El análisis periodístico coyuntural tiene que ser serio, profundo, reflexivo e imparcial. No puede partir del resentimiento y de la intolerancia. En este marco de actuación, en el inicio de la nueva administración federal, es importante analizar y discutir los lineamientos generales marcados en el documento "La política de Comunicación del nuevo gobierno", difundida por la oficina de la vocera presidencial, Martha Sahagún.

Nueva política, viejos medios

Ángel Martínez Armengol

La mayoría de los análisis sobre el arranque de la administración Fox adolecen de dos circunstancias:

Es demasiado pronto para justificar pero también es demasiado pronto para denostar.

Cualquier panegírico de las primeras acciones del gobierno federal cae en el equívoco de hablar a priori de circunstancias aún imposibles de comprobar.

Por el contrario, cualquier crítica malsana y ensañosa es, por lo menos exagerada.

En esta tendencia se encuentran muchos priistas desconsolados, que de la amargura de la derrota han pasado a la actitud furibunda que todo juzga, todo critica y nada perdona. La mayoría de ellos se han acomodado en la trinchera -entendida de manera equivocada- que de manera más fácil y emblemática simboliza el libertinaje y el exceso: el periodismo.

Pareciera que desgarrándose las vestiduras de su dolor, los priistas han recurrido al periodismo, las colaboraciones en diversos medios, como la forma más cercana y obsecuente de externar sus frustraciones, amarguras y resabios.

(Esto es además obvio porque si hubiera recurrido a la academia, como otra forma de hacer crítica de coyuntura, muchos no darían el perfil profesional, pero basta con ser amigos o tener intereses comunes con los editores de los medios para poder colaborar en ellos, se sepa escribir bien o no, se sepa hablar con propiedad y dicción o no).

Tienen todo el derecho de hacerlo, por lo demás. No tienen, en todo caso, derecho a desprestigiar una de las profesiones más caras y elevadas del quehacer social. El análisis periodístico coyuntural tiene que ser serio, profundo, reflexivo e imparcial. No puede partir del resentimiento y de la intolerancia.

El periodismo sintetiza y simboliza la actividad humana más preciada que tenemos: el ejercicio de la libertad de opinión.

Esta se encuentra incluso por encima de la profesión pues es un derecho inherente y cosustancial a todo ser humano.

Pero como toda actividad social debe estar sujeta a normas, a consensos generales, a mínimos y máximos de actuación.

De ello hemos carecido durante años en nuestro país y por ello hay excesos, intromisiones ensañosas en la vida pública o privada de cualquier persona, críticas sin fundamento, esparcimiento de rumores, chismes y denostaciones, amén de que se carece de un periodismo profundo, de investigación, análisis y reflexión. Todo ello, claro, salvo honrosas excepciones (1).

En este marco de actuación, en el inicio de la nueva administración federal es importante analizar y discutir los lineamientos generales marcados en el documento. "La política de Comunicación del nuevo gobierno" (2), difundida por la oficina de la vocera presidencial, Martha Sahagún, a sólo seis días de iniciada las funciones del régimen foxista.

Salvo el caso de la administración Salinas, ninguna otra había puesto en claro, en blanco y negro, su política de comunicación social,. El ex presidente Salinas impuso como norma que los enviados a las giras nacionales e internacionales de los diversos medios cubrieran sus gastos de manera directa y no más con cargo al erario público.

Más allá de que la administración Fox continúe o no con esa práctica es interesante y atractivo el diseño metodológico de su plan de acción frente a los medios de comunicación.

Se reconoce a éstos como negocio, como empresas privadas con el legítimo derecho a obtener ganancias. No obstante, también se indica que "es preciso que los medios no confundan el interés público con el interés comercial", sino que se debe procurar que sean intereses complementarios.

Está claro que muchos medios de comunicación han graciosamente olvidado muchas de las veces su responsabilidad social, en aras de garantizar sus ganancias financieras. ¿Cuántas veces se deja de publicar una nota o se distorsiona alguna más con miras a lograr sacarle provecho a la información? Esa es una pregunta que implica cuestiones éticas, pero que no dudo que muchos directivos de medios tengan problemas para contestarla.

El nuevo gobierno federal se propone tener, ante los medios, "una actitud abierta a la crítica, tolerante con las discrepancias y a favor de la información objetiva, de los juicios fundados en hechos y datos, no de los rumores y mucho menos de las mentiras".

A cambio de ello, se compromete a no limitar en ningún momento, en ningún medio y de ninguna manera la libertad de expresión y a respetar lo que la Constitución federal y la Declaración de los Derechos Humanos marca sobre ella.

Pero también, a hacer efectivo el derecho a la información que tienen los ciudadanos mexicanos sobre los asuntos públicos. Y éste no es un asunto menor.

La información gubernamental ha sido y estado siempre manejada bajo criterios patrimonialistas. El régimen priista alentó una cultura de la desinformación, entendida ésta no sólo como la tergiversación o manipulación de las fuentes informativas sino también como el ocultamiento de los datos y cifras que, en teoría, deberían estar al alcance público.

Pongamos sólo un ejemplo. Si bien existe el derecho de petición, como garantía fundamental de los ciudadanos mexicanos ante el Estado, éste no se encuentra tampoco lo suficiente precisado ni secundado en leyes. Menos lo está el derecho a la información, consagrado también a nivel constitucional.

Así, cuando uno recurre a solicitar datos, información que se supone es pública, hay una serie de trabas y obstáculos que en concreto imposibilitan al ciudadano común a apropiarse de información gubernamental de manera accesible, expedita, pronta y, sobre todo, real.

Y pongamos un solo ejemplo, entre muchos. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Son un misterio no sólo cómo están, sino cómo evolucionan, bajo qué criterios son supervisadas por el órgano respectivo y cuántas de éstas presentan irregularidades.

