ecología, ¿prioritarios?

Francisco Morosini *

Iniciamos el tercer milenio y en México inauguramos una era gubernamental. Para muchos ha sido difícil entender esta novedosa realidad y todos nos encontramos ávidos de conocer cuáles serán los verdaderos cambios que plantea el nuevo régimen. Debemos señalar que un buen número de mexicanos espera una transformación no sólo en la forma de hacer política, sino también en las políticas públicas mismas, que lleven a las mayorías a mejores estadios económicos y a una buena calidad de vida. La política económica neoliberal aplicada en los tres últimos sexenios nos ha dado más de lo mismo, lo que ha provocado un mayor número de pobres: hoy se habla de algo así como un 80% de la población de nuestro país en estado de pobreza. Así pues, valdría la pena preguntarse si en una nación con tales niveles de pobreza y de marginación podrán hacerse efectivas políticas ambientales que realmente se propongan aliviar el gran problema de la destrucción de los recursos naturales y disminuir los índices de la contaminación ambiental.

En este momento sería difícil formular un análisis crítico de las políticas ambientales planteadas por el gobierno actual, ya que aún no conocemos su Plan Nacional de Desarrollo y asimismo desconocemos los programas sectoriales -entre ellos el de la ahora denominada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Es decir, lo único que podemos hacer en materia de análisis de la política ambiental, es tratar de discernir sobre dicha política en función de las declaraciones de los responsables de esta área y de algunas decisiones tomadas hasta la fecha en asuntos ambientales. Es oportuno señalar que algunas de estas acciones no producen tranquilidad, toda vez que, aparentemente, el criterio ambiental no vendría a ser prioritario. Este es el caso de la separación del área de Pesca de la hoy SEMARNAT y de su ubicación en una novedosa secretaría denominada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. La presencia de la actividad pesquera en la antigua SEMARNAP obedecía a que esta área, sin olvidarse de los aspectos eminentemente comerciales, debía tratarse con criterios de sustentabilidad, es decir, no debían privar únicamente razones de rentabilidad en la actividad pesquera, sino de cuidado ambiental, de preservación del ambiente acuático, trátese de ríos, lagunas, lagos, arroyos, estuarios, pantanos, humedales en una palabra, o bien el mar. El cambio del área de Pesca a la Secretaría de Agricultura, nos pone en alerta, porque los objetivos que se diseñen para la pesca pueden ser bastante distintos y verse sólo con la lente de la productividad, dejando de lado los aspectos de conservación, no sólo del recurso, de los bienes pesqueros susceptibles de comercialización, sino también del medio ambiente donde estos recursos se producen. Vale la pena recordar que aún y con toda la carga conservacionista que podía tener la SEMARNAP, se continuó con la práctica de siembra indiscriminada de mojarra tilapia, que si bien por un lado ayudaba en la dieta diaria de las familias pobres y marginadas, escasas de proteínas; por otro, contribuía al deterioro del medio ambiente y a la devastación de especies acuáticas nativas combatidas directamente por esta especie africana altamente depredadora. Por otra parte, estamos en espera de la modificación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, ya que todo lo relacionado con la pesca pasa a ser parte de otra ley diferente. Algo parecido habrá de suceder con la propuesta que existe por parte del Ejecutivo Federal de crear una Comisión Nacional de Bosques, porque esto quiere decir que la SEMARNAT sólo será responsable en cuanto a las áreas naturales protegidas se refiere, mientras que los bosques quizá sean tratados sobre la base de los mismos criterios de rentabilidad y productividad que ya analizábamos líneas arriba. Entendemos que los bosques, como muchos otros elementos de la vida natural, deben ser aprovechados; pero siempre y cuando prive la racionalidad. México, es sabido, es un país con gran potencial silvícola, pero hasta ahora las formas como se ha aprovechado el bosque han sido más que depredadoras, porque no hablamos sólo de árboles maderables, sino también de otros elementos naturales asociados. Si bien existe una Ley Forestal en ésta sólo se regula el aprovechamiento de los bosques, sin considerar claramente el uso y conservación de especies no maderables y de fauna silvestre asociada. Este enfoque parcial provoca grandes lagunas que dificultan la adecuada regulación para el aprovechamiento y conservación de la flora silvestre, pues no se considera con claridad el perjuicio que puede causar sobre unas especies (raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción) el aprovechamiento de otras. Todo esto, por supuesto, dificulta la ejecución de compromisos de conservación y de desarrollo sustentable asumidos por nuestro país en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), Convención de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) y otros acuerdos internacionales suscritos de índole vinculante. ¿Será que con una Comisión Nacional de Bosques se cumplirá con todo lo anterior? Es prudente señalar que el 70% del territorio nacional sufre algún grado de desertificación; más del 50% de la cubierta vegetal original del país se ha perdido, lo que ha provocado la drástica reducción del hábitat. Los indicadores más contundentes del daño ecológico son la extinción de especies y el incremento del número de las amenazadas. El avance de la frontera agrícola y ganadera, las formas irracionales de explotación agropecuaria y forestal; la introducción no estudiada de especies exóticas; el tráfico ilegal; la expansión de la mancha urbana; la contaminación de suelo, aire, agua; las prácticas cinegéticas irresponsables y el desarrollo no regulado de infraestructura de servicios son las principales causas que ponen en peligro la sobrevivencia de muchas especies silvestres. La concentración de atribuciones -antes dispersas en diversas instituciones gubernamentales- en la antigua SEMARNAP, preveía el establecimiento de nuevos principios para propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos; ésta era la filosofía y, aún así, los resultados no fueron realmente significativos. Es importante señalar que seis años no son suficientes cuando hablamos de políticas públicas sobre el medio ambiente. Ahora volvemos a disgregar, a dispersar. ¿Entonces, podremos esperar un cambio sustancial al separar la cuestión forestal y establecer la Comisión tantas veces mencionada? Otro asunto -tal vez de menor monta- es el relacionado con el nombramiento de un industrial del agua embotellada como titular de la Comisión Nacional del Agua. Las señales no nos parecen positivas, pero debemos esperar los planes y programas sectoriales para poder opinar con mayor conocimiento de causa.

Por último, quisiera tratar el asunto del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el cual, según lo han dado a conocer los medios de información de masas, es algo bastante estudiado y cuenta con el visto bueno del ejecutivo federal. Este desarrollo, según se ha explicado, tiene como ejes a las industrias petrolera e hidroeléctrica y la construcción de vías de comunicación que transformarán de manera radical la región. De todos es conocida la importancia estratégica que tiene el Istmo de Tehuantepec, en particular en esta era de la globalización. Algo de historia: En 1842 y 1843 se integró una comisión encabezada por el ingeniero Gaetano Moro, para estudiar el asunto de la comunicación interoceánica. En 1848, los Estados Unidos presionaron con mayor intensidad y fue cuando se firmaron los Tratados de Guadalupe-Hidalgo. En 1853, Antonio López de Santa Anna firmó el Tratado de La Mesilla, en el que se habla de un camino terrestre y un ferrocarril por el Istmo. En 1899, el Poder Legislativo aprobó a la compañía Pearson & Son la explotación del ferrocarril en esa área durante 51 años y, el 31 de enero de 1907, Porfirio Díaz inauguró las obras del ferrocarril, con el transporte de 11 mil 500 toneladas de azúcar proveniente de Hawaii que llegaron a Salina Cruz, Oaxaca, en el vapor "Arizonan" y dos días después fueron embarcadas a Nueva York por el puerto de Coatzacoalcos. Hasta el año de 1912 se transportaron anualmente un millón de toneladas. Diariamente corrían 60 trenes cubriendo la ruta del Istmo. Cualquiera podría decir que no existe ningún problema con la idea de desarrollar el Istmo de Tehuantepec y con ello impulsar económicamente la región, donde confluyen estados de importancia singular, como son Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, los cuales, por otra parte, poseen una carga importante de pobreza y de marginación. Pero el asunto no es tan sólo económico, también es ambiental. La disputa es el control y la propiedad de una zona rica en agua, en madera, en petróleo y en biodiversidad. Debemos recordar que Chiapas, Oaxaca y Veracruz son los tres Estados más importantes de México en cuanto a diversidad biológica se refiere. En Chiapas está la Selva Lacandona; en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, Los Chimalapas. Tabasco y Chiapas son poseedores de grandes yacimientos petrolíferos; Tabasco, Chiapas y Veracruz son dueños de los recursos hidráulicos más significativos de este país. Así que cuál es la realidad del asunto. Está perfectamente claro que un supuesto desarrollo de la región traerá consecuencias graves para el medio ambiente. A pesar de los tan llevados y traídos estudios o manifiestos de impacto ambiental, sabemos que estarán preparados a la medida de las circunstancias, a la exacta solicitud del cliente. Es casi seguro que una buena parte de la diversidad biológica hasta ahora existente en la región, y de la cual empresas transnacionales deben tener conocimiento preciso, se perderá; pero otra será aprovechada por esas mismas empresas acaparadoras de material genético acumulado principalmente en las selvas tropicales de países subdesarrollados como el nuestro. La región está compuesta por ecosistemas sumamente frágiles, que sin un manejo cuidadoso tendrán consecuencias funestas. La riqueza en plantas y animales tiene un valor incalculable, es un patrimonio que es resultado de la evolución, es un proceso histórico que ha ocurrido en el tiempo y por lo tanto, irrepetible en las mismas condiciones. La pérdida de diversidad biológica es el gran pasivo del Siglo Veinte. Los ecosistemas modificados por la acción humana no forzosamente pierden productividad en biomasa, pero prácticamente en todas las ocasiones pierden diversidad. Si se lleva al cabo el proyecto aquí reseñado, la región del Istmo será seguramente un buen campo para observar la aplicación de la normatividad ambiental, la firme decisión de las autoridades ambientales por preservar la riqueza biológica de una zona extremadamente rica y única en nuestro planeta, así como para comprobar si el desarrollo sustentable no es sólo una prolongación matizada de las estrategias desarrollistas fundadas en principios economicistas y sin cambios en la racionalidad de la intervención humana en la naturaleza.