Otro caso. Los asuntos judiciales ya sentenciados y archivados. Dónde encontrarlos, cómo analizarlos y sintetizarlos, con qué facultades y derecho solicitarlos (3).

El gobierno federal se propone, en ese sentido, "llevar a cabo una minuciosa revisión del marco legal vigente" en materia de medios de comunicación y de derecho a la información, para modernizarlo y adecuarlo a las necesidades de México en el siglo XXI, consciente de que en ningún país del mundo, la ética sustituye a las leyes sino que son complementarias.

Por eso, además de recomendar la elaboración de un código de ética para medios de comunicación bajo cinco líneas fundamentales (4) también pone énfasis en la necesidad de revisar el marco jurídico.

Y este marco comprende más de 30 leyes, códigos y reglamentos nacionales, que involucran la actuación de los medios de comunicación. Fundamentalmente, las anacrónicas, inoperantes y disfuncionales Leyes de Imprenta y de Radio y Televisión, cuyas reglamentaciones están superadas por la realidad.

En su política de comunicación social, el nuevo gobierno federal pone énfasis en este asunto que no es menor ni secundario y que, sin duda, le creará problemas a futuro y amplias discusiones pero que es necesario entrarle ya, de una vez por todas.

Se pone además como obligación, el informar con oportunidad y veracidad los asuntos públicos relevantes a través de mecanismos ya probados con eficacia y prontitud: la conferencia de prensa diaria de la oficina del Vocero Presidencial, la distribución de materiales informativos (boletines) y la facilidad de acceso a las fuentes primarias informativas en cada dependencia federal.

Todo ello dentro del marco de la nueva política de comunicación social que deberá hacer frente a prácticas periodísticas anquilosadas y favorecidas durante décadas de las dádivas y obsequios gubernamentales y del régimen político imperante hasta el 1º. de diciembre del 2000 en nuestro país.

Hay visos peligrosos de resistencias y oposiciones demagógicas al respecto (5).

Si bien la política de comunicación social del nuevo gobierno no es novedosa (los asuntos que aborda se vienen discutiendo en el país, en algunos medios y en la academia, durante los últimos 20 años, por lo menos) sí implica un cambio profundo en la dirección y relación prensa-gobierno.

Llevarla adelante implicará agotar hasta sus últimas consecuencias los consensos mínimos necesarios, con los medios, con sus dueños y con los periodistas.

De la disposición de ambas partes se podrá avanzar para que las garantías del ejercicio pleno de la libertad de expresión se manifiesten también en el ejercicio pleno del derecho a la información.

Aún es muy pronto para sacar conclusiones, pero los primeros pasos están dados, son adecuados y podrán dar resultados con la corresponsabilidad de los involucrados.

No es tarea fácil. No se abordaron asuntos importantes en dicho documento como la política de otorgamiento de concesiones para el servicio de radiotelevisión o la clarificación de las condiciones para el otorgamiento de publicidad gubernamental.

Pero el beneficio de la duda, en el asunto de los medios, como en otros muchos temas de la agenda nacional, lo merece el nuevo gobierno federal.

NOTAS:

1.- De hecho y de manera lamentable, esas excepciones están ahora en el periodismo de provincia y en uno que otro medio de comunicación del Distrito Federal. Me refiero, por supuesto, a la práctica intolerante y excesiva del columnismo político, deformado y desfigurado por más de uno en nuestro país y en nuestro Estado. En las columnas políticas se critica sin fundamento, se difunden asuntos sin la suficiente base informativa, por lo que se convierten en espacios idóneos para esparcir rumores, chismes e inventos, diatribas y deshonras. Son los espacios, en síntesis, que aprovechan los políticos para ridiculizar y exhibir a sus adversarios. Lo único que necesitan para ello es tener bajo control al autor de la columna. Y eso es lo más fácil de lograr.

2.- Se puede consultar el material en la página web: www.presidencia.gob en el link respectivo a comunicación social.

3.- Y pongo un ejemplo concreto más en el caso de Veracruz: el expediente que abrió la Procuraduría de Justicia contra el ex gobernador Dante Delgado. El asunto es importante porque no sólo llevó por primera vez en la historia a un ex mandatario a la cárcel, sino porque existe la presunción de que fue una acusación falsa, mal hecha, motivada por venganzas y rencillas políticas. Pero más allá de ello, implicó además, por la resolución de la justicia federal, que hubo, al menos, negligencia en la Procuraduría por no haber integrado los expedientes a tiempo.

4.- Dichas recomendaciones para el código de ética son,

a)El derecho de la gente a recibir información veraz.

b)La responsabilidad social del periodista.

c)El acceso y participación del público, lo que incluye la obligación de corrección, rectificación y el derecho de réplica.

d)El respeto a la vida privada y a la dignidad del ser humano.

e)El respeto a los valores universales y a la diversidad de cultura.

5.- La irrupción, por ejemplo, del diputado federal priista Eduardo Andrade al programa de Joaquín López Dóriga, la noche del 1º. de diciembre, justificada por él después en entrevistas de prensa, es un ejemplo y evidencia de la intolerancia en ciertos sectores del priismo más recalcitrante a la crítica mediática contra el régimen político en extinción. Es el ejemplo más palpable, de qué tan frágiles son los mecanismos de reacción de los medios de comunicación ante la trabazón de intereses económicos y políticos con la clase dirigente que gobernó al país durante los últimos años. Clase política que no está dispuesta -por haber perdido la presidencia- a ceder sus privilegios. Los reclama con derechos de primogenitura. Y tiene la fuerza de los compromisos, componendas y arreglos por debajo de la mesa, para ejercerlos.